Golpe de estado contra la Corte Suprema (12 de septiembre de 2003) (SE LOS DIJE CARAJO!)

La peor violación a la independencia del Poder Judicial de toda la historia argentina fue cometida esta semana por el señor K y su mayoría automática en el senado de la nación, con la destitución de Eduardo Moliné O´Connor como Juez de la Corte Suprema de Justicia.
Unida a las renuncias forzadas de los jueces Nazareno y López y al ahora iniciado juicio político contra Adolfo Vázquez de previsible final, los nuevos puestos kirchneristas en el Máximo Tribunal serán cuatro, entre nueve. Pero a eso debe sumarse el alineamiento incondicional del antes demonizado y atemorizado (ahora protegido) doctor Boggiano y de otros miembros pro K del Tribunal como el doctor Petracchi, para completar la nueva Corte obediente en la Argentina.
El bochornoso procedimiento contra Moliné O´Connor conducido por la todopoderosa cónyuge presidencial, fue nada más que la puesta en escena de una condena decidida de antemano.
Como la historia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha estado contaminada por la lucha política y eso en la Argentina significa una guerra de propaganda a través del aparato mediático, al que el poder judicial no tiene acceso por sí, es útil hacer un breve repaso de algunas realidades referidas al Máximo Tribunal.
Cuando Alfonsín llegó al poder el 10 de diciembre de 1983 se encontró con una Corte Suprema de Justicia en pleno funcionamiento, pero que carecía de acuerdo del senado. No eran militares, ni interventores, ni se trataba de designaciones políticas, sino de magistrados con carrera judicial, pero Alfonsín tenía la alternativa de desconocer sus nombramientos e instalar una Corte amiga. De hecho, muchos otros miembros del Poder Judicial que ejercían la magistratura en otras instancias, carecían del acuerdo necesario (caso del actual ministro Zaffaroni) y fueron confirmados por Alfonsín en sus designaciones a través del mecanismo constitucional.
Se trataba en realidad de un caso no previsto por la Constitución, porque si bien desde el plano formal no había posibilidad de que hubiera ministros de la Corte que no tuvieran acuerdo del senado, el mecanismo de designación de jueces vitalicios tampoco permitía a ningún presidente llenar todos los cargos de la Corte y tener pleno dominio del poder judicial colocando al sistema republicano, en lo sustancial, en severo riesgo.
Por supuesto, Alfonsín eligió tener su propia Corte. De ese período podemos recordar que la Corte convalidó criterios revolucionarios y antiliberales en materia penal, como la responsabilidad mediata de los miembros de las juntas militares por los actos de sus subordinados, criterios que hasta el día de hoy permiten perseguir a miembros de las fuerzas armadas por hechos de los que no pudieron haber tenido conocimiento, la convalidación de la constitución de tribunales especiales prohibidos expresamente por la Constitución y la detención de diez personas por orden del Poder Ejecutivo invocando una conspiración jamás probada o intentada probar.
Alfonsín tuvo que pactar para lograr este objetivo con Leónidas Saadi que en aquellos tiempos lideraba al justicialismo en el senado. Hubo un intercambio de figuritas y el catamarqueño obtuvo muchos nombramientos en tribunales de primera instancia y cámaras.
Así y todo como Alfonsín acariciaba sueños hegemónicos sobre la mitad de su mandato, no creyó suficientemente alfonsinista a la Corte y mandó al Congreso un primer proyecto de llevar el número de sus miembros a nueve, que no pudo imponer.
Al llegar Carlos Menem al gobierno, se encontró con una Corte con acuerdo del senado pero enteramente alfonsinista. Situación que la Constitución tampoco prevé. Podría haber tomado la determinación de no intervenir y dejar que el paso de los años y varios períodos presidenciales normalizaran la Corte. Pero Menem tenía entre manos una serie de transformaciones en el Estado con su política de privatizaciones y desregulación que chocaba no con la Constitución, pero sí con buena parte de la legislación anticonstitucional, no declarada así por décadas de sentencias judiciales antiliberales, y entonces decidió retomar el proyecto de Alfonsín y proponer elevar el número de miembros a nueve. Menem, al contrario que Alfonsín, obtuvo lo que se propuso.
Pero Menem no fue el único que hizo suyo el plan alfonsinista. Nestor Kirchner también amplió el número de miembros del Supremo Tribunal de su provincia, instalando una Corte amiga.
En esa época se produce la importación de la doctrina del “per saltum” que permite a la Corte abocarse al conocimiento de cualquier causa en la que esté en juego una grave cuestión institucional, lo que permite a Menem librarse de medidas cautelares que no le hubieran dejado avanzar en su política de privatización.
El siguiente acontecimiento que marca la historia de la Corte del último período democrático fue el pacto de Olivos. El malestar de la oposición por el resultado de la ampliación del número de miembros de la Corte con estos cuatro nuevos miembros que en los asuntos de interés del gobierno votaban generalmente juntos, sirvió de figurita de cambio a la hora de pactar con Alfonsín la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional.
