El argumento mafioso contra el Impeachment contra Dilma Rousseff

El argumento mafioso contra el Impeachment contra Dilma Rousseff

El siguiente argumento es repetido como un mantra por partidarios de Rousseff y por comentaristas y periodistas: “Aquellos que juzgaron a la presidente de Brasil están tan comprometidos con las investigaciones de corrupción como la propia Dilma”, por lo tanto no pueden condenarla. Es completamente inválido. Lo mismo dicen cuando frente al latrocinio generalizado del kirchnerismo, se responde “Macri es igual”; respuesta sin sentido aún cuando la igualdad fuera cierta.

Lo asombroso es cómo se repite fuera de los sectores interesados y en mi opinión tiene que ver con la capacidad de difamación y castigo psicológico que ha desarrollado la izquierda, que hace que mucha gente con poco valor esté pensando todo el tiempo si lo que va a decir de algún modo la pone a merced de ese ojo censor. Lo que se conoce como “corrección política” que es el resultado de un acoso moral.

Es un argumento mafioso porque supone que deberían callarse o apoyarla los que son iguales que ella. Es como decir “son del mismo club” para justificar que sean tolerantes con los crímenes de un “par”. No se cómo descendimos al punto en que no se dan cuenta de lo que denota esa observación: Deben preservarse los valores de la mafia.
El juicio político por cierto no es bueno ni correcto por sí mismo, pero tampoco es un juicio penal. Los mismos que repiten el argumento mafioso en el día de hoy se encargaron de aclarar que el proceso contra Rousseff no se basaba en actos de corrupción sino en el desvío de partidas con fines partidarios. El primer error es pensar que corrupción es nada más llevarse dinero a casa, porque para la cultura latinoamericana el lucro es un tabú, algo que no se puede mostrar, mientras se relativiza cualquier acto delictivo que no implique eso. Un crimen no requiere quedarse con nada en lo personal. Ni siquiera el problema del robo es el “beneficio propio”, sino la violación de la propiedad. Desviar partidas por razones políticas es una forma de defraudación y es estrictamente un caso de corrupción, en tanto que esta palabra quiere decir “desnaturalización”, puede ser de la función o del acto. En este caso la función del presupuesto, un elemento esencial entre quienes están en el poder manejando fondos que no les pertenecen y la gente. Desviar fondos es apoderarse de ellos.

El segundo error es darle nulo valor a las investigaciones sobre Petrobrás al contexto del juicio político. Como en muchas investigaciones criminales cuando hay una multiplicidad de hechos, es válido elegir algunos que están más claros para llegar a una condena. Si este desvío de fondos no requiere una investigación ulterior, es un medio idóneo para juzgar a una presidente que además de malversar fondos, está involucrada como ex ministra del área en el escándalo de Petrobrás. Es decir, no es que el proceso no tiene nada que ver con ese caso. Lo mismo y tal vez de un modo más determinante, puede decirse de la recesión profunda que vive el país, forma parte fundamental de la situación de una presidente a ser responsabilizada por sus actos y errores. Son tres las motivaciones fundamentales de la destitución de la ex presidente, aunque en la condena se tuviera en cuenta una sola.

Distinto sería el caso si todo fuera inventado, que es el único punto aquí. Ni el argumento mafioso ni el pretendido divorcio de las otras dos cuestiones fundamentales, sirven para responder lo que habría que responder que es la realidad de las imputaciones. En la Argentina se vivió un proceso de juicio político que era una verdadera farsa contra la Corte Suprema. Los hechos invocados no tenían ninguna entidad y se basaban en el desacuerdo jurídico de gente bastante ignorante, sobre el cuál la Corte tenía la máxima autoridad y encima se los usó para condenar a los réprobos y no se les aplicó a los que seguían los criterios que interesaban al poder. El contexto que servía como motivación era imposible de invocar: el gobierno quería el control de la justicia para cambiar la jurisprudencia respecto del “corralito” y las causas sobre los hechos de la guerra sucia.

