El supervisor

El juez Roberto Gallardo concedió un amparo a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el cual obligó al jefe de gobierno de la ciudad a renovar los muy famosos 2400 contratos que había decidido no renovar.

Es admirador de Lenin, Salvador Allende y el Che Guevara pero a la vez se declara defensor de la legalidad según él la entiende ¿No hay otras alternativas como tomar las armas para instaurar un orden a la medida de las creencias de cada cual?

Dejemos ese “detalle” de lado. No es atribuíble a Gallardo que se haya nombrado en un país republicano y democrático a un juez marxista. Nadie se enteró de esto porque los legisladores de la oposición en su momento no parecen haber considerado necesario oponerse a este nombramiento. No es asunto de Gallardo que los que no son marxistas entiendan que este no es un problema, porque si no se dan cuenta de semejante cosa de entrada es difícil que se comprenda por qué. Solo aclaro, porque estamos en la Argentina y estas cosas hay que aclararlas, que supongo que alguien que admira a Allende, Lenin y Guevara es marxista. Es la versión más benévola. Tengo otra palabra para los admiradores de esos personajes que no lo fueran.

Gallardo ve su misión de la siguiente manera: “Lo que más molesta al poder general –no hablo de Macri– es un fuero que supervisa las políticas públicas” ¿Es esa la misión de un juez?

Tampoco es este un equívoco que empiece ahora. Durante la famosa década del noventa muchos jueces impulsados por los genios del nuevo derecho izquierdo cuestionaban como incumplimientos de deberes de funcionario público decisiones que no compartían ellos, como jueces, habiendo estudiado derecho y no economía, administración o cualquier otra cosa que los colocara en condiciones de juzgar una el sentido de una determinación. La figura del incumplimiento de deberes de funcionarios públicos castiga la violación de reglas legales, no las malas decisiones, y sobre todo no las malas decisiones a la luz del conocimiento de un abogado.

Ahora esos mismos jueces dejan pasar a los elefantes. Ven el copamiento de YPF por el Kircherismo y no pasa nada o el auto reparto del monopolio del juego y tampoco pasa nada. Pero esta es otra cuestión.

Los jueces no están para supervisar políticas públicas. Menos privadas por supuesto. Esa no es su función sino resolver casos particulares desde un punto de vista jurídico; no político. Nunca “supervisan” una “política”.

La acción de amparo impide la discusión de fondo. Por eso debe limitarse a casos extremos y de violaciones de derechos que aparezcan como gruesas porque de otro modo pueden producir más daño del que intentan evitar. ¿Cómo puede alguien sostener que existe la obligación de renovar contratos de gente de la que ni siquiera se sabe qué hacen? Lo admite el propio Gallardo en la nota de Página 12. Recién está pidiendo detalles sobre los contratos ¿Cómo hizo para presumir que eran contratos de trabajo encubiertos? Simple, mirando la foto de Lenin y besando la del Che.

Gallardo está disponiendo de fondos públicos para un objetivo sin utilidad para los vecinos de la Ciudad ¿A esa “política pública” quién la supervisa? ¿Quién ampara al contribuyente?

Dice Gallardo: “un contrato que se renueva cada año, durante diez años, lo tenemos sentenciado como un fraude a la legislación laboral” y después le preguntan por qué pidió la lista de los cesanteados. A lo que contesta: “Porque queremos saber quiénes son los afectados –cosa que todavía no se sabe– y qué antigüedad tienen esos contratos”

¿Cómo hizo para establecer que había un fraude laboral basado en que había una renovación anual permanente de esos contratos si ni siquiera los conoce?  Reitero, está disponiendo de fondos públicos de esta manera. Llamen a la policía.

By Jose Benegas

Abogado, ensayista y periodista. Master en economía y ciencias políticas. Conductor y productor de radio y televisión. Colaborador de medios escritos, televisivos y radiales. Analista y conferencista internacional desde la perspectiva de la sociedad abierta y las libertades personales a las que ha dedicado su obra intelectual. Dos veces premiado en segundo lugar del concurso internacional de ensayos Caminos del la libertad.

17 comments

  1. Tener un juez que se diga admirador del Che Guevara y de Lenin ya es denigrante. Es el punto de partida de lo que podrá hacer después.

