El blanqueo en tiempos orwellianos

El blanqueo en tiempos orwellianos

El estado de derecho como sistema se encuentra invertido, desde que los ciudadanos privados, por la necesidad de financiar a un estado voraz, disfrazado de Papá Noel, tienen que justificar lo que tienen. Es decir, se presume que lo que tienen es objeto de algún delito, norma que debería aplicarse a los funcionarios públicos que manejan recursos que no les pertenecen. Pero sin resistencia apreciable, dado el paradigma paternalista que libró al estado de sospechas, la población está bajo vigilancia en todos sus movimientos económicos, en una vorágine acelerada que podría servir para una precuela de 1984. Basta ver las cosas que los funcionarios dicen y la forma en que los periodistas se las aceptan como si fueran normales.

Los individuos privados cuentan, deberían contar, con la presunción de licitud de sus actos. El artículo 19 de la Constitución dice con énfasis que todo lo que no está prohibido, está permitido. Es el estado el que tiene que establecer qué cosa estaba prohibida en la actividad económica de una persona que tiene determinados bienes. La dificultad que tiene es que en su función paternal, que le permite incrementar su presupuesto y control, el estado decidió controlar y prohibir actividades privadas como el uso y comercialización de las drogas y, en materia fiscal, sus necesidades de recaudación superan con creces la disposición a colaborar de la gente común. Por lo tanto el control de lo permitido, violando las limitaciones constitucionales, se hace arduo. El no pago de impuestos se tiene que transformar en “delito”, sin que haya víctimas privadas, es decir, sin que haya interés de la gente en denunciarlo, que es lo primero que debería ocurrir para que el delito en ese sector sea controlado. En el caso de las drogas porque tampoco hay crímenes entre individuos privados, que en realidad pactan cosas contra la voluntad estatal. Los fondos en uno y otro caso, pertenecen a quienes los originan, aunque en un caso el estado pretende quedarse con ellos para financiarse y en el otro intenta que la actividad no exista más. Esas condiciones hacen difícil al estado ejercer su poder y limitar al sector privado.

Entonces, como las prevenciones respecto del sector público que se ocupa en el imaginario socialista de sostener la vida en la tierra, han desaparecido, se recurrió a la inversión de la legitimidad política y a la liquidación del estado de derecho: El que tiene fondos debe probar de dónde viene lo que tiene y es, en principio, sospechoso, por tener algo que el estado no sabía que tenía.

Lo anterior es el problema principal y la pendiente en la que se desliza el mundo hacia el totalitarismo de manos de los “bien intencionados”. Lo que viene es la tontería argentina circunstancial. El gobierno plantea un “blanqueo”, de nuevo para financiar un estado endiosado que libra a los argentinos de toda preocupación, dicen, al que no le alcanzan una brutal presión impositiva y los altos índices de inflación. Acá se presenta el problema entre el “evasor” y los “otros delincuentes”. Un funcionario le explicaba a Longobardi recién que intentarán evitar que narcotraficantes o gente relacionada con corrupción en el estado utilice el blanqueo para, justamente, blanquear. Esto, dijo, es solo para evasores impositivos, de modo que aquellos que puedan demostrar que su dinero viene de una actividad “lícita” (ese concepto ha muerto, pero no me voy a extender, tomémoslo como sinónimo de “autorizada), no tendrían de qué preocuparse.

Lo que preocupaba en la mesa de Longobardi era si los bancos harían el trabajo de vigilancia para comprobar que no se filtren los malos entre los buenos. Pero mi duda es otra. Fondos en negro se obtienen de modo lícito pero por definición no se contabilizan. El origen no está en los papeles, eso en un estado de derecho no los debería transformar en ilícitos per sé, pero estamos en el siglo XXI y bajo vigilancia, así que ya no es así.

Entonces pareciera que los que blanquean dinero en negro proveniente de actividades no prohibidas, tendrán dificultades para demostrarlo y que estarán unos años en la duda hasta que eventualmente venzan los plazos de prescripción. Claro que la prescripción seguirá existiendo mientras no sea una dificultad para la Santa Recaudación que todo lo ve y todo lo necesita.

