El Poder Ejecutivo puede anular sus actos cuantas veces quiera, pero los actos civiles como las compraventas no son revocables por la voluntad de una de las partes. Una cosa es el decreto que autorizó la venta del predio de la Rural, que la señora Kirchner dejó sin efecto, y otra es la voluntad consumada en el acto civil de compraventa unida a la del comprador y al pago del precio. Este último acto civil no es anulable por decreto, sólo podría hacerse tal cosa en un juicio en el que el Poder Ejecutivo se encontrará sin fundamentos y sin plazos. Y si lo ganara, debería devolver cada peso que puso la Sociedad Rural para adquirirlo.
La única forma que tiene el gobierno de quedarse con el predio es la expropiación, para lo cual deberá tener una causa de utilidad pública, obtener la ley del Congreso y pagar antes el precio de la indemnización a la Sociedad Rural.
En cuanto a las supuestas razones de justicia que se invocan como el que llaman precio vil de la adquisición y una investigación realizada al respecto, hay que recordar la acción de la llamada Oficina Anticorrupción, instrumento de la Alianza para criminalizar al gobierno que la precedió seguida por una justicia federal corrupta puesta al servicio de aquellos objetivos a cambio de su propia impunidad o ascensos. Esta investigación debería ser puesta en la historia del disparate y la ignorancia de esa justicia que tenía que encontrar crímenes en cualquier acción parecida a una privatización como delito de leso estatismo. Y no exagero nada, sería largo exponer acá el papel que ha tenido la Alianza en la corrupción de la Justicia Federal que no venía precisamente inmaculada de las gestiones anteriores, pero que quedó tapada por la ceguera y la ambición de poder de los principales cruzados anticorrupción que querían confirmar que su papel en la historia no había sido por completo calamitoso.
Qué precio vil va a haber en la transacción hecha entre dos entidades sin fines de lucro como la Soc. Rural y el estado. El precio de esa compraventa se explica por las restricciones en cuanto al uso y por la histórica cesión a esa entidad para una feria tradicional. No tiene nada que ver con la estafa que se mandaron los Kirchner en Calafate. Se podrá estar o no de acuerdo con aquella decisión, pero ni el precio es vil ni parece haber en principio nada delictivo en que el estado se deshiciera de algo que nunca utilizó a cambio de un precio que podría discutirse tanto para arriba como para abajo. De hecho dos tasaciones oficiales difieren en la friolera de cien millones de dólares y ambas son inconducentes.
El gobierno va por el camino del saqueo, acompañado por todo un aparato que promueve el resentimiento y el desprecio por la propiedad privada. No digo por la propiedad solo, sino por la propiedad privada que es la de aquellos que no están en el poder. Porque estos últimos si adquieren propiedades por izquierda y las mantienen.
La Constitución se parece ya a los diez mandamientos, se invocan en su totalidad pero se cumplen algunos y a nadie le importa tanto. Pero la Constitución no está para ser venerada y mantenida como una forma de consciencia a la cual referirse pero no utilizar, sino para legalizar al poder dentro de un marco inviolable. No regula la actividad de las personas sino de los privilegiados que recaudan impuestos y deciden sobre la vida de los demás. No estamos ante almas que tendrán dificultades para pasar al otro mundo, sino de crímenes en la Tierra que se toman con una absoluta banalidad.
Eso ocurre a la luz del día bajo la apariencia de un marco legal, dentro del cual las elecciones son solo una parte. En el aguantadero donde se mantiene a una persona secuestrada, no hay una democracia cuando se decide votando si se la va a liberar o no. Para que haya democracia los que votan tienen que ser libres y no estar jugando en la votación ni su libertad ni su condición lógica que es su propiedad.
Eso que estamos llamando democracia en distintos aguantaderos como la Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela (la lista podría seguir pero tomemos los casos más burdos) donde el poder exhibe crímenes y criminaliza la actividad legal es una forma de guerra contra la democracia y contra amplios sectores internos. Un verdadero alzamiento contra la idea de la legalidad del poder, eso que se llama Estado de Derecho. Son formas solapadas de guerras frías civiles llevadas a cabo a veces un espectáculo de resentimiento que compran las mayorías contables, que no tienen ningún valor jurídico que comprometa a quienes reciben el trato de enemigos internos.
Nos escandalizamos décadas atrás de los golpes de estado, como métodos ilegales de reemplazar gobiernos. Estos ya no son atentados contra la formalidad constitucional, sino contra los fines constitucionales. Son golpes constitucionales, eso que está por encima del propio estado y le da existencia.