No jodan con el 109

Perdón que insista con el error de invocar el artículo 109 de la Constitución para encuadrar la actitud del Poder Ejecutivo en el caso Nisman. Es importante, no por un purismo doctrinario, sino porque determina la visión que se tiene sobre el caso judicial más crucial de nuestra historia reciente.

Un ejemplo para comenzar: Mañana se encuentra el video en el que se ve a una señora muy parecida a Kirchner que ingresa con un arnés al baño del fiscal, se escucha un disparo y luego sale por el mismo lugar, el día del hecho y a una hora compatible con la determinada como momento de la defunción por la autopsia. Después de que se difunden, la señora ordena secuestrar los videos y destruirlos por medio de un decreto de necesidad y urgencia. En este último acto, si hay violación del artículo 109 de la Constitución (ex 99 de la Constitución que vale la pena de la Argentina). Pero sería realmente insensato tratar la cuestión de esa manera. La transgresión constitucional no sería lo importante de esas acciones, sino lo que en principio significarían como confirmación de la identidad de la persona que hemos visto en el video. Si los defensores de la señora se encontraran con que en el debate público se transforma en una discusión sobre el artículo 109 CN, con remotas consecuencias, en lugar de ser tomado por su importancia en el proceso penal, serían los tipos más felices del mundo.

Claro que es más cómodo tratar esto como violación de la independencia del Poder Judicial, en vez de como una conducta sospechosa con valor penal. Se transforma en un asunto meramente político, para discutir una actitud general y no una conducta particular que obliga a investigar a la señora Kirchner en relación al objeto procesal, no a su función como presidente.

Entonces aquí va la primera conclusión. Si el artículo 109 fuera aplicable, no importaría, salvo para desviar la atención sobre el crimen. Porque si existe una responsabilidad penal del Poder Ejecutivo en la muerte de Nisman o en su encubrimiento, en cualquier grado (incluso otros delitos por estas mismas acciones como violación de los deberes del funcionario público), la parte de la Constitución que habría que aplicar en todo caso, sería una mucho más grave. Es decir la que se refiere a la responsabilidad del presidente, el artículo 53, por comisión de “delito en el ejercicio de sus funciones”. Como de esto tampoco se quiere hablar, el 109 sigue siendo más cómodo.

Ahora vamos al 109 en sí. Dice lo siguiente: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Vamos ahora al significado de la palabra “conocer”, que es la que confunde a la gente no habituada a las cuestiones jurídicas y a muchos abogados también.

Reduzcamos la cuestión al absurdo y tomemos esa palabra con su definición en el idioma general. El artículo 109 estaría diciendo por ejemplo que el Presidente no puede leer la página policial o la sección tribunales de los diarios.

Imaginemos este diálogo: “Señora ¿sabe usted que hay una causa por el atentado de la Amia? -Por supuesto que no, no puedo conocer eso, me lo prohibe la Constitución”

Cualquiera puede percibir que ese no es el sentido de “conocer”. Tampoco habla de “opinar”. Claro que para opinar hay que conocer, con lo cual si opina estupideces, en principio podríamos considerar que no conoce.

Ahora vamos a qué quiere decir conocer en realidad. Es una palabra utilizada hasta el hartazgo en la legislación procesal. Por ejemplo en el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación: “La Cámara de Apelación conocerá: 1) De los recursos…”. No está diciendo que la Cámara si puede leer la sección tribunales o que si puede opinar en los diarios. De hecho, esto último no lo puede hacer, a pesar de que parece estar encargada de “conocer”.

Podría dar infinidad de ejemplos del uso de este término. Pero para no perder el tiempo, vamos a su significado. Recurro al Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, disponible en el sitio web de la Universidad Nacional de México (UNAM):

“Conocer: “El acto de entender en las causas y determinarlas; y así se dice que el conocimiento de tal o tales causas toca a tal tribunal o juez…”

Es decir, “conocer” en términos procesales quiere decir actuar, dictar actos procesales. En el caso del 109 significa suplir al juez en el expediente.

Ejemplos históricos de violaciones al artículo 109 de la Constitución: Alfonsín determinando el objeto procesal y los procesados en la Causa 13 (contra las Juntas Militares), la detención de militares, familiares de militares, periodistas y otros profesionales, por decreto del mismo presidente. Ayer mencioné a Kirchner echando jueces y reemplazándolos para cambiar la jurisprudencia. También la existencia de tribunales administrativos, falta que la jurisprudencia suplió con el subterfugio de exigir instancias de revisión judicial suficiente.

