Juicio Político, la república “in extremis”

Elisa Carrió pidió el Juicio Político de la presidente de la Nación por mal desempeño en el caso de la tragedia de Once que fue la consecuencia de un sistema de subsidios a empresas amigas y la ausencia de controles de acuerdo a la investigación judicial. Nadie lo comentó. Podría ser porque no se considere que se pueda llevar adelante, pero sospecho que hay más temor y autocensura que indiferencia.
No es el primer pedido de destitución constitucional de la presidente. Ya había presentado uno el diptuado De Marchi del Partido Demócrata de Mendoza durante la crisis del campo.
El grupo de intelectuales justificadores de la acción del gobierno denominado Carta Abierta, elaboró hace mucho tiempo y como si se anticiparan a un mal desempeño y la violación constitucional, un falso concepto institucional, el de la supuesta falta de ser “destituyente”.
Una república es un sistema de maxima responsabilidad funcional de quienes ejercen el gobierno, que no son dueños de nada, ni siquiera de lo que vulgarmente se menciona como “investidura presidencial”. Esa expresión refiere al cargo, a la función constitucionalmente definida, no a la persona que lo ejerce.
Lo contrario ocurre en una monarquía absoluta, donde no existe una responsabilidad así entendida y por lo tanto los gobernantes son incuestionables e irremovibles. Nuestra Constitución es del primer tipo, dicho esto para muchos que no lo notan. Y como no bastara esta aclaración, de manera expresa contempla el procedimiento del Juicio Político en los artículos 53, 59 y 60 para los casos de mal desempeño, delitos en el cumplimiento de la función y delitos comunes. Hay una primera instancia de acusación que debe ser estudiada primero y decidida después por la Cámara de Diputados con una mayoría calificada de los miembros presentes de los dos tercios, y luego juzga el senado para determinar si corresponde la destitución y en su caso la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.
Pero Carta Abierta no cree en la Constitución como instrumento ni como deber ser, sino en la voluntad ilimitada de un salvador etéreo que hará justicia en un sentido político y por lo tanto debe ser liberado de los obstáculos que le plantean los opositores, el Poder Judicial, el Congreso, la Constitución y la prensa, que responden a los malos.
Este pensamiento sectario requiere la liberación de toda constitución que no sea una que diga que el gobernante elegido hace lo que quiere para la izquierda y que los gobernantes elegidos no pueden hacer nada si no son de izquierda. Porque el poder, si es de izquierda, es la justicia, la verdad, incluso la realidad.
Tenemos un gran problema porque esto ha arraigado, se está instalando aún cuando es posible que el gobierno como tal esté destruyendo su popularidad, porque no solo se ha visto reducida la libertad de votar y opinar por la vía de la compra de la voluntad, la extorsión y la persecución, sino que la sociedad se va tornando cada vez más dependiente del aparato del estado. Este sectarismo travestido en doctrina constitucional muestra sus resultados cuando las cosas más absurdas y falsas son gritadas como verdades reveladas.
Carrió nos recuerda en un momento en que esto está más maduro y visible para más gente que en el 2008, que se supone que somos una república y por lo tanto los cargos se pueden perder. No es tan importante que el Juicio Político se pueda llevar a cabo como recordarle a todo el mundo que la colaboración de todos los que no son parte del esquema de poder descripto está basada en otras reglas de juego que no son las que se están aplicando, pero que son las legales. Define más que el comportamiento del Congreso o el futuro de la señora Kirchner, la posición política, jurídica y moral de todos los que no son parte del nuevo Eden, que como sabemos está bastante lejos de ser conducido por puritanos.
Una de las razones por las cuales estos regímenes como el nuestro están haciendo estragos y paralizan a la oposición es que mientras ese poder abusado hasta el cansancio pone a los opositores fuera del sistema, estos se sienten parte y no se quieren salir, entonces padecen los inconvenientes de ambas situaciones sin ninguna de sus ventajas. Salvo las personales que muchas veces los callan, de tener oficina, sueldo, viajes y placeres a los que no habían accedido antes y por los que venden su dignidad.
Y eso les pasa porque parecen haber entendido que estar dentro es ser ovejas, han olvidado el principio de responsabilidad republicana y cuando la palabra “destituyente” les suena a pecado, se han comprado todo el veneno que los paraliza en la telaraña de aparato que los está fagocitando.
Lo de Carrió ahora es importante más que para ver si la presidente va a ser sometida a un juicio político, si se alcanzarán los votos o si en la campaña electoral otros acompañarán esa idea, para despertar a la oposición y a la sociedad paralizada.
Carta Abierta ha querido asimilar esta institución fundamental con los recurrentes golpes de estado del pasado, pero es todo lo contrario a una ruptura constitucional, es un elemento de resguardo para preservar a la Constitución de los golpes del poder contra su supremacía. Nunca se usó contra un presidente, mi sospecha es que si se hubiera usado de manera oportuna los golpes de estado no hubieran ocurrido. Más allá de cual hubiera sido el resultado, el solo hecho de que exista una instancia para exponer con toda crudeza la responsabilidad de la máxima autoridad del país, hubiera fortalecido a las instituciones.
La respuesta evasiva más común es que los números no alcanzan para abrir el juicio. En primer lugar tenemos una campaña electoral este año en la que este tema debería exponerse, pero lo importante es que la república no sea vencida por desidia, por estar dormida, por pensar que soportar el autoritarismo es una virtud constitucional, cuando es todo lo contrario.
Ni siquiera es relevante si este pedido específico de Carrió es correcto, el mal síntoma es que no se hable del asunto. Una diputada destacada, ex candidata a presidente que está implicando al Poder Ejecutivo en la muerte de 51 ciudadanos, es un hecho político que debiera requerir la máxima atención, ser objeto de debate, de artículos a favor y otros en contra, de aclaraciones, de conferencias de prensa de todas las partes. Despierta Argentina.