SI LA ARGENTINA ESTÁ CONDENADA AL ÉXITO, DUHALDE LA QUIERE INDULTAR (Febrero 2002)

Semanario Urgente.

SI LA ARGENTINA ESTÁ CONDENADA AL ÉXITO, DUHALDE LA QUIERE INDULTAR
— POR JOSÉ BENEGAS

Ante un país que se hunde en el mar de la anomia, el alfonso-peronismo se apresta a asaltar el Palacio de Justicia al mejor estilo nacional socialista, en nombre de los ‘sanos sentimientos’ del Pueblo argentino.

Son esos ‘sanos sentimientos’, que en la Alemania nazi servían de fundamento al sistema penal y a la represión estatal, los esgrimidos, con otros nombres, contra la Corte por las hordas ‘cacerolistas’ y los grupos de abogados laboralistas que protegen, por vías torcidas, sus intereses pecuniarios. Ellos son el fundamento real por el que la policía política representada por el progresismo mediático y parlamentario se propone otorgar a la alianza gobernante la suma del poder bajo la mascarada de un juicio político.

Los jueces con los que reemplazarán a los actuales, son jueces amigos, cercanos, que ya han prestado servicios a la causa proletaria y a la cruzada ‘antimenemista’ (lo que para ellos es, lo más sano entre los sentimientos nacionales).

Son el tipo de jueces a los que llaman ‘independientes’. En cambio quienes no les responden, ni convalidan los procedimientos de ajusticiamiento de sus adversarios; los que cometen el atrevimiento de resolver de acuerdo a derecho aunque beneficie a los réprobos preestablecidos y quienes tienen supuestas simpatías con gente antipática para el poder; vendrían a ser para nuestra política bizarra los dependientes.

La población ignora por completo los motivos y aspiraciones de la cosa nostra política para quitar a los jueces que no les responden del medio y es conducida como ganado por las campañas oficiales de desinformación y distracción.

Un día la víctima son los banqueros, otro día los comerciantes, otro día las empresas privatizadas, otro día los que saltaron el ‘corralito’ y otro las instituciones más básicas de la República, como la Corte Suprema de Justicia.

Sin saber siquiera quienes son los ministros de la Corte, ni qué hacen, ni qué espera la Constitución de ellos, ni de qué se los acusa, muchos de los golpeadores de cacerolas colaboran mansamente con la destrucción del último resguardo que les queda en la protección de sus derechos y de sus garantías.

Un día protestan porque la propaganda oficial dice, falsamente, que convalidaron el corralito, y cuando se enteran de que lo declararon inconstitucional protestan porque se supone que atentan contra la subsistencia del sistema bancario (¿cuál sistema bancario?), aunque los bancos eran supuestamente los depositarios de todo el mal habido en el país y maléficos aliados de anteriores gobiernos a los que el actual venía a abandonar.

Y si no protestaran ya por eso, lo harían por otra cosa; prenderían la televisión para notificarse de contra quién tienen que despotricar hoy.

La actual Corte es producto de un pacto sellado entre el propio Alfonsín y Menem en 1994, denominado Pacto de Olívos. El radicalismo ‘progre’ sostenía que debían hacerse cambios en el máximo tribunal para otorgarle credibilidad. Lograron su propósito pero parece que lo que era creíble en ese entonces ya no lo es; y entonces la Corte no cuenta más con el aval del señor Alfonsín, que vendría a ser algo así como el máximo exponente de los ‘sanos sentimientos’ del Pueblo argentino.

Duhalde, quien fue partícipe al haber apoyado y convalidado el Pacto de Olivos, no aprueba (él cree que debe aprobarlo) que esta Corte haya declarado ilegal el procedimiento que llevó a la detención de su archienemigo Carlos Menem, con todo el esfuerzo que él había hecho para que eso fuera posible.

Cualquier cosa que se oponga al poder de Alfonsín, a los deseos de Duhalde o a ‘la Verdad’ representada por la señora Carrió, resulta automáticamente ilegal, no independiente, corrupto e inmoral.