El recaudador presente y sus ovejitas tontas

El recaudador presente y sus ovejitas tontas

Es asombroso cómo se habla de impuestos y de su “evasión”, como si fuera un sacrificio que alguna gente evita. Está asumido que el sacrificio es bueno por si mismo, el que se sacrifica es venerado, el que no se sacrifica denostado. No es que este seteo ético produzca sacrificios en masa, esto es algo imposible de lograr, al menos en la mayoría de las personas. El único efecto es la vida en hipocresía y la culpa que queda por no ser sacrificado, se saca hacia afuera, se transforma en filípicas izquierdistas y en socialismo. La gente ya no necesita sacrificarse sino venerar al sacrificio que se aplicará sobre otros.

Las charlas sobre impuestos son todas ritos de persecución de esos otros. El sistema moral/religioso estatal ha logrado que no exista juicio alguno acerca del que recauda y por qué recauda. Nadie tiene un segundo de reflexión acerca del simplísimo hecho de que cada peso que les ingresa fue producido fuera del aparato recaudador, incluso los de aquellos que viven del estado, como empleados, como contratistas o como periodistas. De manera que inevitablemente el aumento de la recaudación es el aumento de la pobreza. Pero sobre el recaudador no se hacen filípicas morales, porque el recaudador es el sacrificio organizado en sí mismo.

A ver, seamos claros. La evasión es una actividad beneficiosa para la economía. La igualdad en la que la gente se ve perjudicada por el impuesto no juega ningún rol moral ni económico. Moral, porque diez asesinatos no son más justos que uno, sino al revés. Algo que está mal que perjudica a muchos es peor que algo que está mal que perjudica a pocos.  Muchas veces se sostiene que si todos pagaran todo se podrían bajar los impuestos. Señores, la evasión crece porque se suben los impuestos, algo que sucede antes de que los sacrificados hayan tomado la decisión de evitar lo que se les quiere cobrar. Si la recaudación aumentara, aumentaría el gasto público, podemos apostar por eso. En este momento, el gobierno del que muchos acomodados dicen que mejor no hablar mal, aunque haga las cosas mal, está recurriendo a establecer métodos policiales más agobiantes que la tiranía anterior, para mantener el gasto público, para mantener su poder, para evitarse problemas. El gasto público ya lo tiene, antes de recaudar.

Pero claro, la reacción que sigue, para no revisar lo anterior, es explicar la necesidad del estado. Es decir, si se llega a cuestionar la moral del sacrificio fiscal, el estado desaparece. Gran trabajo ha hecho la glorificada educación pública que Jefferson quería para formar ciudadanos con valores opuestos a esos.

El estado cumple una función política y tal parece que la seguirá cumpliendo bastante tiempo más. En el interín, lo que debe preguntarse es cuál es y cuáles son sus límites. Pero primero hay que dejar de pensar como el estado quiere: que un país vive de recaudar impuestos, porque se ha identificado al país con el estado. Y cuando digo estado no quiero ser excesivamente abstracto, son esos inútiles que un día llegan a un cargo y empiezan a inventar oficinas con nombres estúpidos para engañar  y tapar el simple hecho de que quieren acomodar a un amigo, a un militante o crear una licitación a medida para un aportante de la campaña. No es gente mejor o peor, es gente que pasa de manejar plata propia a manejar plata de los demás y se da cuenta de que hay toda una cultura de veneración de su función, capaz de fumarse sin cuestionamiento que exista una “secretaría de modernización”. Porque la gente, contrariamente a lo que querían Jefferson y Sarmiento, ha sido educada para no preguntarse jamás si la modernización depende de un inútil que da órdenes o de otra cosa.

Si hubiera educación y no des-educación, la gente se enteraría de que la economía es esa parte de la generación de recursos y su circulación que el estado no se lleva. La economía es un sistema, el estado es un costo sobre el sistema. La economía es un flujo de intereses en el que cada parte gana de acuerdo a cómo se valora lo que ofrece y eso genera incentivos para que todos apunten a una mayor productividad. El estado al recaudar corta ese flujo y obtiene recursos que ya no circularán en base a esas preferencias sino a criterios políticos, declaraciones morales y, en general, los intereses de preservación del estado y sus agentes y amigos.

