Nombramientos por la ventana en la Corte

Si se puede es una discusión menor respecto de otra más importante que es si se debe. La letra del artículo 99, inc. 19 no alcanza, porque como dije hace poco en defensa de lo que hacía Cambiemos para parar a la señora Kirchner, una Constitución no es un manual de una licuadora sino un proyecto político.

¿Cuál es este proyecto político? Una república liberal, con poder limitado y división e independencia de poderes. Algo que ni siquiera se tiene en cuenta al nombrar jueces o si se lo tiene en cuenta será para descartarlos. Digo esto para aclarar que aunque se respetara la letra y el espíritu constitucional en las formas, los procedimientos y las circunstancias, lo que no tiene remedio es que siguen nombrando jueces que están fuera de ese sistema de valores. Para que una constitución tenga sentido el valor máximo tiene que ser la preservación de la vida independiente del ciudadano. Olvidemos esta última obviedad por el momento, quedémonos con la preservación de la independencia del Poder Judicial que parece que es algo que comparten todos.

¿Son empleados los jueces de la Corte en los términos del inciso 19 del artículo 99 de la CN? Es posible literalmente interpretar eso ¿Por qué no? Cobran después de todo. El problema es tal vez que no están a las órdenes de nadie, que es una característica propia del término. Empleado es un termino relativo a una relación donde hay un empleador.

Podría alguien decir que son empleados de los ciudadanos. Pero resulta que están preservados de seguir toda instrucción, incluso duran en sus cargos de modo vitalicio mientras dure su buena conducta, esto quiere decir, incluso cuando sus fallos sean opuestos a lo que piense el resto del país. Su independencia casi se podría decir que excluye la relación empleado empleador.

Pero supongamos que hacemos un poco de estiramiento de chicle. Como digo, el punto en la interpretación es la preservación de sus valores. Por lo tanto, si la letra no da del todo, podemos incorporar al análisis circunstancias que ameriten ser más amplios. Supongamos que renuncia toda la Corte en el medio del receso y se tiene que resolver una cuestión vital institucional que no admita demora, por poner un caso extremo. Ese es el momento de decir, bueno, dice empleo y dice acuerdo del senado, agarrémonos de eso.

Sin embargo una Constitución sufre un stress que no ayuda a su vigencia cuando se tiene actuar en base a emergencias. Los gobiernos siempre las tienen y siempre las invocan. Toda la argumentación de la concentración del poder tiene que ver con invocar cosas horribles que están pasando o pueden pasar, fuera incluso del derecho constitucional.

La primera conclusión que puede sacarse es que para llevarnos a interpretaciones creativas, alguien tiene que contarnos si es que nos están atacando los marcianos o qué cosa se está evitando por esta vía. Vuelvo al principio para reafirmar que el hecho de que se pueda, no implica que se deba. Se requiere bastante más.

Los antecedentes que se invocan habría que verlos ¿Son de tiempos normales o se trató de otra acción salvadora?

La primera razón por la que esto es inconstitucional es que no tenemos motivo alguno invocado o implícito por el cual haya que recurrir a esta vía extraordinaria. El receso por si mismo, dado todo el sistema de valores constitucional sin duda que no lo es ¿Cómo afecta ese receso al funcionamiento de la Corte? Porque para eso se nombran jueces de la Corte, para que funcione la Corte. Pareciera ser que en nada.

