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Los abusos de la AFIP, Lorenzetti y la Cuarta Enmienda

Parece una ironía que el titular del cuerpo del Estado encargado de velar por las garantías de las que gozan los habitantes del país, se manifieste víctima de un acto extorsivo por parte de la AFIP después de diez años en los que estos episodios se han hecho rutina. Sería igual de paradójico que un comisario asaltado en plena calle. La Corte tiene a su cargo velar por la constitucionalidad del accionar estatal igual que el comisario cuidar nuestra seguridad.

La agencia que dirige el señor Etchegaray contestó del modo en que siempre justifica el uso arbitrario de sus poderes contra disidentes, molestos y competidores: se trata de la rutina de su trabajo de recaudación.

La llave de la solución de este problema la tiene curiosamente la Corte, pero no defendiéndose en lo personal, sino reafirmando las garantías constitucionales explícitas e implícitas en nuestro sistema constitucional en beneficio de todos nosotros.

Si la AFIP o cualquier organismo estatal tienen derecho a investigar a cualquier ciudadano porque si, entonces determinar cuándo lo hacen como venganza o intimidación requiere un juicio sobre las intenciones, la prueba de cuyos presupuestos es imposible y no puede ser puesta a cargo de los ciudadanos indefensos.

La clave la da la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que establece:

“El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil…”

Las garantías solucionan el problema de la prueba de las intenciones dejando fuera de toda posibilidad el abuso de poder. Se prohíben los allanamientos sin orden judicial, no porque todo allanamiento pueda estar motivado en violar derechos de las personas, sino solo porque ese poder abre la posibilidad a la indefensión del ciudadano y se quiere evitar que siquiera sea posible.

La Cuarta Enmienda, una de las diez aprobadas dos años después de la sanción de la Constitución de Estados Unidos a propuesta de James Madison, protege contra el arresto y la investigación penal arbitrarias. No puede haber una investigación que no se base en un “motivo verosímil” (“probable cause”). Debe haber algún elemento que permita al agente público entender que se pudo haber cometido un delito y a partir de ahí iniciar su trabajo. Está vedado en particular que el motivo de la investigación sea la persona en sí. La garantía consiste en que nadie puede ser puesto bajo vigilancia para ver si se le encuentra algo, lo que es una derivación del principio de inocencia y una razonable limitación a los funcionarios públicos para que no usen su poder con fines propios. Si esta prohibición se violara, cualquier elemento incriminante que se obtuviera en la pesquisa sería nulo.

Las investigaciones de la AFIP conducen directo a la aplicación de la ley penal tributaria, sus “salidas de pesca” sobre opositores, molestos, pero también sobre cualquier ciudadano al azar, tendrán consecuencias penales eventualmente. Además de afectar el derecho de propiedad.

Sumemos la arbitrariedad en si de la legislación y la regulación tributaria, entonces llegaremos al fondo del problema, que es que no solo Lorenzetti y los disidentes están en peligro, sino cualquier persona bajo una forma de privación permanente de los derechos ciudadanos en función de la “santa recaudación”

Por aplicación del principio de la Cuarta Enmienda, absolutamente compatible con el espíritu de nuestra propia Constitución inspirada en la norteamericana, la AFIP no debería contar con la facultad de realizar las llamadas inspecciones integrales solo para ver si que encuentra o de modo preventivo de infracciones. Una inspección impositiva debería estar justificada en un “motivo verosímil” en el sentido de que se hubiera producido una ilegalidad frente a una inconsistencia o una denuncia proveniente de un denunciante indentificable y responsable frente a lo que denuncia. Porque tampoco superaríamos la cuestión con un militante de la Cámpora denunciando o un anónimo.

El Estado solo puede hacer ese tipo de controles al boleo en sus propios organismos (donde no lo hace), como un método para controlar en qué se van los impuestos que nos hace pagar. Eso es lo coherente con nuestra calidad de ciudadanos y la de los funcionarios públicos de servidores nuestros.

