Rosenkrantz, otro juez que no debiera serlo

Rosenkrantz, otro juez que no debiera serlo

No se en qué momento el derecho se convirtió totalmente en izquierdo, pero desbarrancó en una pendiente muy pronunciada desde la década del 90. Hoy, un gobierno que dice no ser populista y que ya no existen ni las derechas ni las izquierdas (frase viejísima), nombró dos miembros de la Corte Suprema de izquierda socialista, que es lo que en general está detrás del slogan de la “muerte de las ideologías”. Alguien me dijo que Rosenkrantz era una maravilla porque era “moderado”. Parte del buzón socialista en el que el país está metido hasta el último pelo, es la sustitución del pensamiento por la cuestión de los modales. A la mayoría de la gente que no se identifica como socialista o de izquierda en el país, les pueden meter a Stalin en su casa si se presenta con unas formas urbanas y sonrientes.

No es que con esto pretenda decir Rosenkrantz es “malo”. A eso le puede sonar mi comentario al que diga que es “bueno”, como sinónimo de moderado, educado o no se qué cosa. En Estados Unidos la discusión más importante sobre cómo se compone la Corte tiene que ver con la concepción filosófica sobre el derecho y el estado. En la Argentina, mientras se evade esa cuestión y se la tapa con “notas” o antecedentes académicos (el mísmo método con el que les metieron a Gils Carbó), curiosamente, todo viene desde la misma perspectiva socialista, opuesta a la de la Constitución histórica, dicho sea de paso. Hay una ideología que no parece para nada muerta debo decir. El gobierno de Macri se caracteriza por escapar de esas definiciones y entonces termina proponiendo dos jueces que van en el mismo sentido, para demostrarle al mundo que “no existen las ideologías”, lo que se prueba favoreciendo a la izquierda. El tabú es tan grande, que lo comentado hasta acá ya escandalizará a mucha gente, pero el macrismo acaba de vivir en carne propia el problema de haber subestimado cuál es la concepción constitucional de sus candidatos, en el fallo horrendo dictado por el Tribunal en el caso de las tarifas del gas.

El nuevo juez de la Corte viene con el mismo tipo de dogmas socialistas que sus compañeros del Tribunal, no hay una sola excepción. Eso está perfectamente reflejado en un trabajo titulado “La pobreza, la ley y la constitución” publicado en la Yale Law School Legal Scholarship Repository. Ahí plasma el nuevo ministro su visión sobre el estado, la libertad individual – relegada a los objetivos colectivos – y la pobreza. Intenta realizar un análisis de las obligaciones de los que no son pobres con los que son pobres, por el simple hecho de que unos son pobres y otros no, sin ninguna justificación acerca de por qué existe esa relación “jurídica”, mucho menos por qué existe la pobreza y la no pobreza. Es solo un imperativo moral del que deduce normas legales, es decir actos estatales, intervención de la autoridad, límite a la propiedad y manejo de la vida de los ciudadanos en nombre de esa moral. Nunca considera siquiera la posibilidad de que la pobreza tenga como solución la producción, algo que corresponde a los que son pobres y a los que no lo son, pero que específicamente en el caso de los más pobres, depende en gran medida de que no aparezcan ni asaltantes ni moralistas a entorpecer los proyectos de los que tienen más capital.

Rozenkrantz no parece creer que exista un problema de escasez, por lo tanto el derecho está habilitado desde los imperativos morales socialistas para resolver la pobreza. Todo es una cuestión de distribución y planificación centralizada. Normas buenas harán que haya menos pobres. También define al derecho privado como el que regula las relaciones privadas (según él una “moderna economía de mercado” es la que está plenamente regulada, es decir, la que no tiene nada de economía de mercado), esto es, por su objeto, y no por el hecho de que pertenezca al arbitrio de los privados, que es la cuestión fundamental.

El artículo podría titularse “la necesidad crea derechos”, que es el meollo de la ideología autoritaria. Se traduce como que la necesidad habilita a la intervención de la autoridad política, que es lo que requieren tales “derechos”. Ocurre que las necesidades son ilimitadas, por lo tanto pensar de esa manera a la acción del estado, equivale a sostener la validez de un poder ilimitado. Pero en estas concepciones del derecho constitucional, todo el asunto es promover la felicidad, sin ninguna consciencia acerca de que se está promoviendo hacer felicidad con palos, porque el estado no tienen nada que no tengamos nosotros como no sean los palos.