El juicio político es una bendición. Brasil lo ha utilizado dos veces para presidentes en las antípodas ideológicas. Una república y el poder en general requieren responsabilidad, es bueno que los presidentes, que son todopoderosos, se sientan vulnerables. Hay una versión hiperlegitimadora según la cual el resultado es malo porque contradice al voto a favor de Rousseff de la población. Primera falacia: no fue elegida para violar la ley. No hay pronunciamiento de la gente al respeto y los legisladores también fueron votados entre otras cosas para eventualmente llevar adelante un juicio político contra alguien obviamente votado. En segundo lugar, más importante aún, esa interpretación de una “democracia” como la selección de un dueño del país que no puede ser tocado, no vale nada. A los mismos marxistas que años atrás hablaban abiertamente de terminar con ella les encanta para llevar adelante dictaduras votadas de una población cautiva del populismo. Pero si esa fuera la democracia, habría que terminar con ella por ser el régimen más perverso de opresión imaginable. La opresión en nombre de los oprimidos.

SI LA ARGENTINA ESTÁ CONDENADA AL ÉXITO, DUHALDE LA QUIERE INDULTAR (Febrero 2002)

Semanario Urgente.

SI LA ARGENTINA ESTÁ CONDENADA AL ÉXITO, DUHALDE LA QUIERE INDULTAR
— POR JOSÉ BENEGAS

Ante un país que se hunde en el mar de la anomia, el alfonso-peronismo se apresta a asaltar el Palacio de Justicia al mejor estilo nacional socialista, en nombre de los ‘sanos sentimientos’ del Pueblo argentino.

Son esos ‘sanos sentimientos’, que en la Alemania nazi servían de fundamento al sistema penal y a la represión estatal, los esgrimidos, con otros nombres, contra la Corte por las hordas ‘cacerolistas’ y los grupos de abogados laboralistas que protegen, por vías torcidas, sus intereses pecuniarios. Ellos son el fundamento real por el que la policía política representada por el progresismo mediático y parlamentario se propone otorgar a la alianza gobernante la suma del poder bajo la mascarada de un juicio político.

Los jueces con los que reemplazarán a los actuales, son jueces amigos, cercanos, que ya han prestado servicios a la causa proletaria y a la cruzada ‘antimenemista’ (lo que para ellos es, lo más sano entre los sentimientos nacionales).

Son el tipo de jueces a los que llaman ‘independientes’. En cambio quienes no les responden, ni convalidan los procedimientos de ajusticiamiento de sus adversarios; los que cometen el atrevimiento de resolver de acuerdo a derecho aunque beneficie a los réprobos preestablecidos y quienes tienen supuestas simpatías con gente antipática para el poder; vendrían a ser para nuestra política bizarra los dependientes.

La población ignora por completo los motivos y aspiraciones de la cosa nostra política para quitar a los jueces que no les responden del medio y es conducida como ganado por las campañas oficiales de desinformación y distracción.

Un día la víctima son los banqueros, otro día los comerciantes, otro día las empresas privatizadas, otro día los que saltaron el ‘corralito’ y otro las instituciones más básicas de la República, como la Corte Suprema de Justicia.

Sin saber siquiera quienes son los ministros de la Corte, ni qué hacen, ni qué espera la Constitución de ellos, ni de qué se los acusa, muchos de los golpeadores de cacerolas colaboran mansamente con la destrucción del último resguardo que les queda en la protección de sus derechos y de sus garantías.

Un día protestan porque la propaganda oficial dice, falsamente, que convalidaron el corralito, y cuando se enteran de que lo declararon inconstitucional protestan porque se supone que atentan contra la subsistencia del sistema bancario (¿cuál sistema bancario?), aunque los bancos eran supuestamente los depositarios de todo el mal habido en el país y maléficos aliados de anteriores gobiernos a los que el actual venía a abandonar.