Fue así que en 1994 se puso fin a cualquier “mayoría automática” y se forzaron las renuncias de los jueces más cercanos a Menem, quienes no opusieron ninguna resistencia, y se los cambió por otros propuestos por la oposición. En 1994, la cuestión del aumento de miembros de la Corte hecha a medida de Carlos Menem, se había dado por terminada.
Un estudio reciente del instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, demostró que en todo el período que va desde 1983 hasta la fecha Carlos Menem soportó más declaraciones de inconstitucionalidad que cualquier otro presidente y que la “mayoría automática” no había votado en el mismo sentido más que en unos pocos casos. Alfonsín, por supuesto, fue el que menos cuestionamientos constitucionales recibió de su Corte.
Lo que demostró este estudio es que la existencia de una “mayoría automática” era un mito político, que siguió corriendo luego de la “normalización” de la Corte en 1994, sólo porque era útil para atacar a Menem y porque la izquierda que fogoneaba causas contra viejos enemigos a costa de todos los principios de derecho conocidos, notaba que sus disparatados criterios eran convalidados en primera instancia y también en la Cámara Federal, que actúa como el brazo judicial de Horacio Verbitsky, pero no conseguían ser convalidados en la Corte Suprema. Y este obstáculo contra los planes de venganza de la izquierda revolucionaria no se debía a la oposición simplemente de los jueces nombrados en la época de Menem, sino la de todos los miembros del Alto Tribunal. De hecho, el voto que sirvió para declarar constitucional las leyes de obediencia debida y punto final, en pleno gobierno de Alfonsín con la Corte de cinco miembros, fue el de Enrique Petracchi.
El verdadero daño que hizo Menem al sistema Judicial estuvo dado con el nombramiento de Jueces Federales enteramente politizados y que (esperaba) le fueran fieles. Para eso desplazó mediante ascensos a otros que ocupaban esos lugares cuando llegó al poder.
Pero la estrategia terminó jugándole en contra años después, porque los jueces amigos tenían una colección de trapos que esconder más allá de su alineamiento político, y buscaron protección por dos vías igualmente perversas que se volvieron contra Menem. La primera dando rienda suelta al festival izquierdista de perseguir militares y mantener viva la década del 70. Ese sólo mecanismo les aseguraba la protección o el silencio de una prensa cada vez más agresiva y cada vez más volcada al socialismo revolucionario. Doña María Romilda Servini de Cubría pasó de ser “Servil que cubría” en palabras de Horacio Verbitsky, a una respetabilísima juez cuando decidió detener a una veintena de oficiales por ser parte presuntamente de un complot para robar niños, todos los cuales fueron puestos más tarde en libertad.
La segunda línea de protección que tomaron estos jueces fue soslayar todos los principios jurídicos para permitir al gobierno de la Alianza tener detenidos a “personajes emblemáticos del menemismo” (ex funcionarios de Menem que carecieran de la protección del partido justicialista). De esa época y de esos jueces menemistas, son las detenciones con criterios jurídicos aberrantes y a pedido de un órgano del Poder Ejecutivo nuevo denominado “Oficina Anticorrupción”, como la de Cavallo, Balza, Erman González, Alderete y el propio Carlos Menem, recurriendo a figuras forzadas como la “responsabilidad mediata” ya “creada” políticamente en la época de Alfonsín, la “asociación ilícita”, las “falsificaciones de decretos”, todas rechazadas por las opiniones jurídicas más autorizadas. Aquello fue un verdadero circo.
Estas dos líneas de protección que buscaron los jueces federales más deshonestos eran simpáticas, sin embargo, a los ojos del público. Y lo eran porque el público miraba todos los acontecimientos del país bajo el tamiz de la izquierda revolucionaria con presencia hegemónica en los medios de comunicación.
Sin embargo, el único eslabón que la izquierda no lograba dominar, era precisamente, la Corte Suprema de Justicia, que se mantenía haciendo respetar los criterios liberales tradicionales del derecho penal y, en general no convalidaba ninguna de las arbitrariedades que se proponían desde instancias anteriores. De nuevo, no eran los jueces nombrados en la época de Menem los que daban vuelta estos fallos arbitrarios, sino todos ellos.
El más resonante de esos casos fue el impecable voto de Carlos Belluscio en el caso Emir Yoma, que posibilitó la libertad de Carlos Menem en el disparatado caso “armas”, en el que acusaba al Juez Urso de haber invertido el silogismo de la sentencia, buscando una figura que permitiera la prisión preventiva para luego tratar de deducir cómo era que el imputado había incurrido en la conducta en cuestión. Se ocupó también Belluscio de castigar la conducta de jueces que ganaban en tranquilidad respondiendo a los criterios políticos que se imponían en los medios de comunicación y alejándose del derecho.
