Macri, la Constitución y el AFSCA

Se que estoy bastante solo en esto porque se ha impuesto el círculo cuadrado de la república no liberal y los liberales se desentienden bastante, en general, del problema constitucional, que no estrictamente la constitución ni mucho menos sus formalidades que son accesorias a un espíritu claro y definido. Por eso durante la década tergiversada de los noventa, había quienes objetaban políticas esencialmente constitucionales como las privatizaciones por trabas formales que no se tuvieron en cuenta en los momentos de cataclismos institucional al socializarse áreas vitales de la economía. Sin ese espíritu liberal, la constitución no puede ser otra cosa que un reaseguro de privilegios y legitimación del poder. Aunque poca gente lo quiera aceptar, una constitución no liberal es como ropa transparente, el círculo cuadrado. Asegurar la libertad de industria está en la esencia del proyecto constitucional. Por eso insistiré, porque el liberalismo no es un programa de gobierno, es un proyecto de relación entre los individuos y el poder, esto es, un proyecto constitucional, sea o no esta constitución escrita.

El interés es la medida de la acción enseñaba Hiering. Una transgresión formal que no afecta derechos individuales o que incluso los restablece, no es un acto inconstitucional. Esto de cualquier manera es una delgada línea que puede convertirse en un peligro, pero ese riesgo no es diferente al uso de una facultad formalmente existente de un modo desinteresado respecto del daño constitucional, que no es otro que la preservación de la libertad individual y al estado como un instrumento de justicia, que a su vez es el resguardo de los mismos derechos. Una constitución está lejos de ser un manual, como un reglamento de fútbol.

En la categoría de daño constitucional inútil en términos de esos valores coloco a la designación de jueces por en comisión, sin dejar de considerar que pueda haber circunstancias que si lo ameriten, que no son estas. Sobre todo porque ni siquiera se trata de jueces identificados con la Constitución sino con ese pastiche socialdemócrata cuyo máxima aspiración es que el monopolio de la fuerza como un medio para violar derechos en nombre de la bondad, adherentes a la tratología socialistoide englobada como “derechos humanos”. Ni siquiera se necesita ingresar en la mala interpretación de la letra constitucional, sobre lo que ya senté mi criterio en este blog.  Una constitución de unos ciudadanos privados contra otros ciudadanos privados que les deben asegurar la vida, ni es una constitución y si lo fuera, no debería ser obedecida.

Pero vamos a la intervención del AFSCA y a la posterior desaparición del organismo por un DNU. Bien hecho, porque se separó el problema del manejo partidario del organismo, de su eliminación. Eso no impidió sin embargo la payasada del juez Arias a la que me referí ayer, pero eso es porque el señor Arias es capaz de firmar cualquier cosa, para algo es K.

La cuestión constitucional es esta y ninguna otra frente a su gravedad: Ambos actos terminan con la policía de la información y la opinión y una política ejercida sin disimulo para imponer el control total de la expresión y la eliminación de medios discordantes con los planes criminales del gobierno anterior. Eso define perfectamente una emergencia y un acto constitucional, sin contar con que formalmente el DNU existe. Es una mala institución, porque cuando se lo usa en sentido contrario los formalistas que usan la letra constitucional contra la constitución en sí, en base a la mera semántica, encuentran fundamento para hacer cualquier cosa. No hay norma alguna en la Constitución que permita hacer cualquier cosa en su nombre. Para los intérpretes literarios esto puede resultar difícil de comprender, pero es así. Es derecho, no literatura. Cualquier acción formal por la libertad de expresión es válida y obligatoria para las autoridades. Si de verdad lo es, por supuesto. En este caso ni siquiera la formalidad de la existencia de los DNU está en debate.

Soy consciente de que la Corte que derivó del golpe de estado llevado a cabo por Kirchner en 2003/4 convalidó esa ley de medios. Tambén dijo que las autoridades del AFSCA debían ser ecuaánimes, de modo muy hipócrita y con un fallo sucio que escondió un pacto político. Pero esa referencia de todos modos está y no fue cumplida. Lo que para la Corte era constitucional en términos generales, no lo fue en términos concretos de acuerdo a las propias disposiciones del fallo. Aunque no fuera así, aceptando todos los peligros pero en resguardo de la Constitución por lo que es, insistiría en la inconstitucionalidad de la existencia de un control inaceptable desde el punto de vista de la libertad, encima expresamente prohibido para el gobierno federal en el artículo 32 de la CN.

