El asalto a La Rural

El Poder Ejecutivo puede anular sus actos cuantas veces quiera, pero los actos civiles como las compraventas no son revocables por la voluntad de una de las partes. Una cosa es el decreto que autorizó la venta del predio de la Rural, que la señora Kirchner dejó sin efecto, y otra es la voluntad consumada en el acto civil de compraventa unida a la del comprador y al pago del precio. Este último acto civil no es anulable por decreto, sólo podría hacerse tal cosa en un juicio en el que el Poder Ejecutivo se encontrará sin fundamentos y sin plazos. Y si lo ganara, debería devolver cada peso que puso la Sociedad Rural para adquirirlo.

La única forma que tiene el gobierno de quedarse con el predio es la expropiación, para lo cual deberá tener una causa de utilidad pública, obtener la ley del Congreso y pagar antes el precio de la indemnización a la Sociedad Rural.

En cuanto a las supuestas razones de justicia que se invocan como el que llaman precio vil de la adquisición y una investigación realizada al respecto, hay que recordar la acción de la llamada Oficina Anticorrupción, instrumento de la Alianza para criminalizar al gobierno que la precedió seguida por una justicia federal corrupta puesta al servicio de aquellos objetivos a cambio de su propia impunidad o ascensos. Esta investigación debería ser puesta en la historia del disparate y la ignorancia de esa justicia que tenía que encontrar crímenes en cualquier acción parecida a una privatización como delito de leso estatismo. Y no exagero nada, sería largo exponer acá el papel que ha tenido la Alianza en la corrupción de la Justicia Federal que no venía precisamente inmaculada de las gestiones anteriores, pero que quedó tapada por la ceguera y la ambición de poder de los principales cruzados anticorrupción que querían confirmar que su papel en la historia no había sido por completo calamitoso.

Qué precio vil va a haber en la transacción hecha entre dos entidades sin fines de lucro como la Soc. Rural y el estado. El precio de esa compraventa se explica por las restricciones en cuanto al uso y por la histórica cesión a esa entidad para una feria tradicional. No tiene nada que ver con la estafa que se mandaron los Kirchner en Calafate. Se podrá estar o no de acuerdo con aquella decisión, pero ni el precio es vil ni parece haber en principio nada delictivo en que el estado se deshiciera de algo que nunca utilizó a cambio de un precio que podría discutirse tanto para arriba como para abajo. De hecho dos tasaciones oficiales difieren en la friolera de cien millones de dólares y ambas son inconducentes.

El gobierno va por el camino del saqueo, acompañado por todo un aparato que promueve el resentimiento y el desprecio por la propiedad privada. No digo por la propiedad solo, sino por la propiedad privada que es la de aquellos que no están en el poder. Porque estos últimos si adquieren propiedades por izquierda y las mantienen.

La Constitución se parece ya a los diez mandamientos, se invocan en su totalidad pero se cumplen algunos y a nadie le importa tanto. Pero la Constitución no está para ser venerada y mantenida como una forma de consciencia a la cual referirse pero no utilizar, sino para legalizar al poder dentro de un marco inviolable. No regula la actividad de las personas sino de los privilegiados que recaudan impuestos y deciden sobre la vida de los demás. No estamos ante almas que tendrán dificultades para pasar al otro mundo, sino de crímenes en la Tierra que se toman con una absoluta banalidad.

 

Eso ocurre a la luz del día bajo la apariencia de un marco legal, dentro del cual las elecciones son solo una parte. En el aguantadero donde se mantiene a una persona secuestrada, no hay una democracia cuando se decide votando si se la va a liberar o no. Para que haya democracia los que votan tienen que ser libres y no estar jugando en la votación ni su libertad ni su condición lógica que es su propiedad.