Entonces, esta es la segunda razón por la que no se debe invocar el artículo 109 de la Constitución en este caso: Porque no es aplicable y el asunto va a vía muerta. Encima a una vía que distrae de lo que hay que investigar.

¿Lo que digo significa que la señora no está violando la independencia del Poder Judicial? De acuerdo a la interpretación que estoy criticando, si el 109 no existiera pareciera que no habría nada que reprocharle a la mujer que padecemos como presidente, aunque su accionar es de lesa república.

No. El artículo 109 se refiere a una forma burda de violación de la independencia judicial, que tiene su explicación histórica. La independencia del poder judicial es una adquisición reciente como valor. Los reyes, los virreyes y otros funcionarios ejercían esas funciones antes de la existencia del sistema republicano.

Lo cierto es que al hablar del 109, aunque parezca paradójico, se le está dando poca importancia a la independencia judicial, no mucha. Esto es producto de la visión positivista y radica en querer encontrar un texto descriptivo de cada conducta, como si no sobrara entender cuál es el sistema de valores que sostiene la Constitución. El problema es que quieren hacer funcionar una constitución sin ese sistema de valores, porque no lo entienden, no les interesa o se oponen a él. Tal cosa es como querer operar una licuadora como si fuera una tostadora. Lamento informarles, no hay Constitución no liberal.

La violación constitucional que comete la señora con sus manifestaciones es genérica, la Constitución es republicana (si no lo dijera el artículo primero, está por todos lados que lo es), los poderes están divididos y la señora tiene una función, que hace incompatible que emita opiniones de esa manera. Las facultades de los poderes del Estado deben ser entendidas según el principio de especialidad, es decir, no pueden hacer lo que no se les autoriza ni tiene que ver con su misión ¿Por qué? Porque el valor que hay detrás del hecho de tener una constitución, es la de la existencia de un poder limitado.

Pero como no quieren entrar en el alma constitucional porque la rechazan, entonces la licuadora habla para producir una hermenéutica distorsionada, que atrapa en discusiones estériles.

Nisman: Lo que es y lo que no es.

Es lógico que después de diez años de bombardeo de falacias, negaciones e informaciones falsas difundidas por el aparato con vocación totalitaria del oficialismo, lo que reine sea la confusión. La defección opositora y de los primeros años del periodismo, no ayudan. Sin descartar que yo mismo esté confundido en semejante maroma, en estos días escucho definiciones que a mi juicio están muy equivocadas. Voy a detallar dos:

1. La señora viola el artículo 109 de la Constitución Nacional al hacer hipótesis delictivas.

No es así y eso sería reducir la cuestión a un exceso de funciones. La Constitución en el artículo 109 no refiere a opiniones, ni siquiera a opiniones tontas del presidente. Cuando le prohibe “conocer” las causas (“o restablecer las fenecidas”) el sentido del término “conocer” no es literal, sino técnico. Implica intervenir, es decir tomar decisiones en el proceso, cosa que esta señora no hizo. Presiona desde afuera, pero no toda violación a la independencia del Poder Judicial, que sí es el caso, es una violación al artículo 109 de modo específico.

En cambio sí fue una violación al artículo 109 de la Constitución, que se les escapó, la intervención del señor Kirchner como presidente al instar al Congreso al juicio político de la anterior Corte, con el propósito expreso de responder a un fallo adverso para las finanzas y planes políticos de su gobierno. Su acción estaba dirigida a esos contenidos judiciales que lo estorbaban, a deshacerse de jueces por el modo en que fallaban y así torcer los criterios jurídicos que adoptaron. Pero en ese momento nadie dijo nada. El señor Kirchner con su lugarteniente Beliz, representaban para el común y el no común comunizado, la restauración de las leyes. Como Rosas antes, de un modo tan similar.