Y si no protestaran ya por eso, lo harían por otra cosa; prenderían la televisión para notificarse de contra quién tienen que despotricar hoy.

La actual Corte es producto de un pacto sellado entre el propio Alfonsín y Menem en 1994, denominado Pacto de Olívos. El radicalismo ‘progre’ sostenía que debían hacerse cambios en el máximo tribunal para otorgarle credibilidad. Lograron su propósito pero parece que lo que era creíble en ese entonces ya no lo es; y entonces la Corte no cuenta más con el aval del señor Alfonsín, que vendría a ser algo así como el máximo exponente de los ‘sanos sentimientos’ del Pueblo argentino.

Duhalde, quien fue partícipe al haber apoyado y convalidado el Pacto de Olivos, no aprueba (él cree que debe aprobarlo) que esta Corte haya declarado ilegal el procedimiento que llevó a la detención de su archienemigo Carlos Menem, con todo el esfuerzo que él había hecho para que eso fuera posible.

Cualquier cosa que se oponga al poder de Alfonsín, a los deseos de Duhalde o a ‘la Verdad’ representada por la señora Carrió, resulta automáticamente ilegal, no independiente, corrupto e inmoral.

Estas tres voluntades unidas al periodismo ‘progre’ y a las empresas periodísticas que hacen negocios con el Estado conforman la nueva religión nacional y a cuyo son parece que deben desenvolverse las instituciones bajo pena de ser arrasadas. El que no se adapte es un corrupto, un gusano que debe ser aplastado. Los intereses políticos de esa entente son el único Derecho vigente.

Padecemos un gobierno provisorio que no cuenta con legitimidad electoral, que fue seleccionado por ser lo más representativo de la clase política que a su vez se encuentra completamente divorciada de la gente. Ese gobierno conduce los destinos del país liberado del control parlamentario gracias, a las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso. A su vez, mediante incentivos, extorsiones y amenazas ha concentrado la información y logrado una prensa tan obediente y oficialista como no se recuerda en la Argentina, a pesar de toda la tradición que tenemos en la materia.

Como corolario de este proceso de feudalización política, asistimos a esta forma tan grave de golpe de estado que es el descabezamiento del Poder Judicial con un doble juego. Por un lado se recurre al hostigamiento mediante hordas callejeras y mediáticas que ni los gobiernos militares se atrevieron a utilizar y por otro a un aparente juicio político que no es tal porque la sentencia final ya está dictada. No existen garantías en la Argentina para la celebración de juicio político alguno contra los jueces de la Corte.

Si el gobierno se sale con la suya podrá disponer a diestra y siniestra (sobre todo a siniestra) que hacer con nuestro patrimonio sin ningún control parlamentario ni judicial. Podrá hacernos ricos o pobres según encajemos día por día en el grupo de beneficiarios del terrorismo normativo al que ya nos ha acostumbrado.

Estamos sometidos a la política de la hoguera, que subsiste consumiendo todo lo que haya su alrededor: banqueros, empresarios exitosos, empresas privatizadas, adversarios políticos y ahora el Poder Judicial. Habrá que preguntarse que seguirá cuando consuma a todos los conspiradores que ha creado la propaganda sin escrúpulos adquirida en Brasil.

¿A qué enemigo recurrirá el gobierno una vez que acabe con la Corte Suprema de Justicia? Tal vez seamos los ciudadanos que traicionamos al país comprando dólares porque somos tan egoístas que no nos gusta que el Estado nos asalte.

Lo que es indudable es que es un proceso que se retroalimenta y necesita cada vez dosis más grandes de violencia y atropello para subsistir. Tal vez fusile en la plaza pública a algún banquero que tienen prisionero con ayuda de nuevos amigos que tiene en la Justicia para alimentar teorías conspirativas que expliquen su fracaso. Ese sistema institucional que se está instalando a paso redoblado recibe por nombre totalitarismo.

