CRÓNICAS INCONEXAS, NÚMERO 2. Libertad religiosa, comercio de órganos y petróleo.

Ya se encuentra disponible el número 2

cronicas tapa numero 2
Temas:

El estado de Indiana intenta contrarrestar las medidas contra negocios que se niegan a atender a determinadas personas basados en cuestiones religiosas. Para eso se encuentra en tratamiento un proyecto de ley de “Libertad Religiosa”. Un verdadero enredo conceptual.

Transplante de órganos, el tabú del comercio y el caso Lanata.

El petróleo como factor de control político y el socialismo del siglo XXI.

 

Discute nuestros artículos en Facebook

Poniéndose estaba la gansa don Daniel

Lo normal hubiera sido que Mauricio Macri y Daniel Scioli conversaran sobre los aspectos sobre los que se están peleando, pero recordemos que papá Néstor no lo deja a Danielito jugar con el Jefe de Gobierno porteño. Y Scioli es un niño obediente.

 

Ahora tenemos una guerra al mejor estilo neurótico kakista con algunos participantes de reparto como la señora Lupertino que alega que pretender que los servicios que pagan los disfruten en principio los porteños es “discriminación”. La verdad es que es discriminación, pero esta señora pretende que eso es ilegítimo.

 

Por un lado es obvio que Kirchner está en guerra permanente contra Macri y ha largado a sus títeres a vociferar. La Lupertino en su simpleza lo verbaliza. A Macri no le va a quedar más remedio que poner freno a las agresiones.

 

Debería ir más allá en esta disputa. La ciudad de Buenos Aires no tiene por qué pagar los servicios de salud de los bonaerenses. En consecuencia la solución a la “guerra” es fácil. Las prioridades en la atención pueden igualarse, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires paga por las prestaciones hospitalarias que se le otorgan a sus habitantes en la Ciudad y que son su responsabilidad.

 

Y ya que Lupertino en lugar de cumplir su función (si es que la tiene) es utilizada para las pequeñas rencillas del jefe, bien podría alguna ONG porteña presentar un amparo para que la provincia pague todos los servicios hospitalarios recibidos en la Capital por sus habitantes por todo el período no prescripto.

Señores de Shell consigansé un abogado

La empresa Shell está bajo amenaza de llevar a prisión a sus directivos aplicando la ley de abastecimiento por iniciativa del policía de los precios Guillermo Moreno y se le ocurre defenderse esgrimiendo el manual del buen progre lector de Página doce y televidente de Majul: “señor juez, estamos siendo discriminados“.

Yo mismo hubiera rechazado un amparo tan estúpido. El problema acá no es la “discriminación” sino la inconstitucionalidad de esa ley autoritaria y la pretensión del estado de apoderarse de mercarderías que pertenecen a la empresa más el abuso de autoridad de los funcionarios. Si hay una “desigualdad” podrá usarse como defensa secundaria en el juicio penal, pero hacer un amparo basado en tonterías progres cuando se es víctima de abusos progres es lo último que debería hacerse.

El principal problema que tienen las empresas es que queriendo adaptarse a los “nuevos tiempos” contratan directivos y profesionales que piensan como el kirchnerismo y carecen por completo de convicciones cuando las tienen que defender de todos estos sátrapas.

Como diría doña Rosa: jódanse. Preparen el ajuar.

Mayonesa soviética

El relato de Silvia Pisani del modo en que el equipo estatal de propaganda prohibió el acceso de la prensa argentina a la candidata Cristina Kirchner recuerda a la situación que los cubanos tienen en su propio país, donde no se les permite entrar a los hoteles, ni tener teléfonos celulares ni acceder a determinadas playas, porque todo eso está reservado para los extranjeros. Los de adentro son súbditos sometidos y no importan, ni si quiera se preocupan por atenderlos ni contestar sus preguntas.

El otro aspecto es el delictivo. La señora se da el lujo de contestar a la prensa española sobre el problemita de Garré con el juez Tiscornia descalificando al Juez por coimero, pero tiene todo un equipo estatal al servicio de su candidatura, incluida la empresa estatal Telam que no para de ser utilizada con fines personales de la parejita gobernante.

Repasemos (para el fiscal Stornelli, con el compromiso de que no se lo cuente a Anibal Fernández):

Art. 260 del Código Penal:

Art. 260.- Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquélla a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Los fondos de la presidencia tienen como destino pagar viajes oficiales del presidente y no pagar viajes de campaña de su mujer y de una cantidad importante de funcionarios y empleados públicos con alojamientos en hoteles de 5 estrellas.

Art. 261.- Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una Administración pública.
 

La senadora, el señor Nuñez y el señor Granovsky dispusieron como funcionarios la utilización de servicios de empleados públicos y material televisivo, cámaras de fotos y otros elementos para la campaña del Frente para la Victoria. La señora se dio el lujo de criticar a Isabel Perón llamándola mediocre (algunos lo interpretaron como un elogio) pero su campaña española recuerda a los cheques de la cruzada de la solidaridad. El equipo de comunicación de la presidencia está destinado a la comunicación del presidente y no a la campaña electoral de su mujer.

Para completar un poco más esta receta de mayonesa tenemos el artículo 248 del Código Penal:

Art. 248.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

La Constitución habla en el artículo 1 de nuestra forma republicana de gobierno, lo que implica la publicidad de los actos públicos. En este caso se trata de privar el acceso a la prensa argentina de actos en los que una senadora actúa como si representara al país utilizando recursos públicos y la orden de no dar acceso a la prensa argentina, sobre todo habiendo periodistas extranjeros es un claro abuso de poder. Aunque habria que ver en este caso por la cuestión de la jurisdicción. Capaz que habría que recurrir al juez Garzón que seguro no tendrá problemas en aplicar nuestras leyes. Salvo que las ordenes respectivas se hubieran dado desde Buenos Aires.

Nos queda la cuestión discriminatoria y para eso deberíamos recurrir al artículo 1 de la Ley 23.592:

ARTICULO 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

Con esto el señor Verbisky puede ir acumulando material para reconocer la naturaleza delictiva del ejercicio del poder al “estilo” presidencial.