Incluso si dejamos pasar esto queda otra cuestión que es la anormalidad de proceder de esta manera y presentar al país una sorpresa constitucional de “letra chica”, lo cual también debe ser sometido al juicio del ajuste o desajuste a los valores constitucionales y la independencia del Poder Judicial. Acá viene la razón para mi más poderosa por la cual esto es inconstitucional:

Jueces nombrados contra la opinión general, contra lo que constitucionalmente se esperaba, fuera de la normalidad y de la vigencia de la Constitución tal cual es percibida por todos, necesariamente carecen de la independencia necesaria. O están afectados por la obediencia q quienes los pusieron ahí forzando todo (que es mucho más grave que el hecho de tener una relación con el presidente; si no la tenían ahora si la tienen) o están menos libres de firmar fallos polémicos de acuerdo a sus propias convicciones. Hay un daño obvio a la independencia del Poder Judicial. Si hubiera algún cataclismo tal cosa podría olvidarse o incluso dejar de pesar en el ánimo de estos jueces raros y distintos a los otros que forman parte de la Corte. Y todavía ni siquiera puse sobre la mesa otra cuestión de igual peso, que es que son provisorios. Son los únicos jueces de la Corte que no son vitalicios en los términos de la propia Constitución.

Los abusos de la AFIP, Lorenzetti y la Cuarta Enmienda

Parece una ironía que el titular del cuerpo del Estado encargado de velar por las garantías de las que gozan los habitantes del país, se manifieste víctima de un acto extorsivo por parte de la AFIP después de diez años en los que estos episodios se han hecho rutina. Sería igual de paradójico que un comisario asaltado en plena calle. La Corte tiene a su cargo velar por la constitucionalidad del accionar estatal igual que el comisario cuidar nuestra seguridad.

La agencia que dirige el señor Etchegaray contestó del modo en que siempre justifica el uso arbitrario de sus poderes contra disidentes, molestos y competidores: se trata de la rutina de su trabajo de recaudación.

La llave de la solución de este problema la tiene curiosamente la Corte, pero no defendiéndose en lo personal, sino reafirmando las garantías constitucionales explícitas e implícitas en nuestro sistema constitucional en beneficio de todos nosotros.

Si la AFIP o cualquier organismo estatal tienen derecho a investigar a cualquier ciudadano porque si, entonces determinar cuándo lo hacen como venganza o intimidación requiere un juicio sobre las intenciones, la prueba de cuyos presupuestos es imposible y no puede ser puesta a cargo de los ciudadanos indefensos.

La clave la da la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que establece:

“El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil…”

Las garantías solucionan el problema de la prueba de las intenciones dejando fuera de toda posibilidad el abuso de poder. Se prohíben los allanamientos sin orden judicial, no porque todo allanamiento pueda estar motivado en violar derechos de las personas, sino solo porque ese poder abre la posibilidad a la indefensión del ciudadano y se quiere evitar que siquiera sea posible.

La Cuarta Enmienda, una de las diez aprobadas dos años después de la sanción de la Constitución de Estados Unidos a propuesta de James Madison, protege contra el arresto y la investigación penal arbitrarias. No puede haber una investigación que no se base en un “motivo verosímil” (“probable cause”). Debe haber algún elemento que permita al agente público entender que se pudo haber cometido un delito y a partir de ahí iniciar su trabajo. Está vedado en particular que el motivo de la investigación sea la persona en sí. La garantía consiste en que nadie puede ser puesto bajo vigilancia para ver si se le encuentra algo, lo que es una derivación del principio de inocencia y una razonable limitación a los funcionarios públicos para que no usen su poder con fines propios. Si esta prohibición se violara, cualquier elemento incriminante que se obtuviera en la pesquisa sería nulo.

Las investigaciones de la AFIP conducen directo a la aplicación de la ley penal tributaria, sus “salidas de pesca” sobre opositores, molestos, pero también sobre cualquier ciudadano al azar, tendrán consecuencias penales eventualmente. Además de afectar el derecho de propiedad.

