El estado de derecho como sistema se encuentra invertido, desde que los ciudadanos privados, por la necesidad de financiar a un estado voraz, disfrazado de Papá Noel, tienen que justificar lo que tienen. Es decir, se presume que lo que tienen es objeto de algún delito, norma que debería aplicarse a los funcionarios públicos que manejan recursos que no les pertenecen. Pero sin resistencia apreciable, dado el paradigma paternalista que libró al estado de sospechas, la población está bajo vigilancia en todos sus movimientos económicos, en una vorágine acelerada que podría servir para una precuela de 1984. Basta ver las cosas que los funcionarios dicen y la forma en que los periodistas se las aceptan como si fueran normales.
Los individuos privados cuentan, deberían contar, con la presunción de licitud de sus actos. El artículo 19 de la Constitución dice con énfasis que todo lo que no está prohibido, está permitido. Es el estado el que tiene que establecer qué cosa estaba prohibida en la actividad económica de una persona que tiene determinados bienes. La dificultad que tiene es que en su función paternal, que le permite incrementar su presupuesto y control, el estado decidió controlar y prohibir actividades privadas como el uso y comercialización de las drogas y, en materia fiscal, sus necesidades de recaudación superan con creces la disposición a colaborar de la gente común. Por lo tanto el control de lo permitido, violando las limitaciones constitucionales, se hace arduo. El no pago de impuestos se tiene que transformar en “delito”, sin que haya víctimas privadas, es decir, sin que haya interés de la gente en denunciarlo, que es lo primero que debería ocurrir para que el delito en ese sector sea controlado. En el caso de las drogas porque tampoco hay crímenes entre individuos privados, que en realidad pactan cosas contra la voluntad estatal. Los fondos en uno y otro caso, pertenecen a quienes los originan, aunque en un caso el estado pretende quedarse con ellos para financiarse y en el otro intenta que la actividad no exista más. Esas condiciones hacen difícil al estado ejercer su poder y limitar al sector privado.
Entonces, como las prevenciones respecto del sector público que se ocupa en el imaginario socialista de sostener la vida en la tierra, han desaparecido, se recurrió a la inversión de la legitimidad política y a la liquidación del estado de derecho: El que tiene fondos debe probar de dónde viene lo que tiene y es, en principio, sospechoso, por tener algo que el estado no sabía que tenía.
Lo anterior es el problema principal y la pendiente en la que se desliza el mundo hacia el totalitarismo de manos de los “bien intencionados”. Lo que viene es la tontería argentina circunstancial. El gobierno plantea un “blanqueo”, de nuevo para financiar un estado endiosado que libra a los argentinos de toda preocupación, dicen, al que no le alcanzan una brutal presión impositiva y los altos índices de inflación. Acá se presenta el problema entre el “evasor” y los “otros delincuentes”. Un funcionario le explicaba a Longobardi recién que intentarán evitar que narcotraficantes o gente relacionada con corrupción en el estado utilice el blanqueo para, justamente, blanquear. Esto, dijo, es solo para evasores impositivos, de modo que aquellos que puedan demostrar que su dinero viene de una actividad “lícita” (ese concepto ha muerto, pero no me voy a extender, tomémoslo como sinónimo de “autorizada), no tendrían de qué preocuparse.
Lo que preocupaba en la mesa de Longobardi era si los bancos harían el trabajo de vigilancia para comprobar que no se filtren los malos entre los buenos. Pero mi duda es otra. Fondos en negro se obtienen de modo lícito pero por definición no se contabilizan. El origen no está en los papeles, eso en un estado de derecho no los debería transformar en ilícitos per sé, pero estamos en el siglo XXI y bajo vigilancia, así que ya no es así.
Entonces pareciera que los que blanquean dinero en negro proveniente de actividades no prohibidas, tendrán dificultades para demostrarlo y que estarán unos años en la duda hasta que eventualmente venzan los plazos de prescripción. Claro que la prescripción seguirá existiendo mientras no sea una dificultad para la Santa Recaudación que todo lo ve y todo lo necesita.
