República, el paradigma contaminado

La Corte Suprema de Justicia así como está es hoy la piedra fundamental en la que descansa lo que queda del sistema republicano. Amenazada sin vergüenza por el gobierno que la invita a ser “prudente”, léase, a  no contradecirlo tanto en su plan de pervertir y someter al Poder Judicial. Pero aunque decida pronunciarse por la clara letra constitucional en el caso de la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, vendrá un asalto tan anunciado como aquél golpe de marzo de 1976. Esto es el desbaratamiento de la Corte Suprema “imprudente” disponiendo un aumento de sus miembros y nombrando jueces militantes, lo que convertirá a lo que queda de Constitución en letra muerta.

Esto en el país en el que todos se cuidan de no decir cosas feas y de respetar lo irrespetable, porque años de corrupción de la dineraria pero sobre todo de la otra, han dejado una versión de “prudencia” muy imprudente que se confunde con complacencia y complicidad. Ese es el llamado al Poder Judicial: sean tibios. Y no es que a nuestros jueces les falte vocación.

En su última etapa de avance el kirchnerismo se ha ido haciendo cada vez más obvio, pero en su obviedad no siempre encuentra respuestas de fondo. Es como un virus atacando a un cuerpo listo para recibirlo.  Puede que parezca que de tan burdo lo de la “democratización de la justicia” los jueces están despiertos o a punto de despertarse de la siesta del relato, pero aún queda el desafío que el virus les va a presentar. Esto es, entender a la constitución como portadora de un sistema de valores o apenas como el manual de instrucciones de un aparato cuyo funcionamiento no se entiende que los encontrará sin respuestas en la próxima etapa.

Para lo último se han formado generaciones de abogados y magistrados en el positivismo jurídico cuando se lo interpreta, es decir como el permiso para no justificar, como la liberación del problema ético (y la ética encima interpretada como un “ser mansito”).

El positivismo jurídico reduce el problema de lo que es legal, a la lectura de las decisiones políticas emanadas del Congreso, o inclusive de la Constitución como mero código. Esto significa que todo lo que salga del Congreso es obligatorio, legal y (acá viene la trampa), justificado por si mismo. En realidad su mentor Hans Kelsen no pretendía justificar nada, sino crear una (fallida en mi opinión) teoría pura del derecho. Sin moral, sin filosofía, sin justificaciones.

Así han sido durante décadas los fallos y también las peticiones de los abogados resignados a vivir en un sistema autómata; lectores de artículos de códigos a los cuales obedecer, filosofando sobre la fatuidad más aplastante que se pueda imaginar, preguntándose de mil maneras “qué es” la cosa intrascendente que un legislador demagogo ha plasmado en la letra de un bodrio llamado con generosidad “ley”, publicado en el boletín oficial.

Ese esquema positivista alcanza para juzgar como inconstitucional la pretendida elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Leen la Constitución, leen la ley y la contradicción es evidente. El positivismo jurídico les dirá que la norma superior ha sido contradicha por la inferior.

¿Qué es lo que no podrán contestar por esa vía? Pues el aumento de miembros de la Corte o la creación de cámaras de Casación para pasarse el sistema por donde les parezca. Porque resulta que la norma superior no se opone a tal cosa en su letra.

Para entender el problema con ese próximo asalto a la Constitución se debe apelar al sistema de valores implícito en la Constitución, lo que se llama su espíritu. Que no es que está fuera del ámbito jurídico, sino que es su parte más importante. Una república no es una máquina de producir decisiones políticas en cualquier sentido.

En paralelo a este proceso legal se desarrollo una suerte de versión desalmada de república, formalista, apenas cívica y tonta. Una república sin libertad. Acá viene el escándalo, una república sin liberalismo. Que es lo mismo que una lamparita de Edison sin electricidad. No se dividen poderes porque sea divertido o más lindo que un solo poder. Sólo se lo divide para debilitarlo, para someterlo a una competencia interna y a controles contra la arbitrariedad, a favor de los derechos individuales que son un componente esencial del sistema. No se puede ser republicano y creyente en el beneficio universal del estado. Eso es una ridiculez que es la gran oportunidad que vinieron a explotar nuestros tiranos del momento.