Si el gobierno de Macri se plantea pelear contra todas las trampas dejadas por el gobierno criminal que le antecedió, tendrá que tener muy claras estas diferencias y ser capaz de explicarlas a los muchos confundidos, los enemigos no interesan. Pero también de no confundir su misión, con sus intereses propios o caprichos. La ley, en su sentido real como medio para hacer efectivo colectivamente el derecho de defensa (decía Bastiat), contiene la fuerza suficiente y necesaria para que gobierne y venza a sus enemigos.

La payasada del juez Arias.

El juez militante y twittero Arias es, desde el punto de vista técnico, un verdadero payaso. Acaba de dictar una medida innovativa desde un juzgado provincial, sobre un acto federal, ocurrido en la Capital Federal, sobre el que no solo no tiene jurisdicción sino que expresamente lo reconoce con esta fórmula tan imbécil que es sólo digna de un kirchnerista soberbio que cree que se las sabe todas. Acto federal que fue tomado invocando razones de urgencia dada la actitud de su titular, sobre cuyo mérito no podría entrar en una medida cautelar, menos reconociéndose incompetente:

“Como juez provincial he declarado mi incompetencia porque lo debe resolver la Justicia Federal. Pero la ley nos habilita a tomar medidas preventivas”.

¿Cuál es la urgencia? No dice ninguna palabra. Resulta que descarta un Decreto que habla de incumplimientos severos de Sabbatella, reconociéndose incompetente, en nombre de una urgencia de la que no habla ¿Quién cree el juez twittero que tiene más autoridad para indicar cuál es la urgencia en el plano federal, el presidente de la nación o un juez de La Plata? Por otra parte, si cae un meteorito sobre el AFSCA ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosa salvo la posibilidad de que Sabbatella se quede sin cámara? Lo que debería justificar es cómo desde el momento en que se declara incompetente hasta que remite el expediente a Federal (si quiere, unos minutos) está en peligro alguna cosa que lo autorice a actuar sin jurisdicción. No funda debidamente la medida cautelar, pero mucho menos la situación de no poder remitir las acciones a Federal sin erigirse en Juez Nacional. Es más que sin competencia.

El decreto que deja sin efecto no termina con el AFSCA, el fundamento invocado es falso de toda falsedad. Remueve a las autoridades y está designado un interventor. El fin del AFSCA ocurrió recién hoy, estando en ejercicio el interventor. El juez ni siquiera menciona una actuación del interventor que implique peligro alguno, está realizando una auditoría y eso es prevenir peligro, cuestión que es de público conocimiento.  En consecuencia La medida está vacía de fundamentación y está tomada con reconocimiento de ausencia de competencia.

Algo peor, el juez Arias por más elemental que sea en su capacidad de juicio, sabe perfectamente que fue seleccionado por ser capaz de llevar a cabo un disparate semejante. Debo reconocerle sin embargo que en su momento se enfrentó a Scioli en un asunto tan escabroso como el ocultamiento de muertos durante las innundaciones. Lo aplaudo por eso, pero eso no lo habilita a esta locura.

La medida fue tomada por pedido de un delegado del AFSCA en La Plata. No se si será actual o despedido, la medida cautelar además tiene que tener verosimilitud, no es el caso evidentemente. El sujeto en cuestión accionante sabe perfectamente en todo caso que es una autoridad federal y que por lo tanto debe acudir a un juez federal. Esto hace que todo sea nada más que una burda maniobra para hacer intervenir a un juez que responda a los intereses de la facción.

Por eso ma parece su actuación un caso perfecto para explicar el sentido y el modo común de comisión del delito de prevaricato:

ARTICULO 269. – Sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Fideicomiso de reivindicación de fondos públicos

Esta es una propuesta para proceder de modo eficiente a recuperar recursos robados por el kirchnerismo por un monto incomparable con cualquier período de corrupción. Incluye desde sobreprecios pagados a pseudoperiodistas, toda la pauta publicitaria invertida en propaganda de la facción estatal, en connivencia entre quiénes manejaban los fondos del estado y sus beneficiarios, en compra de combustible, en obras públicas, en subsidios a gente arreglada con el gobierno.