Si le ponemos la mejor luz al estado, la que le puso el liberalismo clásico, podemos pensar que hay funciones como la justicia y la seguridad que tienen que proveerse por medio de un aparato político organizado y que recaude unos impuestos. Ya lo podemos discutir, pero la falacia consiste en identificar el cuestionamiento al impuesto para pagar una “Casa del Futuro”, con la desaparición de ese estado liberal. Lo que explica esta antinomia tan artificial es la mitología que hay detrás del estatismo. Mitología que no tiene otro origen que las mentiras que se van acumulando sobre lo indispensables que son las funciones que cumplen los burócratas, que luego se trasladan vía ministerio de educación, libros de gente que no quiere estar contra el poder y medios que siguen el mismo patrón, a envenenar el cerebro de los sacrificados con mentiras. Lo cierto es que el impuesto es un costo económico, un peso sobre el bienestar de todos, no un bien y la sangre del país, que es el modo en que se asume sin pensar cada vez que se habla de ellos. Por lo tanto hay que cuidar que el estado no haga otra cosa que lo que tiene que hacer, para que cueste poco y además para que la gente no vea la necesidad de huirle y el sistema por lo tanto sea financiable. Si fuera así, la evasión sería un problema marginal que no necesitaría tantas amenazas ni recurrir a reuniones internacionales para que una policía mundial haga cómplices a todos los países a la hora de sacrificar a la gente que produce. Porque, pequeña aclaración moral que las ovejas fiscalistas necesitan: Lo “evadido” es dinero que produjo el “evasor”. El evasor no roba sino que es robado, por más esfuerzos de re-etiquetado que haga el aparato des-educador. La idea es que si se roba poco para mantener al aparato político, no habrá mayores problemas.

El sistema económico está basado en voluntades que se coordinan frente a sus intereses. Es incompatible ser un buen productor con ser una buena oveja que paga impuestos, justamente por eso. El individuo al que se le pide que sea eficiente a la hora de crear cosas nuevas y tratar con sus clientes para ver cómo los convence de comprarles, tiene que hacer un abrupto cambio psicológico para ser el “contribuyente” del “estado presente”. Cuando la dosis de esto último es controlada, no hará gran daño. Pero hacer convivir dos mundos de valores opuestos o incluso hacer que el mundo productivo sea a su vez un buen “contribuyente” de un estatismo que tiene cosas como secretarías “de la juventud”, es construir una sociedad esquizofrénica, hipócrita, peligrosa para sus miembros, que buscará todo el tiempo salvadores, vivirá en la mentira, construirá fantasmas y los perseguirá. Es una locura.

Santos – FARC, acuerdo de perros.

tarde-de-perros-cartelUna remake de Tarde de Perros debería tener un final diferente, acorde con los nuevos tiempos. Al Pacino tendría que llegar a un acuerdo con la policía en el que se le permitiera quedarse con una caja del banco y que algunos de sus rehenes tengan que manejar sus casas de acuerdo con las reglas del asaltante. Se le podría dar una radio para que difunda sus ideas políticas basadas en que los bienes de otros tienen que ser repartidos por él y donde cuente la historia de sus logros heroicos.

El convenio podría estar avalado por el cura del barrio e invitar a las fuerzas vivas de la ciudad a la ceremonia de firma, con fotos.

Ahora estamos en el reemplazo de todos los valores políticos por las relaciones. La policía y los delincuentes deberían participar de talleres de terapia de grupo para mejorar su relación y dejar de lado las reglas de justicia que los separan. Ese sería un mundo con más amor, más comprensión y más paz ¿O no?

