La Oficina Anticorrupción fue formada por el gobierno de la Alianza a instancias de aquel genio incomprendido que fue el vice presidente don Chacho, ahora chocho, Alvarez. Su propósito siempre fue perseguir “casos emblemáticos de corrupción menemista”. Quiere decir esto, personas públicamente señaladas como corruptas. ¿Señaladas por quién? Pues por la prensa de izquierda que sostuvo estándares tales como que los terroristas que padecimos en la década del 70 eran idealistas, que los militares que los combatieron en realidad persiguieron hippies y por lo tanto todo lo que hayan hecho en su contra era un crimen, que las víctimas de los delitos debían pedirle perdón a los asaltantes, que privatizar era “robar el patrimonio nacional”, que los contratos que hacían los menemistas eran corruptos pero las renovaciones de los mismos que hacia la Alianza eran normales. Esa misma prensa de izquierda que hizo “emblemáticos” a ciertas personas, en lo posible no peronistas, es la que hoy se encuentra borocotizada y es la cobertura del pingüinaje saqueador.

Vuelvo entonces. La OA se creó para perseguir esos casos “emblemáticos”, es decir, con un objetivo político fascista de utilizar a la justicia para dirimir cuestiones políticas. Y cumplió su objetivo gracias a un ingrediente particular. La OA es la única entidad estatal cuyos miembros no están obligados a denunciar los delitos de los que se enteran porque especialmente se los facultó para elegir qué causas “emblemáticas” (léase útiles al poder) podían llevar adelante. Siempre eligen, claro, la década del noventa. El día que se investigue la actuación de la OA capaz que terminan ellos mismos siendo el emblema de la utilización de la justicia con fines políticos.

Como broche de su historial, la OA acaba de tomar intervención en el caso Skanska pero para sostener las estupideces que la Casa de Gobierno quiere vender respecto a que se trata de “corrupción entre privados”. Su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, discípulo abandónico de Gustavo Beliz, apareció en la causa a pedir que se los reconozca como querellantes pero para investigar el caso dejando sentado que se trata de “corrupción entre privados”. ¿Curiosos verdad? Sobre todo porque si fuera corrupción entre privados la OA no tendría nada que hacer al respecto, por más que invoque un documento idiota como la convención contra la corrupción, si no tendrían que ocuparse de las cuentas de nuestros consorcios que suelen ser tan oscuras.

En fin muchachos de la OA, ustedes han pasado también al campo de la comedia. Capaz que terminan denunciando al presidente pero no por el caso Skanska en si, sino por haber despedido ya a tres funcionarios relacionados con el caso a pesar de ser todo un tema entre privados. Digo yo ¿es deber de los funcionarios tener vergüenza?

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7 Responses

  1. NO. En estos tiempos, para ser funcionario es condición esencial y necesaria ser SINVERGÜENZA. ¿No le parece?

  2. La oficina Anticorrupción es un chiste. Depende del poder ejecutivo, ¡patético! Pero a la gilada la entretienen con esto.

  3. Creo que ya no debemos denominar más “Caso Skanska” a lo que debiera llamarse:

    Coimas y corrupción estatal en la obra pública

    A cortarla con los eufemismos.

  4. Mientras mas subordinen a los intereses políticos oficiales a los organismos de control del poder.

    Mas se cotizarán y mas interés despertarán las modalidaes independientes de información confiable para los ciudadanos.

    Como lo son los blogs y los medios que no se han vendido al poder.

  5. Pensar que hay gente que todavia le cree al Pinguino cuando habla desde el atril. Como se puede ser tan imbecil ?.

  6. Si se le dio rango constitucional al Ministerio Público y se quiso que tenga independencia del Poder Ejecutivo, la “Oficina Anticorrupción” dependiente del Poder Ejecutivo está de más, o sobra el Ministerio Público. Sé que en los hechos el Ministerio Público (fiscales, desde Procuración General hasta los pinches) también dependen de K, pero lo que quiero señalar es que el fundamento jurídico del Ministerio Público es opuesto a la de la Oficina Anticorrupción: que la persecución de los delitos, reales o imputados, no dependa de los designios políticos del gobierno de turno.
    Dicho sea de paso, entre las cosas malas que podrán decirse de Menem, no está haber utilizado al Estado (es decir, el bolsillo de los contribuyentes) para perseguir a sus enemigos políticos.

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