La trampa es referir una sentencia a los intereses de las partes, entonces pareciera que es igual alegrarse si la Corte prorroga una medida cautelar, que nunca debió tener plazos, o la mantiene hasta la sentencia definitiva, como hizo hoy en contra del pedido de la procuradora militante. Si hacemos eso somos igual de arbitrarios que el gobierno haciendo de la Justicia el terreno para una batalla personal jugada mediante el abuso extremo del poder público.
La solución es que la medida sean los derechos de las partes, referidos a un criterio de justicia objetivo dado por los principios constitucionales y por la determinación irrevocable de vivir en libertad que es la única razón por la que en un país hay tribunales independientes y no pelotones de fusilamiento.
Las decisiones que tomó hoy la Corte deben festejarse porque se atienen al Derecho. Y no hay un Derecho K y otro anti K. Lo que hay es una pugna abierta entre dos sistemas, uno una república constitucional de la que la Corte es un componente y otro y régimen despótico bastante parecido a una monarquía absoluta pero que su cultura populista lo acerca más al nacional socialismo alemán.
Cristina Kirchner ve al Derecho como una extensión de su voluntad y a todos nosotros como súbditos que tenemos que servirle. Sus partidarios por lo tanto no pueden ver en la disputa que mantienen con el grupo Clarín otra cosa que una guerra entre dos poderes. Si ganan ellos es el poder bueno y si ganan los otros se impone el poder malo. No hay nada justo por si mismo.
La Corte en su existencia pertenece a otro sistema, tiene poco sentido para el despotismo sin ilustración que existan los tribunales, que tengan que estar comiéndose las uñas para ver si les dan la razón. Lo que buscan es una dictadura avalada por una república y eso es algo que no se puede tener. Mantener el principio de legitimidad que le asegure obediencia, pero para servir a un gobierno sin ley.
Para la Justicia como la concibe la Constitución el eje no es Cristina Kirchner, la “genial”, ni la perpetuación del llamado “modelo”. El eje es una república que le da sentido a su existencia. Ese y no otro es el Derecho y entonces hay opciones que son D y anti D y estas últimas deben descartarse. Al menos en el fallo de una Corte, si quieren seguir adelante tienen que hacerse cargo de ser un gobierno de fuerza.
El oficialismo ha falsificado sus disputas creando enemigos con un ritmo industrial. Los han englobado bajo distintas etiquetas fantasmagóricas como “las corpo”, “los monopolios” (una contradicción en términos, porque solo puede haber “monopolio” en singular), hasta el Poder Judicial acusado de no ser “democrático”. A todo lo hizo caber dentro de una etiqueta mayor, la de “derecha”. Pero al enemigo al que le han declarado su hostilidad es el Derecho, no la derecha.
Por eso colocan a los jueces en la alternativa de seguir fieles a la naturaleza de su misión, o ser un instrumento de represión de la disidencia traicionando su esencia, como varios ya lo han hecho.
La república es una cosa, no muchas. Es un ámbito en el que rige la igualdad ante la ley, donde el estado mismo está sometido a las reglas de juego y concurre a los tribunales en absoluta igualdad con cualquier individuo, donde el poder se encuentra dividido con diferentes funciones y la voluntad de nadie es más importante que el sistema. Esto quiere decir, en otras palabras, que la mayoría y una persona sola son iguales ante un juez, porque su vara es la de la justicia y no la del poder. Para cualquier otra cosa no se necesita una Corte, para cualquier otra cosa un juez carece de legitimidad.
Lo que caracteriza a estas dictaduras con urnas es el temor profundo a cruzar el Rubicón solas, no quieren terminar como César a igual velocidad. El plan es que todos los poderes del estado legal se transformen a la ilegalidad, para hacerlo ellos al final, sin ningún riesgo. Hoy es uno de esos días en los que el plan se ha encontrado con un obstáculo.
De todos modos no comparto que la CSJN se haya metido a apurar a una justicia que normalmente es una tortuga; que sin ir más lejos tiene en su seno la Inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura hace más de un año y ni se le mueve un pelo; que equivocadamente le pone plazo a las cautelares e interviene en ellas cuando históricamente no lo ha hecho (ver excelente voto de Argibay); y que pueda decir que ocurrir a la justicia me hace perder el beneficio del plazo de 1 año que se les mantiene a los demás (a través del Afsca) por haberse portado bien y no reclamar ante la justicia.Leo el fallo y no le encuentro razonamiento jurídico válido. Es tan mamarracho en su interpretación de cómo corren los plazos, como las presentaciones apelando al Per Saltum que hizo el gobierno. Y esto de hacer una de cal y una de arena (para no enojar a CFK) no le aporta nada a la República!!!