Juicio al estado

El sistema prevé una Corte que cuida la vigencia de la Constitución, pero ¿Qué pasa si esa Corte no cumple su misión, quién lo juzga? La única instancia de responsabilidad de los jueces de la Corte es el Congreso, que ha violado más la Constitución que la propia Corte. Es más, si la última ha fallado, ha sido por convalidar al primero.

Por lo tanto mi planteo no está previsto: el estado ha incumplido sus reglas básicas. Solo puede ser legítima su actividad si es una extensión directa y sin excesos de mis derechos como individuo. Pero no hay acción que pueda cumplir los requisitos básicos para considerarse válida, porque en primer lugar si soy la base del poder, mis delegados no podrían controvertir mi punto.

Tomo por un momento la ficción del contrato social, porque así es como pretende el estado ser el vehículo de la ley. El contrato social no es válido si no existe forma de reclamar por su incumplimiento. Esto es así incluso en el terreno de la mera ficción.

Pero ¿qué propongo? Propongo un juicio contra el estado, como paso previo al rompimiento. Un juicio que no puede tener juez, porque a ese nivel, manteniéndonos dentro de los parámetros teóricos de la actual “legitimidad”, si lo que estamos discutiendo es al estado en sí, nadie está sobre nosotros.

Es más, es un juicio, que no tiene una sentencia, sino una por cada uno de nosotros. Si el origen del poder es un pacto implícito, en algún momento tenemos que poder decidir sobre el poder como individuos. O que alguien me indique qué está mal en mi lógica.

Debemos empezar un juicio al estado, un juicio fundamental y total, en el que en primer lugar queden de inmediato al desnudo todas sus mentiras. Un juicio ante nosotros, pero no estoy proponiendo un mero ejercicio de imaginación, sino elaborar un procedimiento y llevarlo a cabo. Que cada uno pueda exponer su caso en un escenario, con unos tiempos. Juicio total, juicio al estado.

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No jodan con el 109

Perdón que insista con el error de invocar el artículo 109 de la Constitución para encuadrar la actitud del Poder Ejecutivo en el caso Nisman. Es importante, no por un purismo doctrinario, sino porque determina la visión que se tiene sobre el caso judicial más crucial de nuestra historia reciente.

Un ejemplo para comenzar: Mañana se encuentra el video en el que se ve a una señora muy parecida a Kirchner que ingresa con un arnés al baño del fiscal, se escucha un disparo y luego sale por el mismo lugar, el día del hecho y a una hora compatible con la determinada como momento de la defunción por la autopsia. Después de que se difunden, la señora ordena secuestrar los videos y destruirlos por medio de un decreto de necesidad y urgencia. En este último acto, si hay violación del artículo 109 de la Constitución (ex 99 de la Constitución que vale la pena de la Argentina). Pero sería realmente insensato tratar la cuestión de esa manera. La transgresión constitucional no sería lo importante de esas acciones, sino lo que en principio significarían como confirmación de la identidad de la persona que hemos visto en el video. Si los defensores de la señora se encontraran con que en el debate público se transforma en una discusión sobre el artículo 109 CN, con remotas consecuencias, en lugar de ser tomado por su importancia en el proceso penal, serían los tipos más felices del mundo.

Claro que es más cómodo tratar esto como violación de la independencia del Poder Judicial, en vez de como una conducta sospechosa con valor penal. Se transforma en un asunto meramente político, para discutir una actitud general y no una conducta particular que obliga a investigar a la señora Kirchner en relación al objeto procesal, no a su función como presidente.

Entonces aquí va la primera conclusión. Si el artículo 109 fuera aplicable, no importaría, salvo para desviar la atención sobre el crimen. Porque si existe una responsabilidad penal del Poder Ejecutivo en la muerte de Nisman o en su encubrimiento, en cualquier grado (incluso otros delitos por estas mismas acciones como violación de los deberes del funcionario público), la parte de la Constitución que habría que aplicar en todo caso, sería una mucho más grave. Es decir la que se refiere a la responsabilidad del presidente, el artículo 53, por comisión de “delito en el ejercicio de sus funciones”. Como de esto tampoco se quiere hablar, el 109 sigue siendo más cómodo.