El estado es ineficiente, salvo cuando se lo usa para robar porque en ese caso hay incentivos privados. La prueba y la discusión pueden ser arduas también. Teniendo en cuenta esto el proyecto consiste en la formación de un fideicomiso con todos los derechos eventuales que el estado tuviera por reivindicar por cualquiera de esas situaciones fraudulentas, desde el 25 de Mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015. Se transfieren esos derechos, por supuesto, en la situación litigiosa y discutible en que están y sin que el estado asuma garantía alguna de éxito de las acciones. Será el mercado el que determinará el valor de lo que se transfiere, porque el fideicomiso será vendido al mejor postor.

Los fondos se destinarán a cancelar sentencias impagas en favor de jubilados y el remanente si lo hubiera a un fondo de emergencias. El gobierno se desentiende de una cuestión que probablemente manejaría mal, anticipa el cobro de esas reivindicaciones de acuerdo a las previsiones de éxito que haga el mercado, cancela deuda con los jubilados y se establece un precedente para que los crímenes del kirchnerismo no se vuelvan a producir. Es una idea que sin duda podrá ser mejorada.

La estafa socialista

La estafa socialista

Hace mucho que combato la “culpa liberal” por su retroceso en el mundo en general. Como toda culpa “relatada”, es materia prima para los parásitos políticos. No solo políticos en lo formal, sino cualquier clase de manipulador que no tiene de verdad nada que aportar y se especializa en medrar sobre el esfuerzo ajeno. En mi libro “Hágase tu voluntad…” me ocupo de ese “cielo liberal” que es la huída de la culpa y se trata de otra trampa: El deseo de estar libre de culpa, creyéndosela en primer lugar.

Hace tanto que veo a la gente explorar inútilmente en busca del “mal que llevamos dentro”, que ya creo que es hora al menos de que empecemos a dudar de todos los que nos venden tratamientos sobre nosotros mismos, pases mágicos y palabras nuevas que nos librarán “de todo mal”. Basta de autofagia descubridores de réprobos.

En lugar de buscar el pecado bajo la forma de poca simpatía o caída en la tentación, deberíamos observar la pérdida del tiempo en marketing y el olvido de las ideas. En general esas más duras de las que el marketing huye, son el núcleo de resistencia del autoritarismo que es más importante enfrentar. La culpa nos lleva a buscar perdón, ese es precisamente el objetivo del que la inyecta; un poder del cual los inquisidores internos pretenden hacerse de una parte. Nos estamos perdiendo el panorama sobre hay que operar por mirarnos el ombligo, como nos proponen.

Esto viene a cuento en realidad del resto del planteo del libro. Estamos entrando en el año 2016, mucho después de que imagináramos gracias al optimismo capitalista que los autos volarían. No vuelan pero han pasado de cualquier manera cosas asombrosas. Hemos visto a la rémora del marxismo fracasar otra vez, pero ahora mintiendo desde el vamos. En el siglo XX mintieron después de fracasar, en el del XXI supieron siempre que el socialismo sólo existe en una fantasía que debe imponerse a costa de extorsión, compra de voluntades, amenazas y miedo en general. Esta vez el socialismo se empecinó en que la gente creyera lo que no veía, con fines muy concretos de beneficios para sus cúpulas. El marxismo se ha reducido en el siglo XXI a un modus operandi criminal.

Pero esa es la gente a la que la sociedad sigue pegada a la hora de pedir perdón. A ellos y a sus versiones light, a sus predicadores que difunden su moral y se desentienden de los resultados. Esos que dicen que la izquierda nunca gobernó sólo porque nunca consiguió nada de lo que prometió. De esa caterva de malvados e inútiles me dicen que tenemos que aprender comportamiento, que nos enseñarán a sonreír mejor. Toda su periferia llamada izquierda que prometió ya hace muchas décadas acabar con el “capitalismo salvaje” y darle un “rostro humano”. Tenemos toda la violencia llamada “política social”, justificada por la bondad repugnante de los manipuladores y a la vez la pobreza creciendo, como sabíamos perfectamente que ocurriría. La riqueza no se reparte, se produce. Si unos bandoleros vestidos de pastores en una entelequia llamada estado se ponen a repartirla, pues se ponen a empobrecer. Ya pobreza es un falso concepto, lo explico extensamente en el libro. Pero esa falta de lo que se requiere, no tiene una “causa”, salvo en este socialismo, generalizada en el hecho de que unos consiguen cosas por la violencia estatal disfrazada de amor, que pone a los que reciben a tirarse a los pies de los perversos repartidores. El fin justificaba los medios. El fin no esta, pedazos de estafadores. Solo están sus medios, haciendo el fin cada día más lejano.