Si el estado es tan maravilloso para qué tenemos jueces independientes, tendrá razón Pichetto, aquél que eligió la mayoría para proveerle felicidad no tiene que ser molestado. Ni por los jueces ni por la prensa por cierto.

No es casual que nos haya ido tan mal y nos haya salido después de tantos resfríos el virus del Ebola. Los que se identifican con el sistema republicano y con el sistema de valores que sostiene son en nuestro sistema una minoría tan ínfima que no juegan ningún papel, más que el de predicar en el desierto.

Han hecho los K y los no K de una licuadora una máquina de lustrar zapatos. O lo que es lo mismo, de una república, un “estado de bienestar” o un sistema de reparto de riquezas, o de juzgamiento de intenciones, de control del comercio, de la industria, de la palabra. Y ni siquiera advierten los segundos la relación entre las cadenas a las que adhieren y la falta de libertad que ha hecho que el kirchnerismo avanzara en su totalitarismo casi sin sangre y sin protesta, imponiendo un miedo que no se compadece con amenazas reales del poder pero si con la dependencia económica agobiante.

Mi advertencia ahora no viene como reivindicación general de esos valores, es solo una alarma porque los repúblicos estatistas y positivistas no tienen las herramientas para juzgar lo que se viene, así como los tibios no las han tenido nunca para entender que lo peor del kirchnerismo fue el principio y no este final obvio.

La única forma de declarar inconstitucionales el aumento oportunista de los miembros de la Corte (así como la verdadera inconstitucionalidad de la ley de medios), es poner sobre la mesa los valores que en el fondo han condenado por sus privilegios. Estos derivan todos de la palabra “libertad”.

No se puede aumentar ahora el número de miembros de la Corte para nombrar militantes porque ese propósito siguiendo la línea histórica de los acontecimientos, las actitudes y el marco general, está sólo hecho para terminar con la independencia del Poder Judicial que protege nuestra libertad y para eso no hay ley formal que pueda estar por encima de los fundamentos y motivos últimos de la Constitución. No importa que haya pasado por todos los pasos reglamentarios que la letra de la propia Constitución.

La Constitución es un sistema que no empieza sino que termina en su letra y en todas las prohibiciones que le siguen en consecuencia. Empieza si en la rebelión de los sometidos, los privados, esos a los que se denomina con una palabra ya estigmatizada.

Es esto lo que los constituyentes pusieron sobre los hombros de los ministros de la Corte. Pero también de los ciudadanos. Y hay unos ciudadanos dedicados a la política que han asumido mayores responsabilidades que el resto.

Estar a la altura no se nada más que un problema de ánimo. A veces depende más de entender. Nada nos puede indignar si no hay dignidad. Y no hay dignidad sin los juicios de valor, que en nuestra cultura autómata han sido convertidos en desviaciones.

Vale todo

El problema de la toma de la Justicia a partir de esta reforma que está tratando mientras escribo este artículo el Congreso en violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, es que a partir de ahora queda explícita la inexistencia de vínculo legal entre el gobierno y el resto del país. Poner a la justicia a disposición del Poder Ejecutivo equivale a transformar el resultado electoral en un acto de conquista y nos retrotrae al estado de naturaleza que describe John Locke en su Segundo Tratado del Gobierno Civil.

La partidización no es algo que haya que probar, no requiere un esfuerzo de interpretación, es el propósito expreso del oficialismo al hablar de “democratización”, de identificar a la facción más exitosa con la expresión del sistema en su totalidad. Como si no hubiera o no fuera legítimo que hubiera un otro más allá del poder. Fascismo del manual, dentro del estado todo, fuera del estado nada.