Sumemos la arbitrariedad en si de la legislación y la regulación tributaria, entonces llegaremos al fondo del problema, que es que no solo Lorenzetti y los disidentes están en peligro, sino cualquier persona bajo una forma de privación permanente de los derechos ciudadanos en función de la “santa recaudación”

Por aplicación del principio de la Cuarta Enmienda, absolutamente compatible con el espíritu de nuestra propia Constitución inspirada en la norteamericana, la AFIP no debería contar con la facultad de realizar las llamadas inspecciones integrales solo para ver si que encuentra o de modo preventivo de infracciones. Una inspección impositiva debería estar justificada en un “motivo verosímil” en el sentido de que se hubiera producido una ilegalidad frente a una inconsistencia o una denuncia proveniente de un denunciante indentificable y responsable frente a lo que denuncia. Porque tampoco superaríamos la cuestión con un militante de la Cámpora denunciando o un anónimo.

El Estado solo puede hacer ese tipo de controles al boleo en sus propios organismos (donde no lo hace), como un método para controlar en qué se van los impuestos que nos hace pagar. Eso es lo coherente con nuestra calidad de ciudadanos y la de los funcionarios públicos de servidores nuestros.

Pero mientras se permita que rija la doctrina de la “santa recaudación” bajo la cual cualquier arbitrariedad es admisible para que la caja estatal siga llena, no se va a resolver el problema de las supuestas extorsiones caso por caso.

La responsabilidad principal está en los jueces, pero también está en manos de los legisladores limitar los poderes de la AFIP en consonancia con el espíritu de nuestra Constitución Iiberal. De otro modo este gobierno podrá pasar, pero quedarán intactos los mismos mecanismos perversos para que los usen otros abusadores.

Democratizar es gobernar. Del pacto con Irán a la imitación.

La democracia es una forma de gobierno, de manera que “democratizar” es siempre gobernar. Lo que la señora Kirchner quiere hacer es gobernar la Justicia porque ésta en lugar de obedecerle se atiene a otros parámetros que están por encima del gobierno  como la Constitución y las leyes. “Democratizar” entonces se debe interpretar como el gobierno total, sin derechos de los ciudadanos, sin reglas, un sometimiento completo a los deseos del que fue votado.

La libertad no se “democratiza”, porque no se gobierna, pertenece a los individuos. La prensa no se “democratiza”, es un derecho de las personas y de estas organizadas en empresas que no depende ni debe depender del gobierno o de la opinión de los demás aunque sean una abrumadora mayoría. La justicia no se democratiza, porque debe actuar con independencia de criterio respecto de las mayorías y las minorías. Democratizar no es distinto de tiranizar si se aplica sobre libertades o instituciones que no deben ser gobernadas sino libres.

En la Argentina se vota porque hay constitución, que es el pacto de paz entre los argentinos, el que terminó con 40 años de luchas y dio origen a la unión nacional. La votación circunstancial no puede terminar con el pacto de paz permanente, no puede estar por encima la decisión del momento del acuerdo básico de largo plazo.

Claro que este proyecto no fue votado, es la respuesta de la señora Kirchner a fallos adversos que no hicieron otra cosa que ratificar que hay reglas que no pueden violarse. La creación de nuevas Cámaras y todos los otras medidas que impulsará su gobierno tienen por fin impedir a la Justicia actuar como tal y someter a los jueces al control político.

La ingenua o cómplice oposición ha estado prestando su aprobación a la designación de militantes K como jueces y fiscales durante años. Empezaron con la Corte, aunque hoy la Corte tampoco le alcance a los planes kirchneristas porque no se ha disciplinado como se pretende. Peor es el caso de los jueces y fiscales que como células dormidas de repente salieron a la luz para proclamar sus fines partidarios en un acto que los descalifica en su función jurisdiccional junto a conocidas caras del arrebato oficial con identificación como defensores de cualquier cosa. Todos esos jueces y fiscales, junto a la señora Gils Carbó, pasaron los filtros institucionales sin ser cuestionados, ni siquiera discutidos, subidos a falsos barcos nac&pop como los derechos humanos, que son solo para ellos.