Ya conoce el mundo a todo tipo de socialismo, bueno, malo, agresivo, papal, de ongs de figuretis. La caridad es un modo de relación, con efectos en el plano emocional y de muy corto alcance en lo referido a la obtención de bienes y servicios. Tiene un fin moral, la asignación de fines económicos no solo no responde a la realidad, a esta altura de los acontecimientos ya deberíamos saber que es una burda patraña. Ya tenemos todos los elementos para saber que los que venden el reparto como solución no tienen resultados, podríamos ya avivarnos, de que les importan tres carajos los resultados, lo que adoran son los medios. Al menos no los fines que enuncian, porque ellos obtienen poder.

Necesitamos descubrir modos de generar riqueza y hacer el esfuerzo necesario, también necesitamos, mucho más diría, que otros descubran el modo de generar riqueza, que siempre se hace en beneficio de otros que pagan o cobran. No necesitamos predicadores, no necesitamos repartidores, no necesitamos más mentirosos  y menos que menos los liberales convertirnos en policías internos de esa culpa corrosiva que diseminan todos los miserables.

Si el comunismo y todos los derivados de su perversión como la lucha de clases y la explotación, no le sirvieran a una minoría para obtener privilegios por la fuerza, a costa del empobrecimiento de la población en general, ya hubieran desaparecido. Es hora de decirlo con toda claridad, estamos a las puertas de 2016, hemos sostenido bastante toda esta estupidez como para seguir teniéndole paciencia o peder el tiempo peinándonos.

La vida me trajo anteojos, un relato de Navidad y mercado.

El mercado es el ámbito de lo humano sin violencia. Por eso es convertido en demonio por los vendedores de dioses. Me compré estos anteojos que son una maravilla, porque recién ahora los estoy necesitando para leer y para mi ocuparme de una cosa molesta como un estuche de anteojos era cruzar el Rubicón hacia la desgracia.

Para una persona como yo que vive en la estratosfera, que me notifiquen que la vida está llena de pequeñas cosas como anteojos, es realmente un gran dolor. Pero el mercado también se ocupa de mi. Me compré un par para tener pegados al teléfono y otro al iPad. El tema anteojos está solucionado.

Parte de la garantía era que si se me rompían de por vida me los reponían. Hace una semana recibí un mail de ellos diciendo que la garantía se extendía. Si los perdía también me los reponían. Perder es un verbo que yo utilizo mucho más incluso que los anteojos, así que la noticia me hizo muy feliz.

Ayer, mientras soportaba una exposición insólita de Facundo Pastor sobre su libro que pretende igualar la hipótesis de suicidio con la de homicidio en la muerte de Nisman, en función de que el no es ni K ni anti K, trataba de twittear algo. Y mis antejojitos no estaban. Cáspita! Tuve que twittear a ciegas.

Esta mañana les escribí a mis amigos de ThinOptics. Oigan, les dije, soy un nabo, ya los perdí. A los 5 minutos Mary me escribió pidiéndome la dirección, que le suministré. Le pedí que me dijera cómo pagar el shippment porque el mail decía que me tenía que hacer cargo del envío, por imbécil. No decía por imbécil el mail, pero era obvio.

Nada, va todo sin cargo me dijo Mary. Feliz me fui a vestir para mi ejercicio diario y, shit, e el bolsillo del pantalón estaban mis anteojitos perdidos. Rápido le escribí a Mary diciendo que suspenda todo, que este era un cliente doblemente nabo y le pedía disculpas. Mary me dijo que ya no se podía suspender, que lo tomara como un par extra y me deseaba Feliz Navidad.

Papa Noel falla, Thinoptics no.

www.thinoptics.com

Sobre la inconstitucionalidad de la ley de medios en sí

Es correcto lo que hizo el gobierno, que es separar el echar a Sabatella por ser leal a su facción y no a su función de la derogación de la ley de medios. De otro modo Sabatella podría cuestionar ambas cosas como una sola. Una cosa es que el sea un comité del Frente para la Victoria y otra la ley de medios que debería desaparecer.