  2. El Ejecutivo maneja la Justicia, la Justicia toma decisiones que corresponden al Ejecutivo y el Legislativo hace lo que quiere el Ejecutivo.
    Sigue teniendo razón Discépolo:”Vivimos revolcaos en un merengue, y en un mismo lodo todos manoseaos”
    ¡¡Que lindo es el progresismo montonero del siglo XXI!!!!

  3. ¿Quien es un juez para decidir si esta bien o mal que hayan despedido o no renovado los contratos de ciertos empleados? ¿Esas no son “cuestiones políticas no judiciables”? ¿Nuestra Corte Suprema de Justicia no adheria a esta doctrina?

    Saludos.

  4. Debería haber más jueces admiradores de Alberdi Y Sarmiento y en su defecto si son socialistas de Juan B. Justo y Repetto pero es inadmisible que juren tipos admiradores de genocidas como Lenin y Guevara, falta alguno que admire a Hitler y cartón lleno.

  5. Que admire al Che o a Lenin es una cuestión personal de él, lo que tiene que hacer es dictar sentencias ajustandose a derecho. Si la ley dice que un contrato tiene principio y fin, no queda mucho hueco por donde meterse. Si los contratos terminaron el 31 de Diciembre, terminaron y listo.
    Dependerá del gobierno y de la gente que necesite si los quiere renovar o no.
    No soy abogada pero desde el más elemental sentido común se entiende que si los contratos finalizaron y el contratante (el GCBA) no quiere renovarlos…¡no hay vuelta!
    De todas maneras esto que sucede es el resultado de un sistema perverso y putrefacto de ingresar al “puestito en el estado” mediante contactos, sea con las jerarquías o con los sindicalistas.
    Hace décadas que se viene hablando acerca de la necesidad de implementar un sistema universal de ingreso a las administraciones públicas mediante concurso de antecedentes y oposiciones.
    Así se hace en España, Mexico, Colombia, Brasil, etc. etc. Cualquier mortal que quiera ingresar a trabajar en el estado SABE a qué dependencia (nacional, provincial, municipal) debe dirigirse para retirar formularios con las correspondientes indicaciones de lo que debe presentar y luego esperar para el llamado a exámenes. No vayamos a Europa, aquí al ladito Brasil tiene anualmente el llamado a concurso público, se publica en todos los diarios las vacantes que hay disponibles, los puestos y los requisitos para cada uno de ellos. Los interesados van, hacen el correspondiente trámite y TODOS rinden exámenes acorde al puesto que desean ocupar: desde el que se anota para ordenanza hasta el que quiere integrar un staff de profesionales. Las notas e ingresantes se publican por orden alfabético en todos los diarios del país. Y el que ingresa, lo hace por mérito y en planta permanente.
    De ahí que jamás un candidato presidencial, a gobernador o prefecto (intendente) tenga el problema de “contratados”, ñoquis y afines; está sistematizado y organizado hace más de cincuenta años ese sistema y nadie se atreve a cuestionarlo.
    No creo que los brasileros sean carmelitas, y seguramente algunos “acomodados” hay, pero sin duda que ese problema de personal excedentario y contratos renovables en forma automática, lo tienen absolutamente fuera de discusión.
    Hace unos años cuando un dirigente de la ciudad de La Plata planteó el por qué no se hacía como en Brasil u otros países ¿cual fue la respuesta? que los funcionarios no podían dejar de darles algún tipo de reconocimiento a la gente “de base” que trabaja ad honorem en las actividades partidarias y en organizaciones ligadas a la política, por lo que nada de malo tenía premiar esa lealtad con un trabajo en el estado para ellos o sus contactos directos.
    En sencillo: desprecian la meritocracia y admiten descaradamente el amiguismo y la chantocracia.
    ¿Quien puede resolver esta conducta putrefacta y deshonesta? No sé, hasta ahora todos los que intentaron algo chocaron con los sindicatos y con jueces cómplices que impidieron hacer las cosas como corresponde.

  6. Qué podría hacer a partir de acá Macri para llevar adelante su reforma? No soy abogada, mi pregunta es, le queda alguna carta?

