CRÓNICAS INCONEXAS, NÚMERO 2. Libertad religiosa, comercio de órganos y petróleo.

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El estado de Indiana intenta contrarrestar las medidas contra negocios que se niegan a atender a determinadas personas basados en cuestiones religiosas. Para eso se encuentra en tratamiento un proyecto de ley de “Libertad Religiosa”. Un verdadero enredo conceptual.

Transplante de órganos, el tabú del comercio y el caso Lanata.

El petróleo como factor de control político y el socialismo del siglo XXI.

 

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El orden paralelo del resentimiento

Un auténtico bueno para nada como el señor Juan Cabandié, legislador del kirchnerismo en la ciudad y miembro de la agrupación de “soldados” de Cristina Kirchner llamada “la Cámpora” es el juez de los ingresos, el tipo elegido por la providencia para ver cuánto deben ganar los demás, el enviado de alguna divinidad para quitarles a unos y darles a otros, aunque en su vida no se le conozca logro alguno, siendo un grandulón, más allá de la explotación política de su historia familiar.
No es el único, pero es un símbolo de lo que me interesa destacar, que es el gusto de la masa creciente de inutilidad de argentinos que se dedican a la promoción de la criminalidad distribucionista estatal del dinero que se ganaron otros. Y como ya el gran profesor no existe al lado del burro, hoy tiene un espacio en La Nación para decir “Dudo bastante que haya personas que tengan problemas de ingresos en Barrio Norte” ¿A quién le importan las dudas del señor Cabandie, más allá de la muestra de decadencia general implícita en el hecho de que alguien publique sus declaraciones?
En fin, mejor acostumbrémonos porque es éste el nivel al que hemos llegado cuando pasamos el piso de las peleas de vedettes. Lo relevante es la facilidad con la que alguien es juez de los ingresos, y del lugar donde vive la gente y se cree ganado el pedestal de la épica inmoral que es para todos la función de la política. Más ricos parece haber en Puerto Madero, pero mejor no hablar de ese barrio porque lo habitan muchos nuevos ladrones oficialistas.
El punto es que en el Barrio Norte hay gente de todo tipo, es la visión resentida social, que en la Argentina es virtud, la que alimenta el mito de que el Barrio Norte es de millonarios, pero si fuera así nadie le debe nada a Cabandié.
Aclaremos, el resentimiento social es más que envidia, que además de ser un pecado es un sentimiento deleznable y destructivo hacia aquel que tiene motivos para estar feliz. El resentimiento social implica que se aplica a grupos generales, la compensación particular por las cosas que el resentido cree no tener y merecer sin motivo alguno que lo justifique. El resentido social no merece nada, porque no se trata de alguien que ha perdido lo que se ganó, sino de alguien que no tiene lo que no se ganó, interpreta que la felicidad de los otros es sólo suerte y asume que es justicia despojarlos para no resolver otro problema que el de su propia debilidad frente al mundo. No soluciona nada porque no le interesa solucionar nada, todo su juego es la búsqueda de la satisfacción de dañar.
Pero resulta que Barrio Norte, que no es ya el destino soñado de los que roban con el estado, está habitado como cualquier lugar del país por gente que salvo excepciones se merece lo que tiene. Pero no se lo merece en base a un juicio general de cuánto creemos que tienen que tener los demás o cuánto les sobra en cuanto a recursos materiales, sino que la adquisición de tales bienes ha sido pacífica y jurídica, es decir ha ocurrido en un marco de trabajo y negociaciones particulares realizadas sin violencia, dando servicios o vendiendo otros bienes, a cambio de los cuales otras personas han pagado un precio con dinero que a su vez obtuvieron por las suyas. Para tener un inmueble se requiere una escritura pública, que se basa en la idea del título perfecto, la sucesión de operaciones jurídicas intachables que ocurrieron hasta que el propietario lo adquirió de un modo legal. Las personas comunes, las que no son como Cabandié unos mantenidos de la política, sólo pueden discutir lo que tiene otro en base a mejores títulos. Desconocerlos o relativizarlos porque estomacalmente unos resentidos que votan resentidos decidan que fuera de ese orden de las transacciones legales hay otro orden paralelo basado en sus bajos sentimientos, no es algo que puedan hacer las personas comunes pacíficas que carecen de los resortes del uso de la fuerza. Hay un estado, es decir toda una organización política cuyo supuesto fundamento es el bien común, que por un lado supervisa la legalidad, pero que por encima de eso que opera en contra de eso mismo en base al mal que los resentidos planean hacer a los que tienen lo que tienen porque lo han conseguido por si mismos.
Entonces Cabandié tiene un lugar en el mundo y en La Nación y se convierte en un personaje al que hay que escuchar y ver y aceptar sus juicios de disvalor para ver como hace de eso una ética.
Uno es el circuito de la justicia y el otro el de la injusticia, por más que le llamen “justicia social” a una manga de ladrones que han decidido que no tienen nada de qué avergonzarse.