Si la ley de medios fuera correcta, igual Sabatella debería irse. Ahora el gobierno puede mandar al congreso la derogación, sin Sabatella ahí. Le queda la opción del DNU, perfectamente justificable contra organismos nazis por más que los hubiera votado en cien por ciento del Congreso.

Pero el problema de fondo es la completa inconstititucionalidad de la ley de medios. Sobre esa cuestión, en plena discusión del proyecto, escribí esto que fue reproducido en otros blogs. Vale la pena refrescarlo.

La prohibición del artículo 32 de la Constitución Nacional y el proyecto de Ley de MediosJueves, Sep 17 2009

Por Jose Benegas

En el debate en comisión del proyecto de ley de medios audiovisuales del gobierno surgió la cuestión de la prohibición al Congreso de legislar en materia de libertad de imprenta del artículo 32 de la Constitución. Y también el oficialismo intentó responder esto, valiéndose de una opinión vertida en el blog Saber Derecho.

El artículo 32 de en cuestión señala lo siguiente:

Art. 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

El post interviene en dos temas, el primero el que tiene que ver con los derechos adquiridos. Voy a obviar el comentario sobre eso, solo aclaro que no estoy de acuerdo tampoco. Voy a la cuestión del artículo 32 que es en mi opinión la mayor objeción que se le puede hacer a esta y cualquier ley federal sobre esta materia.

El análisis comienza por reconocer que cuando el artículo 32 habla de “libertad de imprenta” abarca a los que hoy son denominados medios audiovisuales de comunicación. Esto es así en cuanto lo único que hay entre la imprenta como modo de transmitir las ideas y los medios audiovisuales es un avance tecnológico y el mismo espíritu que motivó la prohibición debe extenderse a situaciones inexistentes al momento de dictarse la Constitución.

El silogismo, a mi entender, se encuentra completamente cerrado. La norma se podría leer de la siguiente manera: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de los medios audiovisuales de comunicación ni establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

En eso estamos todos de acuerdo, pero el post continúa señalando que el argumento “tiene trotyl” por cuanto no solo impide el dictado de la nueva ley, sino de cualquier ley federal referida a la cuestión. Con lo cual estoy de acuerdo, son tan inconstitucionales el proyecto oficial como los de la oposición. Y lo es la Ley Federal de Radiodifusión vigente que solo se pudo haber dictado bajo un gobierno de facto. Si ese es el trotyl, bienvenido sea. Qué otra cosa es una Constitución que una forma de desmembrar al poder, aunque no usaría la metáfora de la explosión. Lo que una prohibición constitucional expresa es lo contrario a lo que representa un explosivo por cierto.

El argumento que sigue es que la ley oficial no estaría restringiendo la libertad de imprenta, sino posibilitándola. Algo que ya no encaja siquiera con la reacción de todos los interesados, titulares de las modernas “imprentas” audiovisuales y con el contenido de toda la ley, que determina cuotas de producción nacional, de cine nacional, prohibiciones para operar a los extranjeros (en violación al artículo 20 de la Constitución Nacional), contenidos que pueden ser declarados públicos, plazos de licencia, cuantas licencias se pueden tener, determina quién es idóneo para ejercer esa “libertad de imprenta”, etc, etc, etc. Toda la ley es una restricción a los medios audiovisuales y los diputados que la promueven se jactan de estar luchando contra “monopolios” y “grupos concentrados”.

Podrán creer que todo es necesario y loable y que el Congreso fue instituido para protegernos de las opiniones incorrectas o interesadas. Terminarán por esa vía instituyendo la pesadilla del “Ministerio de la Verdad” de George Orwell en “1984”. Pero aunque no se enteren de a dónde conducen sus argumentos protectores, el artículo 32 dice con toda claridad que todos esos temas pertenecen a la jurisdicción provincial, no federal.

Monopolio, dicho sea de paso ni siquiera hay, apenas existe un multimedios con una presencia mayor a otros, inclusive gozando de privilegios que no se ocupan de quitar, que le han permitido a ese grupo tapar la realidad en beneficio de los que ahora dicen que están preocupados por las mentiras, pero ese no es el punto. Aún una ley “anti monopolio” de imprenta, y pasando por alto que se la considere deseable y necesaria, es una restricción, y como tal no podría ser dictada por el Congreso federal de acuerdo a la norma que nos ocupa.