Pero mientras se permita que rija la doctrina de la “santa recaudación” bajo la cual cualquier arbitrariedad es admisible para que la caja estatal siga llena, no se va a resolver el problema de las supuestas extorsiones caso por caso.

La responsabilidad principal está en los jueces, pero también está en manos de los legisladores limitar los poderes de la AFIP en consonancia con el espíritu de nuestra Constitución Iiberal. De otro modo este gobierno podrá pasar, pero quedarán intactos los mismos mecanismos perversos para que los usen otros abusadores.

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Tenemos un problema

Tenemos un problema. Parece que lo único que da vergüenza en la Argentina es no ser kirchnerista. Así de enorme es ese problema.

Hasta ahora teníamos una facción agresora que se adueña de todos los recursos y de todas las instituciones descalificando y deslegitimando a quienes están afuera. Su contraparte era el amplio espectro del partido de la buena onda, que abarca a distintas etiquetas (PRO, Radicalismo, FAP, etc). Unidos por cosas como “el futuro”, “la gestión”, “el rol del estado” y “el reparto de la riqueza”.

¿Estaban en contra de la agresión oficial? No, para nada, ellos no están llenos de odio. Todo lógico, si te quejás de estar a disposición de los caprichos del poder ¿qué es lo que te pasa? Tenés odio, casi que deberían internarte. Por suerte estaba toda esa gente sana que no era como vos, un obsesivo anti K.

El oficialismo también criaba algunos especímenes del partido de la buena onda. El gobernador Scioli se ha caracterizado por recibir con sonrisas y gestos de sometimiento cada una de las operaciones para destruirlo. Como si un gobernador fuera una especie de cristo, nos estuvo convenciendo de que su obediencia era una especie de sacrificio por los habitantes de la provincia de Buenos Aires ¿Se estaba agachando? ¡No! Era un acto heróico.

Tenemos la suerte de que el kirchnerismo está en pleno suicidio. Es tal la falta de límites que ha encontrado la locura que saltar al precipicio es la  única audacia que les queda por exhibir. Es entonces que el propio gobierno crea una oposición entre los que no eran opositores, dado que entre estos nadie quería el lugar de contrincante salvo cuando recibían algún golpe ellos mismos. Nunca en defensa de la gente. Eso los hubiera mostrado con odio, que como hemos visto es el problema principal que tenemos: los malos sentimientos y no la causa evidente de ellos.

Así llega al escenario don Sergio Massa con el partido que está a favor pero no es oficialista y está en contra pero no es opositor. Que está en el medio entre la facción agresora y los que no son anti; es decir en el medio entre el gobierno y el medio.

Ya aclararon que no quieren ser tan extremistas como De Narváez.

Afuera del país se preguntarán sobre el fanatismo anti K del “colorado”. Les aclaramos, no se trata de un líder guerrillero trosko, no pone bombas, ni siquiera pide la renuncia de la presidente. Tampoco está en contra de las estatizaciones, ni del intervencionismo económico. Es decir no es un loco neoliberal que cree como la Constitución que la guita de la gente es de la gente y no de Moreno. Es nada más que un aliado del gurú de la buena onda Daniel Scioli. Lo que pasa es que dijo en un aviso algo muy pero muy fuerte. Es más, no se si repetirlo, me da miedo que la CIA que espía todo lo que hacemos pida mi extradición. Pero en fin, voy a repetir las expresiones extremistas de De Narváez: dijo “ella o vos”.  Si, perdonen por la crudeza. Cuando Massa vio ese aviso se tuvo que ir un fin de semana a un SPA.

Impresionante de fuerte ¿no? Felipe Solá no quiere ser tan extremista. El inclusive tuvo una epifanía oficialista al otro día de las elecciones del 2011. Se le pasó un poco ya. Por eso nos cuenta el exitosísimo ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires que Massa rechazó al terrorista pelirrojo cuando quiso entrar a su lista.