El asalto a La Rural

El Poder Ejecutivo puede anular sus actos cuantas veces quiera, pero los actos civiles como las compraventas no son revocables por la voluntad de una de las partes. Una cosa es el decreto que autorizó la venta del predio de la Rural, que la señora Kirchner dejó sin efecto, y otra es la voluntad consumada en el acto civil de compraventa unida a la del comprador y al pago del precio. Este último acto civil no es anulable por decreto, sólo podría hacerse tal cosa en un juicio en el que el Poder Ejecutivo se encontrará sin fundamentos y sin plazos. Y si lo ganara, debería devolver cada peso que puso la Sociedad Rural para adquirirlo.

La única forma que tiene el gobierno de quedarse con el predio es la expropiación, para lo cual deberá tener una causa de utilidad pública, obtener la ley del Congreso y pagar antes el precio de la indemnización a la Sociedad Rural.

En cuanto a las supuestas razones de justicia que se invocan como el que llaman precio vil de la adquisición y una investigación realizada al respecto, hay que recordar la acción de la llamada Oficina Anticorrupción, instrumento de la Alianza para criminalizar al gobierno que la precedió seguida por una justicia federal corrupta puesta al servicio de aquellos objetivos a cambio de su propia impunidad o ascensos. Esta investigación debería ser puesta en la historia del disparate y la ignorancia de esa justicia que tenía que encontrar crímenes en cualquier acción parecida a una privatización como delito de leso estatismo. Y no exagero nada, sería largo exponer acá el papel que ha tenido la Alianza en la corrupción de la Justicia Federal que no venía precisamente inmaculada de las gestiones anteriores, pero que quedó tapada por la ceguera y la ambición de poder de los principales cruzados anticorrupción que querían confirmar que su papel en la historia no había sido por completo calamitoso.

Qué precio vil va a haber en la transacción hecha entre dos entidades sin fines de lucro como la Soc. Rural y el estado. El precio de esa compraventa se explica por las restricciones en cuanto al uso y por la histórica cesión a esa entidad para una feria tradicional. No tiene nada que ver con la estafa que se mandaron los Kirchner en Calafate. Se podrá estar o no de acuerdo con aquella decisión, pero ni el precio es vil ni parece haber en principio nada delictivo en que el estado se deshiciera de algo que nunca utilizó a cambio de un precio que podría discutirse tanto para arriba como para abajo. De hecho dos tasaciones oficiales difieren en la friolera de cien millones de dólares y ambas son inconducentes.

El gobierno va por el camino del saqueo, acompañado por todo un aparato que promueve el resentimiento y el desprecio por la propiedad privada. No digo por la propiedad solo, sino por la propiedad privada que es la de aquellos que no están en el poder. Porque estos últimos si adquieren propiedades por izquierda y las mantienen.

La Constitución se parece ya a los diez mandamientos, se invocan en su totalidad pero se cumplen algunos y a nadie le importa tanto. Pero la Constitución no está para ser venerada y mantenida como una forma de consciencia a la cual referirse pero no utilizar, sino para legalizar al poder dentro de un marco inviolable. No regula la actividad de las personas sino de los privilegiados que recaudan impuestos y deciden sobre la vida de los demás. No estamos ante almas que tendrán dificultades para pasar al otro mundo, sino de crímenes en la Tierra que se toman con una absoluta banalidad.

 

Eso ocurre a la luz del día bajo la apariencia de un marco legal, dentro del cual las elecciones son solo una parte. En el aguantadero donde se mantiene a una persona secuestrada, no hay una democracia cuando se decide votando si se la va a liberar o no. Para que haya democracia los que votan tienen que ser libres y no estar jugando en la votación ni su libertad ni su condición lógica que es su propiedad.