Se refiere el post al supuesto caos (haciendo suyo el argumento de un fallo que comento más adelante) que se generaría en el espectro radioeléctrico sin una ley federal. Lo cierto es que a cualquier libertad se le puede llamar caos, porque la negación de la libertad supone la existencia de un orden “debido”. Lo que no se ajusta a ese orden es un “caos”. Este subargumento podría ser reducido a “la ley facilita la libertad porque la libertad traería problemas”, lo cual es un contrasentido.

Más allá de eso, la constitución no prohibiría una legislación de asignación de frecuencias, sino que imposibilita que el Congreso federal la pueda dictar, correspondiendo a las provincias. No tendría por qué haber más caos entre las provincias que el que existe entre un país y otro. En el plano internacional están resueltos los conflictos. Del mismo modo lo podrían resolver las provincias.

Se invoca un fallo de la Corte en “Rio Negro c. Estado Nacional s/Amparo”, en el que se sostiene la constitucionalidad de la ley vigente, que se supone que le gobierno considera ilegítima. Es anecdótico, pero que curioso que el oficialismo después de demonizarla termine amparándose en una decisión de la “maléfica Corte menemista” que destituyó al mejor estilo de un golpe de estado.

Dice la Corte: “Es competencia del Estado nacional la regulación de las telecomunicaciones, pues las facultades reservadas por las provincias y su autonomía dentro del sistema político federal no obstan a que el gobierno nacional pueda legislar sobre aspectos internos de las actividades provinciales susceptibles de menoscabar el comercio interjurisdiccional y exterior” (Corte Suprema, en “Río Negro, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo”, Fallos 327:6011

El único argumento del fallo es justamente que el estado nacional debe resolver los conflictos de las frecuencias que traspasan las fronteras interjurisdiccionales, imaginando, como ya adelanté, que de otro modo se produciría un caos.

No explica la Corte en su fallo por qué no hay caos alguno entre los países, pero su alcance es mucho más limitado que lo que imaginan quienes lo citan. Apenas podría habilitar la existencia de una ley federal sobre frecuencias que traspasan esas fronteras y cómo se resuelven los eventuales conflictos, pero no a una ley que se refiera a los contenidos, las licencias, quienes las pueden tener y cuántas pueden tener. Casi nada en la ley tiene que ver con la solución de esos eventuales conflictos y por cierto está muy lejos de la inspiración de protección del libre comercio en que se sustenta la sentencia.

Hay todo un universo de formas modernas de libertad de imprenta que la ley regula, que nada tiene que ver con la posible invasión de frecuencias que pasan fronteras. La televisión por cable no produce interferencia alguna entre un operador y otro. La mayoría de las radios de FM y muchas de AM no traspasan fronteras en sus emisiones.

El fallo puede usarse contraio sensu para sostener que una ley federal no podría hacer otra cosa que resolver ese problema, quedando reservado a las provincias todo lo demás. Contrariamente al uso que se le quiere dar, surge con bastante claridad que la única atribución federal sería la de “legislar sobre aspectos internos de las actividades provinciales susceptibles de menoscabar el comercio interjurisdiccional y exterior”. Quiere decir que el fallo también está afirmando la “libertad de empresa”, un espíritu opuesto al de la legislación kirchnerista.

¿Democratización de la prensa? ¿Qué es eso?

La ley de control de los medios de comunicación del gobierno se hace bajo la consigna de la “democratización”. No son pocos los que han caído bajo los encantos de esta falacia, que se ve en los panfletos, en los carteles y atrae como la miel de una planta carnívora a la mosca que será devorada.

La democracia es una forma de gobierno. La prensa, la opinión, no deben ser gobernadas, ni por la mayoría ni por la minoría, ni por el gobierno, ni por los “buenos que nos cuidan”. Libertad de opinión quiere decir que no hay autoridad alguna a la que el que se expresa con sus propios medios tenga que atenerse. No hace falta apelar a las intenciones detrás del proyecto oficial. Quién quiere “democratizar” las opiniones ajenas, las quiere controlar. No es una mera cuestión terminológica. Al hablar de democratización se está colocando a la opinión minoritaria y a la de los disidentes en una situación anti sistema, paso previo a su persecución.