La señora viola la independencia del Poder Judicial, que es un principio general aludido en el artículo 1 (forma republicana de gobierno), al exponer hechos que conoce al no denunciar lo que dice saber. No por violar el 109 y “conocer” en el caso, por atropellar y querer confundir a quiénes si lo hacen. Sin embargo lo grave acá no es eso, nos estamos deteniendo en lo accesorio. La señora interfiere con sus acciones al enviar un delegado personal a la escena del crimen, no por las tonterías que dice como cuando involucra a Clarín. Sus actos en esta causa son cuestionables no porque se mete al opinar, sino porque opera para desviar el curso de un proceso, en un abuso de poder que además es causal suficiente de Juicio Político (la parte de la Constitución que toda la clase política ha decidido violar, es decir, la que se refiere a la responsabilidad del presidente y sus consecuencias).

En lo que se refiere a la investigación el problema fundamental con las declaraciones de la señora sobre el caso Nisman, no es formal. No es siquiera la cuestión constitucional, sino la penal. Tiene que ver con lo que implican sus actos en relación al objeto de al menos tres investigaciones penales: 1. La del Atentado de la AMIA, 2. La denuncia contra ella por encubrimiento y, 3. La muerte de Nisman. Quedarse con la cuestión de la intromisión en el trabajo de la Justicia es minimizar ese significado. Sería como querer condenar a Yiya Murano por copiar la receta de las tortas sin pagar los derechos intelectuales.

¿Qué significa que un delegado político, defensor a ultranza del gobierno, haya estado en la escena del crimen antes que las autoridades competentes? ¿Una violación a la independencia del Poder Judicial o un interés específico? No entiendo cómo a tanta gente se le puede escapar semejante elefante.

¿Qué significa que la señora y los demás denunciados y el aparato de gobierno estén en una campaña para denostar al muerto? ¿Falta de educación, no entender su alta misión presidencial, falta de sensibilidad por no dar el pésame a la familia? ¿O una enemistad con la víctima de un posible homicidio?

¿Que valor tiene que todo el aparato estatal haya sido puesto al servicio de la diatriba contra el muerto? ¿Una negligencia o la exhibición obscena de un motivo para celebrar la muerte cuyo autor mediato o inmediato se investiga?

Imaginemos una escena del cine más obvio dónde se descubre un muerto y uno de los posibles involucrados se muestra sumamente nervioso, sale corriendo, se sube a un auto ajeno y huye ¿Qué decimos? ¿Cómo encuadramos la cuestión? ¿Como hurto automotor?

No se, me parece a veces que la principal muerte decidida por el gobierno K es la del sentido común. Por si acaso dejo abierta la respuesta.

2.Lagomarsino y la provisión de armamento.

La información dice que se ha “imputado” a Lagomarsino la provisión de un arma a una persona no autorizada para la tenencia. Escuché todo tipo de reflexiones al respecto, incluso que el problema era que Nisman tenía su permiso de tenencia vencido.

En la Argentina hay una ley de Armas número 20.429 y una modificatoria del Código Penal número 25.886 sancionada en abril de 2004 que en su inciso 4 del artículo 1° establece que “será reprimido con prisión de UN (1) año a SEIS (6) años el que entregare un arma de fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario”

Acá sí debería saltar el instinto constitucional, que parece otro muerto. Existe un principio universal del derecho que es el de la legítima defensa, que no sólo es defensa propia, sino que también alcanza a la defensa de otros, como dice el inciso 7 del artículo 34 del Código Penal. Pero aunque no fuera así, hablo del instinto constitucional porque todo el andamiaje en el que se sustenta una legalidad constitucional (y por lo tanto también la legalidad positiva) parte de la base de que los ciudadanos ceden su defensa, pero no de forma absoluta. No pierden el derecho a defenderse por sí mismos o hacerlo con terceros, cuando las circunstancias lo ameriten (del modo en que en la Argentina están detalladas en el mismo artículo).

Hay unos requisitos para la legítima defensa. Debe haber una hipótesis demostrable de la imposibilidad de recurrir a las autoridades policiales y se exige racionalidad del medio empleado. El requerimiento es la no existencia de provocación suficiente por parte del que se defiende. Aclaremos para los desprevenidos que una denuncia de un fiscal, no es una provocación suficiente sino un acto legítimo y debido.

No creo que a Lagomarsino le vayan a pedir que demuestre que tenía motivos para pensar que Nisman no podría recurrir a las autoridades policiales, a juzgar por los resultados. Pero como el aspecto subjetivo en materia penal es fundamental y la falta que se le imputa no puede cometerse en forma culposa, la pretensión de centrarse en este verdadero perejil, se disuelve con toda facilidad. Su supuesta falta, en este contexto, es una absoluta estupidez formal.