Lo que complica nuestra geometría es que el aliado del terrorista, Scioli, ya aclaró que él (que no estaba en el medio antes, lugar del partido oficial de la buena onda), tampoco está en el medio entre los del medio y el oficialismo (lugar de Massa), sino en el medio entre los que están en el medio entre los del medio y el oficialismo.

Ahora aguardamos a los que se colocarán en el medio entre Scioli y el kirchnerismo, unos más moderados todavía, cuya descripción requerirá una larguísima oración.

Entonces cuando uno repasa todo esto y recorre los análisis de los bienpensantes, que siempre hacen gala de estar en el medio de todo y de mostrarse impasibles ante cualquier horror o se entera de que todas estas posturas son consecuencia, se supone, del cálculo científico de los consejeros políticos que cobran fortunas, la conclusión es obvia. Este país se ha vuelto completamente pelotudo.

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República, el paradigma contaminado

La Corte Suprema de Justicia así como está es hoy la piedra fundamental en la que descansa lo que queda del sistema republicano. Amenazada sin vergüenza por el gobierno que la invita a ser “prudente”, léase, a  no contradecirlo tanto en su plan de pervertir y someter al Poder Judicial. Pero aunque decida pronunciarse por la clara letra constitucional en el caso de la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, vendrá un asalto tan anunciado como aquél golpe de marzo de 1976. Esto es el desbaratamiento de la Corte Suprema “imprudente” disponiendo un aumento de sus miembros y nombrando jueces militantes, lo que convertirá a lo que queda de Constitución en letra muerta.

Esto en el país en el que todos se cuidan de no decir cosas feas y de respetar lo irrespetable, porque años de corrupción de la dineraria pero sobre todo de la otra, han dejado una versión de “prudencia” muy imprudente que se confunde con complacencia y complicidad. Ese es el llamado al Poder Judicial: sean tibios. Y no es que a nuestros jueces les falte vocación.

En su última etapa de avance el kirchnerismo se ha ido haciendo cada vez más obvio, pero en su obviedad no siempre encuentra respuestas de fondo. Es como un virus atacando a un cuerpo listo para recibirlo.  Puede que parezca que de tan burdo lo de la “democratización de la justicia” los jueces están despiertos o a punto de despertarse de la siesta del relato, pero aún queda el desafío que el virus les va a presentar. Esto es, entender a la constitución como portadora de un sistema de valores o apenas como el manual de instrucciones de un aparato cuyo funcionamiento no se entiende que los encontrará sin respuestas en la próxima etapa.

Para lo último se han formado generaciones de abogados y magistrados en el positivismo jurídico cuando se lo interpreta, es decir como el permiso para no justificar, como la liberación del problema ético (y la ética encima interpretada como un “ser mansito”).

El positivismo jurídico reduce el problema de lo que es legal, a la lectura de las decisiones políticas emanadas del Congreso, o inclusive de la Constitución como mero código. Esto significa que todo lo que salga del Congreso es obligatorio, legal y (acá viene la trampa), justificado por si mismo. En realidad su mentor Hans Kelsen no pretendía justificar nada, sino crear una (fallida en mi opinión) teoría pura del derecho. Sin moral, sin filosofía, sin justificaciones.

Así han sido durante décadas los fallos y también las peticiones de los abogados resignados a vivir en un sistema autómata; lectores de artículos de códigos a los cuales obedecer, filosofando sobre la fatuidad más aplastante que se pueda imaginar, preguntándose de mil maneras “qué es” la cosa intrascendente que un legislador demagogo ha plasmado en la letra de un bodrio llamado con generosidad “ley”, publicado en el boletín oficial.

Ese esquema positivista alcanza para juzgar como inconstitucional la pretendida elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Leen la Constitución, leen la ley y la contradicción es evidente. El positivismo jurídico les dirá que la norma superior ha sido contradicha por la inferior.

