Tanto se ha criticado el uso de Twitter por la presidente de la nación y sin embargo parece haber hecho en esa red social un aporte muy interesante en su paso por la cumbre del G20. Le sobraron caractéres para “tuitiar” que en su reunión con el primer ministro de Japón Shinzō Abe le habló de “la necesidad de formular una ley de quiebras a nivel internacional” como una forma de enfrentar el problema de la deuda pública impaga.
Lo correcto hubiera sido hablar de un tratado, pero de cualquier manera lo que propuso la presidente es una genialidad, lo que no estoy muy seguro es de que sea consciente de lo que implica.
La quiebra supondría al menos dos cosas importantes para nosotros y para los acreedores. La primera sería la liquidación de los bienes de la fallida, esto es empresas comerciales, negocios como el fútbol para todos y todo tipo de activos que tengan un valor económico. La segunda la indagación sobre la responsabilidad penal de sus administradores. Toda quiebra abre una investigación sobre la posibilidad de que fuera fraudulenta, que existan acreencias inventadas, contratos realizados solo para vaciarla en beneficio de sus administradores. Un caso típico serían empresarios proveedores amigos de los gobiernos, que se pudiera sospechar además que fueran testaferros. También operaciones que escondan prestaciones a título gratuito, es decir sin una contraprestación justificable para el estado, como los recitales de Fito Paez, propagandistas contratados en los medios públicos o la pauta oficial.
Ambas cosas serían muy convenientes para los argentinos. Los acreedores en lugar de cobrar a costa de impuestos contra los contribuyentes argentinos que no acordaron ningún crédito con nadie, deberían rematar los bienes del estado, que de paso ya no tendríamos que mantener. Tendrían algo con qué cobrarse también los acreedores internos, como los jubilados por ejemplo. Las compañías comerciales en primer lugar y todo tipo de activos se rematarían en su beneficio. A su vez esos activos serían un límite a los acreedores, ellos no podrían pretender continuar sus pretensiones contra particulares..
Una vez que fuera establecido ese procedimiento, la capacidad de endeudarse de los estados sería limitada porque sus potenciales prestamistas deberán analizar su solvencia en base a sus bienes y a un flujo razonable y no al simple cálculo de que son un barril sin fondo dado que tienen la capacidad de obligar a terceros a trabajar para pagar sus deudas.
Supongamos que dejamos de lado otra de las consecuencias de la quiebra que sería la intervención de la administración por parte de un síndico para llevar a cabo el procedimiento, si la Argentina hubiera sido declarada en quiebra en 2002 el gobierno del matrimonio Kirchner hubiera sido de verdad uno de los mejores de la historia, porque no hubiera podido hacer nada de lo que hicieron desde que llegaron al poder. Por ejemplo, la idea de la quiebra es incompatible con su negativa a que se embarguen los bienes del estado.
De cualquier manera sospecho que más que en una quiebra la señora estará pensando en una suerte de “paga Dios”, es decir, que los estados puedan ofrecer a los acreedores lo que quieran y que esto no sea simplemente una situación “de facto” derivada de que no se los puede rematar, sino una prerrogativa avalada por los sindicatos de gobiernos. Quiere mantener el “es esto o nada” que es lo que le permitió a la Argentina lograr un nivel de adhesión al canje tan alto que ahora le permite pensar que los holdouts son una minoría testaruda, pero con cualquier mecanismo de quiebra eso no hubiera sido igual de sencillo, su margen de maniobra hubiera sido otro y el gobierno de los Kirchner hubiera terminado con la quinta de olivos convertida en un Club Med.
De cualquier manera el tratado del “paga Dios”, que supongo que es como la señora entiende a su propuesta también sería conveniente para los argentinos. Porque el estado quedaría fuera de los mercados de crédito para siempre. La reducción a la nada de la posibilidad de cobrar haría que nunca más se le prestara un centavo. Y lo hubiéramos logrado sin tener que elegir en las elecciones a un gobierno serio, cosa que está visto que no queremos hacer bajo ninguna circunstancia.
Por desgracia para nosotros y por suerte para la señora Kirchner, lo que propone no es lo que va a pasar. Nadie quiere acabar con el negocio de unos falsos insolventes que están legitimados para cobrar impuestos y hacer responsables como siervos a individuos privados de cualquier compromiso que quieran firmar. Lo mejor para todos los que están en el juego es la prolongación de la situación indefinida en la que de vez en cuando algún juez pueda jugar al derecho sin hacer justicia de verdad nunca.