Eso que estamos llamando democracia en distintos aguantaderos como la Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela (la lista podría seguir pero tomemos los casos más burdos) donde el poder exhibe crímenes y criminaliza la actividad legal es una forma de guerra contra la democracia y contra amplios sectores internos. Un verdadero alzamiento contra la idea de la legalidad del poder, eso que se llama Estado de Derecho. Son formas solapadas de guerras frías civiles llevadas a cabo a veces un espectáculo de resentimiento que compran las mayorías contables, que no tienen ningún valor jurídico que comprometa a quienes reciben el trato de enemigos internos.

Nos escandalizamos décadas atrás de los golpes de estado, como métodos ilegales de reemplazar gobiernos. Estos ya no son atentados contra la formalidad constitucional, sino contra los fines constitucionales. Son golpes constitucionales, eso que está por encima del propio estado y le da existencia.

El vaciamiento intelectual de un país

La palabra más usada en de estatización de YPF es “vaciamiento”. Recurrieron a ella desde el neo-genio oficial Kicillof, hasta Elisa Carrió, desde Claudio Lozano a Gerardo Morales, la propia presidente de la nación y todo el periodismo bien pensante. En la calle la idea se impuso, por eso algunos apaciguadores empiezan por decir que “no se puede defender a Repsol”. En una república todo el mundo tiene defensa y no por ser puro. El mundo de la pureza es el de los Ayatolas.

Según el mito retirar ganancias de una empresa es sinónimo de vaciamiento porque se asume también que invertir es una obligación que los empresarios tienen con la sociedad. No es el vaciamiento del Código Penal que es una forma de defraudación cometida por el empresario fallido contra sus acreedores para retirar bienes mediante distintas maniobras tornando para ellos ilusoria la posibilidad de cobrar. El vaciamiento es un delito contra la propiedad, no contra el Estado y sus supuestos altos fines, no contra la colectividad, la sociedad ni la bandera.

Lo que se le imputa a Repsol no tiene nada que ver con ese delito, sino con la expectativa nacionalista de que produzca más a pesar de que el precio regulado le indica que no lo debe hacer sino fuera del país donde se le paga mejor por el producto.

Se sabe que no es un negocio que deba quebrar el del petróleo si no interviene el gobierno. Esa denuncia de “vaciamiento” no se puede hacer en un tribunal regular, sino ante el club de los buenos socialistas, explicando que los empresarios son malos y trabajan para ellos y no para la gloria patriótica. Delito sería que hicieran eso, en lugar de pensar en sus accionistas. Y sería un delito de acción pública por el daño al derecho de propiedad y por lo tanto al sistema institucional y la confianza de futuros inversores.

Lo que ha hecho Repsol es retirar ganancias de YPF como una forma de desinvertir en el negocio siguiendo los incentivos que el gobierno impuso al regular los precios. Y si algún delito o incumplimiento contractual hubiera ocurrido la expropiación no está contemplada como castigo.

Al contrario de lo que sostiene el pensamiento salvaje nacional, nunca nos puede convenir que los accionistas se sientan que quedan atrapados y a merced de las necesidades políticas, porque como hoy no se acaba el mundo vamos a volver a necesitarlos. Por la misma razón que nos conviene que nuestros clientes se vayan contentos de nuestra oficina y no nos consideramos unos vivos bárbaros por sacarles la billetera a la salida.

La obcecación nacionalista amerita una caza de brujas pero no termina con la brujería. Lo que es una consecuencia de la política intervencionista se toma de un día para el otro como una ofensa a la nación. La brujería es convertir un precio en algo que no es. Precio es la tasa a la cual una transacción ocurre sin violencia, contando con la voluntad de ambas partes. El precio nos permite saber que la actividad se realiza sin sacrificar a nadie y que los que pagan o reciben consideran los costos y los beneficios que e conocen mejor que nadie. Gratis por decreto implica en cambio, como nada es gratis de verdad, que unos no pagan y otro es puesto arriba de la parrilla para que los demás se sirvan. La gratuidad si no se natural, por ejemplo la del aire, si requiere esfuerzo humano, implica violencia.

Que encima el señor Kicillof no entienda nada del negocio es un agregado, en nada mejoraría la situación de un robo de un auto que el ladrón fuera un buen conductor si de verdad se entiende el problema moral, jurídico, político y social de la propiedad y sus consecuencias sobre las libertades personales.