¿Qué es lo que no podrán contestar por esa vía? Pues el aumento de miembros de la Corte o la creación de cámaras de Casación para pasarse el sistema por donde les parezca. Porque resulta que la norma superior no se opone a tal cosa en su letra.

Para entender el problema con ese próximo asalto a la Constitución se debe apelar al sistema de valores implícito en la Constitución, lo que se llama su espíritu. Que no es que está fuera del ámbito jurídico, sino que es su parte más importante. Una república no es una máquina de producir decisiones políticas en cualquier sentido.

En paralelo a este proceso legal se desarrollo una suerte de versión desalmada de república, formalista, apenas cívica y tonta. Una república sin libertad. Acá viene el escándalo, una república sin liberalismo. Que es lo mismo que una lamparita de Edison sin electricidad. No se dividen poderes porque sea divertido o más lindo que un solo poder. Sólo se lo divide para debilitarlo, para someterlo a una competencia interna y a controles contra la arbitrariedad, a favor de los derechos individuales que son un componente esencial del sistema. No se puede ser republicano y creyente en el beneficio universal del estado. Eso es una ridiculez que es la gran oportunidad que vinieron a explotar nuestros tiranos del momento.

Si el estado es tan maravilloso para qué tenemos jueces independientes, tendrá razón Pichetto, aquél que eligió la mayoría para proveerle felicidad no tiene que ser molestado. Ni por los jueces ni por la prensa por cierto.

No es casual que nos haya ido tan mal y nos haya salido después de tantos resfríos el virus del Ebola. Los que se identifican con el sistema republicano y con el sistema de valores que sostiene son en nuestro sistema una minoría tan ínfima que no juegan ningún papel, más que el de predicar en el desierto.

Han hecho los K y los no K de una licuadora una máquina de lustrar zapatos. O lo que es lo mismo, de una república, un “estado de bienestar” o un sistema de reparto de riquezas, o de juzgamiento de intenciones, de control del comercio, de la industria, de la palabra. Y ni siquiera advierten los segundos la relación entre las cadenas a las que adhieren y la falta de libertad que ha hecho que el kirchnerismo avanzara en su totalitarismo casi sin sangre y sin protesta, imponiendo un miedo que no se compadece con amenazas reales del poder pero si con la dependencia económica agobiante.

Mi advertencia ahora no viene como reivindicación general de esos valores, es solo una alarma porque los repúblicos estatistas y positivistas no tienen las herramientas para juzgar lo que se viene, así como los tibios no las han tenido nunca para entender que lo peor del kirchnerismo fue el principio y no este final obvio.

La única forma de declarar inconstitucionales el aumento oportunista de los miembros de la Corte (así como la verdadera inconstitucionalidad de la ley de medios), es poner sobre la mesa los valores que en el fondo han condenado por sus privilegios. Estos derivan todos de la palabra “libertad”.

No se puede aumentar ahora el número de miembros de la Corte para nombrar militantes porque ese propósito siguiendo la línea histórica de los acontecimientos, las actitudes y el marco general, está sólo hecho para terminar con la independencia del Poder Judicial que protege nuestra libertad y para eso no hay ley formal que pueda estar por encima de los fundamentos y motivos últimos de la Constitución. No importa que haya pasado por todos los pasos reglamentarios que la letra de la propia Constitución.

La Constitución es un sistema que no empieza sino que termina en su letra y en todas las prohibiciones que le siguen en consecuencia. Empieza si en la rebelión de los sometidos, los privados, esos a los que se denomina con una palabra ya estigmatizada.

Es esto lo que los constituyentes pusieron sobre los hombros de los ministros de la Corte. Pero también de los ciudadanos. Y hay unos ciudadanos dedicados a la política que han asumido mayores responsabilidades que el resto.

Estar a la altura no se nada más que un problema de ánimo. A veces depende más de entender. Nada nos puede indignar si no hay dignidad. Y no hay dignidad sin los juicios de valor, que en nuestra cultura autómata han sido convertidos en desviaciones.