El señor Duhalde afirma ahora, acompañado de nuestra aprendiz de Robespierre, la señora Carrió, que la Corte intentó ‘chantajearlo’ con el fallo en el que declaró la inconstitucionalidad del llamado ‘corralito’. Pero es solo una afirmación de quienes han mentido demasiado, y que ni siquiera sirve para rebatir la solidez que de manera unánime se le reconoce a la sentencia.
Si por casualidad o por un milagroso despertar de la conciencia republicana la Corte perviviera a esta andada de incivilización, habremos dado un paso a favor de la institucionalidad, estableciendo un antecedente con efectos beneficiosos.

En cambio si, como parece, la desaparición de la Justicia se concreta por cualquier método que les resulte útil, nos preguntaremos si a esa cita que efectuara el Presidente respecto a que “la Argentina está condenada al éxito” no habría que completarla con la obsesión de este gobierno por indultarla.

— ® José Benegas, febrero de 2002, Argentina.

Cuidado con la loca

No quiero perder mucho tiempo con la semántica. Si, lo más probable es que pueda ser definida como loca en el sentido de ausencia de contacto con la realidad. Vive en su mundo y sobre todo en su ego herido. Es una persona en la que no se puede confiar, a la que no se le puede dar ninguna responsabilidad y mucho menos tener como presidente.

Pero el problema es otro, porque otros locos han hecho desastres. Quiero decir con esto que importa poco su cura, en lo personal la salud de Cristina Kirchner me importa un comino, como en general no me preocupa el bienestar de ningún delincuente ni déspota. Menos cuando son ambas cosas.

Insisto con que veo que una parte de la oposición quiere pensar que sólo tiene que esperar a que se terminen de ir porque electoralmente están terminados tanto por falta de oportunidades dada la no reelección, como por imposibilidad de recuperar el apoyo de los irresponsables que la votaron en su momento. Otra oposición, representada por el PRO, está feliz pactando cosas con el gobierno y comunican a la población que no pasa nada, que hay que sonreír, hablar de conciertos y de Messi, como hace el señor Rodríguez Larreta que vendría a ser un militante furibundo de esa actitud. El del PRO es tal vez el caso más perdido, los otros creo que son víctimas de una mentalidad culposa de pseudogolpismo, por el cual le perdonan a la delirante en jefe todo y se lo asignan a sus colaboradores, sin entender que la única manera en la cual su plan de esperar a heredar el abuso estatal podría funcionar, es si mantienen a esta señora y sus cómplices contra las cuerdas hasta el último día, sin darle respiro ni oportunidad de recuperarse alguna.

Pero como no lo hacen, quién aplica esa estrategia es el propio gobierno criminal de Cristina Kirchner, el que no da cuartel para anunciar barbaridades, decir estupideces o hacer negaciones de la realidad que tienen como primer efecto poner a sus seguidores en posición de llegar a defender y hacer cualquier cosa. La locura es también entrenamiento para lo que vendrá.

Es hora de suponer la no locura, sino el propósito deliberado. No es excluyente una cosa de la otra, Hitler estaba loco y tenía un plan perfectamente ejecutado que sabemos hasta dónde lo llevó. Los psicópatas con poder suelen ser tildados de locos, pero eso no quiere decir que no persigan una racionalidad o que simplemente haya que llamarles una ambulancia para que se los lleve con el chaleco de fuerza.

Si dejamos el asombro de lado (ellos quieren que permanezcamos impávidos), se puede pensar en el problema. En primer lugar, los planes políticos de las dictaduras latinoamericanas se dictan en La Habana. Son mucho más sofisticados que la guerra de guerrillas en la que no tuvieron éxito. La Venezuela chavista fue diseñada y llevada a cabo desde Cuba, el gran enemigo de la libertad latinoamericana, a la que algún gobierno serio y responsable tendrá que devolver favores algún día, en defensa de su población.El fracaso no las debilita, lo usan en su favor para legitimarse como víctimas del mal.

