El gobierno celebra como un triunfo que se lo considere culpable

Curiosa la alegría oficial por el hecho de que la causa Sknaska haya sido dividida en dos. Por un lado López Biscayart investigará el asunto desde el punto de vista de la evasión fiscal (no puedo evitar decir que esto es la criminalización de la defensa frente al abuso estatal) y el juez Federal Guillermo Montenegro investigará lo relacionado a los posibles sobornos. Así lo dispuso la Cámara en lo Penal Económico.

Esto significa por un lado quitarle jurisdicción parcial a López Biscayart, un juez que les ha resultado inmanejable, para dársela a un fuero más “razonable” por decirlo así. Pero hay otro aspecto que me hizo ver un amigo y lector del blog anoche. La justicia federal tiene jurisdicción sobre ilícitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública y no delitos cometidos entre privados que serían competencia de la justicia criminal ordinaria. Es decir, esta resolución que está ayudando al gobierno a pasar un mejor fin de semana que el anterior, implica una desmentida a la afirmación del señor Kirchner de hace una semana. ¿Más clarito? Si interviene la justicia federal es porque hay posibilidad de que se haya coimeado a funcionarios públicos.

Explique mister president; dele, sea bueno que usted ultimamente nos hace reir tanto.






El gobierno se declara culpable

El insufrible noticiero del canal 13 conducido por María Laura Santillán y Santos Biasatti relataba anoche el pedido de enjuiciamiento hecho por el ministro del interior contra el Juez Javier López Biscayart como si fuera una disputa entre particulares en la que el señor Fernández hacía de acusador y no parecía haber sustento para una defensa. Días atrás la señora Santillán tenía en el estudio a uno de los hermanos de María Marta García Belsunce, en ese caso dejaba clara su hostilidad. Todo al revés, cuando está claro dónde se encuentra la violación de los principios republicanos que nos involucran a todos el defecto en la información coloca en ventaja al transgresor, y en el caso en que se desconoce lo ocurrido en lugar de preguntar con curiosidad se toma postura para demostrarle al televidente lo “buena” que es la reportera con un desprecio total por la verdad. Pero sirve para constatar que esto de ser duro con los blandos y blando con los duros es algo más que un vicio presidencial, se trata de una característica de toda la argentina antinoventista cualquiera sea su marco ideológico (cuando lo hay, claro). Lo correcto es tomar ambos casos con la misma actitud e informar los hechos, incluyendo lo que está en juego que en el caso del ministro que quiere deshacerse del juez es indispensable.

El título de este post no es el que pondría en un diario, lo que trato de hacer en No me parece es operar como antídoto a la desinformación general y abrir los ojos a los distraídos. La noticia de la barbaridad que está haciendo el gobierno con el Juez López Biscayart cualquier periodista libre y que entienda algo de lo que tiene la responsabilidad de informar lo abordaría como un intento absurdo de evitar ser descubiertos en medio de un escándalo mayúsculo. Aunque tuviera razón el ministro en su discutible objeción, el hecho es de una insignificancia tal que jamás podría fundar un pedido de destitución de un juez y lo único que demuestra son nervios oficiales porque la investigación está tocando la puerta de la cúspide del poder.

Es entonces cuando la actitud del ministro por algo que no tiene relación con su ministerio, deja al descubierto al propio presidente de la nación, que lo deja hacer. Me parece que todo esto es como para tenerlo en cuenta a la hora de dictar las prisiones preventivas. Forma más clara de poner los dedos no hay.

Sacándose del medio a un Juez molesto

El caso  Skanska es uno de los pocos escándalos que el kaksimso con todos los resortes sa su favor y jugándolos sin escrúpulos no ha conseguido controlar. Se investigan coimas en el ministerio de planificación a cargo del señor de Vido.

En un acto que demuestra para qué querían controlar el Consejo de la Magistratura, el ministro político del señor K Aníbal Fernández está utilizando un asunto sin importancia para generar el ajusticiamiento del Juez Javier López Biscayart con campaña de prensa incluida. Según la propia crónica el juez dispuso trasladar a una comisaría a un detenido por entender que estaba en peligro su vida y para eso declaró inconstitucional una resolución dictada por el ministro que prohibía alojar presos en las comisarías. Según el ministro él estaba cumpliendo el pacto de San José de Costa Rica y la resolución judicial se lo impedía.

Cuando la policía se negó a recibir al detenido, por orden del propio ministro que vio en esto una oportunidad de generar un conflicto para sacarse de encima a un juez desobediente, López Biscayart rompió el juego y consiguió otro lugar de detención. La policía sin embargo debió haber cumplido la orden judicial que está por encima de la resolución de un ministro, hasta de un decreto presidencial, de una ley y de la interpretación que cualquier otro haga de la constitución. Con buen criterio López Biscayart en lugar de confrontar actuó de acuerdo a la prioridad que era conseguir un lugar de detención más seguro. Es a los jueces a quienes corresponde interpretar la constitución y aplicar las normas, no a los ministros del interiror y no a la policía. Si hubiera que investigar delitos en este caso sería entre los que ahora acusan al juez. Si la decisión del Juez es equivocada, existen las instancias para revertirla. En una situación normal, tratándose de una cuestión instrumental y si no fuera porque Lopez Biscayart los está investigando, el ministro del interior llamaría al juez para explicarle eventuales impedimentos para trasladar al detenido al lugar que éste dispuso. Pero la prioridad acá es encontrarle un motivo para echarlo y poner en su lugar a un monigote más que clausure la investigación. Y quiero ser bien pensado para no suponer que lo que molesta es que se preserve la vida de esta persona peligrosa para el poder kakista.

En cuanto a la inconstitucionalidad que dispuso López Biscayart, no tiene nada de objetable si  su apreciación de los hechos indica que en el caso existe peligro para la vida de una persona que además está siendo privada de su libertad, lo que coloca al estado en la situación de doble responsabilidad, lo único que cabe es remover cualquier norma y hacer lo que se debe hacer. Toda inconstitucionalidad es relativa a un caso particular. Pero parece que tenemos un ministro que cree que la formalidad es absoluta y más importante que la vida de una persona, incluso las normas que pretenden proteger la vida de una persona. Si se estuvieran incendiando las  cárceles Fernández pediría el enjuiciamiento de todos los magistrados que intentaran sacar a los presos de allí, incluso despediría a quienes les abrieran las puertas para sacarlos. Aún si no estuviera el ministro actuando por razones oportunistas, debería él ser expulsado mediante un juicio político por no entender ni el ABC del Derecho y de sus obligaciones.