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¿Qué cosa es la seguridad de los Estados Unidos?

“Aquellos que pueden dejar la libertad esencial por obtener un poco de seguridad temporal, no merecen, ni libertad, ni seguridad.”

Benjamín Franklin

 

En la saga de La Guerra de las Galaxias se entiende mejor el conflicto entre libertad y seguridad que en el debate público actual a partir de la revelación de la vigilancia del gobierno sobre las actividades de la población en Internet. Y no me refiero al programa de defensa estratégica del ex presidente Reagan, sino a la película de George Lucas.

Bien a tono con la frase de Benjamín Franklin, Lucas muestra cómo el guardián esgrime el temor al enemigo como medio para fortalecerse y llega a convertirse en el verdadero peligro. Para que ese proceso ocurra siempre debe forzarse la situación de elegir entre el abismo y el quebrantamiento de los derechos individuales.

El principal peligro del terrorismo es precisamente ese y no las explosiones. Los atentados no están destinados contra las víctimas directas sino contra los sobrevivientes. A ellos se los quiere poner ante la única situación en la cual estarían dispuestos a abandonar sus principios y el ideal de libertad bajo el derecho, que es el principal obstáculo con el que se encuentran los que utilizan el terror como método de imponerse.

No es que el dilema no exista y si hablamos de ficciones basta ver el modo en que el cine de Hollywood y las series actuales tratan el problema en la actualidad con cierta comprensión hacia un poder establecido que se salta sus propias reglas y a la vez una cuota importante de desconfianza hacia los organismos públicos en los que antes sólo había héroes.

El problema de los Estados Unidos con el terrorismo no es nuevo. En América Latina el terrorismo ya produjo su daño treinta años atrás. En cierto punto el Departamento de Estado entendió que ninguna situación por amenazante que fuera podía justificar quebrantar los derechos fundamentales de las personas. En tiempo de James Carter esa política fue central en la relación con América Latina.

Ahora nos encontramos con denunciantes como el señor Edward Snowden, tratados como “enemigos públicos” por develar que la población se encuentra bajo vigilancia en sus comunicaciones en función de la seguridad nacional y en el marco de la Patriotic Act. El señor Puttin cuyo respeto a la libertad individual deja mucho que desear, se da el lujo de burlarse de los Estados Unidos ofreciéndole asilo a Snowden, del mismo modo en que Estados Unidos asilaba a los disidentes soviéticos en el pasado.

Habría que pensar en que consiste velar por la seguridad de Estados Unidos. ¿Es Estados Unidos otra cosa que su Constitución, su sistema de vida, los valores defendidos por los padres fundadores? No se debe confundir eso con el estado norteamericano, ni con la mera preservación de la integridad física de la población. Aquí reside el verdadero dilema.

¿Nos meteríamos en una celda para quedar a salvo de los asaltantes de la calle? La decisión que hay que tomar y por la que debería girar el debate es si la libertad vale o no más que la vida. Eso parece indicar casi toda la historia de los Estados Unidos. Basta recorrer la ciudad de Washington DC para verse abrumado por la conmemoración a millones de muertos que ha dado este país en función de una idea tan poderosa y simple como la libertad individual.

Por eso es dramático que el señor Snowden tenga que decir que nunca más se sentirá seguro por haber abierto la boca para preservar los derechos de todos los que se encuentran bajo vigilancia. Entonces lo menos que podemos decir es que no está tan claro quién defiende la seguridad de los Estados Unidos y quién la amenaza.

Ayer aclaraba este ex empleado de la CIA que en el futuro el “Estado vigilante” superará la capacidad del pueblo norteamericano de controlarlo “y no habrá nada que la gente pueda hacer llegado ese punto para oponerse a él. Y habrá una tiranía llave en mano”.