Creo que al único que le oí hablar de la posibilidad de que esto termine muy mal es a de la Sota. Fontevecchia se mandó un comentario editorial hace unos días presentando como una conspiración que se estuviera elaborando un supuesto plan B. Ser “democrático” se ha convertido por éxito de la propaganda K, elaborada por el señor Verbisky, creador del pecado fundamentalista de ser “destituyente”, en sinónimo de estar dispuesto al suicidio con tal de que el gobierno despótico pueda salirse con la suya hasta el último día. Ser democrático entonces parce ser una forma de imbecilidad sin remedio. En consecuencia mejor sería no serlo.

Me ocupé de semejante despropósito conceptual en mi último libro “10 Ideas falsas que favorecen al despotismo”, no me quiero extender sobre eso ahora porque ahora hay que pensar directamente sobre lo que puede pasar de aquí a diciembre de 2015.

Una vez que dejamos la locura para entender qué se traen entre manos, lo que se ve es una pertinaz apuesta a agravar todos los problemas económicos, de seguridad y ni hablar de la política exterior. Se busca un caos que a su vez es explicado como conspiraciones. Si algo no se puede solucionar sin comprometer el esquema de poder basado en la mitología, hay que reforzar la mitología agravando las cosas. A la vez se aumentan facultades del estado y los sistemas de vigilancia. Algo me parece que indica que se fabrica una hecatombe y la manera de, en el medio del caos, evitar las próximas elecciones o condicionarlas al máximo.

Siempre uso este ejemplo. Si sos rehén en un banco y de repente el asaltante se saca la máscara, empezá a preocuparte. Parece no temer que lo puedas denunciar una vez que termine el episodio, ergo es tu vida la que está en peligro.

Sería caer en la trampa no prepararse para la destitución, por miedo a ser tildado de destituyente. Porque destituyente es precisamente lo que hay que ser ante un gobierno criminal. El problema sería en realidad no ser capaces de construir como en 1853 una institucionalidad después de esta dictadura que los espíritus tibios y cómplices no se animan a aceptar que lo es. Por lo tanto hay procedimientos a seguir. Pero todo empieza por no ser oveja y cambiar la falsa composición de lugar que se están haciendo casi todos los que participan del juego o lo comentan. Dudo que aquí lo que haya que hacer sea armarse de paciencia para aguantar a unos loquitos desorientados.

Si, el juicio político investiga delitos con independencia del Poder Judicial

En este momento la diputada Alonso defiende la facultad del Congreso de investigar al vicepresidente y hace la distinción entre una investigación judicial y otra del ámbito político. Hace hincapié en que la causal de mal desempeño permite el procedimiento parlamentario con independencia del penal.

Carrió mencionó este mismo asunto pero fue mucho más precisa, aunque no se extendió. Lo más importante a responderle al oficialismo es que, como dijo Carrió, el juicio político puede investigar delitos con independencia de la investigación judicial, no solo por mal desempeño. De hecho ese es el mandato constitucional. Lo que no puede hacer el Congreso es aplicar una pena, su único fin es destituir eventualmente o inhabilitar al imputado.

La otra gran diferencia entre una investigación penal y otra política de un delito, es que en la primera está en juego el patrimonio y la libertad del imputado, en la segunda está en juego como principal bien jurídico, la subsistencia de la institucionalidad republicana. El Código de Procedimientos Penal protege al imputado de la arbitrariedad. La Constitución se preserva a si misma. El cargo de vicepresidente no le pertenece a Boudou.

Esto no quiere decir que el sujeto en cuestión no pueda defenderse, debe poder hacerlo porque de nuevo la víctima de que la acusación careciera de fundamento no sería él, sino la Constitución. Político no quiere decir arbitrario, quiere decir que el fin es otro distinto al de la protección de un individuo que no juega nada propio en el proceso. El que se hizo a la Corte constitucional entre los años 2003 y 2005 fue una simulación sin derecho de defensa y con alta arbitrariedad, aplicando normas a unos que no se aplicaban a otros, produciendo un daño catastrófico a la Constitución.

