El supervisor

El juez Roberto Gallardo concedió un amparo a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el cual obligó al jefe de gobierno de la ciudad a renovar los muy famosos 2400 contratos que había decidido no renovar.

Es admirador de Lenin, Salvador Allende y el Che Guevara pero a la vez se declara defensor de la legalidad según él la entiende ¿No hay otras alternativas como tomar las armas para instaurar un orden a la medida de las creencias de cada cual?

Dejemos ese “detalle” de lado. No es atribuíble a Gallardo que se haya nombrado en un país republicano y democrático a un juez marxista. Nadie se enteró de esto porque los legisladores de la oposición en su momento no parecen haber considerado necesario oponerse a este nombramiento. No es asunto de Gallardo que los que no son marxistas entiendan que este no es un problema, porque si no se dan cuenta de semejante cosa de entrada es difícil que se comprenda por qué. Solo aclaro, porque estamos en la Argentina y estas cosas hay que aclararlas, que supongo que alguien que admira a Allende, Lenin y Guevara es marxista. Es la versión más benévola. Tengo otra palabra para los admiradores de esos personajes que no lo fueran.

Gallardo ve su misión de la siguiente manera: “Lo que más molesta al poder general –no hablo de Macri– es un fuero que supervisa las políticas públicas” ¿Es esa la misión de un juez?

Tampoco es este un equívoco que empiece ahora. Durante la famosa década del noventa muchos jueces impulsados por los genios del nuevo derecho izquierdo cuestionaban como incumplimientos de deberes de funcionario público decisiones que no compartían ellos, como jueces, habiendo estudiado derecho y no economía, administración o cualquier otra cosa que los colocara en condiciones de juzgar una el sentido de una determinación. La figura del incumplimiento de deberes de funcionarios públicos castiga la violación de reglas legales, no las malas decisiones, y sobre todo no las malas decisiones a la luz del conocimiento de un abogado.

Ahora esos mismos jueces dejan pasar a los elefantes. Ven el copamiento de YPF por el Kircherismo y no pasa nada o el auto reparto del monopolio del juego y tampoco pasa nada. Pero esta es otra cuestión.

Los jueces no están para supervisar políticas públicas. Menos privadas por supuesto. Esa no es su función sino resolver casos particulares desde un punto de vista jurídico; no político. Nunca “supervisan” una “política”.

La acción de amparo impide la discusión de fondo. Por eso debe limitarse a casos extremos y de violaciones de derechos que aparezcan como gruesas porque de otro modo pueden producir más daño del que intentan evitar. ¿Cómo puede alguien sostener que existe la obligación de renovar contratos de gente de la que ni siquiera se sabe qué hacen? Lo admite el propio Gallardo en la nota de Página 12. Recién está pidiendo detalles sobre los contratos ¿Cómo hizo para presumir que eran contratos de trabajo encubiertos? Simple, mirando la foto de Lenin y besando la del Che.

Gallardo está disponiendo de fondos públicos para un objetivo sin utilidad para los vecinos de la Ciudad ¿A esa “política pública” quién la supervisa? ¿Quién ampara al contribuyente?

Dice Gallardo: “un contrato que se renueva cada año, durante diez años, lo tenemos sentenciado como un fraude a la legislación laboral” y después le preguntan por qué pidió la lista de los cesanteados. A lo que contesta: “Porque queremos saber quiénes son los afectados –cosa que todavía no se sabe– y qué antigüedad tienen esos contratos”

¿Cómo hizo para establecer que había un fraude laboral basado en que había una renovación anual permanente de esos contratos si ni siquiera los conoce?  Reitero, está disponiendo de fondos públicos de esta manera. Llamen a la policía.