A esto le responde la nueva dogmática anti-liberal que “una cosa es la libertad de prensa y otra la libertad de empresa”. No se cómo harán los medios que se la han pasado hablando contra la libertad de empresa para argumentar en contra de esa afirmación cuando la política los degluta, pero lo cierto es que sin libertad de empresa, no hay libertad de prensa alguna. Salvo la opinión que emitamos en una servilleta en un bar o el graffiti anónimo en un callejón, el periodismo requiere una organización de tipo empresario. Separar una y otra cosa es una falacia. Ni siquiera nueva, los países oprimidos totalitarios donde todo está bajo control “del pueblo” utilizan el mismo argumento. Todos son empleados del Estado y glorifican al poder o son marginales perseguidos. Sin propiedad no hay libertad. Ni un blog es posible sin la libertad de una cadena de empresas.

La Constitución de 1853, tenía muy clara esta cuestión, al disponer en el artículo 32 que “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. No habla aquí de la mera “libertad de expresión”, ni siquiera de la libertad de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” como lo hace el artículo 14 de la misma Constitución.

El artículo 32 es una norma específica destinada a la protección de la empresa periodística, al capital que sostiene la opinión y la difunde, con capacidad de ser contrapeso de la política, porque los constituyentes sabían que la amenaza a la libertad está en los gobiernos y no en el sector privado. Empresas hay muchas, gobierno uno. Sin empresas no hay “4to. poder”. La Constitución ni siquiera autoriza al congreso federal a legislar sobre esta cuestión, vaya detalle que dudo que algún legislador siquiera esgrima en este debate.

Claro que si vemos los conglomerados que resultan de regulaciones, protecciones y supuestas facultades del Estado para regular el espacio radioeléctrico o las telecomunicaciones, es difícil que se entienda dónde está el beneficio de que haya un mercado abierto, si ni siquiera lo hay. Pero es más fácil en cambio ver el resultado del “control de la empresa” sobre la prensa en países como Venezuela, Cuba o cualquiera de los que han “democratizado” la opinión.

Es suficiente ver dónde termina esta “lucha de clases” que los “democritazadores” le proponen al periodista de carne y hueso al que le oponen la empresa periodística que no los “deja expresarse”.

Los medios en el plano interno son tan “democráticos” como lo es el propio periodista con su automóvil cuando transporta a un tercero. Si uno utiliza recursos ajenos tiene que atenerse a sus reglas, de lo contrario puede mantener sus propios criterios con su propio capital y no hay nada acá que se oponga a la democracia porque la propiedad es “privada” no “del pueblo”. En materia de “medios de comunicación” ninguna otra cosa es la “libertad de prensa” que la libertad de la empresa de medios de comunicación.

El grupo Clarín es como nuestra María Magdalena moderna. El gran pecador del periodismo, cuyo pecado mayor ha sido la contribución a la creación del poder omnímodo kirchnerísta protegiéndolo de la realidad y del conocimiento público de su corrupción. Como dije antes no hay mucha empresa periodística siquiera ateniéndose de atacar a la libertad de empresa. Pero esta es la miel de la planta carnívora. Si esperamos para defender la libertad a que se persiga a alguien que la merezca en la Argentina, nunca vamos a mover un dedo hasta que toquen a nuestra puerta.

Vivimos en una sopa demagógica en la que el ABC de la libertad, incluso de la democracia verdadera y la república suena a gran transgresión. La transgresión es la libertad, aprovechémosla mientras dure, porque cuando todo sea “democratizado” un artículo como este no podrá volver a leerse, salvo en algún blog, gracias a que fuera del país hay empresas libres de este gobierno

Deja un comentario

Cresta Roja no es un problema “social”

Cresta Roja no es un problema “social”

Los niños son arbitrarios, los padres deben enseñarles la realidad y que parte de ella es que hay otros a los que no se puede hacer cargo de problemas que les son ajenos. Los grandulones son peligrosos porque tienen exigencias de niños. Sin el estado serían nada más unos frustrados, gente improductiva y generadora de pleitos. Con el estado ocupan la ancha franja de permisos para decir cualquier cosa llamada izquierda. La Argentina se ha vuelto un país completamente infantil en el que el que se pone caprichoso gana y se cree que las empresas no pueden quebrar, que si lo hacen están afectando el “derecho” de sus empleados a ser empleados. Ya desde el vamos el derecho a ser empleado es raro, lo relevante es el derecho a no ser empleado, a no trabajar para otro si no nos conviene y lo decidimos nosotros mismos.