Eso que estamos llamando democracia en distintos aguantaderos como la Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela (la lista podría seguir pero tomemos los casos más burdos) donde el poder exhibe crímenes y criminaliza la actividad legal es una forma de guerra contra la democracia y contra amplios sectores internos. Un verdadero alzamiento contra la idea de la legalidad del poder, eso que se llama Estado de Derecho. Son formas solapadas de guerras frías civiles llevadas a cabo a veces un espectáculo de resentimiento que compran las mayorías contables, que no tienen ningún valor jurídico que comprometa a quienes reciben el trato de enemigos internos.

Nos escandalizamos décadas atrás de los golpes de estado, como métodos ilegales de reemplazar gobiernos. Estos ya no son atentados contra la formalidad constitucional, sino contra los fines constitucionales. Son golpes constitucionales, eso que está por encima del propio estado y le da existencia.

El vaciamiento intelectual de un país

La palabra más usada en de estatización de YPF es “vaciamiento”. Recurrieron a ella desde el neo-genio oficial Kicillof, hasta Elisa Carrió, desde Claudio Lozano a Gerardo Morales, la propia presidente de la nación y todo el periodismo bien pensante. En la calle la idea se impuso, por eso algunos apaciguadores empiezan por decir que “no se puede defender a Repsol”. En una república todo el mundo tiene defensa y no por ser puro. El mundo de la pureza es el de los Ayatolas.

Según el mito retirar ganancias de una empresa es sinónimo de vaciamiento porque se asume también que invertir es una obligación que los empresarios tienen con la sociedad. No es el vaciamiento del Código Penal que es una forma de defraudación cometida por el empresario fallido contra sus acreedores para retirar bienes mediante distintas maniobras tornando para ellos ilusoria la posibilidad de cobrar. El vaciamiento es un delito contra la propiedad, no contra el Estado y sus supuestos altos fines, no contra la colectividad, la sociedad ni la bandera.

Lo que se le imputa a Repsol no tiene nada que ver con ese delito, sino con la expectativa nacionalista de que produzca más a pesar de que el precio regulado le indica que no lo debe hacer sino fuera del país donde se le paga mejor por el producto.

Se sabe que no es un negocio que deba quebrar el del petróleo si no interviene el gobierno. Esa denuncia de “vaciamiento” no se puede hacer en un tribunal regular, sino ante el club de los buenos socialistas, explicando que los empresarios son malos y trabajan para ellos y no para la gloria patriótica. Delito sería que hicieran eso, en lugar de pensar en sus accionistas. Y sería un delito de acción pública por el daño al derecho de propiedad y por lo tanto al sistema institucional y la confianza de futuros inversores.

Lo que ha hecho Repsol es retirar ganancias de YPF como una forma de desinvertir en el negocio siguiendo los incentivos que el gobierno impuso al regular los precios. Y si algún delito o incumplimiento contractual hubiera ocurrido la expropiación no está contemplada como castigo.

Al contrario de lo que sostiene el pensamiento salvaje nacional, nunca nos puede convenir que los accionistas se sientan que quedan atrapados y a merced de las necesidades políticas, porque como hoy no se acaba el mundo vamos a volver a necesitarlos. Por la misma razón que nos conviene que nuestros clientes se vayan contentos de nuestra oficina y no nos consideramos unos vivos bárbaros por sacarles la billetera a la salida.

La obcecación nacionalista amerita una caza de brujas pero no termina con la brujería. Lo que es una consecuencia de la política intervencionista se toma de un día para el otro como una ofensa a la nación. La brujería es convertir un precio en algo que no es. Precio es la tasa a la cual una transacción ocurre sin violencia, contando con la voluntad de ambas partes. El precio nos permite saber que la actividad se realiza sin sacrificar a nadie y que los que pagan o reciben consideran los costos y los beneficios que e conocen mejor que nadie. Gratis por decreto implica en cambio, como nada es gratis de verdad, que unos no pagan y otro es puesto arriba de la parrilla para que los demás se sirvan. La gratuidad si no se natural, por ejemplo la del aire, si requiere esfuerzo humano, implica violencia.