Oriana Fallaci dijo alguna vez que todo argentino tenía un enano fascista adentro. No se con qué medía esa señora porque el fascista de enano no tiene nada. El común de los argentinos se identifica como estatista. No hay político que no lo sea en la actualidad. Estatista parece ser dar una pátina de compromiso con “todos nosotros”. El estatismo conmueve el corazón de María Eugenia Estenssoro, senadora que en otros temas ha tenido un desempeño impecable. En el mejor de los casos se ha visto a algunos sostener que “no importa que una empresa sea estatal o privada”

Perdón por aguarles el heroísmo de jardín de infantes, pero estatismo es nada menos que autoritarismo. El enano de Fallaci, el gigante de la Argentina del siglo XXI. La única diferencia entre un Kicillof en el llano y un Kicillof en el estado es la autoridad, la capacidad de imponer sus decisiones. El Estado no convence, vence. El empresario privado (de poder) debe seducir, por supuesto con lo que tiene a su favor. El Estado ordena. Decir que es lo mismo que una empresa sea estatal o privada es lo mismo que decir que da igual que se produzca de modo voluntario o a los garrotazos.

El argentino ni siquiera es estatista porque haya estudiado con los libros de Kicillof. Lo es porque le gusta que un comisario ponga a raya a todos los atrevidos exitosos. Quiere que en un punto se acabe la discusión y se imponga una solución. Paga un alto precio por ese pensamiento, crea un ambiente de malandras y coimeros. Estos últimos porque descubren la oportunidad de parar a la autoridad con un “precio” pagado al funcionario como una forma de no tener que matarlo para defenderse. Y el argentino confirmará en este acto sus creencias de la maldad empresaria.

Con el mismo espíritu que esperaba antes los golpes de estado, la Argentina ha desatado su fiebre de golpes de derechos. Que alguien venga y les pegue a los que se están portando mal. Las palabras se acomodarán para que la salvajada se parezca a una ética, a una doctrina política de la defensa nacional.

Claro que el autoritarismo es ignorancia, pero no de las lecciones del colegio, sino de los beneficios del proceso civilizador, que es el del respeto. Cualquiera aprende fácil el valor de lo propio. Hasta los ladrones actúan para apropiarse. La civilización consiste en entender el valor de lo ajeno. No el valor para la humanidad ni el universo ni el más allá. El valor para uno. Los inmigrantes ilegales llegan a los Estados Unidos donde no tienen nada a beneficiarse de que allí todos tienen mucho y algunos mucho más. Se deshacen de sus propiedades para adquirir los beneficios del derecho de propiedad como sistema. El que no teme el garrote piensa, ahorra y ofrece.

Decir que la cuestión de la caída de la producción ha sido el “vaciamiento de YPF” es como que el iceberg le impute a los pasajeros del Titanic el naufragio por haberse subido a los botes. Y nuestros curanderos eliminando botes para reducir daños.

La acción del gobierno que convalidará el Congreso fue un simple asalto a la empresa. No es una expropiación porque no ha mediado indemnización previa. El vaciamiento como delito es el que cometerán los funcionarios llevando la empresa al desastre y utilizando sus recursos para fines políticos.

Pero no es el único motivo por el que esta acción no tiene cabida según la Constitución. El artículo 20 de la constitución aclara que los extranjeros gozan en el país de los mismos derechos que los nacionales. Usar la bandera para expropiar también sería inconstitucional. Por último la “utilidad pública” de la que habla el artículo 17 no es tampoco una utilidad nacionalista porque en lo normativo al menos en la Argentina rige la libertad de comercio e industria. Esa utilidad púbica es calificada, no se trata de un simple “nos viene bien para nuestros fines políticos de acuerdo a determinadas ideas”. Es una utilidad pública entendida dentro de los valores constitucionales, que no son los de ninguno de los personajes nombrados más arriba.

Señores de Shell consigansé un abogado

La empresa Shell está bajo amenaza de llevar a prisión a sus directivos aplicando la ley de abastecimiento por iniciativa del policía de los precios Guillermo Moreno y se le ocurre defenderse esgrimiendo el manual del buen progre lector de Página doce y televidente de Majul: “señor juez, estamos siendo discriminados“.

Yo mismo hubiera rechazado un amparo tan estúpido. El problema acá no es la “discriminación” sino la inconstitucionalidad de esa ley autoritaria y la pretensión del estado de apoderarse de mercarderías que pertenecen a la empresa más el abuso de autoridad de los funcionarios. Si hay una “desigualdad” podrá usarse como defensa secundaria en el juicio penal, pero hacer un amparo basado en tonterías progres cuando se es víctima de abusos progres es lo último que debería hacerse.

El principal problema que tienen las empresas es que queriendo adaptarse a los “nuevos tiempos” contratan directivos y profesionales que piensan como el kirchnerismo y carecen por completo de convicciones cuando las tienen que defender de todos estos sátrapas.

