El asalto a La Rural

El Poder Ejecutivo puede anular sus actos cuantas veces quiera, pero los actos civiles como las compraventas no son revocables por la voluntad de una de las partes. Una cosa es el decreto que autorizó la venta del predio de la Rural, que la señora Kirchner dejó sin efecto, y otra es la voluntad consumada en el acto civil de compraventa unida a la del comprador y al pago del precio. Este último acto civil no es anulable por decreto, sólo podría hacerse tal cosa en un juicio en el que el Poder Ejecutivo se encontrará sin fundamentos y sin plazos. Y si lo ganara, debería devolver cada peso que puso la Sociedad Rural para adquirirlo.

La única forma que tiene el gobierno de quedarse con el predio es la expropiación, para lo cual deberá tener una causa de utilidad pública, obtener la ley del Congreso y pagar antes el precio de la indemnización a la Sociedad Rural.

En cuanto a las supuestas razones de justicia que se invocan como el que llaman precio vil de la adquisición y una investigación realizada al respecto, hay que recordar la acción de la llamada Oficina Anticorrupción, instrumento de la Alianza para criminalizar al gobierno que la precedió seguida por una justicia federal corrupta puesta al servicio de aquellos objetivos a cambio de su propia impunidad o ascensos. Esta investigación debería ser puesta en la historia del disparate y la ignorancia de esa justicia que tenía que encontrar crímenes en cualquier acción parecida a una privatización como delito de leso estatismo. Y no exagero nada, sería largo exponer acá el papel que ha tenido la Alianza en la corrupción de la Justicia Federal que no venía precisamente inmaculada de las gestiones anteriores, pero que quedó tapada por la ceguera y la ambición de poder de los principales cruzados anticorrupción que querían confirmar que su papel en la historia no había sido por completo calamitoso.

Qué precio vil va a haber en la transacción hecha entre dos entidades sin fines de lucro como la Soc. Rural y el estado. El precio de esa compraventa se explica por las restricciones en cuanto al uso y por la histórica cesión a esa entidad para una feria tradicional. No tiene nada que ver con la estafa que se mandaron los Kirchner en Calafate. Se podrá estar o no de acuerdo con aquella decisión, pero ni el precio es vil ni parece haber en principio nada delictivo en que el estado se deshiciera de algo que nunca utilizó a cambio de un precio que podría discutirse tanto para arriba como para abajo. De hecho dos tasaciones oficiales difieren en la friolera de cien millones de dólares y ambas son inconducentes.

El gobierno va por el camino del saqueo, acompañado por todo un aparato que promueve el resentimiento y el desprecio por la propiedad privada. No digo por la propiedad solo, sino por la propiedad privada que es la de aquellos que no están en el poder. Porque estos últimos si adquieren propiedades por izquierda y las mantienen.

La Constitución se parece ya a los diez mandamientos, se invocan en su totalidad pero se cumplen algunos y a nadie le importa tanto. Pero la Constitución no está para ser venerada y mantenida como una forma de consciencia a la cual referirse pero no utilizar, sino para legalizar al poder dentro de un marco inviolable. No regula la actividad de las personas sino de los privilegiados que recaudan impuestos y deciden sobre la vida de los demás. No estamos ante almas que tendrán dificultades para pasar al otro mundo, sino de crímenes en la Tierra que se toman con una absoluta banalidad.

 

Eso ocurre a la luz del día bajo la apariencia de un marco legal, dentro del cual las elecciones son solo una parte. En el aguantadero donde se mantiene a una persona secuestrada, no hay una democracia cuando se decide votando si se la va a liberar o no. Para que haya democracia los que votan tienen que ser libres y no estar jugando en la votación ni su libertad ni su condición lógica que es su propiedad.

Eso que estamos llamando democracia en distintos aguantaderos como la Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela (la lista podría seguir pero tomemos los casos más burdos) donde el poder exhibe crímenes y criminaliza la actividad legal es una forma de guerra contra la democracia y contra amplios sectores internos. Un verdadero alzamiento contra la idea de la legalidad del poder, eso que se llama Estado de Derecho. Son formas solapadas de guerras frías civiles llevadas a cabo a veces un espectáculo de resentimiento que compran las mayorías contables, que no tienen ningún valor jurídico que comprometa a quienes reciben el trato de enemigos internos.

Nos escandalizamos décadas atrás de los golpes de estado, como métodos ilegales de reemplazar gobiernos. Estos ya no son atentados contra la formalidad constitucional, sino contra los fines constitucionales. Son golpes constitucionales, eso que está por encima del propio estado y le da existencia.

Tratamiento obrero de los jueces

Diana Conti es la policía política kirchnerista en el poder judicial. La confusión igualitaria sembrada durante genereaciones no le permitirá a nadie oponerse a su nueva iniciativa para disciplinar a los jueces detrás del comando del gran pinüino. Se trata de obligarlos a cumplir un horario como si fueran empleados administrativos.