Siguen asesinando a Nisman

Siguen asesinando a Nisman

Rafecas desestimó una denuncia contra la ex-presidente tomándose varias páginas, lo que desde el vamos es incompatible con el concepto de desestimación, que consiste en quitarle todo crédito a la instancia por lo absurdo de la pretensión. Si la carencia de fundamentos es tan grande, eso se escribe en una oración. Un ejemplo de denuncia que merece una desestimación sería la de un secretario de comercio que imputa delitos a profesionales de la economía por estimar una inflación a su juicio equivocada, con más razón si es evidente que es acertada.
El denunciante de la presentación que Rafecas tira la a la basura era uno de los fiscales más importantes del país, llevando adelante una investigación de peso internacional, como el atentado contra la AMIA. Ese denunciante había aparecido muerto en su departamento con un disparo en la cabeza. En sus manos no había huellas de pólvora. Sus celulares y computadora habían sido intervenidos con posterioridad a su muerte. La justicia se negó a investigar un posible homicidio, lo que ni si quiera significa condenar a alguien por homicidio, simplemente averiguar si es posible que lo hayan matado.
La desestimación de Rafecas incluye la incorporación de pruebas que contribuyen a enterrar la investigación, dado que si es necesario averiguar algo antes de resolver, quiere decir que la denuncia no es desestimable. Eso no hace más que evidenciar lo forzado del destino de la actuación de Nisman. Esas pruebas son una nota de un ex director de Interpol, con la ilegal intervención de la Procuración del Tesoro que actúa en defensa de los intereses de los imputados y no del Estado Nacional. El agregarlas y valorarlas, es un acto jurisdiccional, por lo tanto la investigación se abrió solo para cerrarla, sin cumplirse los requisitos, plazos y garantías de un sobreseimiento. Rafecas no denuncia a la Procuración del Tesoro por intervenir en defensa de los imputados. Rafecas decide un entierro forzado e ilegal de la causa abierta por un fiscal asesinado el fin de semana anterior a exponer en el Congreso los detalles de su denuncia. Para que cierre el proceso, tuvo que caer en una sala caracterizada por avalar los intereses del kirchnerismo sin ninguna vergüenza y el recurso de casación contra esa resolución “cajonearse” hasta que el turno en la Alzada le tocara a un fiscal identificado partidariamente con el gobierno anterior.
Un grupo de ciudadanos firma una solicitada pidiendo la destitución de Rafecas por esa actuación. Entonces se producen el tipo de reacciones a las que el kirchnerismo nos acostumbró pero desde lugares muy variados: la exhibición obscena de una gran complicidad, la descalificación bestial y burda de la petición que no hace más que darle crédito, mezclándose en esta tarea abiertos miembros de la banda kirchnerista con otros que desde su identificación como “moderados”, han descalificado toda resistencia contra la banda en cuestión hablando de maldad y odio en los denunciantes, no como ellos, imbuidos en esa la moderación rayana en la funcionalidad. Todo, como en épocas K, sin responder a los cuestionamientos a Rafecas, parte esencial de la técnica cubana del asesinato de la reputación y modus operandi burdo del kirchnerismo, sino centrando la discusión en la solicitada y las malas intenciones de sus suscriptores. Rafecas no tiene nada que explicar, los que deben explicar son los que lo cuestionan, verificar si son suficientemente republicanos, buenos correctos o si están cometiendo el pecado de “ampliar la grieta”.
Ahí están juntos Aníbal Fernández, Federico Pinedo, Luis D’Elía, Gustavo Vera, Alberto Fernández y Luis Novaresio. Alberto Fernández, acólito de Sergio Massa, afirmó que los que firmaron la solicitada eran unos trogloditas por cuestionar la actuación de un juez. El mismo que como jefe de Gabinete capitaneo la destitución de la parte de una Corte que le molestaba a sus planes políticos por el contenido de sus sentencias, que era correcto, mientras dejaba indemne a la otra parte de la misma Corte, que había suscritpo los mismos fallos. Novaresio dijo que el caníbal se comía al caníbal.
Como en el apogeo K unos demonizan, los otros juegan a la moderación igualando a denunciantes y denunciados, pero centrando el problema en los últimos y sus supuestos malos sentimientos, que obviamente son buenos, y decretando que la realidad está en algún lugar intermedio entre la denuncia y la falsedad de la denuncia, dando a entender que esa maniobra es “moderación” o “verdadero periodismo”, además de bondad consistente en “querer cerrar la grieta”.
¿Qué une a toda esta gente en una postura tan forzada? No hay como pegarle al chancho para saber quién es el dueño.
Rafecas también tiene a su cargo la (no) investigación del monasterio del señor López. Dijo la semana pasada que las pobres monjitas que no son monjitas eran unas víctimas. No me extiendo en el tema, ya lo hice en el post anterior.
Es grande la conspiración contra Nisman, pero ya se ve. Lo que queda por saber es por qué el gobierno de Macri no investiga su muerte, ni su denuncia. No hablo de juzgar, la investigación de campo es función también del gobierno, máxime en un asunto de semejante importancia institucional. Para eso comanda la policía y a los organismos de inteligencia ¿O hay que pensar que nadie quiere saber lo que pasó? ¿Será muy troglodita semejante inquietud?