De manera que, como dijo Carrió, se podría condenar a una persona en un juicio político por un delito incluso habiéndoselo sobreseído en sede penal. Porque las garantías, el fin y el alcance del proceso son por completo diferentes. Por supuesto, si mediara una condena penal eso haría al juicio político un trámite formal. Pero la condena en un juicio político ninguna influencia tiene sobre el proceso penal.

Dicho esto, de cualquier manera un sospechoso de varios crímenes es imposible que pueda desempeñarse correctamente en su cargo como expliqué en un artículo de hoy en Infobae. De manera que Boudou podría pedir licencia para evitar incurrir en mal desempeño automático, pero no eligió no hacerlo, a mi juicio más en beneficio de la señora Kirchner que de sí mismo.

Juicio Político, la república “in extremis”

Elisa Carrió pidió el Juicio Político de la presidente de la Nación por mal desempeño en el caso de la tragedia de Once que fue la consecuencia de un sistema de subsidios a empresas amigas y la ausencia de controles de acuerdo a la investigación judicial. Nadie lo comentó. Podría ser porque no se considere que se pueda llevar adelante, pero sospecho que hay más temor y autocensura que indiferencia.
No es el primer pedido de destitución constitucional de la presidente. Ya había presentado uno el diptuado De Marchi del Partido Demócrata de Mendoza durante la crisis del campo.
El grupo de intelectuales justificadores de la acción del gobierno denominado Carta Abierta, elaboró hace mucho tiempo y como si se anticiparan a un mal desempeño y la violación constitucional, un falso concepto institucional, el de la supuesta falta de ser “destituyente”.
Una república es un sistema de maxima responsabilidad funcional de quienes ejercen el gobierno, que no son dueños de nada, ni siquiera de lo que vulgarmente se menciona como “investidura presidencial”. Esa expresión refiere al cargo, a la función constitucionalmente definida, no a la persona que lo ejerce.
Lo contrario ocurre en una monarquía absoluta, donde no existe una responsabilidad así entendida y por lo tanto los gobernantes son incuestionables e irremovibles. Nuestra Constitución es del primer tipo, dicho esto para muchos que no lo notan. Y como no bastara esta aclaración, de manera expresa contempla el procedimiento del Juicio Político en los artículos 53, 59 y 60 para los casos de mal desempeño, delitos en el cumplimiento de la función y delitos comunes. Hay una primera instancia de acusación que debe ser estudiada primero y decidida después por la Cámara de Diputados con una mayoría calificada de los miembros presentes de los dos tercios, y luego juzga el senado para determinar si corresponde la destitución y en su caso la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.
Pero Carta Abierta no cree en la Constitución como instrumento ni como deber ser, sino en la voluntad ilimitada de un salvador etéreo que hará justicia en un sentido político y por lo tanto debe ser liberado de los obstáculos que le plantean los opositores, el Poder Judicial, el Congreso, la Constitución y la prensa, que responden a los malos.
Este pensamiento sectario requiere la liberación de toda constitución que no sea una que diga que el gobernante elegido hace lo que quiere para la izquierda y que los gobernantes elegidos no pueden hacer nada si no son de izquierda. Porque el poder, si es de izquierda, es la justicia, la verdad, incluso la realidad.
Tenemos un gran problema porque esto ha arraigado, se está instalando aún cuando es posible que el gobierno como tal esté destruyendo su popularidad, porque no solo se ha visto reducida la libertad de votar y opinar por la vía de la compra de la voluntad, la extorsión y la persecución, sino que la sociedad se va tornando cada vez más dependiente del aparato del estado. Este sectarismo travestido en doctrina constitucional muestra sus resultados cuando las cosas más absurdas y falsas son gritadas como verdades reveladas.
Carrió nos recuerda en un momento en que esto está más maduro y visible para más gente que en el 2008, que se supone que somos una república y por lo tanto los cargos se pueden perder. No es tan importante que el Juicio Político se pueda llevar a cabo como recordarle a todo el mundo que la colaboración de todos los que no son parte del esquema de poder descripto está basada en otras reglas de juego que no son las que se están aplicando, pero que son las legales. Define más que el comportamiento del Congreso o el futuro de la señora Kirchner, la posición política, jurídica y moral de todos los que no son parte del nuevo Eden, que como sabemos está bastante lejos de ser conducido por puritanos.
Una de las razones por las cuales estos regímenes como el nuestro están haciendo estragos y paralizan a la oposición es que mientras ese poder abusado hasta el cansancio pone a los opositores fuera del sistema, estos se sienten parte y no se quieren salir, entonces padecen los inconvenientes de ambas situaciones sin ninguna de sus ventajas. Salvo las personales que muchas veces los callan, de tener oficina, sueldo, viajes y placeres a los que no habían accedido antes y por los que venden su dignidad.
Y eso les pasa porque parecen haber entendido que estar dentro es ser ovejas, han olvidado el principio de responsabilidad republicana y cuando la palabra “destituyente” les suena a pecado, se han comprado todo el veneno que los paraliza en la telaraña de aparato que los está fagocitando.
Lo de Carrió ahora es importante más que para ver si la presidente va a ser sometida a un juicio político, si se alcanzarán los votos o si en la campaña electoral otros acompañarán esa idea, para despertar a la oposición y a la sociedad paralizada.
Carta Abierta ha querido asimilar esta institución fundamental con los recurrentes golpes de estado del pasado, pero es todo lo contrario a una ruptura constitucional, es un elemento de resguardo para preservar a la Constitución de los golpes del poder contra su supremacía. Nunca se usó contra un presidente, mi sospecha es que si se hubiera usado de manera oportuna los golpes de estado no hubieran ocurrido. Más allá de cual hubiera sido el resultado, el solo hecho de que exista una instancia para exponer con toda crudeza la responsabilidad de la máxima autoridad del país, hubiera fortalecido a las instituciones.
La respuesta evasiva más común es que los números no alcanzan para abrir el juicio. En primer lugar tenemos una campaña electoral este año en la que este tema debería exponerse, pero lo importante es que la república no sea vencida por desidia, por estar dormida, por pensar que soportar el autoritarismo es una virtud constitucional, cuando es todo lo contrario.
Ni siquiera es relevante si este pedido específico de Carrió es correcto, el mal síntoma es que no se hable del asunto. Una diputada destacada, ex candidata a presidente que está implicando al Poder Ejecutivo en la muerte de 51 ciudadanos, es un hecho político que debiera requerir la máxima atención, ser objeto de debate, de artículos a favor y otros en contra, de aclaraciones, de conferencias de prensa de todas las partes. Despierta Argentina.