El estado de naturaleza de Locke implica la ausencia de compromisos entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. La acción de gobernar se transforma en un avance de facto sobre la libertad de las personas.

No tiene ninguna importancia si los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura obtienen mayorías abrumadoras en las próximas elecciones o si la facción que expresa este fascismo también triunfa, porque se están danto por terminados los presupuestos supra-comiciales que vinculan a mayorías y minorías.

Precisamente el mayor elemento para sostener el compromiso de respetar a una eventual y circunstancial mayoría es que hay un poder del estado encargado de custodiar la voluntad fundamental que no reconoce mayorías y minorías sino que abarca a todos; esto es la Constitución. Las minorías aceptan que otros gobiernan porque su voluntad de aceptarlo está implícita en ese instrumento, en la medida que ese instrumento y quién lo custodia que es el poder judicial amparan sus derechos y custodian la igualdad ante la ley.

El actual es un gobierno de facto, se ha colocado en esa situación al liberarse de las ataduras de cualquier pacto vincular, porque la constitución era lo que la justicia decía y a partir de ahora será una simple fachada para que los más disparatados caprichos presidenciales se lleven  cabo.

Nos espera la arbitrariedad y detrás de la arbitrariedad la corrupción total de los tribunales, custodiada por la corrupción total del Consejo de la Magistratura, esa panacea que los mismos asaltantes del poder de hoy nos vendían bajo la etiqueta de “calidad institucional”.

Rechazo la violencia por inconducente y porque a partir de ahí nada se puede construir, pero la Argentina ha ingresado hace rato en una guerra civil en la que la  ciudadanía entra en contienda con el poder porque el poder se manifiesta como enemigo de los que no se someten a él. Contienda que es la expresión de quienes están fuera de la protección estatal del derecho de resistencia a la opresión, también reconocido en la Constitución, que deberá librarse con todos los métodos no violentos a la mano. No digo métodos pacíficos, sino solo no violentos, porque la paz ha sido rota hace tiempo al no reconocerle a los extraños ni el derecho a su reputación, con militontos agentes estatales que se dedican a la difamación de los críticos.

Habrá que dejar la comodidad, para los que hasta aquí estuvieron cómodos. Lo que está claro es que el sistema de convivencia no se restablecerá en base a colaboración ni negociaciones por el reparto del presupuesto público. Es hora de otra gente y las manifestaciones espontáneas de una ciudadanía indignada son una consecuencia de ese cambio.

Queda la instancia de la justicia subsistente, se verá si hay pactos y si hasta acá hemos llegado con algún sentido de constitucionalidad. De cualquier modo no alcanzará, los tiempos judiciales son insuficientes para tratar con una andanada fascista.

Esa expresión “calidad institucional” ha sido usada con suma ligereza, como una forma anómica cuasi técnica de evadir el verdadero problema que es el de la libertad. No hay calidad concebible sino en función de un sistema de valores, los valores de nuestra constitución son los derechos individuales. En consecuencia a partir de ahora dependemos de la última “calidad institucional” de lo más básico que tenemos, esto es nosotros mismos ciudadanos, células elementales de toda república.

Militantes K a los estrados

Años atrás éramos los primeros productores mundiales de bobos. Hoy no hemos descendido nuestra capacidad productiva pero el mundo ha hecho un esfuerzo importante para producir los propios. Un buen ejemplo sería el funcionario que le aconsejó a George W. Bush decir lo maravillosa que es la política de derechos humanos en la Argentina. Quién quiera que haya sido ese consejero, está al nivel de cualquiera de los nuestros.