Las pobres monjitas

Las pobres monjitas

El kirchnerismo era demasiada degradación, pero la intervención del monasterio ya le dio categoría que no existía con anterioridad. Pongámosle colapso moral de una década tenebrosa. Ahora bien, en este momento vemos lo que pasa, como cuando eran gobierno, pero no hay instituciones funcionando (salvo para recaudar) que reaccionen. La responsabilidad ya no es de ellos. Esta semana Macri anunció una nueva “guerra” contra el narcotráfico, pero ahí tienen haciendo declaraciones altisonantes a la principal mafia del país, sin que de verdad se los toque.

Nadie levantó una información difundida por Laura di Marco en Radio Mitre. Habló de la existencia de un “Vaticano Group” dirigido por Gustavo Vera, el delegado oficioso de Bergoglio, con el fin de generar oposición a Macri. Como sabemos el elenco gobernante se caracteriza por ignorar los conflictos y la única línea de acción que tienen respecto del papa es la tentativa de seducción, a la que el monarca eclesiástico responde con gestos despectivos. Mientras sus operadores Vera y los curas comunistas auto denominados “villeros”, se mueven en abierta intervención en política contra el gobierno, al que consideran demasiado a la derecha como a todo lo que no sea de ultra izquierda. En el oficialismo Rozitchner explica que las derechas y las izquierdas no existen más, a lo que no le dan mucha pelota las izquierdas pero si las “derechas”, porque no hay ninguna. En la legislatura porteña el “Vaticano Group”, cuenta di Marco, se juntó con dos jueces conocidos por beneficiar al kirhcnerismo mucho más allá del sentido común: Casanello y Rafecas. Ayer Rafecas dijo que las monjas de General Rodríguez no tenían nada que ver con la circulación de fondos robados y se atrevió a afirmar que López había hecho todo para involucrarlas. A la misma conclusión habrá llegado el sagaz “investigador” que nombró la Iglesia para determinar esas responsabilidades.

Es un chiquero que tienen enfrente los de Cambiemos y el principal problema político del país, pero en el gobierno especulan con el tema y con los beneficios que puede traer el espectáculo de esta gran banda frente al público. Después dicen que la falta de escrúpulos es algo que inventó el peronismo, pero la Argentina es un país donde todos son capaces de jugar con cualquier cosa. Son estómagos a prueba de balas, pero agitan el fuego. Hay una escena de la película Pi, donde el protagonista se divierte con un león, situación muy parecida a la de estos vivos.

Las monjas no tenían idea, dice el interlocutor del “Vaticano Group” Rafecas. El video que todo el mundo conoció en el que se lo ve a López golpear la puerta, dejar los bolsos y el arma y luego a la monja ayudando a entrarlos, fue interpretado por los que lo comentaban como no determinante para establecer si la señora en cuestión sabía lo que estaba haciendo. La razón es que no se observa que mire hacia el arma. Pero el indicio no es lo que hace la monja sino lo que hace López, que es dejar el arma muy tranquilamente en el piso sin ninguna preocupación porque la mujer lo viera y, dado que no sabía cuál de ellas iba a responderle, esa actitud las involucra a todas. Dicho en otros términos, es López y no la mirada o no mirada de la monja, el que da un indicio claro y contundente de que entre todos ellos había complicidad.

Seamos conscientes del tamaño del escándalo, no ya de López y sus bolsos. El de la justicia nada más simulando actividad; recordemos el allanamiento que se hizo una semana después, la excusa de no entrar al cuarto de una monja, que encima se certificó después que no era tan monja, porque estaba en clausura. Hablamos de una investigación judicial, de una acción detenida in fraganti, eso no fue otra cosa que la determinación de no investigar. Después el nombramiento del “investigador”, cuya única actividad fue lograr que los diarios titularan “La Iglesia investiga”. Por último la reunión del “Vaticano Group” auspiciada por el propio Bergoglio, información que nadie se muestra interesado en levantar o profundizar y, el final “feliz”, el cuento del propio Rafecas de las monjitas inocentes y el plan de López para involucrarlas. López es al final, un señor que perjudicó a la pobre Cristina Kirchner y a la Iglesia, posiblemente a sueldo de Clarín y Macri. Después dicen que los milagros no existen.

