El recaudador presente y sus ovejitas tontas

El recaudador presente y sus ovejitas tontas

Es asombroso cómo se habla de impuestos y de su “evasión”, como si fuera un sacrificio que alguna gente evita. Está asumido que el sacrificio es bueno por si mismo, el que se sacrifica es venerado, el que no se sacrifica denostado. No es que este seteo ético produzca sacrificios en masa, esto es algo imposible de lograr, al menos en la mayoría de las personas. El único efecto es la vida en hipocresía y la culpa que queda por no ser sacrificado, se saca hacia afuera, se transforma en filípicas izquierdistas y en socialismo. La gente ya no necesita sacrificarse sino venerar al sacrificio que se aplicará sobre otros.

Las charlas sobre impuestos son todas ritos de persecución de esos otros. El sistema moral/religioso estatal ha logrado que no exista juicio alguno acerca del que recauda y por qué recauda. Nadie tiene un segundo de reflexión acerca del simplísimo hecho de que cada peso que les ingresa fue producido fuera del aparato recaudador, incluso los de aquellos que viven del estado, como empleados, como contratistas o como periodistas. De manera que inevitablemente el aumento de la recaudación es el aumento de la pobreza. Pero sobre el recaudador no se hacen filípicas morales, porque el recaudador es el sacrificio organizado en sí mismo.

A ver, seamos claros. La evasión es una actividad beneficiosa para la economía. La igualdad en la que la gente se ve perjudicada por el impuesto no juega ningún rol moral ni económico. Moral, porque diez asesinatos no son más justos que uno, sino al revés. Algo que está mal que perjudica a muchos es peor que algo que está mal que perjudica a pocos.  Muchas veces se sostiene que si todos pagaran todo se podrían bajar los impuestos. Señores, la evasión crece porque se suben los impuestos, algo que sucede antes de que los sacrificados hayan tomado la decisión de evitar lo que se les quiere cobrar. Si la recaudación aumentara, aumentaría el gasto público, podemos apostar por eso. En este momento, el gobierno del que muchos acomodados dicen que mejor no hablar mal, aunque haga las cosas mal, está recurriendo a establecer métodos policiales más agobiantes que la tiranía anterior, para mantener el gasto público, para mantener su poder, para evitarse problemas. El gasto público ya lo tiene, antes de recaudar.

Pero claro, la reacción que sigue, para no revisar lo anterior, es explicar la necesidad del estado. Es decir, si se llega a cuestionar la moral del sacrificio fiscal, el estado desaparece. Gran trabajo ha hecho la glorificada educación pública que Jefferson quería para formar ciudadanos con valores opuestos a esos.

El estado cumple una función política y tal parece que la seguirá cumpliendo bastante tiempo más. En el interín, lo que debe preguntarse es cuál es y cuáles son sus límites. Pero primero hay que dejar de pensar como el estado quiere: que un país vive de recaudar impuestos, porque se ha identificado al país con el estado. Y cuando digo estado no quiero ser excesivamente abstracto, son esos inútiles que un día llegan a un cargo y empiezan a inventar oficinas con nombres estúpidos para engañar  y tapar el simple hecho de que quieren acomodar a un amigo, a un militante o crear una licitación a medida para un aportante de la campaña. No es gente mejor o peor, es gente que pasa de manejar plata propia a manejar plata de los demás y se da cuenta de que hay toda una cultura de veneración de su función, capaz de fumarse sin cuestionamiento que exista una “secretaría de modernización”. Porque la gente, contrariamente a lo que querían Jefferson y Sarmiento, ha sido educada para no preguntarse jamás si la modernización depende de un inútil que da órdenes o de otra cosa.

Si hubiera educación y no des-educación, la gente se enteraría de que la economía es esa parte de la generación de recursos y su circulación que el estado no se lleva. La economía es un sistema, el estado es un costo sobre el sistema. La economía es un flujo de intereses en el que cada parte gana de acuerdo a cómo se valora lo que ofrece y eso genera incentivos para que todos apunten a una mayor productividad. El estado al recaudar corta ese flujo y obtiene recursos que ya no circularán en base a esas preferencias sino a criterios políticos, declaraciones morales y, en general, los intereses de preservación del estado y sus agentes y amigos.

