Las provincias deben independizarse

El primero de Mayo de 1853 y después de cuarenta años de divisiones e incoherencias políticas, la Argentina logró la unión nacional sancionando una constitución. No se trata solo de la piedra fundamental del sistema jurídico y político del país, sino también de un pacto federal por el que las provincias históricas dieron origen al estado nacional bajo sus condiciones.

Un siglo y medio después mucha agua ha corrido bajo el puente. De la primitiva autonomía provincial queda poco. Al costado del sistema constitucional se erigió una realidad política que lo sobrepasa, unitaria, despótica, con gobernadores que sirven al partido oficial y una presidencia omnímoda que de acuerdo al pensamiento que predomina carece de responsabilidad. La facción que gobierna lo hace a través de una caja con la que somete a los gobernadores y mantiene a sus partidarios a los incentiva a hostilizar a los ajenos.

Peor es la situación del fundamento liberal de aquél pacto de unión, no solo ha desaparecido sino que coinciden todas las ofertas partidarias más relevantes en rechazar los principios que además de dar origen a la Argentina como país en aquella constitución, motivaron el inicio de su proceso de independencia.

La Argentina de 1853 no existe más y por lo tanto tampoco el compromiso de las provincias que ni siquiera cuentan con la posibilidad de contar con sus propios recursos. El estado nacional a su vez no presta servicio útil alguno al ciudadano, es un enorme barril sin fondo del que distintas bandas se quieren apoderar invocando cualquier doctrina justificatoria a mano. Se trata de un negocio que no tiene vestigios de orden legal, cuyo fin es servir a los objetivos de una banda a cargo con la anuencia explícita o la indiferencia de otras bandas en competencia.

Los recursos de muchos municipios alcanzarían para financiar todo tipo servicios públicos locales por mucho menos de lo que el estado nacional les extrae.

Todo esto lleva a una conclusión que ya es obvia. El estado nacional no sirva para nada y las condiciones que obligaban a las provincias a mantenerse unidas a la nación han desaparecido para siempre.

El debate sobre la independencia de las provincias debe comenzar.

Vale todo

El problema de la toma de la Justicia a partir de esta reforma que está tratando mientras escribo este artículo el Congreso en violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, es que a partir de ahora queda explícita la inexistencia de vínculo legal entre el gobierno y el resto del país. Poner a la justicia a disposición del Poder Ejecutivo equivale a transformar el resultado electoral en un acto de conquista y nos retrotrae al estado de naturaleza que describe John Locke en su Segundo Tratado del Gobierno Civil.

La partidización no es algo que haya que probar, no requiere un esfuerzo de interpretación, es el propósito expreso del oficialismo al hablar de “democratización”, de identificar a la facción más exitosa con la expresión del sistema en su totalidad. Como si no hubiera o no fuera legítimo que hubiera un otro más allá del poder. Fascismo del manual, dentro del estado todo, fuera del estado nada.

El estado de naturaleza de Locke implica la ausencia de compromisos entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. La acción de gobernar se transforma en un avance de facto sobre la libertad de las personas.

No tiene ninguna importancia si los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura obtienen mayorías abrumadoras en las próximas elecciones o si la facción que expresa este fascismo también triunfa, porque se están danto por terminados los presupuestos supra-comiciales que vinculan a mayorías y minorías.

Precisamente el mayor elemento para sostener el compromiso de respetar a una eventual y circunstancial mayoría es que hay un poder del estado encargado de custodiar la voluntad fundamental que no reconoce mayorías y minorías sino que abarca a todos; esto es la Constitución. Las minorías aceptan que otros gobiernan porque su voluntad de aceptarlo está implícita en ese instrumento, en la medida que ese instrumento y quién lo custodia que es el poder judicial amparan sus derechos y custodian la igualdad ante la ley.

El actual es un gobierno de facto, se ha colocado en esa situación al liberarse de las ataduras de cualquier pacto vincular, porque la constitución era lo que la justicia decía y a partir de ahora será una simple fachada para que los más disparatados caprichos presidenciales se lleven  cabo.