Quiero decir con esto que me parece que hay fallas gruesas de formación en quienes se dejan barrer por la apariencia formal de las situaciones y no entienden el problema esencial de la juridicidad, que es proteger derechos, no reglas en abstracto.

Si estamos frente al caso de un fiscal que acaba de denunciar a un presidente autoritario en un hecho que es un escándalo internacional, en el que están involucrados los intereses de varios países y actos de terrorismo, Lagomarsino sería un verdadero imbécil si se pone a leer la ley 25.886 y le dice a Nisman que no puede darle el arma si no le muestra el carnet de legítimo usuario. Para colmo a un fiscal. Tal conducta no sería ni jurídicamente exigible ni deseable.

Si la decisión fue buena o mala, si debió hacer otra cosa, es harina de otro costal. Lagomarsino por entregar el arma (en falta o no), no tiene ninguna relevancia  en la investigación del homicidio en sí y hasta ahora nadie ha sostenido cómo esa transgresión que no es tal en este caso, lo convierte en autor o cómplice de la muerte.

Si alguien llega a recibirse de abogado pensando que en el medio de un tiroteo mientras alguien es asaltado, un señor le acerca un arma al que se está defendiendo sin preguntarle por su permiso de tenencia, comete un ilícito, estamos en serios problemas.

Vamos al elefante: el gobierno quiere tirar la pelota afuera de la cancha con cualquier cosa ¿Por qué? Yo díría que habría que preguntárselo al hijo de Pierri. Seguro lo sabe.

Otra pregunta fácil ¿Cómo se comportaría un gobierno inocente? Ahora comparemos.

El proyecto de poder del autodenominado “garantismo”.