Si le ponemos la mejor luz al estado, la que le puso el liberalismo clásico, podemos pensar que hay funciones como la justicia y la seguridad que tienen que proveerse por medio de un aparato político organizado y que recaude unos impuestos. Ya lo podemos discutir, pero la falacia consiste en identificar el cuestionamiento al impuesto para pagar una “Casa del Futuro”, con la desaparición de ese estado liberal. Lo que explica esta antinomia tan artificial es la mitología que hay detrás del estatismo. Mitología que no tiene otro origen que las mentiras que se van acumulando sobre lo indispensables que son las funciones que cumplen los burócratas, que luego se trasladan vía ministerio de educación, libros de gente que no quiere estar contra el poder y medios que siguen el mismo patrón, a envenenar el cerebro de los sacrificados con mentiras. Lo cierto es que el impuesto es un costo económico, un peso sobre el bienestar de todos, no un bien y la sangre del país, que es el modo en que se asume sin pensar cada vez que se habla de ellos. Por lo tanto hay que cuidar que el estado no haga otra cosa que lo que tiene que hacer, para que cueste poco y además para que la gente no vea la necesidad de huirle y el sistema por lo tanto sea financiable. Si fuera así, la evasión sería un problema marginal que no necesitaría tantas amenazas ni recurrir a reuniones internacionales para que una policía mundial haga cómplices a todos los países a la hora de sacrificar a la gente que produce. Porque, pequeña aclaración moral que las ovejas fiscalistas necesitan: Lo “evadido” es dinero que produjo el “evasor”. El evasor no roba sino que es robado, por más esfuerzos de re-etiquetado que haga el aparato des-educador. La idea es que si se roba poco para mantener al aparato político, no habrá mayores problemas.

El sistema económico está basado en voluntades que se coordinan frente a sus intereses. Es incompatible ser un buen productor con ser una buena oveja que paga impuestos, justamente por eso. El individuo al que se le pide que sea eficiente a la hora de crear cosas nuevas y tratar con sus clientes para ver cómo los convence de comprarles, tiene que hacer un abrupto cambio psicológico para ser el “contribuyente” del “estado presente”. Cuando la dosis de esto último es controlada, no hará gran daño. Pero hacer convivir dos mundos de valores opuestos o incluso hacer que el mundo productivo sea a su vez un buen “contribuyente” de un estatismo que tiene cosas como secretarías “de la juventud”, es construir una sociedad esquizofrénica, hipócrita, peligrosa para sus miembros, que buscará todo el tiempo salvadores, vivirá en la mentira, construirá fantasmas y los perseguirá. Es una locura.

Estado de derecho, declaraciones juradas y el artículo 18 de la Constitución

Sin que esto sea un presagio, es muy probable que la Cámara de Apelaciones de Nueva York falle a favor de la posición argentina. Pero no por cuestiones de derecho, sino porque en materias que involucran la supervivencia estatal y la “santa recaudación”  la justicia de todos los países, empezando por la de Estados Unidos, ha restaurado la doctrina de la razón de estado con otros nombres. La protección a un interés que se considera fundamental bajo el pensamiento catastrófico colectivista es ya una rutina cuya primera gran manifestación ocurrió después de los cambios en la Corte Suprema hechos por Roosevelt y el apoyo obtenido a la Wagner Act y a la Social Security Act en 1935.

El estado siempre avanza invocando peligros, nunca habrá un reconocimiento del deseo de aumentar el poder y usarlo contra los ciudadanos. Aunque en realidad importa poco la intención y mucho el efecto, que es la entrega de capital (bajo la forma de principios institucionales) en función de una emergencia en general causada por un abuso previo, bajo la exhibición exagerada del costo de no quebrantar las normas con una omisión completa del costo de abandonarlas. Manifestaciones más recientes de esta tendencia republicida las encontramos en la Patriotic Act de Bush y en general las intervenciones para salvar al sistema bancario cuando las fiestas keynesianas atribuidas a la falta de fiestas keynesianas ponen a la economía entre la espada y la pared, según lo ven los propios keynesianos.

Así se fue creando la doctrina de la “santa recaudación”. Con tanta emergencia que el estado continúe funcionando sin privaciones se transforma en fundamental. En una visión autoritaria lo que nos aqueja es la incertidumbre y en esa incertidumbre el hombre pecador hará cosas por si mismo en contra de los demás, salvo que ese hombre sea un político en cuyo caso actuará como un benefactor. Y no importa que no hayamos pasado por la experiencia de conocer un político benefactor, lo importante es no abandonar la fe, para no enfrentar el vacío. Un vacío provocado por el miedo irracional a esa incertidumbre, producto de una impotencia previamente plantada por doctrinas autoritarias. Así el estado cumplirá el rol del gran tranquilizador.