Pero un fallo que debió ser tomado como ejemplo de restablecimiento del orden jurídico, fue luego utilizado para atacar a la Corte. Curiosamente no fue invocado contra el doctor Moliné O´Connor en el simulacro de juicio político al que fue sometido.
En esas condiciones llegamos al colapso de la Alianza en diciembre de 2001. El fracaso del gobierno de de la Rúa abría la posibilidad de la vuelta de Carlos Menem al poder, algo que por cierto no querían quienes habían organizado las revueltas que forzaron la renuncia del presidente. Parte del plan político de la entente bonaerense Duhalde – Alfonsín que desplazó a de la Rua era promover una mega devaluación y una agresiva política intervencionista. Eso requería una Corte dispuesta a hacer la venia a las transgresiones constitucionales que esa política traía consigo. Durante los acontecimientos del 20 de diciembre, por los distintos móviles de los canales de televisión aparecían carteles prolijamente impresos pidiendo que se fuera la Corte Suprema de Justicia en pleno. Los revoltosos se distribuían prolijamente para crear el clima contra el Tribunal en un hecho sin precedentes.
Las presiones duhaldistas para deshacerse de la Corte, tanto de la “mayoría automática” como de la “minoría automática” fueron enormes, nunca vistas, sin otro fundamento que su poder patoteril. Pensó inclusive en sacarlos por un acto de fuerza, pero no contó con el apoyo de las fuerzas armadas para hacerlo. Optó entonces por encargar a la Secretaría de Inteligencia del Estado la realización de una dura campaña de desprestigio que fue exitosa y la organización de “espontáneos escraches” contra los jueces. Consiguió volcar a una enardecida, confundida y golpeada opinión pública, contra el Máximo Tribunal, aún cuando la gente no sabía quienes eran, ni qué habían hecho, ni mucho menos cuáles eran sus funciones. Entre las opiniones de ese entonces se escuchaban sandeces tales como que la Corte había instaurado el llamado “corralito”.
Sin embargo Duhalde fracasó, sólo consiguió la renuncia de uno de los jueces (al que llenaron de elogios pese a que su desempeño había sido muy pobre), y recibió presiones internacionales para detener su ataque a la Corte, porque en la Argentina no había ciudadanos con conciencia suficiente para oponerse a la ola de odio revolucionario que se vivía en ese entonces.
En realidad la categoría “ciudadano con conciencia” es algo de lo que la Argentina carece desde hace mucho más tiempo. Nadie quería dejar de pronunciar la frase hecha del momento: “la Corte adicta”. Adicta hubiera sido a un gobierno que no estaba en el poder y por lo tanto no podía ser un obstáculo al funcionamiento de la república. Pero pensar obligaba en esa época a pelearse con mucha gente. En la Argentina no se defiende ninguna causa que “quede mal”. Nadie se desprestigia por ser tibio; es casi una virtud.
Duhalde tuvo finalmente que frenar a sus lugartenientes. Le costó más con los de Santa Cruz, porque si bien formaban parte de su coalición, tenían algunas cuentas pendientes con la Corte que querían zanjar. Era el caso del fallo de la Suprema Corte que reponía en el cargo al Procurador General ante el Supremo Tribunal de Santa Cruz al que el gobernador Kirchner había depuesto, seguramente por no ser su esclavo; fallo que nunca fue cumplido. El señor K, no perdona a quienes lo contradicen.
Los últimos acontecimientos son conocidos. Un presidente que tiene prohibido constitucionalmente inmiscuirse en temas judiciales, que no tiene función alguna que cumplir en materia de remoción de jueces, se ocupó personalmente de eliminar los elementos discordantes del Poder Judicial, bajándoles el pulgar a través de la cadena nacional de televisión. Así forzó las renuncias de Nazareno y López y destituyó a Moliné O´Connor, quien con toda dignidad y perdiendo su derecho a jubilarse, soportó el simulacro de juicio político hasta sus últimas consecuencias.
Esta es tal vez la mayor disidencia entre todas nuestras disidencias. Porque no es una protesta contra un gobierno despótico y su caterva de patoteros parlamentarios, sino la protesta contra una sociedad anómica que fue testigo mudo de una aberración constitucional y humana sin precedentes y continúa en sus actividades privadas queriendo creer que ninguno de los crímenes que se están cometiendo tienen influencia sobre su propio futuro.
La Argentina se divide entre un grupo de abusadores del poder y una mayoría que siempre está a la espera de la llegada de la caballería. En otras épocas llegaba justo a tiempo. Pero la última vez, esa mayoría se dio vuelta para sacrificarla cuando había terminado su trabajo. Tal vez y sólo tal vez, la sociedad argentina se vea ahora enfrentada con su propia inconducta y obligada a afirmarse o desaparecer.