Por su puesto que como idea de _”eficiencia” no sirve para nada porque los buenos jueces no son los  que están muchas horas, menos aún los que están en el horario de atención al público, sino los que toman buenas decisiones que son muy probablemente los que Conti quisiera ver en la calle ¿Pero quién se va a atrever en la Argentina de Lupertino a decir que un juez no es igual a un empleado de mesa de entradas? Mucho menos habrá revuelo en el Poder Judicial. Allí todos aceptaron que se echara a una Corte bajo la acusación del delito de lesa humanidad de ser menemista para ver si a ellos los dejaban tranquilos. Bueno, parece que van por más.

Lo mismo pasa con el proyecto para que paguen impuestos a las ganancias. Los jueces debieron pagarlos siempre SI consideraban que eran constitucionales para la población. Si sus sueldos son intangibles de acuerdo a la Constitución, también lo es el derecho de propiedad de los ciudadanos y antes aún que los ingresos de los magistrados. Lo que pasa es que el proyecto no está hecho con ese sentido, sino de nuevo para demostrar quién manda en la Argentina. Es el cambio, que recién empieza.

Eficiencia

Siempre digo que a un globo se lo termina desinflándolo o inflándolo. El de la pérdida de derechos y reglas constitucionales se viene inflando hace demasiado tiempo como para que la teoría se pueda comprobar y por cierto que podemos estar peor.

Hoy tenemos dos grandes motivos de preocupación. Uno a nivel nacional donde el gobierno tiene parientes de los ministros en los organismos de control, pero se propone meterlos en los otros poderes del estado con la doble utilidad de distraerlos y a la vez contar con herramientas de presión.

A nivel local no estamos mejor, se está armando una nueva mafia bajo la forma de “colegio de adminstradores“, como siempre en esta modalidad criminal en nombre de la limpieza y pureza, que vamos a terminar paragando.

Una vez más el estado es un instrumento para que alguno robe. Y no tenemos ningún legislador ingenuo que crea que esto es beneficioso creo yo. Lo malo es que se comprueba que cuando se hablaba de dejar de lado “diferencias ideológicas en función de la eficiencia” la cuestión era dejar de lado los impedimentos éticos para participar de una fiesta que es eficiente pero para el gran curro nacional.

Sacándose del medio a un Juez molesto

El caso  Skanska es uno de los pocos escándalos que el kaksimso con todos los resortes sa su favor y jugándolos sin escrúpulos no ha conseguido controlar. Se investigan coimas en el ministerio de planificación a cargo del señor de Vido.

En un acto que demuestra para qué querían controlar el Consejo de la Magistratura, el ministro político del señor K Aníbal Fernández está utilizando un asunto sin importancia para generar el ajusticiamiento del Juez Javier López Biscayart con campaña de prensa incluida. Según la propia crónica el juez dispuso trasladar a una comisaría a un detenido por entender que estaba en peligro su vida y para eso declaró inconstitucional una resolución dictada por el ministro que prohibía alojar presos en las comisarías. Según el ministro él estaba cumpliendo el pacto de San José de Costa Rica y la resolución judicial se lo impedía.

Cuando la policía se negó a recibir al detenido, por orden del propio ministro que vio en esto una oportunidad de generar un conflicto para sacarse de encima a un juez desobediente, López Biscayart rompió el juego y consiguió otro lugar de detención. La policía sin embargo debió haber cumplido la orden judicial que está por encima de la resolución de un ministro, hasta de un decreto presidencial, de una ley y de la interpretación que cualquier otro haga de la constitución. Con buen criterio López Biscayart en lugar de confrontar actuó de acuerdo a la prioridad que era conseguir un lugar de detención más seguro. Es a los jueces a quienes corresponde interpretar la constitución y aplicar las normas, no a los ministros del interiror y no a la policía. Si hubiera que investigar delitos en este caso sería entre los que ahora acusan al juez. Si la decisión del Juez es equivocada, existen las instancias para revertirla. En una situación normal, tratándose de una cuestión instrumental y si no fuera porque Lopez Biscayart los está investigando, el ministro del interior llamaría al juez para explicarle eventuales impedimentos para trasladar al detenido al lugar que éste dispuso. Pero la prioridad acá es encontrarle un motivo para echarlo y poner en su lugar a un monigote más que clausure la investigación. Y quiero ser bien pensado para no suponer que lo que molesta es que se preserve la vida de esta persona peligrosa para el poder kakista.

En cuanto a la inconstitucionalidad que dispuso López Biscayart, no tiene nada de objetable si  su apreciación de los hechos indica que en el caso existe peligro para la vida de una persona que además está siendo privada de su libertad, lo que coloca al estado en la situación de doble responsabilidad, lo único que cabe es remover cualquier norma y hacer lo que se debe hacer. Toda inconstitucionalidad es relativa a un caso particular. Pero parece que tenemos un ministro que cree que la formalidad es absoluta y más importante que la vida de una persona, incluso las normas que pretenden proteger la vida de una persona. Si se estuvieran incendiando las  cárceles Fernández pediría el enjuiciamiento de todos los magistrados que intentaran sacar a los presos de allí, incluso despediría a quienes les abrieran las puertas para sacarlos. Aún si no estuviera el ministro actuando por razones oportunistas, debería él ser expulsado mediante un juicio político por no entender ni el ABC del Derecho y de sus obligaciones.