  7. Una vez que se determine la necesidad de sus servicios las personas contratadas deberían acceder al empleo cumpliendo con el Art. 43 de la Constitución de la CABA que en uno de sus párrafos dice:

    “Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto”

  8. Creo que por mas que me lean leyes y resoluciones, interesante de verdad ya que soy una ignorante, creo que lo que salta a la vista es el juego político. Política y poco mas. Luego le ponemos el marquito (legal) adecuado y lo colgamos en la pared. Porque sirve de trofeo, para mostrar a los invitados. Mirá che.
    Estas últimas polémicas han girado alrededor del mismo tema, aunque cambien los lugares. Carlos V, rg, este juez, ¿cuál es la diferencia?.
    ¿Podrá gobernar Macri con estas piedras (mas bien toscas)? Bueno, hay otro juego interesante que es revisar, analizar lo que está sobre la mesa. Es un juego al que muchos temen. Licencias por año: 2.700.000, sobreprecios de los proveedores de los comedores. ¿Y cuántas mas? ¿chi lo sa?. En una sociedad de enfermos cada usa las armas que están mas cerca.

  9. Cada vez hay mas evidencias de para qué se concibe al estado en la Argentina:

    Es lisa y llanamente una plataforma a la que se accede para procurarse y apropiarse de lo que a traves del mercado (consentimiento libre de quien lo entrega) no pueden obtener.

    La pregunta es :

    ¿Como es posible que habiendo en este estado de cosas expoliadores y expoliados, éstos últimos no reaccionen ?.

    La respuesta:

    La “democracia” (al menos en teoría) les despierta la expectativa de algún día acceder a la “plataforma”.

  10. Estimado José: el Estado de Derecho que es el unico Estado que puede existir: comtemplaremos atropellos de toda indole y contra todos los principios constitucionales mientras este doña Soja “ande yo contento y riase la gente”. Pero entre tanto, hay que golpear, golpear y golpear, por que estos bárbaros, resentidos y ladrones seran arrasados como la paja seca. Gracias por velar las armas.

    Mariano Gradín

  11. A mi no me importa si un juez es marxista, admira al che, a hitler, a bush o a juan pepe.
    No creo que en ningun pais civilizado se le pregunte a un candiato a magistrado su idelogia. No solo que no creo que se haga, sino que de hacerse, seria terrible.

    A un juez se lo debe juzgar por sus sentencias.
    Entonces poco importa si Gallardo admira o no a Lenin.
    A mi lo que me importa de un juez es que sea imparcial.

  12. Esteban, si un juez es marxista no cree en tus derechos como individuo, está en contra de la Constitución y de la democracia y es parcial, porque te juzga de acuerdo a tu “clase social”.

  13. hola José…
    creo que en principio personalizar toda la discusión en la cosmovisión de un juez puede ser peligroso. Siguiendo tu pensamiento, ningún juez podría pertenecer a ninguna religión por estar sus pensamientos fundamentados en dogmas, pensamiento incompatible con la democracia y como los católicas que sosteniendo que ellos tiene la verdad, escuchan las opiniones distintas por mera caridad. Se debería centrar la discusión en la sentencia, aquí si se puede discutir la interpretación del derecho que hizo el juez considerando a veces la gran amplitud que otorgan la confluencia de principios y la ambigüedad de las palabras.

    Para tener en cuenta:

    El Estado no puede contratar miles de personas a traves de un contrato de locación, si es que no cumple los requisitos excepcionales que exige la ley.

    Si el Estado no cumple, puede quedar totalmente impune, en detrimento de trabajadores??

    En otros fallos, cuyos actores eran pocos o individuales, se tomó una postura ecléctica y se dijo: Si el Estado, actuando ilícitamente, contrata personas a través de un contrato de locación, probado el fraude, no se le puede exigir que los contrate como empleados públicos, porque para esto se exige concurso público.. el cual se basa en que se exige idoneidad para cumplir funciones públicas, pero tampoco el Estado puede salir ileso luego de haber realizado un fraude a la ley y perjudicado a personas, y se decidió, si bien no obligar al estado a incorporarlos como empleados públicos, pero si a indemnizarlos como si fuera un despido injustificado…. una mezcla de regímenes jurídicos para evitar la lesión de derechos.

    otro punto, en el fallo y en otros dictados sobre las medidas de Macri, se habla de la nulidad del acto administrativo principalmente, por faltarle los siguientes elementos que exige la ley, EL ACTO NO TENÍA FUNDAMENTO, ERA ARBITRATIO Y DISCRIMINADOR, NO SE NOTIFICÓ EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS INDIVIDUALMENTE COMO SE EXIGE, y si el accto, respetando el estado de derecho, no cumple la ley es nula, sin efectos.

    Tampoco se puede decir, como alguien en los comentarios creo que dijo, que la acción de amparo es solo meramente formal, ya está bastante consolidada la jurisprudencia que dice que la acción de amparo decide cuestiones de fondo y hace cosa juzgada.