Según la doctrina autodenominada “garantista” cuyo representante visible es el señor Zaffaroni pero que es asumida como propia por el gobierno, la inseguridad callejera es una forma de expresión de la lucha de clases y quienes se quejan por ella son unos fanáticos, reaccionarios que odian a los jóvenes pobres. La causa de la preocupación por la seguridad está dada por la agitación que realizan los medios.
La solución podría ser entonces derogar las leyes penales y cerrar los medios, pero no la proponen. Necesitan el conflicto y que no haya ninguna solución, que la población no tenga nunca frente al poder y al uso de la fuerza posición legítima posible.
Algunos momentos de discusiones televisivas como las de un señor Gutierrez y Carlos Maslatón, dejaron al descubierto hasta qué punto la posición es dogmática en el sentido de que quejarse del delito es odiar a los jóvenes pobres.
Quiero aclarar que el abolicionismo sería infinitamente mejor que esto, que yo calificaría de punitivismo al revés. O punitivismo punitivinizado, algo bastante raro. Si la población supiera que no hay castigo al delito, no solo de hecho sino formalmente reconocido, en vez de linchamientos impulsivos y salvajes, se impondría a la larga la organización y la prevención. La gente se armaría, se entrenaría, tal vez tendría una policía voluntaria del mismo modo en que existen los bomberos. Seguro que la inseguridad sería menor. Pero entonces tendrían que devolvernos una cantidad de impuestos importante. No es la idea.
Cualquiera puede pensar que ese experimento sería muy arriesgado, pero convengamos en que estamos muy lejos de eso. No solo hay policías, tribunales penales, cárceles, sino que el jefe del “garantismo” está en cabeza de el poder punitivista formal. Zaffaroni es miembro de la Corte Suprema de Justicia, no de la Comisión Nacional de Sacapresos.
¿Qué es esto? Pura perversión. El verdadero punitivismo pone a la población a pedir punitivismo y la castiga, persigue, estigmatiza por hacerlo.
El punitivismo adopta la ideología abolicionista pero no para llevarla a cabo, sino para ejercer el poder sobre la gente asustada y culpabilizada. En el medio de semejante presión, las reacciones emocionales son tomadas como locura y las acciones que obviamente seguirán al proceso de deslegitimación del derecho de defensa, esto es lo que se han llamado linchamientos, son abordadas con el tipo de punitivismo que la misma gente está reclamando que se use con los delincuentes. A estos últimos se los trata con comprensión, por parte de los mismos que los meten presos mientras dicen que no deberían estar presos.
El último punto de la perversión está dado por el tratamiento al “pobre”. Pobre es una categoría de gente que justifica que unos ricos privilegiados tiranicen a la gente en general. Pobre es el insumo principal del despotismo y a su vez su costo más evidente. Alto gasto público implica que para subsistir hay que tener una gran rentabilidad que permita estar en el circuito formal, el resto será ese insumo moral y político llamado “el pobre”.
Los autodenominados garantistas esgrimen estadísticas como esta: el 57% de los presos son menores de 35 años y pobres (en el país que lleva una década de irracionalidad K). Y repiten algunos mantras como “la cárcel no sirve”.
¿Qué hace un señor como Zaffaroni a la cabeza del sistema que manda a la gente a la cárcel a pesar de eso? Que lo explique él.
Las conclusiones que podrían sacarse de la estadística mencionada son muchas, incluso opuestas a las que quieren sacar los autodenominados garantistas. La más razonable será que con menos de 35 años se tienen más aptitudes físicas para delinquir en la calle y salir ileso. No nos cuenta nada acerca de cuál es la edad promedio del delincuente callejero, tal vez sea coincidente y por lo tanto no puedan fundar ninguna supuesta predilección del sistema penal por castigar a jóvenes. Lo que es seguro es que el robo en la calle es más probable que lo realicen los más pobres, los otros tienen ministerios a su disposición. Esto no tienen nada que ver con que sea una preferencia del sistema penal obtener este resultado.
Lo que no entienden, o no quieren entender porque en mi opinión esto no es más que un sistema de poder, es que la pobreza es la motivación para el trabajo mucho más que para el delito. Que la pobreza no es causada por falta de socialismo sino por sobra de socialismo. Pero esto tampoco lo discuten, el centro dogmático del zaffaronismo es bien reducido como para que lo pueda repetir un panelista de un programa de chimentos.
En cualquier caso no tienen ninguna evidencia más allá de su prejuicio de que la gente no quiera que la maten para robarle el reloj, o que la amenacen, o que simplemente la sometan al abuso personal y traumático de sacarle el reloj, sólo si el autor del acto es pobre y joven. Salvo gente muy anormal de la que se rodearán los autodenominados garantistas, asumo que a los demás nos daría lo mismo si fueran ricos y viejos.
La afirmación “la cárcel no sirve” también puede conducir a justificar los linchamientos. La cárcel es lo que el sistema civilizado ha encontrado hasta ahora para lidiar con determinado tipo de injusticias extremas y evita la venganza privada. Si no sirve habrá que tener una alternativa o resignarse a los linchamientos. Porque me parece que les va a costar convencer a las personas de que si “sirve” dejarse matar o robar, sentir la sensación de los hijos o cónyuges amenazados por un arma que les apunta. Todo eso que está fuera de la “sensibilidad” de los autodenominados garantistas.
El aspecto más punitivista de los autodenominados garantistas está puesto en la gente pacífica que es víctima del delito y que en su impotencia (dado que no sabe defenderse y les han dicho que está mal que lo hagan) sobre-reacciona. También en los militares que son la base de su mito fundante. Nunca se les ha oído decir en ese caso que la cárcel no funcione, de hecho el mismo grupo ideológico que promueve la parálisis represiva del delito y maneja el aparato represivo estatal, desconce todo tipo de garantías o reglas del debido proceso cuando se trata de militares o de otros enemigos políticos del sistema a los que llaman “de derecha”. Apoyan la violenta represión de la dictadura venezolana contra protestas pacíficas y son capaces de firmar solicitadas en apoyo de regímenes totalitarios como hizo Zaffaroni con la Alemania Oriental poco tiempo antes de la caída del Muro de Berlín, por considerarla “acosada”.
No hay que interpretar estas cosas como contradicciones. Son métodos de dominación y parálisis. En muchos casos ni siquiera conscientes pero el ver cómo ninguna idea se lleva hasta las últimas consecuencias sino que se usan solo mientras le sirvan al emisor y no le sirvan al que reciba el mensaje, es la prueba palpable de la manipulación.
La estigmatización de los pobres jóvenes la realizan los autodenominados garantistas. Forman parte de la corriente de creación especulativa de pobrecitos que les permita ponerse en el lugar de protectores, por lo tanto dominantes de la situación. Es el clasismo como método de sojuzgamiento. El pobre es sometido al protector. Se lo trata como cosa sin voluntad, sin discernimiento y que actúa como una hoja movida por el viento de otros poderosos, cuyo único recurso es ser soplados por los protectores. El pobre violento ejerce una violencia que el protector aprueba, pero el cuerpo lo pone el primero.
Los autodenominados garantistas y el kirchnerismo utilizan la misma metodología, por eso se fusionan. Las alternativas que las personas comunes tienen frente a ellos son : El padecimiento silencioso frente a las condiciones que ellos crean, la incorporación a la banda o la estigmatización y el repudio. El denominado “pobre” está para comportarse como una víctima que depende de ellos, un súbdito dócil de su buenismo. El disidente, el disconforme, son enemigos y malos como de cuentos para niños.
El análisis meramente racional de sus expresiones sólo muestra contradicciones y disparates. El juego político sin embargo es perversamente coherente. Si fuera por los argumentos el estudio que encargó Perfil que muestra que el 63% de los que aprueban los linchamientos son jóvenes de ingresos bajos haría caer todo el edificio pseudo moral del autodenominado garantismo. Pero ningún relato manipulador está interesado en la realidad.