Ahora vamos al 109 en sí. Dice lo siguiente: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Vamos ahora al significado de la palabra “conocer”, que es la que confunde a la gente no habituada a las cuestiones jurídicas y a muchos abogados también.

Reduzcamos la cuestión al absurdo y tomemos esa palabra con su definición en el idioma general. El artículo 109 estaría diciendo por ejemplo que el Presidente no puede leer la página policial o la sección tribunales de los diarios.

Imaginemos este diálogo: “Señora ¿sabe usted que hay una causa por el atentado de la Amia? -Por supuesto que no, no puedo conocer eso, me lo prohibe la Constitución”

Cualquiera puede percibir que ese no es el sentido de “conocer”. Tampoco habla de “opinar”. Claro que para opinar hay que conocer, con lo cual si opina estupideces, en principio podríamos considerar que no conoce.

Ahora vamos a qué quiere decir conocer en realidad. Es una palabra utilizada hasta el hartazgo en la legislación procesal. Por ejemplo en el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación: “La Cámara de Apelación conocerá: 1) De los recursos…”. No está diciendo que la Cámara si puede leer la sección tribunales o que si puede opinar en los diarios. De hecho, esto último no lo puede hacer, a pesar de que parece estar encargada de “conocer”.

Podría dar infinidad de ejemplos del uso de este término. Pero para no perder el tiempo, vamos a su significado. Recurro al Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, disponible en el sitio web de la Universidad Nacional de México (UNAM):

“Conocer: “El acto de entender en las causas y determinarlas; y así se dice que el conocimiento de tal o tales causas toca a tal tribunal o juez…”

Es decir, “conocer” en términos procesales quiere decir actuar, dictar actos procesales. En el caso del 109 significa suplir al juez en el expediente.

Ejemplos históricos de violaciones al artículo 109 de la Constitución: Alfonsín determinando el objeto procesal y los procesados en la Causa 13 (contra las Juntas Militares), la detención de militares, familiares de militares, periodistas y otros profesionales, por decreto del mismo presidente. Ayer mencioné a Kirchner echando jueces y reemplazándolos para cambiar la jurisprudencia. También la existencia de tribunales administrativos, falta que la jurisprudencia suplió con el subterfugio de exigir instancias de revisión judicial suficiente.

Entonces, esta es la segunda razón por la que no se debe invocar el artículo 109 de la Constitución en este caso: Porque no es aplicable y el asunto va a vía muerta. Encima a una vía que distrae de lo que hay que investigar.

¿Lo que digo significa que la señora no está violando la independencia del Poder Judicial? De acuerdo a la interpretación que estoy criticando, si el 109 no existiera pareciera que no habría nada que reprocharle a la mujer que padecemos como presidente, aunque su accionar es de lesa república.

No. El artículo 109 se refiere a una forma burda de violación de la independencia judicial, que tiene su explicación histórica. La independencia del poder judicial es una adquisición reciente como valor. Los reyes, los virreyes y otros funcionarios ejercían esas funciones antes de la existencia del sistema republicano.

Lo cierto es que al hablar del 109, aunque parezca paradójico, se le está dando poca importancia a la independencia judicial, no mucha. Esto es producto de la visión positivista y radica en querer encontrar un texto descriptivo de cada conducta, como si no sobrara entender cuál es el sistema de valores que sostiene la Constitución. El problema es que quieren hacer funcionar una constitución sin ese sistema de valores, porque no lo entienden, no les interesa o se oponen a él. Tal cosa es como querer operar una licuadora como si fuera una tostadora. Lamento informarles, no hay Constitución no liberal.

La violación constitucional que comete la señora con sus manifestaciones es genérica, la Constitución es republicana (si no lo dijera el artículo primero, está por todos lados que lo es), los poderes están divididos y la señora tiene una función, que hace incompatible que emita opiniones de esa manera. Las facultades de los poderes del Estado deben ser entendidas según el principio de especialidad, es decir, no pueden hacer lo que no se les autoriza ni tiene que ver con su misión ¿Por qué? Porque el valor que hay detrás del hecho de tener una constitución, es la de la existencia de un poder limitado.