Ahora tratemos de interpretar al oficialismo y su vaivén entre el saibabismo y el maquiavelismo indolente. Hacer como que no pasa nada, hacer como que se hace lo que no se hace mientras no se suministra al público información sobre todos estos escándalos, dejándole la cuestión a jueces ya no de la servilleta sino de la caja de seguridad, cuando la materia involucra a la administración del estado que tienen a su cargo, algo mucho más cercano que el narcotráfico en sí. El final debería escribirlo Robert Louis Stevenson, a mi me excede.

El argumento mafioso contra el Impeachment contra Dilma Rousseff

El argumento mafioso contra el Impeachment contra Dilma Rousseff

El siguiente argumento es repetido como un mantra por partidarios de Rousseff y por comentaristas y periodistas: “Aquellos que juzgaron a la presidente de Brasil están tan comprometidos con las investigaciones de corrupción como la propia Dilma”, por lo tanto no pueden condenarla. Es completamente inválido. Lo mismo dicen cuando frente al latrocinio generalizado del kirchnerismo, se responde “Macri es igual”; respuesta sin sentido aún cuando la igualdad fuera cierta.

Lo asombroso es cómo se repite fuera de los sectores interesados y en mi opinión tiene que ver con la capacidad de difamación y castigo psicológico que ha desarrollado la izquierda, que hace que mucha gente con poco valor esté pensando todo el tiempo si lo que va a decir de algún modo la pone a merced de ese ojo censor. Lo que se conoce como “corrección política” que es el resultado de un acoso moral.

Es un argumento mafioso porque supone que deberían callarse o apoyarla los que son iguales que ella. Es como decir “son del mismo club” para justificar que sean tolerantes con los crímenes de un “par”. No se cómo descendimos al punto en que no se dan cuenta de lo que denota esa observación: Deben preservarse los valores de la mafia.
El juicio político por cierto no es bueno ni correcto por sí mismo, pero tampoco es un juicio penal. Los mismos que repiten el argumento mafioso en el día de hoy se encargaron de aclarar que el proceso contra Rousseff no se basaba en actos de corrupción sino en el desvío de partidas con fines partidarios. El primer error es pensar que corrupción es nada más llevarse dinero a casa, porque para la cultura latinoamericana el lucro es un tabú, algo que no se puede mostrar, mientras se relativiza cualquier acto delictivo que no implique eso. Un crimen no requiere quedarse con nada en lo personal. Ni siquiera el problema del robo es el “beneficio propio”, sino la violación de la propiedad. Desviar partidas por razones políticas es una forma de defraudación y es estrictamente un caso de corrupción, en tanto que esta palabra quiere decir “desnaturalización”, puede ser de la función o del acto. En este caso la función del presupuesto, un elemento esencial entre quienes están en el poder manejando fondos que no les pertenecen y la gente. Desviar fondos es apoderarse de ellos.

El segundo error es darle nulo valor a las investigaciones sobre Petrobrás al contexto del juicio político. Como en muchas investigaciones criminales cuando hay una multiplicidad de hechos, es válido elegir algunos que están más claros para llegar a una condena. Si este desvío de fondos no requiere una investigación ulterior, es un medio idóneo para juzgar a una presidente que además de malversar fondos, está involucrada como ex ministra del área en el escándalo de Petrobrás. Es decir, no es que el proceso no tiene nada que ver con ese caso. Lo mismo y tal vez de un modo más determinante, puede decirse de la recesión profunda que vive el país, forma parte fundamental de la situación de una presidente a ser responsabilizada por sus actos y errores. Son tres las motivaciones fundamentales de la destitución de la ex presidente, aunque en la condena se tuviera en cuenta una sola.

Distinto sería el caso si todo fuera inventado, que es el único punto aquí. Ni el argumento mafioso ni el pretendido divorcio de las otras dos cuestiones fundamentales, sirven para responder lo que habría que responder que es la realidad de las imputaciones. En la Argentina se vivió un proceso de juicio político que era una verdadera farsa contra la Corte Suprema. Los hechos invocados no tenían ninguna entidad y se basaban en el desacuerdo jurídico de gente bastante ignorante, sobre el cuál la Corte tenía la máxima autoridad y encima se los usó para condenar a los réprobos y no se les aplicó a los que seguían los criterios que interesaban al poder. El contexto que servía como motivación era imposible de invocar: el gobierno quería el control de la justicia para cambiar la jurisprudencia respecto del “corralito” y las causas sobre los hechos de la guerra sucia.

