La última falsedad montonera

La última falsedad montonera

No señores, tampoco era justificable la actividad criminal de Montoneros y ERP durante los gobiernos de facto, como dijo ayer Julio Bárbaro en un programa de televisión. Esta es la última frontera de impunidad que les queda, ahora que tienen que amenazar con el estado a los que digan que usaron la cifra de 30 mil desaparecidos para sus fines políticos actuales. Pero vamos por partes.

Las organizaciones terroristas que operaron en el país desde la década del 60, tenían por fin instalar procesos revolucionarios marxistas para colocar a la Argentina en el círculo de influencia soviético/cubano. Lo que ellos intentaban era mucho más grave que cualquier golpe de estado, que significa descabezar al gobierno electo por procedimientos irregulares, pero no la suplantación del sistema jurídico, esto es, los derechos de todos, por el sometimiento total de la población al estado. Los golpes de estado en la Argentina duraban por esa misma razón unos años, no las décadas de los aparatos totalitarios una vez establecidos. Además entregaban el poder, ni siquiera era necesario desalojarlos por la fuerza. En términos de libertades, las revoluciones las terminaban definitivamente, los golpes de estado suspendían la actividad política ejerciendo una violencia limitada. Lo que hizo particularmente sangriento al golpe del 76, es precisamente la lucha armada de estos grupos que no querían restablecer ninguna democracia ni devolver la vigencia de la Constitución, sino suprimirla por completo. El hecho de que después de asumido el gobierno electo hubieran continuado, no es una “desviación”, es la demostración de que cualquier invocación de fines institucionales era falsa e instrumental, como si hiciera falta. El invento de los luchadores contra los golpes de estado, es posterior.

La segunda razón por la que tampoco se los puede justificar ni antes del 73 siquiera, es su metodología. La bomba, el asesinato por la espalda, el secuestro extorsivo de personas privadas, no tiene justificación alguna, ni está destinado nada más contra los resortes del poder, sino contra la población general, para someterla al terror, de acuerdo a un plan (“sistemático dirían ellos”) estructurado, continental y carente de toda regla y legitimidad. Ni siquiera es aceptable bajo ninguna norma de guerra (y ellos dicen encima que no la había) acciones de ese tipo contra policías, militares o funcionarios.

El país no se recompone de su cobardía originada en esas décadas. En la Argentina toda la noción y actividad de los llamados “derechos humanos”, gira alrededor de la no aceptación de la persistencia aún de ese miedo. Pero la verdad es esta: no eran luchadores por la libertad, sino contra la libertad, no eran luchadores por la democracia, sino por su supresión definitiva, no murieron por sus ideas, sino que mataron por ellas y lo más condenable en ellos eran justamente sus ideas, que no estaban sujetas a debate sino a ser impuestas de modo criminal, porque eran en sí mismas criminales.