Nos espera la arbitrariedad y detrás de la arbitrariedad la corrupción total de los tribunales, custodiada por la corrupción total del Consejo de la Magistratura, esa panacea que los mismos asaltantes del poder de hoy nos vendían bajo la etiqueta de “calidad institucional”.

Rechazo la violencia por inconducente y porque a partir de ahí nada se puede construir, pero la Argentina ha ingresado hace rato en una guerra civil en la que la  ciudadanía entra en contienda con el poder porque el poder se manifiesta como enemigo de los que no se someten a él. Contienda que es la expresión de quienes están fuera de la protección estatal del derecho de resistencia a la opresión, también reconocido en la Constitución, que deberá librarse con todos los métodos no violentos a la mano. No digo métodos pacíficos, sino solo no violentos, porque la paz ha sido rota hace tiempo al no reconocerle a los extraños ni el derecho a su reputación, con militontos agentes estatales que se dedican a la difamación de los críticos.

Habrá que dejar la comodidad, para los que hasta aquí estuvieron cómodos. Lo que está claro es que el sistema de convivencia no se restablecerá en base a colaboración ni negociaciones por el reparto del presupuesto público. Es hora de otra gente y las manifestaciones espontáneas de una ciudadanía indignada son una consecuencia de ese cambio.

Queda la instancia de la justicia subsistente, se verá si hay pactos y si hasta acá hemos llegado con algún sentido de constitucionalidad. De cualquier modo no alcanzará, los tiempos judiciales son insuficientes para tratar con una andanada fascista.

Esa expresión “calidad institucional” ha sido usada con suma ligereza, como una forma anómica cuasi técnica de evadir el verdadero problema que es el de la libertad. No hay calidad concebible sino en función de un sistema de valores, los valores de nuestra constitución son los derechos individuales. En consecuencia a partir de ahora dependemos de la última “calidad institucional” de lo más básico que tenemos, esto es nosotros mismos ciudadanos, células elementales de toda república.

Juicio Político, la república “in extremis”

