No se en qué momento el derecho se convirtió totalmente en izquierdo, pero desbarrancó en una pendiente muy pronunciada desde la década del 90. Hoy, un gobierno que dice no ser populista y que ya no existen ni las derechas ni las izquierdas (frase viejísima), nombró dos miembros de la Corte Suprema de izquierda socialista, que es lo que en general está detrás del slogan de la “muerte de las ideologías”. Alguien me dijo que Rosenkrantz era una maravilla porque era “moderado”. Parte del buzón socialista en el que el país está metido hasta el último pelo, es la sustitución del pensamiento por la cuestión de los modales. A la mayoría de la gente que no se identifica como socialista o de izquierda en el país, les pueden meter a Stalin en su casa si se presenta con unas formas urbanas y sonrientes.
No es que con esto pretenda decir Rosenkrantz es “malo”. A eso le puede sonar mi comentario al que diga que es “bueno”, como sinónimo de moderado, educado o no se qué cosa. En Estados Unidos la discusión más importante sobre cómo se compone la Corte tiene que ver con la concepción filosófica sobre el derecho y el estado. En la Argentina, mientras se evade esa cuestión y se la tapa con “notas” o antecedentes académicos (el mísmo método con el que les metieron a Gils Carbó), curiosamente, todo viene desde la misma perspectiva socialista, opuesta a la de la Constitución histórica, dicho sea de paso. Hay una ideología que no parece para nada muerta debo decir. El gobierno de Macri se caracteriza por escapar de esas definiciones y entonces termina proponiendo dos jueces que van en el mismo sentido, para demostrarle al mundo que “no existen las ideologías”, lo que se prueba favoreciendo a la izquierda. El tabú es tan grande, que lo comentado hasta acá ya escandalizará a mucha gente, pero el macrismo acaba de vivir en carne propia el problema de haber subestimado cuál es la concepción constitucional de sus candidatos, en el fallo horrendo dictado por el Tribunal en el caso de las tarifas del gas.
El nuevo juez de la Corte viene con el mismo tipo de dogmas socialistas que sus compañeros del Tribunal, no hay una sola excepción. Eso está perfectamente reflejado en un trabajo titulado “La pobreza, la ley y la constitución” publicado en la Yale Law School Legal Scholarship Repository. Ahí plasma el nuevo ministro su visión sobre el estado, la libertad individual – relegada a los objetivos colectivos – y la pobreza. Intenta realizar un análisis de las obligaciones de los que no son pobres con los que son pobres, por el simple hecho de que unos son pobres y otros no, sin ninguna justificación acerca de por qué existe esa relación “jurídica”, mucho menos por qué existe la pobreza y la no pobreza. Es solo un imperativo moral del que deduce normas legales, es decir actos estatales, intervención de la autoridad, límite a la propiedad y manejo de la vida de los ciudadanos en nombre de esa moral. Nunca considera siquiera la posibilidad de que la pobreza tenga como solución la producción, algo que corresponde a los que son pobres y a los que no lo son, pero que específicamente en el caso de los más pobres, depende en gran medida de que no aparezcan ni asaltantes ni moralistas a entorpecer los proyectos de los que tienen más capital.
Rozenkrantz no parece creer que exista un problema de escasez, por lo tanto el derecho está habilitado desde los imperativos morales socialistas para resolver la pobreza. Todo es una cuestión de distribución y planificación centralizada. Normas buenas harán que haya menos pobres. También define al derecho privado como el que regula las relaciones privadas (según él una “moderna economía de mercado” es la que está plenamente regulada, es decir, la que no tiene nada de economía de mercado), esto es, por su objeto, y no por el hecho de que pertenezca al arbitrio de los privados, que es la cuestión fundamental.
El artículo podría titularse “la necesidad crea derechos”, que es el meollo de la ideología autoritaria. Se traduce como que la necesidad habilita a la intervención de la autoridad política, que es lo que requieren tales “derechos”. Ocurre que las necesidades son ilimitadas, por lo tanto pensar de esa manera a la acción del estado, equivale a sostener la validez de un poder ilimitado. Pero en estas concepciones del derecho constitucional, todo el asunto es promover la felicidad, sin ninguna consciencia acerca de que se está promoviendo hacer felicidad con palos, porque el estado no tienen nada que no tengamos nosotros como no sean los palos.
El trabajo apunta finalmente a dilucidar si los llamados “derechos económicos” (que no existen más que en la voluntad política) deben ser o no incluídos en la constitución y si “los pobres deben obedecer al derecho” y llega, afortunadamente a la conclusión opuesta a la de Gargarella, que dice que no. ¿“Obedecer al derecho”? ¿Por qué no usar la palabra “respetar”? Se está preguntado específicamente si una persona por ser pobre tiene impunidad para incumplir sus contratos, impedir a los demás circular y cosas equivalentes. No se trata de “obedecer una orden”, sino de respetar a los demás, es una abstención, no una acción que “los pobres” deben seguir como unos soldados y de la que podrían revelarse (desde ya, si pensara así, yo estaría con Gargarella, pero no como excepción sino como regla). El problema por supuesto es de concepción, si pensamos que el el derecho es una completa farsa o que toda ley formal es derecho (algo que está supuesto claramente en el trabajo), entonces es un instrumento de dominación, algo que se obedece o no se obedece y nada más que eso. Pero resulta que el mundo que pensaba así colapsó, porque lo cierto es que ese respeto a los contratos, el dejar circular, el permitir a los demás desarrollarse, es lo que da las oportunidades de salir de la pobreza. El almacén que me va a contratar no se instalará en mi barrio si es un barrio de ladrones, no importa si lo son por razones privadas o por sus creencias acerca de lo injusta que ha sido la vida con ellos. El almacenero no aparecerá en ninguno de los dos casos.
El violar derechos ajenos no es una vía para salir de la pobreza válida como regla, menos como regla jurídica, menos para un juez. No es sólo un problema en Gargarella que dice que si, lo es también en Rozenkrantz que dice que no tímidamente, porque la razón que da para negarlo no solo no es terminante sino que da por buena la moral socialista de la que parte una pregunta tan desacertada: esa de que los pobres son causados por falta de “distribución”. Un análisis económico necesario le hubiera llevado a la conclusión de que la pobreza que conoce es hija de la distribución socialista, parasitaria y extractiva.
No, no creo que pueda haber jueces socialistas, pero hay algo que es mucho peor que eso y es la frivolidad de la sociedad argentina, sobre todo de la que no forma parte de la avanzada ideológica planificada, de hacer como que la cuestión ni siquiera merece consideración.
Lo dicho, reitero, no tiene que ver en absoluto con que sea bueno o malo el nuevo ministro de la Corte, ni siquiera con que sea bueno o malo Gargarella, que si me preguntan creo que es bueno, pero jamás le daría un lugar en el estado, menos de juez.