Vale todo

El problema de la toma de la Justicia a partir de esta reforma que está tratando mientras escribo este artículo el Congreso en violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, es que a partir de ahora queda explícita la inexistencia de vínculo legal entre el gobierno y el resto del país. Poner a la justicia a disposición del Poder Ejecutivo equivale a transformar el resultado electoral en un acto de conquista y nos retrotrae al estado de naturaleza que describe John Locke en su Segundo Tratado del Gobierno Civil.

La partidización no es algo que haya que probar, no requiere un esfuerzo de interpretación, es el propósito expreso del oficialismo al hablar de “democratización”, de identificar a la facción más exitosa con la expresión del sistema en su totalidad. Como si no hubiera o no fuera legítimo que hubiera un otro más allá del poder. Fascismo del manual, dentro del estado todo, fuera del estado nada.

El estado de naturaleza de Locke implica la ausencia de compromisos entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. La acción de gobernar se transforma en un avance de facto sobre la libertad de las personas.

No tiene ninguna importancia si los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura obtienen mayorías abrumadoras en las próximas elecciones o si la facción que expresa este fascismo también triunfa, porque se están danto por terminados los presupuestos supra-comiciales que vinculan a mayorías y minorías.

Precisamente el mayor elemento para sostener el compromiso de respetar a una eventual y circunstancial mayoría es que hay un poder del estado encargado de custodiar la voluntad fundamental que no reconoce mayorías y minorías sino que abarca a todos; esto es la Constitución. Las minorías aceptan que otros gobiernan porque su voluntad de aceptarlo está implícita en ese instrumento, en la medida que ese instrumento y quién lo custodia que es el poder judicial amparan sus derechos y custodian la igualdad ante la ley.

El actual es un gobierno de facto, se ha colocado en esa situación al liberarse de las ataduras de cualquier pacto vincular, porque la constitución era lo que la justicia decía y a partir de ahora será una simple fachada para que los más disparatados caprichos presidenciales se lleven  cabo.

Nos espera la arbitrariedad y detrás de la arbitrariedad la corrupción total de los tribunales, custodiada por la corrupción total del Consejo de la Magistratura, esa panacea que los mismos asaltantes del poder de hoy nos vendían bajo la etiqueta de “calidad institucional”.

Rechazo la violencia por inconducente y porque a partir de ahí nada se puede construir, pero la Argentina ha ingresado hace rato en una guerra civil en la que la  ciudadanía entra en contienda con el poder porque el poder se manifiesta como enemigo de los que no se someten a él. Contienda que es la expresión de quienes están fuera de la protección estatal del derecho de resistencia a la opresión, también reconocido en la Constitución, que deberá librarse con todos los métodos no violentos a la mano. No digo métodos pacíficos, sino solo no violentos, porque la paz ha sido rota hace tiempo al no reconocerle a los extraños ni el derecho a su reputación, con militontos agentes estatales que se dedican a la difamación de los críticos.

Habrá que dejar la comodidad, para los que hasta aquí estuvieron cómodos. Lo que está claro es que el sistema de convivencia no se restablecerá en base a colaboración ni negociaciones por el reparto del presupuesto público. Es hora de otra gente y las manifestaciones espontáneas de una ciudadanía indignada son una consecuencia de ese cambio.

Queda la instancia de la justicia subsistente, se verá si hay pactos y si hasta acá hemos llegado con algún sentido de constitucionalidad. De cualquier modo no alcanzará, los tiempos judiciales son insuficientes para tratar con una andanada fascista.

Esa expresión “calidad institucional” ha sido usada con suma ligereza, como una forma anómica cuasi técnica de evadir el verdadero problema que es el de la libertad. No hay calidad concebible sino en función de un sistema de valores, los valores de nuestra constitución son los derechos individuales. En consecuencia a partir de ahora dependemos de la última “calidad institucional” de lo más básico que tenemos, esto es nosotros mismos ciudadanos, células elementales de toda república.