Otros están pensando en como limitar la capacidad de la prensa de difundir secretos catalogados como “de estado”, pero no solo los periodistas no son agentes públicos y los secretos han dejado de ser tales desde el momento en que les llega la información, sino que este tipo de medidas son por completo contraproducentes. Si algo se filtró de la oficina pública encargada de resguardar cualquier información, lo peor que podría ocurrirle al gobierno es no enterarse, sobre todo si no se entera por las restricciones que le impuso a quienes deberían informarlo. Si hay una falla de seguridad, esta en realidad queda revelada y expuesta gracias a la prensa y lo mejor que puede pasarle a un gobierno es que sus periodistas cuenten cosas al público, en lugar de que se las enteren en silencio sus enemigos ¿Qué cosa no puede lograr un espía que si pueda lograr un medio de prensa?

Lo más importante es estar muy atentos a los principios y valores en juego, para que el terrorismo no logre su principal objetivo que es que nos parezcamos a ellos. Porque si todo es igual el único orden subsistente es la ley del más fuerte, que es el terreno en el que se sienten más cómodos.

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Estado de derecho, declaraciones juradas y el artículo 18 de la Constitución

Sin que esto sea un presagio, es muy probable que la Cámara de Apelaciones de Nueva York falle a favor de la posición argentina. Pero no por cuestiones de derecho, sino porque en materias que involucran la supervivencia estatal y la “santa recaudación”  la justicia de todos los países, empezando por la de Estados Unidos, ha restaurado la doctrina de la razón de estado con otros nombres. La protección a un interés que se considera fundamental bajo el pensamiento catastrófico colectivista es ya una rutina cuya primera gran manifestación ocurrió después de los cambios en la Corte Suprema hechos por Roosevelt y el apoyo obtenido a la Wagner Act y a la Social Security Act en 1935.

El estado siempre avanza invocando peligros, nunca habrá un reconocimiento del deseo de aumentar el poder y usarlo contra los ciudadanos. Aunque en realidad importa poco la intención y mucho el efecto, que es la entrega de capital (bajo la forma de principios institucionales) en función de una emergencia en general causada por un abuso previo, bajo la exhibición exagerada del costo de no quebrantar las normas con una omisión completa del costo de abandonarlas. Manifestaciones más recientes de esta tendencia republicida las encontramos en la Patriotic Act de Bush y en general las intervenciones para salvar al sistema bancario cuando las fiestas keynesianas atribuidas a la falta de fiestas keynesianas ponen a la economía entre la espada y la pared, según lo ven los propios keynesianos.

Así se fue creando la doctrina de la “santa recaudación”. Con tanta emergencia que el estado continúe funcionando sin privaciones se transforma en fundamental. En una visión autoritaria lo que nos aqueja es la incertidumbre y en esa incertidumbre el hombre pecador hará cosas por si mismo en contra de los demás, salvo que ese hombre sea un político en cuyo caso actuará como un benefactor. Y no importa que no hayamos pasado por la experiencia de conocer un político benefactor, lo importante es no abandonar la fe, para no enfrentar el vacío. Un vacío provocado por el miedo irracional a esa incertidumbre, producto de una impotencia previamente plantada por doctrinas autoritarias. Así el estado cumplirá el rol del gran tranquilizador.

¿Qué no haríamos entonces para mantenerlo tranquilo a él? Esta es la inquietud que reemplazó a la preocupación por la seguridad, el patrimonio, la tranquilidad y la privacidad del ciudadano, cuyas emergencias no importan, salvo que permitan aumentar el gasto público internalizando el poder político los beneficios del pánico. Ante cataclismos económicos, por tal motivo, ningún salvador propondrá dejar de cobrar impuestos por un tiempo. De ninguna manera, hablábamos de emergencias que dieran protagonismo al estado, no que se la quiten.