El juicio político es una bendición. Brasil lo ha utilizado dos veces para presidentes en las antípodas ideológicas. Una república y el poder en general requieren responsabilidad, es bueno que los presidentes, que son todopoderosos, se sientan vulnerables. Hay una versión hiperlegitimadora según la cual el resultado es malo porque contradice al voto a favor de Rousseff de la población. Primera falacia: no fue elegida para violar la ley. No hay pronunciamiento de la gente al respeto y los legisladores también fueron votados entre otras cosas para eventualmente llevar adelante un juicio político contra alguien obviamente votado. En segundo lugar, más importante aún, esa interpretación de una “democracia” como la selección de un dueño del país que no puede ser tocado, no vale nada. A los mismos marxistas que años atrás hablaban abiertamente de terminar con ella les encanta para llevar adelante dictaduras votadas de una población cautiva del populismo. Pero si esa fuera la democracia, habría que terminar con ella por ser el régimen más perverso de opresión imaginable. La opresión en nombre de los oprimidos.

Lo “académico”

Lo “académico”

Hay cosas que son académicas y cosas que no son académicas y esto es una realidad completamente nueva para mi. En mi juventud todavía existían los argumentos válidos y los inválidos y la gente podía ser más o menos inteligente, profunda, precisa. Lo más importante es que había ideas correctas o incorrectas o incomprobables. Ahora nada de eso importa ni existe más, porque todo es académico o no académico.

En el estado argentino hay un conocido decreto que lleva el número 333 del año 1985, dictado por Raúl Alfonsín, de “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativos”. Su objeto es reglamentar la forma de los documentos oficiales, resoluciones o decretos de los ministerios o el poder ejecutivo. Cuando trabajaba en la liquidación de empresas públicas había que preparar ese tipo de actos administrativos y todo debía pasar por el filtro del Decreto 333, que indicaba, indica en realidad porque está vigente, cosas como el tamaño del papel y los 0,6 gramos que debían pesar las hojas, y se detallaba con precisión milimétrica los márgenes, el lugar del encabezamiento, que los apellidos debían ir con mayúsculas en todas sus letras, etc., en una serie interminable de instrucciones que rara vez se conseguía cumplir, lo que provocaba que la Mesa de Entradas del ministerio frenara cualquier iniciativa, sin ninguna consideración por su urgencia o importancia. Se podía estar enviando fondos para atender un terremoto que la Mesa de Entradas rebotaba disposiciones que no se ajustaban al terrorífico decreto una y otra y otra vez. El mundo de lo “académico” tiene cosas muy parecidas a las del decreto 333, con sus normas sobre citas y su constante vigilancia acerca de que no se afirme nada que sea demasiado importante.

Académico es tener un grado, un título para hablar. Digo que es algo nuevo porque este término y el criterio que hay detrás, no se utilizaba, al menos no cerca mío, como criterio de seriedad y mucho menos de acierto. No creo que sea inocente, me parece que lo que se ve es un vaciamiento de contenidos que hace a los “académicos” proclives a aceptar las ideas “correctas” que un comisariato de lo que es debido está cuidando como a las verdades reveladas de una nueva religión. Abrumados por el lugar donde van las citas y la adaptación a un policía asignado como “director de tesis”, las ideas se vuelven demasiado etéreas para el trabajoso esfuerzo de adaptarse. Ese es el ambiente donde, pensaba Hayek, si el liberalismo ingresaba para exponer sus poderosas razones, el mundo cambiaría. Mi experiencia es ver cambiar a muchos liberales hacia la categoría de “académicos” que para poder decir cualquier cosa libremente, algo que valga la pena, tienen que salirse del ámbito “académico”, con el problema que trae eso en cuanto a que el control de la legitimidad de lo que dice, permanece y permanecerá para siempre en el comisariato. Mejor sonreír y decir poco. Ellos son los dueños de la marca, pero todos los que están adentro, sean adherentes entusiastas, de la crema del sistema o marginales, contribuyen a establecer que el templo de la validez y la autoridad, lo da la “academia”. No como el lugar donde estudiaron, sino la entidad, la élite que les vendieron como el reaseguro de sus privilegios, pero es la cadena de su esclavitud intelectual.