Lavado de delitos

Una ínfima referencia al caso Skanska y sin molestia para ningún funcionario fue lo último que se supo de un escándalo de sobreprecios que envuelve al kirchnerismo. Gran servicio les hizo el fiscal de licencia Carlos Stornelli, que fue a parar al lugar más crítico del gabinete se Scioli para que sacara sus narices del caso.

Mientras trata de improvisar algo como para ver si va para algún lado en la lucha contra el delito en la Provincia de Buenos Aires y se kirchneriza poniendo el acento en información boba, don Carlos Stornelli podrá preguntarse si hizo bien en hacer ese favor. Sobre todo si ni siquiera lo invitan al cumpleaños del gobernador ni a los palcos de los estadios de fútbol, lo que le preocupa y mucho.

Lo de Rivas le puede sugerir a la señora hablar de seguridad

Los kirchner desprecian el reclamo de seguridad de la población porque es difícil que les afanen el helicóptero y además no es de ellos (todavía). Entonces se dedican a los juegos ideológicos y a identificar todo reclamo al respecto con fascismo. Hoy le tocó el turno al vice jefe borocotizado de Gabinete don Jorge Rivas.

Pobres asaltantes, se vieron obligados a cagarlo a palos por la exclusión social. En definitiva todo se trata de derecho a peticionar a los gobernantes ¿no? Si se quejan por Rivas serán fascistas.

Señora presidente, este tema le parece un embole y lo entiendo ¿No será que después de cuatro años sigue la exclusión social y está demasiado presente?

ACTUALIZACIÓN: La tesis del accidente cerebro vascular fue, el médico aclara que se trata de una hemorragia post traumática. Este señor va a tener que hablar con Moreno.

Pensar para no actuar

Estuve toda la mañana en un ciclo de conferencias sobre la “seguridad y ciudadanía” organizado por la Secretaría de Cultura. Abrió el evento el propio Secretario de Cultura José Nun. Le siguió el responsable del llamado Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo exponiendo un verdadero decálogo del buen progre sobre la materia. Seguridad es un tema en el que hay que pensar y hacer conferencias, según lo más granado de nuestro ambiente “intelectual” y llegar a la conclusión de que no hay que hacer nada para no ser fascista.

Después se presentó un trabajo de Alberto Binder que apenas esbozó. Digamos que su postura es, por lo que se pudo ver dado que nadie repartió el trabajo que había hecho ni se podía conseguir en el evento, que la inseguridad es “conflictividad social” no atendida, o dicho en términos más clásicos “lucha de clases”. Esto lo digo yo y no Binder que apenas pudo mostrarse disconforme con la “mano dura” por simplista. Tan simplista como querer resumir los reclamos por inseguridad bajo semejante rótulo.

Binder es director de Centro de Políticas Públicas para el Socialismo y eso explica un poco su posición, aunque no me gustaría caer en el mismo tipo de simplificación que él en cuanto al objeto de sus críticas, pero por insólito que parezca la Secretaría de Cultura organizó semejante evento, con un sistema de teleconferencias en todo el país (auditorios vacíos con a lo sumo tres personas en alguno de ellos) para hablar de un trabajo que, salvo el autor, nadie había podido leer. Me costó, en consecuencia, entender el por qué de los aplausos.