Estas tres voluntades unidas al periodismo ‘progre’ y a las empresas periodísticas que hacen negocios con el Estado conforman la nueva religión nacional y a cuyo son parece que deben desenvolverse las instituciones bajo pena de ser arrasadas. El que no se adapte es un corrupto, un gusano que debe ser aplastado. Los intereses políticos de esa entente son el único Derecho vigente.

Padecemos un gobierno provisorio que no cuenta con legitimidad electoral, que fue seleccionado por ser lo más representativo de la clase política que a su vez se encuentra completamente divorciada de la gente. Ese gobierno conduce los destinos del país liberado del control parlamentario gracias, a las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso. A su vez, mediante incentivos, extorsiones y amenazas ha concentrado la información y logrado una prensa tan obediente y oficialista como no se recuerda en la Argentina, a pesar de toda la tradición que tenemos en la materia.

Como corolario de este proceso de feudalización política, asistimos a esta forma tan grave de golpe de estado que es el descabezamiento del Poder Judicial con un doble juego. Por un lado se recurre al hostigamiento mediante hordas callejeras y mediáticas que ni los gobiernos militares se atrevieron a utilizar y por otro a un aparente juicio político que no es tal porque la sentencia final ya está dictada. No existen garantías en la Argentina para la celebración de juicio político alguno contra los jueces de la Corte.

Si el gobierno se sale con la suya podrá disponer a diestra y siniestra (sobre todo a siniestra) que hacer con nuestro patrimonio sin ningún control parlamentario ni judicial. Podrá hacernos ricos o pobres según encajemos día por día en el grupo de beneficiarios del terrorismo normativo al que ya nos ha acostumbrado.

Estamos sometidos a la política de la hoguera, que subsiste consumiendo todo lo que haya su alrededor: banqueros, empresarios exitosos, empresas privatizadas, adversarios políticos y ahora el Poder Judicial. Habrá que preguntarse que seguirá cuando consuma a todos los conspiradores que ha creado la propaganda sin escrúpulos adquirida en Brasil.

¿A qué enemigo recurrirá el gobierno una vez que acabe con la Corte Suprema de Justicia? Tal vez seamos los ciudadanos que traicionamos al país comprando dólares porque somos tan egoístas que no nos gusta que el Estado nos asalte.

Lo que es indudable es que es un proceso que se retroalimenta y necesita cada vez dosis más grandes de violencia y atropello para subsistir. Tal vez fusile en la plaza pública a algún banquero que tienen prisionero con ayuda de nuevos amigos que tiene en la Justicia para alimentar teorías conspirativas que expliquen su fracaso. Ese sistema institucional que se está instalando a paso redoblado recibe por nombre totalitarismo.

El señor Duhalde afirma ahora, acompañado de nuestra aprendiz de Robespierre, la señora Carrió, que la Corte intentó ‘chantajearlo’ con el fallo en el que declaró la inconstitucionalidad del llamado ‘corralito’. Pero es solo una afirmación de quienes han mentido demasiado, y que ni siquiera sirve para rebatir la solidez que de manera unánime se le reconoce a la sentencia.
Si por casualidad o por un milagroso despertar de la conciencia republicana la Corte perviviera a esta andada de incivilización, habremos dado un paso a favor de la institucionalidad, estableciendo un antecedente con efectos beneficiosos.

En cambio si, como parece, la desaparición de la Justicia se concreta por cualquier método que les resulte útil, nos preguntaremos si a esa cita que efectuara el Presidente respecto a que “la Argentina está condenada al éxito” no habría que completarla con la obsesión de este gobierno por indultarla.

— ® José Benegas, febrero de 2002, Argentina.