El kirchnerismo viola derechos humanos de manera permanente y el episodio más burdo lo vimos con la última movilización de fuerzas para policiales. Y carece por completo de política de derechos humanos. Nadie podría felicitar al presidente de los Estados Unidos por juzgar a militares por crímenes comunes porque eso le está prohibido por la Constitución, al igual que le está prohibido al Poder Ejecutivo Nacional. No lo harían porque sería una política represiva y no de derechos humanos y con mayor razón si se los juzga por hechos ocurridos en el contexto de un enfrentamiento armado (¿no les gusta la palabra guerra? No hace falta) con el propio bando con el que se identifica el matrimonio presidencial.

Por supuesto que es una práctica hipócrita de parte del Departamento de Estado, pero conviene poner las cosas en su lugar. Algún día habrá que recordar que mientras avanza la policía de la prensa y se asegura el oficialismo poder nombrar a cualquier militante arrastrado (de esos que al oficialismo le sobran) para juzgarnos, Estados Unidos elige el papel de cómplice. En la década anterior pretendía ser juez de la corrupción de los gobiernos latino americanos, con información de prensa, ahora ha virado y coquetea con gobiernos financiados por bandidos internacionales descubiertos por su propia justicia.

Habrá mucho escándalo en la semana con el proyecto de la ultra kirchnerista Diana Conti de liberar al proceso de selección de los jueces de los rigores de los exámenes técnicos en búsqueda de una mayor discrecionalidad política. En el año 94 mientras el nuevo sistema de nombramientos se proyectaba, antes de la reforma, discutía con todo el mundo que parecía convencido de la panacea de inventar una institución formal que se parezca a otras que fueron fruto de la evolución histórica de otros sistemas, como remedio para tener una justicia mejor. Siempre me pareció, como dice Conti, que el asunto importante al seleccionar un juez no es técnico sino político. No se puede abandonar la responsabilidad de nombrar jueces que defiendan la libertad y la propiedad (si esta palabra escandaliza es consecuencia de cómo la Constitución fue abandonada) ni en favor de los deseos de un gobierno ni en favor de supuesta objetividad técnica.

Como consecuencia del embrutecimiento general la mayoría pensaba que un organismo con un buen título y con una función descripta por genios de las buenas medidas de autoridad que todo lo solucionan, haría que salieran buenos jueces dónde la política (incluida la política que promovía la Constitución) quedara de lado. Desconocían que si los políticos tienen intereses propios los abogados, los jueces, los genios del derecho y los grandes técnicos también. Por supuesto que los consejeros políticos también los tendrían. El Consejo de la Magistratura se convirtió en una puja de intereses políticos en los que prevaleció, luego de la reforma de la señora que llegó a la presidencia, la política del Frente para la Victoria. Lo que hay que tener claro sin embargo es que en ningún lugar estaba representada la política de los treinta y cinco primeros artículos de la vieja Constitución Nacional. A lo sumo podíamos librarnos de un proyecto dictatorial, para caer en otro un poco más gris.

Ahora ese consejo va a ser vaciado por completo de sentido. Se interpretará que es consecuencia del ingreso de la política a la cuestión. Algo parecido ocurre en otros ámbitos. En el campo interpretaban que estaban siendo perjudicados por los políticos y la política, recién ahora algunos se avivan de que sus problemas eran debidos a la falta de política propia, a la ilusión de que las instituciones formales son una valla real contra los parásitos, sin que haya nada político que deba hacerse para asegurarse de que funciones como se debe.

Tratamiento obrero de los jueces

Diana Conti es la policía política kirchnerista en el poder judicial. La confusión igualitaria sembrada durante genereaciones no le permitirá a nadie oponerse a su nueva iniciativa para disciplinar a los jueces detrás del comando del gran pinüino. Se trata de obligarlos a cumplir un horario como si fueran empleados administrativos.

