La lección nunca entendida: China contra la propiedad privada.

China es un país fascinante, tanto como lo debe ser la Argentina para observarla como extranjero y desde lejos (aprovecho para recomendar otra vez la lectura de “Cisnes Salvajes” de Chang Jung). Un país que es un mundo por si mismo, que conoce el totalitarismo más extremo junto con un oscurantismo que, en la comodidad de la libertad gratis que nos queda aún, tendemos a pensar que no es posible a esta altura de los acontecimientos. En medio de eso, de un partido comunista descarnado y una cultura que no fue tocada por el cristianismo como elemento moderador, se coló igual el ímpetu individualista y el deseo de progreso que hizo posible con la maravillosa y falsa (es decir, maravillosa por falsa) etiqueta de “comunismo distinto” cierto resurgir que no podía imaginarse sin un cambio del statu quo político. China es la demostración de que todo es posible.

Me aburre un poco pero voy a aclarar que está muy pero muy lejos de ser un país civilizado. Pero fue en Estados Unidos donde se inventó esa arma macabra del poder llamado impuesto a las ganancias y sin embargo seguimos encontrando motivos para admirar a ese país.

El punto que quiero destacar es que la fuerza liberadora en China es informal, es ilegal y es eso lo que la hace seria, fuerte y digna de respeto. Occidente tiene un virus plantado que lo va a hacer volar en pedazos: es un invento llamado “poder legislativo” que ha hecho pensar que es legítimo que el estado dicte leyes o que la ley es un producto de una votación y no una regla que se debe descubrir analizando las relaciones y los hechos bajo una vara objetiva de justicia. Estado de derecho quiere decir que el poder es un esclavo de la ley no un dictador de ellas. Reconocerlo creador es hacer desaparecer la libertad para hacerla depender de la bondad del gobierno (que es la quimera nunca encontrada que se busca con la democracia). Con mucha más razón si ese error se lleva al paroxismo y se le otorga al poder la facultad de votar inclusive acerca de derechos básicos.

Lo que requiere una nación civilizada es un parlamento dedicado controlar al poder ejecutivo, no a los particulares, cuya ocupación principal debe ser recortar el presupuesto y resistir la voracidad fiscal. Un país en el que la “propiedad privada” es producto de una ley que se vota y se puede derogar, moderar, moldear, modificar por parte de una organización que tiene a diario motivos para demostrar que lo necesita y en contra de la cual se concibió la mera idea de “propiedad privada” y donde no hay ninguna fuerza igualable que la contrapese es un país sin propiedad privada. Tales preceptos deben estar al menos contenidos en un estatuto con autoridad superior al poder legislativo o se convierten en lo contrario de lo que pretenden. Los legisladores chinos han sido notificados ahora de que ellos otorgan derechos de propiedad.

Es cierto que esta “ley” demuestra que dentro del partido comunista chino se están entendiendo algunas cuestiones, pero la vía elegida es la contraria al objetivo.

Alguien podrá ingenuamente decir que en la situación anterior el estado chino podía hacer lo que quisiera con las propiedades. Debe ampliarse la visión para percatase de que ahora también, con el agravante de que pequeños personajes con un voto entre miles se sienten ahora dueños de un cambio que estaba produciéndose en una inercia política que pasaba, por suerte, por encima de todas las normas y por encima de esas pequeñas almas poderosas.

La propiedad privada no se le pide al poder, se le quita. La ley es una piña en la nariz del poder, no una creación del poder.

El decreto que faltaba

Este sujeto Maza superó la imaginación de todos al utilizar un decreto para dejar sin efecto una suspensión contra él decidida por la legislatura. Nos está diciendo, si es que no lo entendimos ya con todas las acciones kakistas, que en la Argentina no hay ningún orden constitucional sino un orden político descarnado donde se impone el que la tiene más grande. Especula, previo acuerdo por supuesto, con que generar una crisis y mantenerla habilitará al gobierno nacional a intervenir a su favor.