¿Qué no haríamos entonces para mantenerlo tranquilo a él? Esta es la inquietud que reemplazó a la preocupación por la seguridad, el patrimonio, la tranquilidad y la privacidad del ciudadano, cuyas emergencias no importan, salvo que permitan aumentar el gasto público internalizando el poder político los beneficios del pánico. Ante cataclismos económicos, por tal motivo, ningún salvador propondrá dejar de cobrar impuestos por un tiempo. De ninguna manera, hablábamos de emergencias que dieran protagonismo al estado, no que se la quiten.

Todas estas aclaraciones en realidad las hago para preparar el terreno para el propósito de este artículo, que es señalar la inconstitucionalidad de casi todo el sistema impositivo argentino. Porque si hubiera empezado así el mecanismo del pánico a que el estado se quede sin plata primaría sobre cualquier principio. Entonces al principio se le llamaría fanatismo, salvajismo, o cualquier otro ismo que permita dejar de lado la racionalidad. Y no es que crea que con esa introducción habré despejado el pánico, pero me atajo por si acaso.

En efecto, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece garantías elementales de protección a la libertad del ciudadano, porque para nuestro estatuto fundamental la cuestión de seguridad prioritaria es la de la libertad del individuo. Si el estado está para protegerlo, en ningún momento se podrá justificar amenazarlo.

Una de tales garantías es la que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” ¿Cuándo? Nunca ¿En qué circunstancias? En todas ¿Y si hay una emergencia? Pues todas las garantías suponen emergencias frente a las cuales hay que poner cerrojos que impidan al estado avanzar bajo tal pretexto. Nunca se supone que el estado no va a necesitar hacer tales cosas, sino lo contrario, como se sabe que lo necesitará se lo prohíbe.

Un ejemplo de la aplicación de esta prohibición ocurre todos los días en los tribunales, cada vez que un individuo es sometido a una declaración indagatoria. En tanto sus manifestaciones podrían usarse contra él, no está obligado a declarar, esto es no puede recibir ningún castigo por callarse la boca. Ni siquiera tiene obligación, si declara, de decir la verdad. Estamos hablando de gente que pudo haber cometido cualquier tipo de crimen, aún así se lo protege en el sentido de que se acepta que tiene el derecho a defenderse y que es problema del estado lograr probar algo en su contra sin su ayuda o colaboración.

Sin embargo parece que en nuestro sistema jurídico liberado de la Constitución hay cosas que son más graves que un homicidio, un secuestro extorsivo o una violación, como no mantener al propio estado como el estado quiere. La doctrina de la santa recaudación hace que con el actual nivel de gasto en todos los países el fisco necesite transferir la responsabilidad de determinar los impuestos sin límite a la propia víctima. Entonces todos los ciudadanos se ven obligados a declarar contra si mismos para que el estado pueda recaudar más fácil, del mismo modo que podrían ser torturados para que el estado obtenga datos sobre crímenes más fácil o sacados de sus jueces naturales para que el estado obtenga condenas más fáciles. Del mismo modo en que hoy son vigilados para prevenir el terrorismo más fácil.

Y así como hacemos declaraciones juradas en materia de impuestos, en las que mentir es considerado para colmo de males como si fuera una estafa, las tenemos que hacer para entrar y salir del país y para un sinnúmero de otras actividades en las que nuestra declaración será usada en nuestra contra en violación abierta a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional.

¿Pero entonces cómo hace el estado para recuadrar? La respuesta mejor es: No me importa. La tranquilizadora sería que sin dudas no podría recaudar a los niveles a los que hace hoy, ni estaría en condiciones de sostener este nivel de gasto y de reparto de sueños populistas a una población que cree que algo de lo que le dan no se lo han quitado previamente. Pero ese no es un problema, sino una buena noticia.

Tenemos una muy desarrollada línea abolicionista en el derecho penal, al que se la tilda erróneamente de garantista, curiosamente no tenemos ninguna forma de garantismo ni abolicionismo en materia fiscal. Parece que ahí no hay manera de interpretar que el mal llamado contribuyente, un verdadero siervo de la gleba moderno, pueda ser una víctima de la sociedad o del estado.

Aunque se piense que las emergencias ameritan abandonar los principios cuyo establecimiento tuvo un altísimo costo y aunque se crea en la idea de la emergencia permanente bajo la cual se sostiene la santa recaudación, en algún momento se debe pensar que para todo eso hay un límite. Porque si no es así nos encontramos frente a un fanatismo estatista que para el caso hubiera sido mejor quedarnos con el religioso por más barato.