Que encima el señor Kicillof no entienda nada del negocio es un agregado, en nada mejoraría la situación de un robo de un auto que el ladrón fuera un buen conductor si de verdad se entiende el problema moral, jurídico, político y social de la propiedad y sus consecuencias sobre las libertades personales.

Oriana Fallaci dijo alguna vez que todo argentino tenía un enano fascista adentro. No se con qué medía esa señora porque el fascista de enano no tiene nada. El común de los argentinos se identifica como estatista. No hay político que no lo sea en la actualidad. Estatista parece ser dar una pátina de compromiso con “todos nosotros”. El estatismo conmueve el corazón de María Eugenia Estenssoro, senadora que en otros temas ha tenido un desempeño impecable. En el mejor de los casos se ha visto a algunos sostener que “no importa que una empresa sea estatal o privada”

Perdón por aguarles el heroísmo de jardín de infantes, pero estatismo es nada menos que autoritarismo. El enano de Fallaci, el gigante de la Argentina del siglo XXI. La única diferencia entre un Kicillof en el llano y un Kicillof en el estado es la autoridad, la capacidad de imponer sus decisiones. El Estado no convence, vence. El empresario privado (de poder) debe seducir, por supuesto con lo que tiene a su favor. El Estado ordena. Decir que es lo mismo que una empresa sea estatal o privada es lo mismo que decir que da igual que se produzca de modo voluntario o a los garrotazos.

El argentino ni siquiera es estatista porque haya estudiado con los libros de Kicillof. Lo es porque le gusta que un comisario ponga a raya a todos los atrevidos exitosos. Quiere que en un punto se acabe la discusión y se imponga una solución. Paga un alto precio por ese pensamiento, crea un ambiente de malandras y coimeros. Estos últimos porque descubren la oportunidad de parar a la autoridad con un “precio” pagado al funcionario como una forma de no tener que matarlo para defenderse. Y el argentino confirmará en este acto sus creencias de la maldad empresaria.

Con el mismo espíritu que esperaba antes los golpes de estado, la Argentina ha desatado su fiebre de golpes de derechos. Que alguien venga y les pegue a los que se están portando mal. Las palabras se acomodarán para que la salvajada se parezca a una ética, a una doctrina política de la defensa nacional.

Claro que el autoritarismo es ignorancia, pero no de las lecciones del colegio, sino de los beneficios del proceso civilizador, que es el del respeto. Cualquiera aprende fácil el valor de lo propio. Hasta los ladrones actúan para apropiarse. La civilización consiste en entender el valor de lo ajeno. No el valor para la humanidad ni el universo ni el más allá. El valor para uno. Los inmigrantes ilegales llegan a los Estados Unidos donde no tienen nada a beneficiarse de que allí todos tienen mucho y algunos mucho más. Se deshacen de sus propiedades para adquirir los beneficios del derecho de propiedad como sistema. El que no teme el garrote piensa, ahorra y ofrece.

Decir que la cuestión de la caída de la producción ha sido el “vaciamiento de YPF” es como que el iceberg le impute a los pasajeros del Titanic el naufragio por haberse subido a los botes. Y nuestros curanderos eliminando botes para reducir daños.

La acción del gobierno que convalidará el Congreso fue un simple asalto a la empresa. No es una expropiación porque no ha mediado indemnización previa. El vaciamiento como delito es el que cometerán los funcionarios llevando la empresa al desastre y utilizando sus recursos para fines políticos.

Pero no es el único motivo por el que esta acción no tiene cabida según la Constitución. El artículo 20 de la constitución aclara que los extranjeros gozan en el país de los mismos derechos que los nacionales. Usar la bandera para expropiar también sería inconstitucional. Por último la “utilidad pública” de la que habla el artículo 17 no es tampoco una utilidad nacionalista porque en lo normativo al menos en la Argentina rige la libertad de comercio e industria. Esa utilidad púbica es calificada, no se trata de un simple “nos viene bien para nuestros fines políticos de acuerdo a determinadas ideas”. Es una utilidad pública entendida dentro de los valores constitucionales, que no son los de ninguno de los personajes nombrados más arriba.