No me parecería útil analizar el episodio discutiendo si es correcto el procedimiento o si en la Rioja hay una crisis institucional o una usurpación del poder por el ex gobernador Maza. No vale la pena porque no hay discusión al respecto y Maza lo sabe. Admitir la discusión es una concesión inaceptable. De lo que se trata esta cuestión es de cómo el gobierno impone su voluntad y cómo se apodera utilizando la fuerza bruta disfrazada para idiotas de legalidad de todo lo que quiere. Y también se trata de entender cual es la cancha en la que se juega este partido, algo de lo cual alguien alguna vez dedicado a la política y que no forme parte de la red de complicidades que la facción gobernante ha tejido, debería notificicarse. Valen las reglas democráticas que los colocan en el poder pero no valen las reglas democráticas que los quitan de ahí.

Lo de Maza es la demostración de que la legalidad se mantiene como cortina hasta que molesta. Eso es lo que el circo de Balcarce 50 denomina “Argentina en serio”. A veces son así de burdos, otras más sutiles como cuando quisieron llevar a cabo una reforma de la Constitución de Santiago del Estero por decisión del interventor federal mandado por Gustavo Beliz, don Pablo “corrección política” Lanusse, con el guión construido por su ideólogo Daniel Sabsay. Aspiración a la cual, debe reconocerse, le puso fin con total claridad esta Corte pesificatoria y montonero-reivindicatoria.

No me canso de repetir que la civilización y la legalidad son bilaterales. Hay una máxima en el derecho contractual que sólo por malas influencias francesas no se aplica a los asuntos públicos: la “exceptio non adompleti contractus” o excepción de incumplimiento que libera a una de las partes de un contrato de cumplirlo cuando la otra lo incumplió antes. De nada serviría al país voltear a un gobierno que se ha vuelto inconstitucional porque ya hay una larga experiencia que demuestra que esa vía conduce a vía muerta sin restablecer ningún orden. Lo importante es advertir el quebrantamiento del contrato y tratar al oficialismo como una fuerza ilegal que es lo que es para no contribuir a la confusión general.

El único rico no envidiado en la Argentina

Y tal vez sea el más rico de todos. Me refiero al Estado del dolar super-alto y las retenciones que festeja el aumento de sus ingresos en un 27,4% respecto de febrero del año pasado.

Es una buena muestra de qué significa en concreto la ausencia de un orden constitucional. Estado de derecho significa (significaba) que el gobierno se encuentra tan sometido a la ley como los individuos. Quiere decir que el estado no es considerado como una entidad sagrada. Que su supervivencia (“razón de estado”) no lo habilita a arrogarse la posibilidad de pasar por encima de los derechos de los individuos.

El sistema impositivo argentino está plagado de “impuestos de emergencia” en situaciones inconstitucionalmente invocadas para asaltar al sector privado (y aunque esto está lejos de ser un problema sólo nuestro, parece nuestra especialidad). Y los jueces, que se creía ingenuamente que podrían servir para custodiar por sí el orden constitucional, fueron convalidándolos uno a uno. El mensaje de los jueces siempre fue: “del estado no podemos prescindir, aunque sea el único rsponsable de su situación”. Implícito en este razonamiento está que de los individuos si podemos prescindir, aunque no sean responsables de su situación. Pero dado que esta visión convive con la predisposición a subsidiar a los fracasados, el axioma final es: de los individuos podemos prescindir, salvo cuando son responsables de su situación. A esos, tan parecidos al estado, se los auxilia.

En fin, en los temas impositivos es donde vemos palpable que no hay un orden, sino apenas una fachada constitucional, un sistema de racionalización y legitimación de los viejos vicios históricos del poder. Dudo que haya un juez dispuesto a declarar inconstitucionales todos los impuestos dictados invocando situaciones de emergencia (empezando por ganancias) al menos con el fundamento de que este estado rico no necesita auxilio de arbitrariedad alguna, algo que debería ser el corolario de la forma en que se los justificó en su origen.

¿Alguien puede encontrarle algún fundamento moral al pago de impuestos?