Pero el ideal social de la izquierda es el “derecho a tener un trabajo”, a ser empleado. Tal cosa implica que hay gente “obligada” a ser empleadores. En el llamado derecho laboral los empleadores son malos y los empleados son buenos, pero la izquierda quiere que en base a una exigencia moral, la gente buena “tenga el derecho” a estar a las órdenes de los malos. Para el marxismo es peor, se supone que el trabajo para un capitalista es explotación, pero los marxistas son los primeros en protestar por los despidos, que vendrían a ser el fin de la explotación por voluntad del explotador. Es decir, el malo empleador explotador, decide dejar de explotar; es decir, se hace bueno. Pero el marxismo tampoco quiere eso.

A ver, sentido común. El marxismo ya sabe que esta teoría no resiste el menor análisis, pero sabe que el empleado aporta el número en la política y el capitalista tiene el dinero pero es débil en número. El explotador es el marxista, el izquierdista, el laboralista, todos mentirosos. Los explotados son los socios de la relación: empleado y empleador. Ambos fracasan juntos cuando fracasan.

Los socialistas de buena fe suponen que la riqueza es un stock a repartir en un juego de suma cero. La capacidad de mentir, presionar, aplastar al prójimo se vuelve fundamental. Es completamente falsa esa visión. Lo que vamos a comer el año que viene hoy no existe. No hay stock, hay que producirlo. No hay que usar la trampa, la presión y la capacidad de manipulación, sino la colaboración. La gente que no se da cuenta igual se comporta casi todo el tiempo en colaboración. Los marxistas no asaltan quioscos, en general trabajan y compran sus propios chicles. Cuando lo hacen contribuyen al flujo tanto en el trabajo como en la operación de comprar. Pero cuando se ponen a pensar en la organización social agarran sus malos libros, decretan que la sociedad es injusta por cada cosa que no tienen y practican todas sus conductas nefastas. El papa es un gran propagador de esta visión lúgrube de la existencia. Le conviene porque eso le permite explicarlo todo como pecado y el administra los perdones.

Como las cosas no funcionan así sino que tanto lo que tenemos como el trabajo remunerado que nos ofrecen, depende de que sean respetados todos los intervinientes en la cadena de acontecimientos que llevaron a la existencia del empleador y del proveedor, la estrategia tiene que ser otra, una totalmente adulta que no le hace cargo a la gente a la que necesitamos de lo que no tenemos.

Entonces es pésimo pasarle a la sociedad los fracasos y el problema de los empleados que quedan sin trabajo, porque lo fundamental es que se creen nuevas oportunidades todo el tiempo, para lo cual el proceso de selección de empresas es fundamental. El riesgo lo corren quienes ponen el capital, el empleado vive sólo amenazado por la posibilidad de dejar de ganar de aquí en más. Nadie le pedirá que devuelva lo que cobró porque la empresa no funcionó. Todos los empleados más que protección a las empresas que fracasan, están interesados en que no se cargue a las empresas que nacen, entre las cuales estarán las exitosas. Cuando la sociedad tiene que cargar con el costo de todos los fracasos, la barrera que tienen que pasar los nuevos emprendimientos sube cada vez más, porque el costo impositivo, totalmente improductivo, opera como la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier nuevo emprendimiento que se encuentre al borde del margen.

No importa si ese gasto de salvataje beneficia a los dueños de las empresas o a los empleados, el costo impositivo es el mismo. Pero aún así no se está entendiendo que el importante entre el empresario y el empleado es el primero. Ese es el que abrió todas las oportunidades, el que deberá abrirlas también en el futuro.

Una sociedad adulta no es una sociedad sin frustraciones. Tampoco una sociedad exitosa. Ni el éxito de los empleados y la mejora de sus salarios serían posibles sin frustraciones. La mayoría de las empresas nuevas no sobreviven un año ¿Cuantas de ellas debido al costo fiscal? Muchísimas.

Piensen un poco señores generosos, buenos, tan dispuestos a ser promotores de ambulancias que salvan otros. Gran parte de la pobreza que  ven se debe a su negativa a crecer.