Pero como no quieren entrar en el alma constitucional porque la rechazan, entonces la licuadora habla para producir una hermenéutica distorsionada, que atrapa en discusiones estériles.

Estado de derecho, declaraciones juradas y el artículo 18 de la Constitución

Sin que esto sea un presagio, es muy probable que la Cámara de Apelaciones de Nueva York falle a favor de la posición argentina. Pero no por cuestiones de derecho, sino porque en materias que involucran la supervivencia estatal y la “santa recaudación”  la justicia de todos los países, empezando por la de Estados Unidos, ha restaurado la doctrina de la razón de estado con otros nombres. La protección a un interés que se considera fundamental bajo el pensamiento catastrófico colectivista es ya una rutina cuya primera gran manifestación ocurrió después de los cambios en la Corte Suprema hechos por Roosevelt y el apoyo obtenido a la Wagner Act y a la Social Security Act en 1935.

El estado siempre avanza invocando peligros, nunca habrá un reconocimiento del deseo de aumentar el poder y usarlo contra los ciudadanos. Aunque en realidad importa poco la intención y mucho el efecto, que es la entrega de capital (bajo la forma de principios institucionales) en función de una emergencia en general causada por un abuso previo, bajo la exhibición exagerada del costo de no quebrantar las normas con una omisión completa del costo de abandonarlas. Manifestaciones más recientes de esta tendencia republicida las encontramos en la Patriotic Act de Bush y en general las intervenciones para salvar al sistema bancario cuando las fiestas keynesianas atribuidas a la falta de fiestas keynesianas ponen a la economía entre la espada y la pared, según lo ven los propios keynesianos.

Así se fue creando la doctrina de la “santa recaudación”. Con tanta emergencia que el estado continúe funcionando sin privaciones se transforma en fundamental. En una visión autoritaria lo que nos aqueja es la incertidumbre y en esa incertidumbre el hombre pecador hará cosas por si mismo en contra de los demás, salvo que ese hombre sea un político en cuyo caso actuará como un benefactor. Y no importa que no hayamos pasado por la experiencia de conocer un político benefactor, lo importante es no abandonar la fe, para no enfrentar el vacío. Un vacío provocado por el miedo irracional a esa incertidumbre, producto de una impotencia previamente plantada por doctrinas autoritarias. Así el estado cumplirá el rol del gran tranquilizador.

¿Qué no haríamos entonces para mantenerlo tranquilo a él? Esta es la inquietud que reemplazó a la preocupación por la seguridad, el patrimonio, la tranquilidad y la privacidad del ciudadano, cuyas emergencias no importan, salvo que permitan aumentar el gasto público internalizando el poder político los beneficios del pánico. Ante cataclismos económicos, por tal motivo, ningún salvador propondrá dejar de cobrar impuestos por un tiempo. De ninguna manera, hablábamos de emergencias que dieran protagonismo al estado, no que se la quiten.

Todas estas aclaraciones en realidad las hago para preparar el terreno para el propósito de este artículo, que es señalar la inconstitucionalidad de casi todo el sistema impositivo argentino. Porque si hubiera empezado así el mecanismo del pánico a que el estado se quede sin plata primaría sobre cualquier principio. Entonces al principio se le llamaría fanatismo, salvajismo, o cualquier otro ismo que permita dejar de lado la racionalidad. Y no es que crea que con esa introducción habré despejado el pánico, pero me atajo por si acaso.

En efecto, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece garantías elementales de protección a la libertad del ciudadano, porque para nuestro estatuto fundamental la cuestión de seguridad prioritaria es la de la libertad del individuo. Si el estado está para protegerlo, en ningún momento se podrá justificar amenazarlo.

Una de tales garantías es la que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” ¿Cuándo? Nunca ¿En qué circunstancias? En todas ¿Y si hay una emergencia? Pues todas las garantías suponen emergencias frente a las cuales hay que poner cerrojos que impidan al estado avanzar bajo tal pretexto. Nunca se supone que el estado no va a necesitar hacer tales cosas, sino lo contrario, como se sabe que lo necesitará se lo prohíbe.