Una “cracia” sin “demos”

La idea kirchnerista de democracia consiste en que al gobierno electo no se lo puede molestar ni cuestionar. El voto, para este matrimonio tan irritable, legitima una autocracia. El que “ataca” al gobierno es por lo tanto antidemocrático, el que se manifiesta en la calle contra “el gobierno nacional y popular” es un golpista. En esa línea está la creación del “observatorio” de la prensa contra la “discriminación”.

Claro que no es una idea propia. Los kirchner tienen muchas propiedades pero no de ideas. Se trata de la noción más difundida en un pueblo tan instruido como ignorante que es el nuestro. Y su dirigencia ni hablar.

Democracia implica la idea contraria. Que se pueda “atacar” verbalmente al presidente, que se lo pueda ridiculizar, discutir, que se pueda mostrar indignación con sus tonterías, que se pueda describir su aspecto, que sea posible protestar por sus medidas, contrariar sus ideas y reírse de su soberbia, eso es democracia. Porque está implícito que un presidente está de paso, representa a una parte de la sociedad aún cuando fuera a una mayoría, que no es el caso, y cuando además de una democracia hay una una república constitucional, el jefe de estado no fue elegido para “gobernar al país” sino para tomar decisiones en el campo limitado de las cuestiones públicas. El presidente es sólo jefe de la administración pública, de los demás es un servidor.

