Obama bajo la sombra de Nixon, mientras en la Argentina no pasa nada

“Él , actuando personalmente y a través de sus subordinados y agentes, ha forzado. . . en violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos, auditorías de impuestos u otras investigaciones de impuestos sobre la renta a que se inicien o se lleven a cabo de manera discriminatoria “.

– Artículo II, Sección 1, puntos de acusación contra Richard M. Nixon, aprobados por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, 29 de julio 1974

La cita es el comienzo de un artículo de George F. Will publicado esta semana por el diario de izquierda de los Estados Unidos, el Washington Post. El recuerdo de esta parte de la acusación que promovía el juicio político de Richard Nixon venía a cuento de que el IRS (la AFIP norteamericana) bajo la administración de Barak Obama realizó acciones persecutorias contra miembros de organizaciones conservadoras con un evidente sentido partidario. “El escándalo del IRS, ecos de Watergate” se titula el artículo.

Para Fox News, en las antípodas del Washington Post en cuanto a su línea editorial, el escándalo del IRS es un Watergate 2.0, con elementos aún más graves que los sucesos que terminaron con la renuncia de Nixon.
Sin que el episodio se de por terminado Obama debió despedir al señor Steven Miller, titular del IRS.

La cuestión ahora es cuál es la responsabilidad del propio presidente y si tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, porque de comprobase tal cosa de izquierda a derecha todos estarían impulsando su juicio político. En un sistema político sano, todos defienden la libertad de todos, no solo de sus propias facciones y nadie teme ser destituyente. Lo que preocupa es que se destituyan los principios constitucionales que hacen a un país ser un país. Al caso se le suman otros dos que comprometen seriamente a la administración Obama. Uno es el espionaje bajo la llamada Ley Patriota de periodistas de Associated Press, el otro el ocultamiento sobre el atentado al consulado en Bengasi en el que murieron el embajador  Christopher Stevens y otros dos funcionarios.

Nosotros somos más vivos. Es la presidente la que señala a los enemigos para que sean escudriñados por la AFIP. Los enemigos son a su vez los que dan malas noticias sobre todo si los denuncian. En una situación de legalidad los denunciantes serían tratados como aliados del Estado, pero estamos lejos de esa legalidad. Los diarios militantes acompañan, los militontos justifican.

República quiere decir “cosa pública”, la información de lo que pasa en el sector público a disposición de la gente. Esa doctrina se ha invertido, ahora el Estado convertido en patrimonio privado paga para mentir y para tapar información.

Ningún comentario editorial en Estados Unidos podría decir cosas como “si no tienen nada que esconder no tienen que preocuparse”. El espionaje del Estado para ver qué cosa encuentra deja sin garantías al ciudadano, en los Estados Unidos ni siquiera se permite que una persona sea detenida cuando conduce para ver si está alcoholizada si es que no ha hecho alguna maniobra en infracción. El Estado no es un vigilante de la población, sino un defensor. El ciudadano no es un sospechoso. Ningún ciudadano puede ser tratado como enemigo del Estado por oponerse al gobierno. El que quiere encontrar algo lo encuentra, el que quiere plantar algo lo planta. Eso en los Estados Unidos no hace falta explicarlo, no hay tantos espíritus fascistas como entre nosotros. Nadie admite, sin importar la postura política previa que el Estado pueda ser utilizado para favorecer a la facción en el gobierno. Barak Obama tiene que separarse de este escándalo o se verá forzado a dejar su cargo.

En Estados Unidos hay diarios que se declaran abiertamente partidarios, pero eso no los convierte en militantes, mucho menos en cómplices. En primer lugar porque no están comprados con pauta oficial, en segundo porque conocen una materia que se llama ética, que consiste en este caso en conducirse por reglas generales y no por una vinculación mafiosa, menos que menos por la ley del silencio.

En cambio nosotros estamos acostumbrados a que el uso del AFIP como una Gestapo contra los réprobos y para proteger la impunidad de los elegidos. Agentes de la AFIP fueron puestos al servicio del matrimonio Kirchner para arreglar su imposible de justificar crecimiento patrimonial durante el cargo de ambos. Otros fueron despedidos por investigar a Lázaro Baéz, señalado como testaferro del propio Kirchner. Hasta por las razones más frívolas la AFIP del millonario Ricardo Ethegaray inspeccionó a los padres de del Potro dos días después de que se negara a sacarse una foto con Cristina Kirchner.

Mientras los partidarios como soldados en medio de una guerra están para justificarlo todo, los opositores creen que su misión es padecer y la del país que está fuera del sistema de privilegios soportar cualquier atropello de un gobierno criminal en nombre de las urnas. Las urnas existen porque el país es de todos, por lo tanto un presidente fuera de la ley termina fuera del poder sin que nadie lo dude.

En la Argentina avergüenza hablar de juicio político después de que los intelectuales orgánicos del régimen convirtieron en pecado el ser “destituyente” con argumentos como para engañar a niños de jardín de infantes. En los Estados Unidos lo único que avergüenza es ser tolerante con la violación de las normas elementales de convivencia. En los Estados Unidos avergonzaría tapar los crímenes de un gobierno por simpatías partidarias. En la Argentina sólo avergüenza decir lo que se debe decir, hacer lo que se debe hacer.

Con el agravante en nuestro caso de que las normas fiscales colocan a toda la población en una ilegalidad forzada. El informe Doing Bussiness del Banco Muncial señala que en la Argentina para hacer un negocio se debería pagar más del cien por ciento de las ganancias para estar en regla. Situación que luego servirá al arbitrio oficial para decidir a quién perseguir cuando se indisciplina. A la vez hay un ejército de colaboradores bobos que se ignoran batiendo el parche de la “santa recaudación” como si fuera el principio vital del país.