El trabajo apunta finalmente a dilucidar si los llamados “derechos económicos” (que no existen más que en la voluntad política) deben ser o no incluídos en la constitución y si “los pobres deben obedecer al derecho” y llega, afortunadamente a la conclusión opuesta a la de Gargarella, que dice que no. ¿“Obedecer al derecho”? ¿Por qué no usar la palabra “respetar”? Se está preguntado específicamente si una persona por ser pobre tiene impunidad para incumplir sus contratos, impedir a los demás circular y cosas equivalentes. No se trata de “obedecer una orden”, sino de respetar a los demás, es una abstención, no una acción que “los pobres” deben seguir como unos soldados y de la que podrían revelarse (desde ya, si pensara así, yo estaría con Gargarella, pero no como excepción sino como regla). El problema por supuesto es de concepción, si pensamos que el el derecho es una completa farsa o que toda ley formal es derecho (algo que está supuesto claramente en el trabajo), entonces es un instrumento de dominación, algo que se obedece o no se obedece y nada más que eso. Pero resulta que el mundo que pensaba así colapsó, porque lo cierto es que ese respeto a los contratos, el dejar circular, el permitir a los demás desarrollarse, es lo que da las oportunidades de salir de la pobreza. El almacén que me va a contratar no se instalará en mi barrio si es un barrio de ladrones, no importa si lo son por razones privadas o por sus creencias acerca de lo injusta que ha sido la vida con ellos. El almacenero no aparecerá en ninguno de los dos casos.

El violar derechos ajenos no es una vía para salir de la pobreza válida como regla, menos como regla jurídica, menos para un juez. No es sólo un problema en Gargarella que dice que si, lo es también en Rozenkrantz que dice que no tímidamente, porque la razón que da para negarlo no solo no es terminante sino que da por buena la moral socialista de la que parte una pregunta tan desacertada: esa de que los pobres son causados por falta de “distribución”. Un análisis económico necesario le hubiera llevado a la conclusión de que la pobreza que conoce es hija de la distribución socialista, parasitaria y extractiva.

No, no creo que pueda haber jueces socialistas, pero hay algo que es mucho peor que eso y es la frivolidad de la sociedad argentina, sobre todo de la que no forma parte de la avanzada ideológica planificada, de hacer como que la cuestión ni siquiera merece consideración.

Lo dicho, reitero, no tiene que ver en absoluto con que sea bueno o malo el nuevo ministro de la Corte, ni siquiera con que sea bueno o malo Gargarella, que si me preguntan creo que es bueno, pero jamás le daría un lugar en el estado, menos de juez.

República, el paradigma contaminado

La Corte Suprema de Justicia así como está es hoy la piedra fundamental en la que descansa lo que queda del sistema republicano. Amenazada sin vergüenza por el gobierno que la invita a ser “prudente”, léase, a  no contradecirlo tanto en su plan de pervertir y someter al Poder Judicial. Pero aunque decida pronunciarse por la clara letra constitucional en el caso de la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, vendrá un asalto tan anunciado como aquél golpe de marzo de 1976. Esto es el desbaratamiento de la Corte Suprema “imprudente” disponiendo un aumento de sus miembros y nombrando jueces militantes, lo que convertirá a lo que queda de Constitución en letra muerta.

Esto en el país en el que todos se cuidan de no decir cosas feas y de respetar lo irrespetable, porque años de corrupción de la dineraria pero sobre todo de la otra, han dejado una versión de “prudencia” muy imprudente que se confunde con complacencia y complicidad. Ese es el llamado al Poder Judicial: sean tibios. Y no es que a nuestros jueces les falte vocación.

En su última etapa de avance el kirchnerismo se ha ido haciendo cada vez más obvio, pero en su obviedad no siempre encuentra respuestas de fondo. Es como un virus atacando a un cuerpo listo para recibirlo.  Puede que parezca que de tan burdo lo de la “democratización de la justicia” los jueces están despiertos o a punto de despertarse de la siesta del relato, pero aún queda el desafío que el virus les va a presentar. Esto es, entender a la constitución como portadora de un sistema de valores o apenas como el manual de instrucciones de un aparato cuyo funcionamiento no se entiende que los encontrará sin respuestas en la próxima etapa.

Para lo último se han formado generaciones de abogados y magistrados en el positivismo jurídico cuando se lo interpreta, es decir como el permiso para no justificar, como la liberación del problema ético (y la ética encima interpretada como un “ser mansito”).

El positivismo jurídico reduce el problema de lo que es legal, a la lectura de las decisiones políticas emanadas del Congreso, o inclusive de la Constitución como mero código. Esto significa que todo lo que salga del Congreso es obligatorio, legal y (acá viene la trampa), justificado por si mismo. En realidad su mentor Hans Kelsen no pretendía justificar nada, sino crear una (fallida en mi opinión) teoría pura del derecho. Sin moral, sin filosofía, sin justificaciones.