    También para tener en cuenta, las críticas se centran en el juez. Al juez se le presenta una violación de derechos generalizada en miles de personas, partiendo desde el ehcho que el acto administrativo es nulo y además discriminador porque hubo trato diferencia dependiendo del sindicato al que estaba afiliados los trabajadores. Además, uno puede criticar el fallo o no, pero tampoco soslayar las críticas a Macri, el trabajo que se le exige al juez, no escuché a nadie que dijera que ese trabajo de analizar caso por caso le correspondía a Macri, para ver que trabajos cumplieron o no los requisitos que exige la ley para contratarlos como locatarios, quienes eran ñoquis y quienes no, y quienes eran los perjudicados por un fraude estatal.

    El juez, no dicto sentencia de fondo, solo una medida cautelar…. y ahora pidió los datos para dictar la sentencia de fondo, el notó una arbitrariedad tremenda, un visión insanable en la conducta jurídica de Macri, ahora verá caso por caso y vera si es posible dictar una sentencia para todos por igual o no, o solo respoecto a un extremo o extensión común, respondiendo a la forma de resolver casos pluriindividuales, como la corte suprema lo ha estado haciendo últimamente.

    Lo de las cuestiones políticas no judicibles es una teoría sin basamento jurídico, y cada vez más dejada de lado para evitar la arbitrariedad de las medidas políticas.

    otra cosa que leí por acá, sobre si los jueces pueden o no analizar políticas públicas. Creo que ese es su deber constitucional, deben analizarlas para ver si violan ddhh, si son extremadamente arbitrarias o si no las hay para hacer efectivo el ejercicio de los ddhh, ¿cómo no se va a analizar una política carcelaria deficiente qeu viola ddhh? ¿cómo no se va a analizar una política de seguridad ciudadana que solo proteja a un barrio y no a otros? y sabiamente la corte suprema ahora no dice con precisión qeu se debe hacer sino indicaciones cumpliendo con la CN y aumentando el diálogo democrático. Lo cual no hace un gobernante que dice que no respetará la decisión del Juez, eso es desconocer las instituciones, teniendo otras vías si se está en desacuerdo y para deliberar.

    saludos!

  14. Jonatanemanuel, no se si es peligroso centrar la discusión en la cosmovisión del juez. En principio no es un peligro al que tema. Tengo otra opinión. La cosmovisión del juez es lo que se debe tener en cuenta a la hora de nombrarlo. No se qué otra cosa podría importar que la cosmovisión que tenga sobre la justicia y por cierto que la óptica liberal es opuesta a la marxista en ese sentido. Si alguien cree que esto es un tema menor, no creo que le esté asignando a la cuestión de la justicia el valor que tiene.

    Entiendo tu punto en cuanto a la forma irregular en que el estado contrata. Mi problema es con la filosofía implícita en el llamado derecho laboral, pero en este caso se ve que el resultado es disponer del dinero público en contra de los intereses de los contribuyentes. En definitiva obligar al estado a gastar en lo que no se necesita, una conducta que en otra situaciones lleva a los funcionarios a prisión. Curioso no?

    En ese sentido, disponer en una medida cautelar una obligación de renovar contratos me parece una barbaridad. No creo que en principio la no renovación de un contrato pueda requerir otro fundamento que el no necesitar la prestación. Los actos administrativos tienen que fundarse, pero es una fundamentación idónea relativa a lo que se está decidiendo. No es arbitraria una decisión de no renovar contratos de gente innecesaria en una municipio que, es de público y notorio, esta superpoblado.

    Por último, si bien la doctrina de los actos políticos no judiciables tiene sus bemoles, los jueces no son políticos ni deciden medidas generales. Dictan actos de justicia y por eso no deben tener facultades para establecer normas generales. Reitero mi idea de que no son supervisores de políticas. Juzgan la legalidad de los actos en particular sometidos a su jurisdicción. Eso es muy distinto que ser supervisor, que es lo que estas personas creen ser.

    Las políticas que mencionas se deciden en el debate político y la gente las resuelve, bien o mal, en elecciones. Un juez puede disponer la libertad de alguien por considerar que se lo tiene encarcelado sin condiciones mínimas aceptables, pero no puede dictar una política carcelaria ni imponer soluciones. No es su trabajo, de otro modo el poder total se logra mediante el gobierno de los jueces del que se ha hablado tanto.

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