Abramos los ojos, no es que la señora de repente se amiga como Irán, ella quiere convertir a la Argentina en un Irán latinoamericano, como ya lo es Venezuela, Bolivia, Ecuador. La coordinación entre la Procuradora General, el vice ministro de Justicia y Derechos Humanos de los Montoneros, la reunión partidaria de funcionarios y magistrados y el discurso presidencial, son el lanzamiento de un plan revolucionario, un alzamiento contra la Constitución que coloca al “modelo” fuera de la ley fundamental.

El poder total antes de las elecciones le garantiza al sistema opresor que se pone en marcha el control de los resultados. Mientras todos duermen porque las encuestas no le dan bien al gobierno o la inflación les hace perder popularidad. Si esta marcha sobre la Justicia continúa, podrán imponer cualquier candidato en el 2015 porque nadie estará en condiciones de competir perseguidos por la AFIP o la justicia para la victoria democratizada, coletivizada.

El problema es que hasta aquí se ha tolerado demasiado. Todavía hay gente hablando de buenas o malas palabras, jugando a la pulcritud con un grupo de salvajes que pusieron al estado a su servicio, enriqueciendo a sus militantes trogloditas con dinero público, robando en sus caras como no se ha robado jamás. Los han visto cooptar cada rincón del Estado con militantes que trabajan para su facción, toleraron que la agencia estatal de noticias enarbolara la insignia del Frente para la Victoria, soportaron la utilización de los bienes públicos para esparcimiento de la familia presidencial, vieron como eliminaron el acceso a los informes de auditoría, la vieron intervenir la Procuración General  desplazar jueces para impedir la investigación de Boudou, fueron testigos del envío de dinero robado al estado venezolano por su dictador, conocen los negocios de las Madres de Plaza de Mayo, aceptaron la compra de artistas, la extorsión a empresarios abierta y por los diarios, la utilización de la AFIP para perseguir a los disidentes, aplaudieron por políticamente correcta la liquidación de la Corte Suprema legal en nombre de una república a lo Página 12. Y los siguen tratando como un gobierno legal, siguen hablando de la “investidura presidencial”, de si no serían un poquito feas las palabras que se usan en las manifestaciones, de que hay que pagar los impuestos, de que deben terminar de delinquir hasta el 2015. Y ahí están ahora también reclamando su derecho a convertir a la Justicia en “soldados de Perón” a la altura intelectual y moral del señor Larroque. Si los han invitado tantas veces al abuso, como no iban a abusar.

Seamos serios, estos no son temas para las Michettis y los Macris de este país. Se necesita gente responsable y que entienda algo de algo.

Es claro que si hay un proceso revolucionario a punto de dar un golpe definitivo, debe ocurrir un levantamiento, una resistencia y que los dirigentes políticos deben estar a la altura del momento. Los inservibles a casa.

La Constitución de 1853 es además un pacto de unión nacional. Sin Constitución de 1853, bastante desvirtuada ya por sus reformas, no hay estado nacional. La resistencia debe tener esta llave a la mano, si el estado nacional se deforma, no existe como tal. Las provincias retoman su plena autonomía y les corresponderá a ellas determinar la eventual forma de otra estructura federal o confederal.

Esta es la principal debilidad del plan de iranización de la Argentina, si el estado nacional se sale del pacto original, se deslegitima y deja de existir.

El año 2013 es crucial, las elecciones nos guste o no operarán con un efecto plebiscitario y por desgracia al gobierno le conviene la dualidad a la que están empujando al país. La única forma que imagino de salir de la trampa es redoblando la apuesta. Si el oficialismo busca apoyo para terminar con la Constitución, la oposición debe buscarlo para destituir a Cristina Kirchner por la vía constititucional y a todos los jueces y fiscales del Frente para la Victoria que se han alzado contra su función.

La oposición debe entender que su agenda ha cambiado, ya no es cuestión de discutir medidas de gobierno, sino de ponerse al frente de la resistencia contra una dictadura.

Así están las cosas, las quieran ver o no ¿No han dejado pasar ya demasiadas advertencias?