Todas estas aclaraciones en realidad las hago para preparar el terreno para el propósito de este artículo, que es señalar la inconstitucionalidad de casi todo el sistema impositivo argentino. Porque si hubiera empezado así el mecanismo del pánico a que el estado se quede sin plata primaría sobre cualquier principio. Entonces al principio se le llamaría fanatismo, salvajismo, o cualquier otro ismo que permita dejar de lado la racionalidad. Y no es que crea que con esa introducción habré despejado el pánico, pero me atajo por si acaso.

En efecto, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece garantías elementales de protección a la libertad del ciudadano, porque para nuestro estatuto fundamental la cuestión de seguridad prioritaria es la de la libertad del individuo. Si el estado está para protegerlo, en ningún momento se podrá justificar amenazarlo.

Una de tales garantías es la que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” ¿Cuándo? Nunca ¿En qué circunstancias? En todas ¿Y si hay una emergencia? Pues todas las garantías suponen emergencias frente a las cuales hay que poner cerrojos que impidan al estado avanzar bajo tal pretexto. Nunca se supone que el estado no va a necesitar hacer tales cosas, sino lo contrario, como se sabe que lo necesitará se lo prohíbe.

Un ejemplo de la aplicación de esta prohibición ocurre todos los días en los tribunales, cada vez que un individuo es sometido a una declaración indagatoria. En tanto sus manifestaciones podrían usarse contra él, no está obligado a declarar, esto es no puede recibir ningún castigo por callarse la boca. Ni siquiera tiene obligación, si declara, de decir la verdad. Estamos hablando de gente que pudo haber cometido cualquier tipo de crimen, aún así se lo protege en el sentido de que se acepta que tiene el derecho a defenderse y que es problema del estado lograr probar algo en su contra sin su ayuda o colaboración.

Sin embargo parece que en nuestro sistema jurídico liberado de la Constitución hay cosas que son más graves que un homicidio, un secuestro extorsivo o una violación, como no mantener al propio estado como el estado quiere. La doctrina de la santa recaudación hace que con el actual nivel de gasto en todos los países el fisco necesite transferir la responsabilidad de determinar los impuestos sin límite a la propia víctima. Entonces todos los ciudadanos se ven obligados a declarar contra si mismos para que el estado pueda recaudar más fácil, del mismo modo que podrían ser torturados para que el estado obtenga datos sobre crímenes más fácil o sacados de sus jueces naturales para que el estado obtenga condenas más fáciles. Del mismo modo en que hoy son vigilados para prevenir el terrorismo más fácil.

Y así como hacemos declaraciones juradas en materia de impuestos, en las que mentir es considerado para colmo de males como si fuera una estafa, las tenemos que hacer para entrar y salir del país y para un sinnúmero de otras actividades en las que nuestra declaración será usada en nuestra contra en violación abierta a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional.

¿Pero entonces cómo hace el estado para recuadrar? La respuesta mejor es: No me importa. La tranquilizadora sería que sin dudas no podría recaudar a los niveles a los que hace hoy, ni estaría en condiciones de sostener este nivel de gasto y de reparto de sueños populistas a una población que cree que algo de lo que le dan no se lo han quitado previamente. Pero ese no es un problema, sino una buena noticia.

Tenemos una muy desarrollada línea abolicionista en el derecho penal, al que se la tilda erróneamente de garantista, curiosamente no tenemos ninguna forma de garantismo ni abolicionismo en materia fiscal. Parece que ahí no hay manera de interpretar que el mal llamado contribuyente, un verdadero siervo de la gleba moderno, pueda ser una víctima de la sociedad o del estado.

Aunque se piense que las emergencias ameritan abandonar los principios cuyo establecimiento tuvo un altísimo costo y aunque se crea en la idea de la emergencia permanente bajo la cual se sostiene la santa recaudación, en algún momento se debe pensar que para todo eso hay un límite. Porque si no es así nos encontramos frente a un fanatismo estatista que para el caso hubiera sido mejor quedarnos con el religioso por más barato.

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