Así han sido durante décadas los fallos y también las peticiones de los abogados resignados a vivir en un sistema autómata; lectores de artículos de códigos a los cuales obedecer, filosofando sobre la fatuidad más aplastante que se pueda imaginar, preguntándose de mil maneras “qué es” la cosa intrascendente que un legislador demagogo ha plasmado en la letra de un bodrio llamado con generosidad “ley”, publicado en el boletín oficial.

Ese esquema positivista alcanza para juzgar como inconstitucional la pretendida elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Leen la Constitución, leen la ley y la contradicción es evidente. El positivismo jurídico les dirá que la norma superior ha sido contradicha por la inferior.

¿Qué es lo que no podrán contestar por esa vía? Pues el aumento de miembros de la Corte o la creación de cámaras de Casación para pasarse el sistema por donde les parezca. Porque resulta que la norma superior no se opone a tal cosa en su letra.

Para entender el problema con ese próximo asalto a la Constitución se debe apelar al sistema de valores implícito en la Constitución, lo que se llama su espíritu. Que no es que está fuera del ámbito jurídico, sino que es su parte más importante. Una república no es una máquina de producir decisiones políticas en cualquier sentido.

En paralelo a este proceso legal se desarrollo una suerte de versión desalmada de república, formalista, apenas cívica y tonta. Una república sin libertad. Acá viene el escándalo, una república sin liberalismo. Que es lo mismo que una lamparita de Edison sin electricidad. No se dividen poderes porque sea divertido o más lindo que un solo poder. Sólo se lo divide para debilitarlo, para someterlo a una competencia interna y a controles contra la arbitrariedad, a favor de los derechos individuales que son un componente esencial del sistema. No se puede ser republicano y creyente en el beneficio universal del estado. Eso es una ridiculez que es la gran oportunidad que vinieron a explotar nuestros tiranos del momento.

Si el estado es tan maravilloso para qué tenemos jueces independientes, tendrá razón Pichetto, aquél que eligió la mayoría para proveerle felicidad no tiene que ser molestado. Ni por los jueces ni por la prensa por cierto.

No es casual que nos haya ido tan mal y nos haya salido después de tantos resfríos el virus del Ebola. Los que se identifican con el sistema republicano y con el sistema de valores que sostiene son en nuestro sistema una minoría tan ínfima que no juegan ningún papel, más que el de predicar en el desierto.

Han hecho los K y los no K de una licuadora una máquina de lustrar zapatos. O lo que es lo mismo, de una república, un “estado de bienestar” o un sistema de reparto de riquezas, o de juzgamiento de intenciones, de control del comercio, de la industria, de la palabra. Y ni siquiera advierten los segundos la relación entre las cadenas a las que adhieren y la falta de libertad que ha hecho que el kirchnerismo avanzara en su totalitarismo casi sin sangre y sin protesta, imponiendo un miedo que no se compadece con amenazas reales del poder pero si con la dependencia económica agobiante.

Mi advertencia ahora no viene como reivindicación general de esos valores, es solo una alarma porque los repúblicos estatistas y positivistas no tienen las herramientas para juzgar lo que se viene, así como los tibios no las han tenido nunca para entender que lo peor del kirchnerismo fue el principio y no este final obvio.

La única forma de declarar inconstitucionales el aumento oportunista de los miembros de la Corte (así como la verdadera inconstitucionalidad de la ley de medios), es poner sobre la mesa los valores que en el fondo han condenado por sus privilegios. Estos derivan todos de la palabra “libertad”.

No se puede aumentar ahora el número de miembros de la Corte para nombrar militantes porque ese propósito siguiendo la línea histórica de los acontecimientos, las actitudes y el marco general, está sólo hecho para terminar con la independencia del Poder Judicial que protege nuestra libertad y para eso no hay ley formal que pueda estar por encima de los fundamentos y motivos últimos de la Constitución. No importa que haya pasado por todos los pasos reglamentarios que la letra de la propia Constitución.

La Constitución es un sistema que no empieza sino que termina en su letra y en todas las prohibiciones que le siguen en consecuencia. Empieza si en la rebelión de los sometidos, los privados, esos a los que se denomina con una palabra ya estigmatizada.

Es esto lo que los constituyentes pusieron sobre los hombros de los ministros de la Corte. Pero también de los ciudadanos. Y hay unos ciudadanos dedicados a la política que han asumido mayores responsabilidades que el resto.

Estar a la altura no se nada más que un problema de ánimo. A veces depende más de entender. Nada nos puede indignar si no hay dignidad. Y no hay dignidad sin los juicios de valor, que en nuestra cultura autómata han sido convertidos en desviaciones.