Por su puesto que como idea de _”eficiencia” no sirve para nada porque los buenos jueces no son los  que están muchas horas, menos aún los que están en el horario de atención al público, sino los que toman buenas decisiones que son muy probablemente los que Conti quisiera ver en la calle ¿Pero quién se va a atrever en la Argentina de Lupertino a decir que un juez no es igual a un empleado de mesa de entradas? Mucho menos habrá revuelo en el Poder Judicial. Allí todos aceptaron que se echara a una Corte bajo la acusación del delito de lesa humanidad de ser menemista para ver si a ellos los dejaban tranquilos. Bueno, parece que van por más.

Lo mismo pasa con el proyecto para que paguen impuestos a las ganancias. Los jueces debieron pagarlos siempre SI consideraban que eran constitucionales para la población. Si sus sueldos son intangibles de acuerdo a la Constitución, también lo es el derecho de propiedad de los ciudadanos y antes aún que los ingresos de los magistrados. Lo que pasa es que el proyecto no está hecho con ese sentido, sino de nuevo para demostrar quién manda en la Argentina. Es el cambio, que recién empieza.

Temor

Al involucrarse la oposición en el mismo tipo de ilegalidades para la postulación de candidatos que el oficialismo (De Narváez y Scioli) pierde autoridad y por lo tanto iniciativa.

El jefe de gabinete salió raudo a apoyar nada menos que al candidato de Unión Pro, temeroso de que el agua de la legalidad le llegue al principal sostén del mantenimiento del poder kakal Daniel Scioli, mostrando que existe una complicidad porque “entre bueyes no hay cornada”.

Si esto no fuera así, toda la oposición debería estar moviéndose para rechazar la presión del gobierno sobre la Corte de la provincia, llamando a manifestaciones y tomando otras medidas para ponerse del lado del Poder Judicial y contrarrestar la presión política del gobierno ¿Alguien hará algo así?

Lo están pensando

Don Antonini Wilson se las picó para Miami hace rato pero la “Justicia” argentina está pensando si llamarlo a declarar. Por delitos como “lavado de dinero” o “contrabando” que son contra el estado a Juan Perez ya lo hubieran empalado.

Este problema está lejos de ser el del “venezolano de la valija” que es la versión Clarín/kakal del asunto. Solo ver que don Wilson se marchó como Manuelita sin siquiera averiguar qué podía retirar 400 mil dólares demuestra que la plata no era de él que apenas era el maletero. Se sospecha con razón inclusive que había más valijas con dinero, teniendo en cuenta que la de Wilson, o la que Wilson dijo que era de él estaba llena a mas no poder, lo que indica que el monto se pudo haber dividido en varias partes en base al espacio.

La muy graciosa salida del señor K y de De Vido acerca de lo bien que funcionaron los controles no es tal. En primer lugar la Aduana evitó revisar a los funcionarios argentinos y venezolanos cuando vio lo que ocurría con Wilson. Sobre todo tratándose de un vuelo privado a la madrugada. Cualquier persona hubiera pensado que los demás podrían estar implicados. Después omitieron denunciar una tentativa de cohecho por parte del venezolano presentándolo como un posible “chiste”.  Después le siguió el turno a la juez de turno que minimizó el asunto como una infracción aduanera.

Después de todo esto están pensando a ver qué hacen. Estarán leyendo Clarín o viendo “Tres poderes” donde continuó anoche la novela de que Kirchner está enojado con Chavez y que se puso furioso con Uberti cuando se enteró de este “error” (furia, Majul, que se le produjo cuatro días después de enterarse del asunto, después de haberlo tapado y una vez que salió en los medios).

Están todos muy reflexivos y prudentes. Eso está bueno.

Policía política en la Justicia

Dentro de la política de mejorar las instituciones uno de los pilares fundamentales debe ser el disciplinamiento de la Justicia. La diputada Conti detenta la jefatura política de los jueces y no tiene ningún problema en marcarles el paso. Así como derechos humanos quiere decir que ellos pueden matar sin ser molestados, calidad institucional quiere decir que las instituciones tienen que estar a su servicio.