La idea del origen divino de la legitimidad del poder real se inició como una forma de poner freno a la arbitrariedad. El mensaje era que un rey no podía hacer cualquier cosa porque tenía que responder a su propio mentor. A la larga no funcionó muy bien porque se interpretó que dado ese origen divino el propio Dios estaba avalando cualquier cosa que decidiera.

Con la democracia a la kirchnerista está sucediendo lo mismo. Pero la cuestión encaja menos. Dios podrá representar una idea de totalidad, pero la democracia implica parcialidad en el origen del poder. Y también implica que quien elige dispone de libertad para hacerlo y también para debatir las cuestiones públicas y juzgar al poder. No porque sea mejor y nada más, sino porque de otra manera la democracia se comería a si misma.

Otra idea que circula tanto como la moneda devaluada es que si alguien quiere que la señora se vuelva a su casa es un golpista. Pero golpista es quién intenta tomar el poder por vías ilegítimas. Querer que un presidente renuncie no es ser golpista ni por asomo, ni siquiera es ser antidemocrático. En una democracia hay derecho a querer que el presidente renuncie, inclusive a desearle lo peor. A lo que no hay derecho es a quitarlo del poder por vías ilegítimas. Lo último es importante, porque tampoco es estrictamente antidemocrático quitarlo del poder, si se lo hace del modo previsto, es decir, por medio de un muy democrático juicio político.

Asimilable a golpista es tomar poderes que no se tienen, hacer desaparecer al Congreso, tener a los jueces bajo sus órdenes un presidente, dictar una “política de derechos humanos” que se traduce en medidas judiciales porque eso implica asumir el poder ejecutivo funciones de la justicia, con lo cual se traiciona el mandato y se traiciona a la Constitución, utilizar el cargo para apoderarse de empresas o favorecer a los amigos que pasan sin disimulo de mendigos a millonarios, utilizar el presupuesto público para obligar a gobernadores e intendentes a que traicionen el mandato de sus propios electores y favorecer las ambiciones del presidente. Y por supuesto también es parecido a ser golpista instaurar una policía de la prensa.

La democracia no es suficiente, lo dije muchas veces en este blog, porque su quit es determinar quién va a gobernar y no cuáles serán sus límites, pero el derecho a dar origen al poder si o si implica la libertad de hacerlo sin interferencias y discutir las bondades o defectos de los gobernantes así como juzgar su desempeño.

Dicho esto, si nuestra democracia funcionara bien, ya ni digo nuestra república porque no estamos para lujos, la acumulación de errores e imputaciones que en poco más de cien días colecciona la señora presidente, sin contabilizar las heredadas de su sociedad conyugal, sobrarían para que empiece a recibir pedidos de juicio político. No para terminar con la democracia sino para asegurarse de que continúe.

Por supuesto que la determinación del momento para un juicio político es un asunto de prudencia, pero esa institución, de haber sido utilizada en al año 1975 nos hubiera ahorrado muchos problemas y hubiera preservado de quienes consideran que gobernar es hacerse dueño del país.

Se anotó Sabsay

Daniel Sabsay fue quién pergenió la idea de hacer una reforma constitucional en Santiago del Estero por disposición de un interventor federal, en plena efervescencia de la impunidad constitucional de éste régimen kakista. Colaborador y amigo de Gustavo Beliz, el ex ministro coautor del asalto a la Corte Suprema de Justicia, de la elaboración de una forma trucha de “consulta” al público de nuevos ministros de la Corte.

Pero es otro de los desatados a último momento. No se si lee este blog, pero se ha lanzado a pedir el juicio político del mismísimo mister K como hemos sugerido que era indispensable más de una vez.

Podemos suponer que el próximo será Pergollini y finalmente lo harán Radio 10 y Página 12. Ahora que está barato pegarle a K aprovechen muchachos.