Elisa Carrió pidió el Juicio Político de la presidente de la Nación por mal desempeño en el caso de la tragedia de Once que fue la consecuencia de un sistema de subsidios a empresas amigas y la ausencia de controles de acuerdo a la investigación judicial. Nadie lo comentó. Podría ser porque no se considere que se pueda llevar adelante, pero sospecho que hay más temor y autocensura que indiferencia.
No es el primer pedido de destitución constitucional de la presidente. Ya había presentado uno el diptuado De Marchi del Partido Demócrata de Mendoza durante la crisis del campo.
El grupo de intelectuales justificadores de la acción del gobierno denominado Carta Abierta, elaboró hace mucho tiempo y como si se anticiparan a un mal desempeño y la violación constitucional, un falso concepto institucional, el de la supuesta falta de ser “destituyente”.
Una república es un sistema de maxima responsabilidad funcional de quienes ejercen el gobierno, que no son dueños de nada, ni siquiera de lo que vulgarmente se menciona como “investidura presidencial”. Esa expresión refiere al cargo, a la función constitucionalmente definida, no a la persona que lo ejerce.
Lo contrario ocurre en una monarquía absoluta, donde no existe una responsabilidad así entendida y por lo tanto los gobernantes son incuestionables e irremovibles. Nuestra Constitución es del primer tipo, dicho esto para muchos que no lo notan. Y como no bastara esta aclaración, de manera expresa contempla el procedimiento del Juicio Político en los artículos 53, 59 y 60 para los casos de mal desempeño, delitos en el cumplimiento de la función y delitos comunes. Hay una primera instancia de acusación que debe ser estudiada primero y decidida después por la Cámara de Diputados con una mayoría calificada de los miembros presentes de los dos tercios, y luego juzga el senado para determinar si corresponde la destitución y en su caso la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.
Pero Carta Abierta no cree en la Constitución como instrumento ni como deber ser, sino en la voluntad ilimitada de un salvador etéreo que hará justicia en un sentido político y por lo tanto debe ser liberado de los obstáculos que le plantean los opositores, el Poder Judicial, el Congreso, la Constitución y la prensa, que responden a los malos.
Este pensamiento sectario requiere la liberación de toda constitución que no sea una que diga que el gobernante elegido hace lo que quiere para la izquierda y que los gobernantes elegidos no pueden hacer nada si no son de izquierda. Porque el poder, si es de izquierda, es la justicia, la verdad, incluso la realidad.
Tenemos un gran problema porque esto ha arraigado, se está instalando aún cuando es posible que el gobierno como tal esté destruyendo su popularidad, porque no solo se ha visto reducida la libertad de votar y opinar por la vía de la compra de la voluntad, la extorsión y la persecución, sino que la sociedad se va tornando cada vez más dependiente del aparato del estado. Este sectarismo travestido en doctrina constitucional muestra sus resultados cuando las cosas más absurdas y falsas son gritadas como verdades reveladas.
Carrió nos recuerda en un momento en que esto está más maduro y visible para más gente que en el 2008, que se supone que somos una república y por lo tanto los cargos se pueden perder. No es tan importante que el Juicio Político se pueda llevar a cabo como recordarle a todo el mundo que la colaboración de todos los que no son parte del esquema de poder descripto está basada en otras reglas de juego que no son las que se están aplicando, pero que son las legales. Define más que el comportamiento del Congreso o el futuro de la señora Kirchner, la posición política, jurídica y moral de todos los que no son parte del nuevo Eden, que como sabemos está bastante lejos de ser conducido por puritanos.
Una de las razones por las cuales estos regímenes como el nuestro están haciendo estragos y paralizan a la oposición es que mientras ese poder abusado hasta el cansancio pone a los opositores fuera del sistema, estos se sienten parte y no se quieren salir, entonces padecen los inconvenientes de ambas situaciones sin ninguna de sus ventajas. Salvo las personales que muchas veces los callan, de tener oficina, sueldo, viajes y placeres a los que no habían accedido antes y por los que venden su dignidad.
Y eso les pasa porque parecen haber entendido que estar dentro es ser ovejas, han olvidado el principio de responsabilidad republicana y cuando la palabra “destituyente” les suena a pecado, se han comprado todo el veneno que los paraliza en la telaraña de aparato que los está fagocitando.
Lo de Carrió ahora es importante más que para ver si la presidente va a ser sometida a un juicio político, si se alcanzarán los votos o si en la campaña electoral otros acompañarán esa idea, para despertar a la oposición y a la sociedad paralizada.
Carta Abierta ha querido asimilar esta institución fundamental con los recurrentes golpes de estado del pasado, pero es todo lo contrario a una ruptura constitucional, es un elemento de resguardo para preservar a la Constitución de los golpes del poder contra su supremacía. Nunca se usó contra un presidente, mi sospecha es que si se hubiera usado de manera oportuna los golpes de estado no hubieran ocurrido. Más allá de cual hubiera sido el resultado, el solo hecho de que exista una instancia para exponer con toda crudeza la responsabilidad de la máxima autoridad del país, hubiera fortalecido a las instituciones.
La respuesta evasiva más común es que los números no alcanzan para abrir el juicio. En primer lugar tenemos una campaña electoral este año en la que este tema debería exponerse, pero lo importante es que la república no sea vencida por desidia, por estar dormida, por pensar que soportar el autoritarismo es una virtud constitucional, cuando es todo lo contrario.
Ni siquiera es relevante si este pedido específico de Carrió es correcto, el mal síntoma es que no se hable del asunto. Una diputada destacada, ex candidata a presidente que está implicando al Poder Ejecutivo en la muerte de 51 ciudadanos, es un hecho político que debiera requerir la máxima atención, ser objeto de debate, de artículos a favor y otros en contra, de aclaraciones, de conferencias de prensa de todas las partes. Despierta Argentina.