El fenómeno que se vive actualmente en las universidades norteamericanas, que suelen ser la antesala de lo que se copia después en el mundo, en cuanto a “limpiarlas” de ideas “impuras” para que la Universidad sea un “lugar sano” (o “seguro” según como se lo quiera traducir), la incorporación de departamentos de “diversidad” y toda esa cultura de izquierda manipuladora y estúpida, no encuentra contrincantes serios dentro, salvo profesores que excepcionalmente resisten algo un poco y mientras pueden. Porque una vez creada la autoridad del saber, la consagración política de la falacia de autoridad, ese poder sirve para lo que sirve el poder: para hacerse de recursos, concentrar las decisiones y tener la llave de entrada y de salida. La izquierda no es izquierda, esa es una palabra no académica, no se los puede ver, pero se cuelan todos sus criterios. Ese lugar del control es el preferido por el alma del mediocre.

Esta semana escuché tres veces el uso de esa palabra “académico” como sinónimo de “nosotros” y me doy cuenta de que es parte importante de la decadencia de los títulos como sistema de aprendizaje. No es que nunca hayan servido pero antes se los relativizaba, ahora son un absoluto. En mi juventud nadie se ocupaba de doctorarse en la Facultad de Derecho. No servía para nada más que para alimentar el ego de los “doctores”, lo cual ya nos parecía signo de poca inteligencia. Se escribía una tesis, que no es ninguna gran cosa, solo para obtener un trato de doctor. En general despreciábamos eso y probablemente haya sido una mirada un poco prejuiciosa, pero apostaría a que, al menos en mi facultad, quienes se interesaban por obtener el doctorado apuntaban más al narcisismo hueco que al conocimiento o al menos se sentían alimentados por esa palabrita “doctor” que los asemejaba a los médicos y que de cualquier manera por un criterio bastante absurdo de la Corte, se le aplicaba a cualquier abogado. Pero tampoco importaba, porque no agregaba el doctorado gran cosa a lo que se conocía sobre el derecho, mucho menos a la filosofía en la que se lo sustentaba que era lo más importante. Así que a lo largo de los años el acceso a la tesis se fue dificultando, agregando más y más requisitos y llenándolo todo de normas, para obtener el mismo resultado pero ahora bajo el designio de una élite burocrática repartidora de honores. Dudo bastante que ese tipo de control mejore el pensamiento o lo haga más riguroso.

El doctorado se convirtió en un pedestal y a su vez en un requisito para tener acceso a las cátedras. Se convirtió en el “certificado” que en los Estados Unidos se otorga como barrera de entrada hasta a los que quieren ser peluqueros. Un mundo gobernado por un gran decreto 333, que a a Alfonsín le hubiera fascinado. Ahora el doctorado es barrera absolutamente ineludible en el mundo de los que pueden usar la palabra “académico” como criterio de verdad. Lo peor es que lo “académico” es el lugar de los profesores, no de los alumnos, a los que debería dedicarse la academia. Fijémonos en esto, académico es sinónimo de escolar, pero nadie dice “esa cuenta que dice dos más dos es cuatro” no es “escolar”. Porque además de que a ese nivel parece que todos advertirían la falacia, escolar está demasiado bajo en la escala de prestigio construido como para ser útil a propósito alguno.

Todo me parece bastante absurdo pero lo grave es que me da la impresión de que lo mediocre ha ganado todas las batallas y que mucha gente inteligente alimenta al decreto 333 y le baja el precio al conocimiento, a la búsqueda de la verdad que no se de dónde sacaron que está dentro de la academia, que solo aporta los rudimentos de las cuestiones. En esa mediocridad florecerán los mediocres intra muros, los saca codos y es un lugar poco propicio para el pensamiento libre, porque en primer lugar está mal visto que sea libre, porque no es “académico”. Eso han conseguido. No veo cómo puede florecer la libertad donde todo está así de controlado, lleno de sellos, títulos y citas según métodos reglamentarios.