La Corte no militó hoy

La trampa es referir una sentencia a los intereses de las partes, entonces pareciera que es igual alegrarse si la Corte prorroga una medida cautelar, que nunca debió tener plazos, o la mantiene hasta la sentencia definitiva, como hizo hoy en contra del pedido de la procuradora militante. Si hacemos eso somos igual de arbitrarios que el gobierno haciendo de la Justicia el terreno para una batalla personal jugada mediante el abuso extremo del poder público.
La solución es que la medida sean los derechos de las partes, referidos a un criterio de justicia objetivo dado por los principios constitucionales y por la determinación irrevocable de vivir en libertad que es la única razón por la que en un país hay tribunales independientes y no pelotones de fusilamiento.
Las decisiones que tomó hoy la Corte deben festejarse porque se atienen al Derecho. Y no hay un Derecho K y otro anti K. Lo que hay es una pugna abierta entre dos sistemas, uno una república constitucional de la que la Corte es un componente y otro y régimen despótico bastante parecido a una monarquía absoluta pero que su cultura populista lo acerca más al nacional socialismo alemán.
Cristina Kirchner ve al Derecho como una extensión de su voluntad y a todos nosotros como súbditos que tenemos que servirle. Sus partidarios por lo tanto no pueden ver en la disputa que mantienen con el grupo Clarín otra cosa que una guerra entre dos poderes. Si ganan ellos es el poder bueno y si ganan los otros se impone el poder malo. No hay nada justo por si mismo.
La Corte en su existencia pertenece a otro sistema, tiene poco sentido para el despotismo sin ilustración que existan los tribunales, que tengan que estar comiéndose las uñas para ver si les dan la razón. Lo que buscan es una dictadura avalada por una república y eso es algo que no se puede tener. Mantener el principio de legitimidad que le asegure obediencia, pero para servir a un gobierno sin ley.
Para la Justicia como la concibe la Constitución el eje no es Cristina Kirchner, la “genial”, ni la perpetuación del llamado “modelo”. El eje es una república que le da sentido a su existencia. Ese y no otro es el Derecho y entonces hay opciones que son D y anti D y estas últimas deben descartarse. Al menos en el fallo de una Corte, si quieren seguir adelante tienen que hacerse cargo de ser un gobierno de fuerza.
El oficialismo ha falsificado sus disputas creando enemigos con un ritmo industrial. Los han englobado bajo distintas etiquetas fantasmagóricas como “las corpo”, “los monopolios” (una contradicción en términos, porque solo puede haber “monopolio” en singular), hasta el Poder Judicial acusado de no ser “democrático”. A todo lo hizo caber dentro de una etiqueta mayor, la de “derecha”. Pero al enemigo al que le han declarado su hostilidad es el Derecho, no la derecha.
Por eso colocan a los jueces en la alternativa de seguir fieles a la naturaleza de su misión, o ser un instrumento de represión de la disidencia traicionando su esencia, como varios ya lo han hecho.
La república es una cosa, no muchas. Es un ámbito en el que rige la igualdad ante la ley, donde el estado mismo está sometido a las reglas de juego y concurre a los tribunales en absoluta igualdad con cualquier individuo, donde el poder se encuentra dividido con diferentes funciones y la voluntad de nadie es más importante que el sistema. Esto quiere decir, en otras palabras, que la mayoría y una persona sola son iguales ante un juez, porque su vara es la de la justicia y no la del poder. Para cualquier otra cosa no se necesita una Corte, para cualquier otra cosa un juez carece de legitimidad.
Lo que caracteriza a estas dictaduras con urnas es el temor profundo a cruzar el Rubicón solas, no quieren terminar como César a igual velocidad. El plan es que todos los poderes del estado legal se transformen a la ilegalidad, para hacerlo ellos al final, sin ningún riesgo. Hoy es uno de esos días en los que el plan se ha encontrado con un obstáculo.