El consejo de la magistratura no tiene facultades de superintendencia. No puede dar instrucciones, es solo juez de los jueces, no jefe de los jueces. Pero en un contexto kakista donde se hace lo que se le canta al mandón chiflado, estas son diferencias sin importancia.

Puede parecer un chiste que estas son formas de mejorar instituciones, pero esto el kakismo lo hizo desde el primer día con la Corte Suprema de Justicia (otra vez realizando un proyecto duhaldista) y en todo el espectro político se lo convalido como un acto para mejorar a la justicia. También se le reconoce al señor K el haber “puesto el acento en los derechos humanos y en terminar con la impunidad de los militares” cuando ninguna facultad tiene el presidente de la nación ni para juzgar u opinar sobre el desempeño de la Corte, ni para juzgar a los militares y llevar a cabo una política represiva. Nada de eso es función del poder ejecutivo pero tuvimos bobos asintiendo, desde Carrió que tiene la misma “óptica” institucional del kakismo, hasta el llamado centro que cree no ser parte de ningún conflicto y convalidó todo.

Lo que quiero decir, tanto para los miembros de la Asociación de Magistrados como para todos los que ahora están asustados porque el agua también les llega, es que esto no empezó ayer.

Stornelli confesó

En Perfil hace rato que se informa lo que se debe informar y hoy parece ser el día en el que encuentro titulares bien puestos por todas partes. Contra la tesis de Morales Solá, que compraron unos cuantos, que convierte al fiscal del caso Skanska en una “víctima de una jugada” (con el probable objetivo de preservarlo por los servicios prestados en el pasado en la demostración de la malignidad de la década del noventa), el portal de Fontevecchia pone la cuestión en términos precisos después del reportaje hecho ayer por el señor Majul: “Clara muestra de la escasa independencia del Poder Judicial. CASO SKANSKA. EL FISCAL STORNELLI CONFESO QUE CHARLA TODAS LAS SEMANAS CON ANIBAL FERNANDEZ“. 

El antinoventismo de la Alianza primero y los gobiernos que lo siguieron después por odios personales, resentimientos o utilitarismo político si escrúpulos, no dudó en recurrir a la ilegalidad, al invento de figuras penales y al absurdo más absoluto para perseguir a lo que el brillante vice presidente que tuvimos y actual delegado kakista para hacer huevo en el Mercosur, don Chacho Alvarez, marcó en su momento como “casos emblemáticos de corrupción”. En términos más claros y menos berretas, determinaron a quienes se les debían probar cosas y luego se lanzó a la gente con menos escrúpulos y veleta del poder judicial a una cacería.

El kirchnerismo no debe ser investigado con las mismas armas, no porque no lo merezca en particular, sino porque no lo merecemos quienes queremos vivir bajo el imperio de la ley y con esas armas sólo conseguiremos cambiar de bandoleros otra vez. Nada tienen que hacer si se quiere recuperar la Justicia imparcial, los Monner Sanz ni los fiscales visitantes de despachos oficiales. No importa si ahora se pelean con el gobierno, no es el tipo de personas con el que se reconstruyen las instituciones. Los funcionarios deben ser investigados y juzgados por gente que no sea ahora, ni haya sido antes, ni se demuestre dispuesta a ser amanuense. Y la peor versión de esta lacra es la que se demuestra disponible para perseguir inocentes. Y digo inocentes en el único sentido en que lo utilizaría un republicano: como aquél a quién no se le ha probado un crimen previamente tipificado como delito.

El fiscal Stornelli confesó algo más que reuniones con el ministro del interior. Habló de una amistad. Si se ve la forma en que se le responde desde el Poder Ejecutivo, esa amistad es un tanto particular. Parece inspirada en el poder del ministro más que en afinidades personales. De cualquier modo un fiscal federal no puede mantener una relación amistosa de ese tipo, menos en los despachos oficiales.