Un ejemplo de la aplicación de esta prohibición ocurre todos los días en los tribunales, cada vez que un individuo es sometido a una declaración indagatoria. En tanto sus manifestaciones podrían usarse contra él, no está obligado a declarar, esto es no puede recibir ningún castigo por callarse la boca. Ni siquiera tiene obligación, si declara, de decir la verdad. Estamos hablando de gente que pudo haber cometido cualquier tipo de crimen, aún así se lo protege en el sentido de que se acepta que tiene el derecho a defenderse y que es problema del estado lograr probar algo en su contra sin su ayuda o colaboración.

Sin embargo parece que en nuestro sistema jurídico liberado de la Constitución hay cosas que son más graves que un homicidio, un secuestro extorsivo o una violación, como no mantener al propio estado como el estado quiere. La doctrina de la santa recaudación hace que con el actual nivel de gasto en todos los países el fisco necesite transferir la responsabilidad de determinar los impuestos sin límite a la propia víctima. Entonces todos los ciudadanos se ven obligados a declarar contra si mismos para que el estado pueda recaudar más fácil, del mismo modo que podrían ser torturados para que el estado obtenga datos sobre crímenes más fácil o sacados de sus jueces naturales para que el estado obtenga condenas más fáciles. Del mismo modo en que hoy son vigilados para prevenir el terrorismo más fácil.

Y así como hacemos declaraciones juradas en materia de impuestos, en las que mentir es considerado para colmo de males como si fuera una estafa, las tenemos que hacer para entrar y salir del país y para un sinnúmero de otras actividades en las que nuestra declaración será usada en nuestra contra en violación abierta a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional.

¿Pero entonces cómo hace el estado para recuadrar? La respuesta mejor es: No me importa. La tranquilizadora sería que sin dudas no podría recaudar a los niveles a los que hace hoy, ni estaría en condiciones de sostener este nivel de gasto y de reparto de sueños populistas a una población que cree que algo de lo que le dan no se lo han quitado previamente. Pero ese no es un problema, sino una buena noticia.

Tenemos una muy desarrollada línea abolicionista en el derecho penal, al que se la tilda erróneamente de garantista, curiosamente no tenemos ninguna forma de garantismo ni abolicionismo en materia fiscal. Parece que ahí no hay manera de interpretar que el mal llamado contribuyente, un verdadero siervo de la gleba moderno, pueda ser una víctima de la sociedad o del estado.

Aunque se piense que las emergencias ameritan abandonar los principios cuyo establecimiento tuvo un altísimo costo y aunque se crea en la idea de la emergencia permanente bajo la cual se sostiene la santa recaudación, en algún momento se debe pensar que para todo eso hay un límite. Porque si no es así nos encontramos frente a un fanatismo estatista que para el caso hubiera sido mejor quedarnos con el religioso por más barato.

Internet es un pañuelo

Alguien me pasó el dato. Un profesor de derecho constitucional tiene un blog y dice que los fiscales que molestan a los piqueteros son malos y que es incivilizado resolver el “conflicto social” agarrándose con las víctimas. Me tentó a meter la cuchara, y resultó que el profesor en cuestión había sido compañero mío de la facultad.

No es que haya tenido nunca una gran memoria, pero los años pasan… Este fue el post en lo sustancial, el comentario que dejé y su respuesta:

“Así que éste es el modo de preservar la convivencia social? O sea que la prioridad frente al conflicto social es que los más perjudicados no nos molesten?

Pienso en esta historia:

Una mujer que grita cada noche, cuando llega el marido embriagado y comienza a golpearla. Cansados de tanto escándalo, los vecinos juntan firmas y escriben una carta a La Nación. Al tiempo, se apersonan frente a la casa conflictiva un cronista de La Nación, Macri, sus laderos Burzaco y Rodríguez Larreta (acompañados de personal adjunto, de planta), en delegación encabezada legalmente por el fiscal Garavano. Todos ellos en representación de los vecinos afectados por los gritos.

Tocan el timbre en la casa del marido golpeador y la mujer gritona. El fiscal labra un acta, y le indica a la mujer los horarios en que no puede gritar. “Los vecinos quieren dormir” -le dice, con gesto suave. “No queremos que moleste más a sus vecinos” afirma, sonriente pero firme.