Como diría doña Rosa: jódanse. Preparen el ajuar.

Google no quiere que le pase lo mismo que a Microsoft

Hace unas semanas publiqué mi disgusto con Windows Vista y la sensación de que Microsoft se convirtió en una compañía más preocupada en que los clientes no puedan dejarla que en tenerlos cada vez más contentos. Un perfecto motivo de divorcio por decirlo de algún modo.

Pero hay un aspecto en que Microsoft merece defensa y es respecto de los ataques políticos que recibe. Por un lado de la izquierda estúpida que considera a Bill Gates como un representante del demonio capitalista explotador, por otro de la Unión Europea que ve a Microsoft como una “amenaza comercial” de Estados Unidos y por ultimo del propio gobierno norteamericano enamorado de su confusión enorme entre mercado libre y “control de los monopolios” (diferencia que Leandro explicó varias veces en en sus comentarios).

Esta costumbre de la política de ver en todo negocio próspero una oportunidad para la regulación que ponga al exitoso bajo su control es universal y fue bautizada por el columnista del National Journal Jonathan Rauch como “economía parasitaria”. Mientras Microsoft se encontró una década atrás con el problema y hoy no tiene líneas de conexión con la política, Google reaccionó a los primeros síntomas de que le ocurriría lo mismo y se lanzó al lobby sin problemas. Lo cuenta David Boaz en un artículo publicado en la página del Cato Institute que a su vez remite a una información del Washington Post que lleva por título “Aprendiendo de los errores de Microsoft, Google construye una maquinaria de lobby”.

Hay dos posibles reacciones a esta cuestión. Desde un “deber ser” constitucional habría que lamentar que al final de cuentas el sistema induzca a los peores incentivos y que haya que recurrir a pactos políticos para defender derechos que el gobierno está para defender. Pero también se podría ser un poco más realista y comprender que los políticos no son como el sistema constitucional espera que sean y están atentos como todos a los beneficios que pueden obtener de un poder que se les ha dado y no deberían tener. Menos que menos lo deberían tener con la esperanza infantil de que lo usen en su contra.

Y en ese plano de mayor realismo político lo que podríamos pensar como problema es si el capitalismo es compatible con una postura empresaria, la de aquellos que están en la primera línea de los ataques políticos, que supone que son free-riders del sistema y que la libertad y el derecho de propiedad se sostienen, como lo supone la Constitución, con sólo declaraciones y tribunales. O en el caso de Google agregando una tercera opción que es la franela.

Mi argumento es que el estado no se mantiene a raya con meras reglas que lo limiten. Se encontrarán los resquicios para interpretarlas de otra manera o para invocar emergencias que ameriten pasarlas por encima, a menos que quienes están expuestos a la arbitrariedad estén a la vanguardia en la defensa de sus propios derechos. El estado está en actividad permanente para avanzar a donde no debe, la sociedad debe estar en actividad permanente para ponerle freno.

Es ahí dónde Microsoft no hace nada para defender más allá de la oficina pública en la que da explicaciones un sistema que le ha permitido llegar a dónde llegó. No difunde los principios que están detrás de ese sistema, ve el asunto como ajeno y se limita a contratar abogados y perder. Y Google no se queda atrás en su ausencia de compromiso aún cuando aborda el problema con mayor amplitud apostando a la componenda.

Le pondría a la nota el título contrario al que tiene en el Washington Post: Google no aprendió nada de la lección de Microsoft porque lo único que hace es tratar de zafar de la situación y alimentar al monstruo que lo domesticará. Tienen la capacidad para difundir las ideas de la libertad como nadie pero elige pagar rescate por decirlo de algún modo. Para los negocios piensan a lo grande, para las amenazas políticas como hormigas.

¿No es obvia la urgente necesidad empresaria de defender ideas que significan que hay derecho a trabajar libremente y beneficiarse de los resultados sin dar explicación a ningún imbécil? ¿Es esto una idea muy sofisticada difícil de entender?

Las guerras más tontas

El pre-candidato presidencial norteamericano Barack Obama se declaro enemigo de los “paraísos fiscales” y se unió a un grupo de senadores que colocaron a Suiza en una lista negra con otros treinta países.