Se equivocan y muchos los que piensan que “la amistad” puede convertirse rápido en “enemistad” y así convertir en “útil” al señor Stornelli para investigar la fiesta kakista. El derecho no requiere enemigos, sino gente imparcial y seria. Menos aún enemigos de los que se debilitan y amigos de los que se fortalecen.

De paso sería necesario investigar si anticipó los pedidos de indagatoria al ministro y si existieron gestiones en ese sentido de la señora Ocaña que también es funcionaria pública y tiene sus deberes que cumplir. Al final todo el mundo muestra su naturaleza.

Actualización: Para aclarar un poco más el significado de las declaraciones de Stornelli. Tampoco correspondería que diera información de ningún tipo sobre la causa. No hay “medida de las posibilidades posibles”; no lo puede hacer. Tampoco debe admitir que el gobierno le muestre su interés en la causa y mucho menos seguir asistiendo a los despachos oficiales a pesar de eso. Ni siquiera es un argumento verosímil que quisiera el señor Fernández tener la información para “proceder administrativamente”. Una estupidez, eso es algo con lo que se cuenta al mismo tiempo que se dan a conocer los pedidos de indagatoria. Y algo que me señala un amigo: El pedido de indagatoria Stornelli lo había hecho antes de estas reuniones con Fernández. La información que compartió con el ministro no puede ser sobre tal pedido, sino de la decisión ya tomada del juez Montenegro, convirtiéndose en un informante de quienes están siendo investigados. 

Actualización: Les transcribo el comentario del doctor Guillermo Rivarola (que de esto sabe más que yo por cierto) a otro post sobre el tema que reprodujo La Historia Paralela:

El artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia Penal -ley 23.984- establece en su párrafo final : “EL SUMARIO SERÁ SIEMPRE SECRETO PARA LOS EXTRAÑOS”. Es decir, -aclaro- para los que no son IMPUTADOS, ni QUERELLANTES, ni TERCEROS CIVILMENTE DEMANDADOS, NI ACTORES CIVILES. Va de suyo, por lo que se conoce hasta ahora, que el Ministro del caso no ocupa ninguno de esos roles en el SUMARIO PENAL de mención, de modo que para él, es -o era- un tema SECRETO, al cual no debió tener acceso por vía alguna, como lo manda la ley arriba citada. Además, el art.157 del Código Penal dice:” será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro el FUNCIONARIO PUBLICO que revelarehechos,actuaciones o documentos que por ley deben quedar secretos”,en tanto el art. 248 del mismo código sanciona al funcionario que no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere con prisión de un mes a dos años. Saquen conclusiones de nuestra juridicidad.

Guillermo F. Rivarola

La dignidad se jubila en silencio

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios

sino sobre las faltas de los demócratas”

Albert Camus

No puedo evitar recordar todo el tiempo aquella afirmación del ex embajador de Estados Unidos respecto a que “la Argentina es una muy buena democracia“. Sobre todo cuando se publica sin que pase nada que el presidente del principal tribunal penal del país dice que fue amenazado por enviados del presidente de sufrir “escraches” fascistas de la agrupación “hijos” y la amenaza se cumple.

En total soledad este juez debe expresar que el kakismo actúa por identificación organizaciones terroristas que operaron en el pasado en el país, lo que dicho más claro quiere decir que los montoneros presionan para continuar su guerra contra las fuerzas armadas utilizando a la justicia. Mientras tanto Macri habla de cómo administrar la ciudad, la fauna “institucionalista” de “los noventa” está escondida debajo de un helecho y agrupaciones que se identifican con “el liberalismo” y tienen tratos con la Fundación Ford hablan de dictaduras lo más lejanas posibles en el espacio o en el tiempo y se suman al coro acusatorio que le proponen los enemigos de la libertad actuales, vivitos y activos, sanguinarios en otros tiempos que no se atreven a recordar ¿O no servirán para obtener fondos?

Nuestro problema no es el gobierno, sino la miseria general.