Rodríguez Larreta, que es moderno, pide la incorporación de cristales aislantes en el dormitorio, que es el lugar de donde provienen los gritos (sin que nadie lo vea, les pasa un presupuesto).

“Que no nos despierte más con sus gritos!” -gritan los vecinos. “Ya estamos cansados” -brama algún otro, mientras aplaude al fiscal. “Bruja!” -se le escapa a Burzaco.

“¿Pero cómo, y el marido golpeador?” -pregunta una mujer (seguramente feminista) que pasaba por allí.

Mientras, la mujer golpeada grita (es que se trata de una mujer que no para de gritar): “Por favor, no me abandonen detrás de los vidrios aislantes” (Alguien le tapa la boca, parece que es el abogado de Di Zeo pero no logro identificarlo. Tal vez sea el propio Di Zeo. O tal vez el propio Garavano, con guantes que reparten en el FORES para las llamadas “operaciones especiales”).

“Auxilmmm, me golpmmmm” -vuelve a protestar ella, tratando de zafar, infructuosamente, de quien la amordaza.

Y Macri: “Eh, otra vez con las ideologías” -se queja. “Ya lo decía Ayn Rand!” – agrega, mientras mueve la cabeza a uno y otro lado, como no entendiendo.

Y la troupe que lo rodea: “Eso, eso, basta de ideologías!”

“Zurda!” -se le escapa a Burzaco.

El periodista de La Nación vuelve a la redacción, y escribe su nota, a la que titula “Otro aporte apreciable para la convivencia social.”

Blogger Jose Benegas dijo…
Profesor, dice al iniciar el post que se está tratando de resolver el conflicto social aplastando a quienes son víctimas de él.Pregunto. Cuál fue el procedimiento por el cual se determinó que hay un conflicto social. Quién y cómo se determinó que los que los que cortan las calles son víctimas. Quién y cómo se determinó que quienes quieren circular son victimarios. Cómo es que este procedimiento llevará a superar el conflicto social. Y por último ¿qué es un conflicto social en su opinión?Me parece que todos estos interrogantes se pasan por alto en su post o tal vez se dan por sentadas respuestas que creo que habría que discutir.

Saludos

12:54 AM

Blogger Jose Benegas dijo…

Segunda pregunta. Un fiscal actúa encarcelando a gente que corta las calles. Un profesor de derecho constitucional que pasaba por ahí le grita “derehista” “vivan las ideologias (quiero decir, las ideologías iguales a la mía). Los vecinos de la señora que grita en su ejemplo están olvidando que la señora es víctima de un crimen. Y el profesor de derecho constitucional está haciendo lo mismo con las víctimas de los piquetes.Ah, me dirá usted, pero los autores de los piquetes son víctimas de… (eso lo vemos en la pregunta anterior). También podría contestarle que el golpeador muy probablemente haya sido golpeado en su infancia. Sabemos usted y yo que eso no le da derecho a golpear a nadie más ¿verdad?

1:01 AM


Blogger rg dijo…
Hola Jose, antes que nada un abrazo. Es increible lo distinto que llegamos a pensar (te acordaras de que fuimos companieros de ingreso en la facultad, y al menos un anio mas, junto con anibal gossn, campito, etc.?? nos sentabamos juntos en la ultima fila! increible!). El profesor de tu ejemplo no tiene por que olvidarse de nada. En mi caso, yo no celebro los cortes, me parecen una desgracia, y no tengo dudas de que afectan a otra gente. Lo que digo es que en algunos casos representan acciones que el derecho no debe perseguir (como la muerte en legitima defensa, nadie la debe reivindicar ni decir: salgamos a matar agresores. es una desgracia, que implica afectar a otros de modos que el derecho puede llegar a amparar). Salud!

4:55 AM


Blogger Jose Benegas dijo…

rg, saludos para vos también. Me sonaba tu nombre pero los años no pasan en vano y mi memoria no fue nunca muy buena.
Sobre el asunto, no hay ninguna legítima defensa en los cortes. Quienes los sufren no le hicieron nada a quienes cortan. Y siguiendo el principio de la legítima defensa lo que deberías justificar es la acción pública contra los que cortan.