Entre esos treinta países no está la Argentina, porque al señor Obama los bancos le preocupan cuando pueden ayudar a escapar de los impuestos pero no cuando asaltan a los depositantes (ahí lo tenemos al señor Heller después de haber sido protagonista de ese colapso presentándose a elecciones y nunca será cuestionado por eso en Estados Unidos) ¿Se acuerdan del estado ese que tendría por función proteger los derechos de los individuos? La legalidad consiste hoy en la fiscalidad.

En los llamados paraísos fiscales se encuentra el resguardo contra gobiernos asaltantes y autoritarios pero la prioridad del estado norteamericano mientras “lucha por la democracia” exportando tropas es cuidar su recaudación en contra de los derechos de propiedad de la mayor parte del mundo. Desvisten cuarenta santos para vestir a uno.

Lo que no se ve de todo esto es que el origen del problema es una guerra que vienen perdiendo durante décadas sin que exista ningún movimiento hippie ni de pacifistas, ni manifestaciones que reclamen que se termine de una buena vez con ella.

Chávez no respeta ni su propia constitución bolivariana

El derecho constitucional fue invadido por el palabrerío por la sencilla razón de que sus normas condicionan al poder político. Conviene a un grupo reducido pero con manejo de dinero y posibilidad de decidir que no existan impedimentos a la hora de actuar y siempre se encuentran cortesanos que buscan la forma de interpretar las cosas de manera generosa para los políticos. Le ocurrió al derecho constitucianal digamos, algo parecido a lo ocurrido con las ideas económicas, aunque de un modo menos virulento dado que como dique de contensión es más débil que la insatisfacción pública.

Ahora, la idea de constitución como norma superior al estado y al que éste está sometido tiene sentido únicamente como instrumento liberal, como estructura de contensión del estado. Las aberraciones que vemos en la actualidad en que las constituciones declaran derechos de los gobiernos y las grandes metas de felicidad popular que deben perseguir tienen el único fin de destruir la idea de constitución y revertir en los papeles algo que en la mayoría de los casos ya había sido revertido en los hechos (lo que se conoce como constitución real).

Las constituciones de los países comunistas en ese sentido son como libretos de humor ¿Qué sentido tiene escribir que el estado es todopoderoso? El estado siempre encuentra el antídoto contra sus límites. ¿Así que hay una norma superior que es la que dice lo que no podemos hacer los políticos? Pues bien, nosotros la reformamos y la transformamos en la norma que los liberales no podrán discutir, que nos devolverá el derecho a disponer del patrimonio y la libertad de todos. En eso estamos particularmente en latinoamérica. Nuestro mamarracho del 94 es un ejemplo, el estatuto de la Ciudad de Buenos Aires y las constituciones provinciales otros.

Pero digamos que de los últimos el más elaborado compendio de disparates es la llamada “Constitución Bolivariana de Venezuela”. Mi afirmación al respecto es que estas declaraciones no son constituciones, ni obligan a los pueblos. ¿No obligan a los pueblos? No, no los obligan (me estoy pareciendo a Neustadt hablando con doña Rosa). No los obligan porque las constituciones son meros medios de explicitar derechos de los individuos a la búsqueda de su propia felicidad, pero no crean estos derechos, sólo los reconocen. Derogarlos por la vía de la modificación de la Constitución no los hace desaparecer, a lo sumo anuncia que el estado se ha convertido de protector en enemigo de la gente, sea que lo haya hecho por decisión de la ultra mayoría o de una ínfima minoría. Y ninguna persona tiene obligaciones con un estado enemigo. Obedece por coacción, pero jamás por estar obligada.

Pero es interesante percibir ya que la idea de constitución como freno al poder tiene poco éxito. Hace unos días escribí sobre el doble filo del “reconocimiento de la propiedad privada” en China, hecho por una ley y en términos poco convencidos. Pero observemos lo que dice la propia constitución del señor Hugo Chávez sobre el derecho de propiedad:

Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Con lo malo y confuso que es este artículo, no permite interpretar que la confiscación masiva de tierras que está llevando a cabo el dictador venezolano puedan ser consideradas como “recuperaciones” tal como lo hace el sujeto en cuestión. No hay constitución que frene a una caja inescrupulosa. La lección aprender es que los gobiernos se contienen por acción de las elites privadas con apoyo constitucional, pero hacer descansar el estado de derecho en un papel es tan absurdo como creer en los duendes.

Pero no necesitamos por supuesto viajar a la capital de la estupidez latinoamericana para comprobar el asalto a la inosencia constitucional. El gobierno argentino cobija y propicia también un movimiento de “recuperación de lo ajeno” que espera su momento como en Venezuela para generalizarse.