El viejo

El anciano juez fue bajado del auto por dos jóvenes de al rededor de 25 años con remeras de La Cámpora. Estaba desnudo. El cuerpo encorvado y frágil dejaba ver el contorno de sus huesos. Los ojos húmedos reflejaban algo más que temor por lo que estaba por vivir; se notaban capturados por una profunda e irremediable tristeza. El pelo se le iba sobre los ojos pero no podía arreglarlos porque las esposas se lo impedían. Se lo condujo al escenario montado especialmente en la Plaza Néstor Kirchner (ex Plaza de Mayo). Los concurrentes gritaban excitados consignas como “Legítima justicia, el pueblo te propicia”, “estos son los pibes de la revolución” y “Néstor no murió”. El crimen del juez había sido precisamente no morir cuando la presidente necesitó su lugar en la Corte para colocar a su nieto, quince días atrás.

Mientras lo ataban a los engranajes del potro armado en forma vertical para que todos pudieran ver al Pueblo haciendo justicia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional. Al gritar la muchedumbre la estofa que dice “oh juremos con gloria morir”, la excitación se potenció, la gente levantaba el brazo izquierdo con el puño cerrado y ponía un énfasis mayor al cantar. Después corearon “viejo hijo de puta”, una y otra vez.

“Señor procesado ese es el Pueblo”, dijo el joven ministro. “¿Acepta usted que su mandato ha terminado pues los legítimos representantes populares lo han determiando?” Acercó el micrófono a los labios del juez, quién levantó la cabeza para mirar al ministro a la cara e intentó escupirle, pero no tuvo la fuerza para alcanzarlo.

“Como así no lo habéis hecho, la patria te lo demanda”, gritó mirando a la gente. Hizo una señal y otros dos integrantes de La Cámpora comenzaron a girar la rueda.

Se sintieron los quejidos del juez, que luego se convirtieron en un grito ahogado y en espasmos. Su ojos se dieron vuelta hacia atrás y ya parecía inconsciente cuando su brazo derecho se desprendió porque no se le notó reacción. El brazo suelto chorreaba abundante sangre y se produjo un silencio en el que no se oían siquiera las respiraciones de los asistentes. La pierna izquierda se separó de inmediato, expulsando más sangre, como una explosión que manchó a las personas de la primera fila que se limpiaban con desesperación y escupían el líquido que les había ingresado a la boca. Algunas personas miraron a su alrededor, buscando referencias sobre cómo debían reaccionar. El ministro quebró el silencio al comenzar a aplaudir. Poco apoco lo fue siguiendo el resto de la gente.

“Tenemos otra vacante en la Corte” certificó el médico poniendo sus dedos en la carótida del magistrado. Se puso a saltar y a gritar “legítima justicia, el pueblo te propicia. Se agachó para mojar sus manos en la sangre, y salpicó al público agitándolas. El ministro festejaba la ocurrencia con la mirada desorbitada. Todos eran uno ahora que el juez no estaba más y gritaban con la consigna del escenario, más fuerte aún que al comenzar.

“Conmociona al mundo el fallecimiento del juez” tituló el diario más vendido. Su principal columna de opinión señalaba que “La presidenta tiene que darse cuenta de que no puede tener ministros así, que desprestigian a su gobierno”. En la radio por la mañana se oyeron más críticas: “Este gobierno no tolera a la gente que piensa distinto”, “así no es una democracia verdadera”, “casi parecen el gobierno de los noventa”, “ejecutar jueces no es de izquierda, le están haciendo el juego a la derecha”.

Algunas voces más moderadas destacaron que el país vivía una gran división entre los que apoyaban la ejecución y los que estaban en contra, como si no pudiera haber posiciones más objetivas y equidistantes.

Una cláusula constitucional

Un proyecto de Constitución redactado por mi, contendría esta cláusula:

No pueden votar:

1. Los empleados públicos ni los funcionarios o magistrados o cualquiera que se encuentre a sueldo de la nación.
2. Los accionistas, directivos o empleados de empresas contratistas del estado.
3. Quienes reciban subsidios, dádivas o beneficios a cargo de la nación, hasta cinco años después de haberlos recibido.
4. Cualquier tipo de empresa o individuo que propague publicidad oficial paga, ni sus directivos o empleados.
5. Los cónyuges o parientes en primer grado de quienes se encuentran comprendidos en las categorías anteriores.

Elijan de qué lado quieren estar. Hay una incompatibilidad ética evidente.

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