El aspecto cómico de este estatismo del pensamiento era ver que mientras de desplegaban las pantallas gigantes para las teleconferencias, se hablaba de algo que nadie había conocido y las preguntas, que se impuso que se hicieran por escrito, no podían hacerse porque nadie había pensado en repartir papeles al efecto. Habría que haber viajado a Salta para poder preguntar.

¿El marco de estas conferencias cuál era? Pués el festejo del bicentenario de la Revolución de Mayo.

¿Se entiende? ¿No? Entonces si se entiende.

Néstor y sus problemas

Che Néstor, disculpame la confianza pero decís cada cosa que me cuesta considerarte seriamente el presidente de éste país. Tres policías asesinados, el sargento Pedro Díaz y los oficiales Ricardo Torres Barbosa y Alejandro Rubén Batalaro, y el problema para vos es si te joden para la campaña electoral. Hay algo más que vos en el mundo, y no me refiero a esa cosa fea que ves en el espejo.

Te hablo a tu nivel a ver si así nos entendemos ¿Cómo hacés para vincular a tus fantasmas favoritos con este crímen? Durante cuatro años nuestra seguridad te calentó tres carajos, la vida de los policías menos que menos y ¿venís ahora patalear por el posible efecto en las encuestas y de nuevo a acusar a los militares? ¿O tengo que interpretar que hay cola de paja? Nada me sorprende ya de tu gobierno ¿qué tiene que ver este crimen con tu muchachada para que salgas con este guión tan idiota?

Ché aflojá; tomate la pastilla.

Tres policías asesinados y la única respuesta son boludeces.

John Stossel y el control del armamento

Las organizaciones terroristas en la década que le encanta al matrimonio presidencial estaban armadas hasta los dientes. Tenían todo tipo de material bélico y todo eso ocurrió en plena política de control del armamento.

El video de este post es un informe de John Stossel sobre el error de vincular seguridad con control de armamento como se está haciendo en la Argentina, porque el problema es precisamente el inverso.

Dentro de la pérdida general de conocimiento sobre los fundamentos de nuestro sistema político (el que teníamos en realidad), en una nota de La Nación reciente se afirma esto: “El Estado está obligado a brindar seguridad: debe desalentar que la gente quiera tomar un arma para defenderse porque el Gobierno no la protege”. Con toda liviandad el autor de la nota supone que la población debe suicidarse para no quitarle trabajo al estado.

Lo cierto es (y me parece increíble tener que hacer docencia con algo tan elemental) que todo el mundo tiene derecho a defenderse por si mismo. Nadie ha renunciado a eso y no se le ha concedido jamás al estado el monopolio de la defensa. Al estado se le reconoce el monopolio del uso de la fuerza para restablecer la justicia. De lo que se trata el monopolio del uso de la fuerza es de impedir la justicia por mano propia, no la defensa propia que es un derecho legítimo inalienable. Sería criminal desalentar la defensa propia.

El elemental señor Moore y muchas personas más inteligentes que el creen que los desastres al estilo Columbine que cuando no ocurren están por ocurrir, tienen que ver con la libertad de portación cuando se trata en realidad de una clara cacería de indefensos por personas que no intentarían semejante perversión para sanar su auto-estima si no pudieran sentirse en superioridad de condiciones. No es tanto el problema que los alumnos de los colegios estén desarmados como el hecho de que los asesinos sepan que cuentan con esa ventaja.

Dicho esto (ya va el video, paciencia que estoy larguero) ninguna política para restablecer los estándares de seguridad que teníamos años atrás puede prescindir del aspecto privado del problema. Se le ha inculcado a la población la idea de que renuncie a defenderse y espere al estado. El mismo estado que tardaba treinta años en poner un teléfono, el mismo estado que le da un cargo a Anibal Fernández.

Que las armas son peligrosas no cabe duda, debería alentarse a la población a aprender a usarlas. Lo increíble es que esta verdad se diga ignorando que estar indefenso en un país con el crimen creciendo y un gobierno que cree que los asaltantes son progres en medio de una lucha de clases es mucho más peligroso.