Les encanta el estado para todo. Sobre todo para hacer discursos y para explicar por qué se quieren quedar con lo de los demás. Pero cuando de trabajar se trata, sin alguna mordida a la vista, miran para el otro lado. Nuestra seguridad a este gobierno no le importa. No recibe los halagos de sus guías morales setentistas, sino lo contrario, no ganan plata con eso, ni consiguen caja. Sergio Masa lo resume así: que se ocupen los jueces.
Los jueces no proveen seguridad. Ellos juzgan desde homicidas callejeros, hasta gente que le trae narcovalijas al gobierno, con mayor o menor entusiasmo. Pero su trabajo no es brindar seguridad sino aplicar la ley a los hechos ya ocurridos. La seguridad está a cargo del poder Ejecutivo que tiene una policía a su cargo para eso. En el caso de las narcovalijas por ejemplo, la seguridad se escapó y funcionó. Ahí si es que los jueces no hacen nada, pero por trabajar para la policía política en el Consejo de la Magistratura.
La doctora Carmen Argibay, devuelve la pelota. La culpa es del Poder Ejecutivo. Por un lado por falta de presupuesto y de nombramiento de jueces. No hay tantos kirchneristas fanáticos para nombrar tal vez. Pero presupuesto les sobra, la Justicia tiene plata para tirar al techo. Se deshizo del ministerio público y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que tienen sus propios recursos. De hecho hace poco crearon un “fondo anticíclico” de 500 millones de pesos, con el fin de “atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos”, señalando que “la jurisdicción cuenta con los recursos financieros para destinarlos a tal fin…” (Acordada 4408 del 5 de noviembre de 2008)
También dijo la doctora Argibay que los juicios por delitos llamados “de lesa humanidad” no tenían por que acelerarse de manera especial, lo cual parece correcto. El problema es que la Corte tendría que explicar entonces por qué dictó otra acordada, en este caso la 6020/2008, del 29 de diciembre del año pasado. Allí los supremos, después de considerar que “pese al inicial impulso dado a los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983 inmediatamente después del advenimiento del orden constitucional, posteriormente dificultado por normas finalmente declaradas inconstitucionales, no puede dudarse que en la actualidad todos los Poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal han asumido, en el ámbito de sus respectivas competencias, una clara determinación en favor del juzgamiento de quienes se sindican como autores o partícipes de los delitos de lesa humanidad arriba mencionados”, entre otras, dispone crear un cuerpo especial de auditoría de este tipo de causas para vigilar su avance y exhortar a los jueces que se apuren.
En fin, todo un pase de pelota dónde es difícil determinar quién tiene razón de qué y quién dice la verdad. Lo cierto es que no quisiera estar en el lugar de alguien que sea inocente y estuviera imputado de uno de estos delitos especiales que el Poder Ejecutivo si quiere investigar, como diría Zaffaroni con espíritu de venganza y por su propia seguridad, y tuviera que estar en manos de este sistema que protege los derechos humanos y que me tiene que juzgar después de esas consideraciones de la Corte y tanto apuro político.
El parrafo de comienzo de este artículo es para una ovación.
(Corregir morida por lo que supongo debe decir mordida)
Una forma de fomentar mayor seguridad entre los ciudadanos es que el estado permita la libertad total para poseer armas de cualquier tipo a toda la población.
La gente siempre se siente más segura cuando actúa por mano propia.
Buen Post Benegas. Después de todo es el mal que sufre este pais, la culpa siempre la tiene el otro.
En los dìas que pasaron hemos escuchado tantas veces a la Ministro de la Corte Dra. Carmen Argibay que ha venido a convertirse en una suerte de Carriò del Poder Judicial. Nadie, excepto ella, tiene razones valederas que esgrimir.
Por ejemplo cuando elìpticamente le respondo a Susana Gimenez acerca de la imposibilidad de aplicar la pena de muerte porque en la Argentina lo prohibe la CN a travès del Pacto de San Josè de Costa Rica incorporado en la reforma de 1994.
Claro que esto no es una razòn valedera. La CN podrìa modificarse como se modifican muchas leyes y de hecho, en nuestro paìs, la pena capital existiò legislada en el Còdigo Penal hasta 1922.
Lo que la Dra. Argibay no aporta son argumentos que invaliden esta opciòn. Se limita a oponer la ley como barrera, pero nada dice respecto de fundamentos filosòficos, èticos, religiosos o criminalìsticos que son, en verdad, los que deberìan discutirse.
Y asi ocurre con todo. No hay justicia pronta porque no hay jueces, pero nada dice que la falta de magistrados se debe a la morosidad del Poder Ejecutivo en designarlo y en la pasividad de la Corte Suprema en exigirle perentoriamente tales nombramientos, del mismo modo que le intimara la regularizaciòn de las percepciones jubilatorias.
Como bien dice “elbuenodegeorge”, en la Argentina siempre la culpa la tiene el otro,tal como ocurrìa en aquella vieja pelìcula de Luis Sandrini.