La protesta contra Estados Unidos es delito

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La causa accesoria a nuestra “investigación” (estoy generoso esta mañana) del episodio Antonini Wilson en Aeroparque puede producir pruebas para el esclarecimiento de los delitos cometidos en territorio argentino. El interés del estado argentino es que esa investigación se desarrolle y colaborar en lo que sea necesario para que llegue a buen puerto.

El tribunal federal norteamericano va a determinar si agentes venezolanos y algún argentino, intentaron sepultar la investigación a través de falsos testimonios y documentos falsos que escondan el destino del dinero. Esa investigación puede llevar, en consecuencia, a resolver el asunto.

Esa es la situación legal objetiva en la que debe comprometerse el gobierno nacional y cada uno de sus funcionarios empezando por la presidente. Sus manifestaciones en cambio constituyen una interferencia contra los intereses del país que no le está permitida ni como acto de defensa propio. En todo caso si su prioridad es defenderse de las consecuencias personales de la investigación, siempre tiene la posibilidad de pedir licencia o en su caso renunciar y así obrar del modo que prefiera. De lo contrario su posición se torna incompatible con los deberes que tiene a su cargo.

La cosa se agrava cuando se le ordena a la cancillería una gestión diplomática que en útima instancia conduce a entorpecer el trabajo de esclarecimiento por medio de una presión política. Se está poniendo el interés privado de la señora por encima o contradiciendo al interés del estado del que ejerce su jefatura.

El artículo 248 del Código Penal le podría caber a la cúpula oficial como anillo al dedo:

ARTICULO 248. – Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Al gobierno no le sería suficiente con demostrar (algo que no ha intentado) que existe una conspiración “basura” para perjudicar la relación del kirchnerismo con la dictadura venezolana para que su reacción no encaje en la figura señalada. Además debería probar (no lo ha intentado tampoco) que la conspiración tiene por fin difundir hechos falsos, es decir trabar los resultados de la investigación. Pero nadie ha dicho que esté ocurriendo tal cosa.

Una conspiración para dar a conocer la verdad no se llama siquiera conspiración.

Hasta ahora la autoridad esta siendo utilizada con fines defensivos de Cristina Kirchner respecto de la investigación de delitos cometidos en territorio nacional.

Así estamos en este momento. Por supuesto que no hay ningún opositor que cuestione la acción diplomática del gobierno y exigiendo que no intervenga en ningún sentido. Y lo mío es peor, porque me la paso pidiendo imposibles.