Los requisitos para creer en el control de precios son no saber nada de economía, no saber nada de historia, carecer de sentido común y tener alguna tendencia a evadir la realidad en favor de lo mágico. Ya no es de progre creer en semejante cosa, es de bruto, pero de bruto absoluto.
Pero este post o es sobre economía sino sobre educación ¿Qué tiene que ocurrir en un país para que el 62% de su población crea en el control de precios? Se trata por otra parte de una población alfabetizada, probablemente en gran media con estudios secundarios y hasta universitarios. Gente que ha pasado por la experiencia de una hiperinflación y el fracaso de todos y cada uno de los controles de precios que se pusieron en práctica.
Si alguien conserva alguna duda de algo que no me canso de reafirmar y es que hay una incompatibilidad absoluta entre educación y política, educación y estado, este es el mejor ejemplo. No porque la educación en el estado sea siempre de peor calidad, de hecho la UBA con todos sus espantos es en muchos aspectos superior a varias de las privadas, sino porque el estado no enseña nada que no le convenga.
Cada uno de los agentes que lo componen sabe qué es lo que le conviene para permanecer en su puesto y es algo que va por un carril muy distinto al del “bien común” como creen todos los ilusos del planeta, incluido el señor Rodriguez Larreta y la mayoría del PRO. El estado contiene un sistema de incentivos que todos los pensadores constitucionales (no los actuales que por vía de este mecanismo tenebroso educativo son también estatistas) han reconocido como necesario de controlar. En ese sistema no se enseña lo que no no conviene y no conviene decir que el estado no puede hacer algo.
Al funcionario público le conviene momentáneamente el control de precios sólo porque engaña a una población embrutecida y el daño a la economía podría no verse. Es decir, puede servir a propósitos políticos aviesos, no a la gente, no las empresas, ni siquiera por un instante. El problema es que se enamoran de él como del alcohol y a la larga no les sirve ni para mentir.
Quitarle al estado la educación es liberarse de la mentira. Las cosas que el estado no enseñará jamás son las más importantes que debe conocer un ciudadano. El ciudadano es el elemento más básico de una república, el estado jamás lo formará como tal, lo que implicaría enseñarle sobre todo a desconfiar de él. No es que a la Argentina le falta educación para superar su atraso político, lo que le falta es liberar a la educación del victimario político por antonomasia. Más de esta educación es peor que la ignorancia.
La ingenuidad socialista, mezcla de romanticismo y de cuento infantil, es una de las principales taras de américa latina. Si a eso le sumamos la corrupción, el paternalismo, las dictaduras… la verdad, se hace difícil ver la luz al final del tunel
Todo eso se denomina…lavado de cerebros.
Sin màs ni màs.
Un acosa es que la gente vea lo que pasò (inflaciòn, colapsos econòmicos y demàs desastres) y otra es que lleguen al conocimiento de las causas. Eso es otro cantar.
Acà se repite desde dècadas que la culpa es por tal cosa ò por aquellos y listo. La gilada compra.
Las empresas son manejadoras de precios que ahorcan a la poblaciòn y se enriquecen de ella, por lo tanto el control de precios por parte del estado es lo correcto…listo. Conclusiòn infantil como miles.
“La ignorancia del pueblo, en el gobierno de sí mismo, es una mina de poder para los gobernantes sin probidad, que son los negreros de sus compatriotas, al favor de esa ignorancia. Es en fuerza de esa ignorancia, que el pueblo cree que elige lo que sus gobernantes le hacen elegir; cree que piensa por él lo que sus gobernantes le hacen pensar; cree que por sí mismo hace todo cuanto hace, y la verdad es que nada hace, sino lo que el gobierno le hace hacer. Cree que es poseedor, y en realidad es poseído; se figura que es soberano y señor de sí mismo, y en realidad es vasallo servil de sus gobernantes. Porque su nombre y su poder son invocados en los actos de sus gobernantes, tal pueblo se considera garantido contra el despotismo, y no se apercibe de que es oprimido sin refugio, porque es oprimido con su propia soberanía y en su propio nombre; de que su tiranía es indestructible, precisamente porque es tiranizado con su propio poder o libertad. (…) Los que quieren ser libres deben saber una cosa, y es que todo pueblo que no aprende y adquiere por sí mismo la inteligencia y la práctica del gobierno de sí propio, no debe esperar jamás que el depositario de ese gobierno sea el que le enseñe a no necesitar de él.”
Juan Bautista Alberdi
(Extracto de “Peregrinación de Luz del Día”)
Creo que ni los pueblos considerados cultos y con madurez política son capaces de reflexionar suficientemente y reaccionar contra desviaciones de la concepcion republicana y la concentración de poder.
Las diferencias están en los procesos de selección de entre las mismas dirigencias políticas, suficientemente filtradas por tradiciones culturales e institucionales que no permiten el ascenso de cierto nivel de indeseabilidad.
Mi reflexión anterior remite a la siguiente pregunta:
¿La “oferta” política (Candidatos, propuestas, etc) responde y debe responder a la “demanda” del electorado?.
¿O la calidad de la oferta política es la que condiciona la demanda?.
Pregunta complicada me parece.
Está planteada en términos de los economistas, pero creo que son válidos.
La encuesta que revela un 62% de demandas por un estado fuerte
me hace acordar nuevamente a aquella fábula de Esopo:
“Las ranas pidiendo rey”
En un artículo que pulula por el cyberspacio -inicialmente, de “periodismo de verdad”, dije que un estado dirigista -en este caso, el control de precios- conlleva necesariamente el otorgamiento o el ejercicio de “superpoderes” del Poder Ejecutivo o sus dependencias.Muchos de los que con buena fe critican los “superpoderes” -como si fueran algo excepcional, y no la regla en Argentina- adscriben sin embargo a una visión de la política y de la economía que suponen, necesariamente, una amplísima delegación en el Poder Ejecutivo de potestades normativas; en otras palabras, implican convertirlo en legislador y, por añadidura, juez.
En el estado de derecho clásico –es decir en el estado de derecho liberal- el principio es la libertad, y la regla, la obligación; cuando se obliga o impide a los individuos a realizar determinados actos, únicamente la ley, es la que puede imponer obligaciones o prohibiciones (art. 19 de la Constitución Nacional), sin alterar las libertades, garantías y derechos que reconocen los artículos 14, 17 y 18. Los padres del constitucionalismo moderno sabían, y muchos de ellos habían sido víctimas, de la arbitrariedad del Anciano Régimen. Querían un sistema distinto, en que sus derechos no dependieran de la bonhomía de ningún gobernante, por justo o inteligente que fuese o que pareciese.
Hasta aquí, es probable que muchos sinceros dirigistas estén de acuerdo. Pero les parece que la época del “estado gendarme” ya pasó; que el “estado ausente” genera desequilibrios sociales, distribución regresiva del ingreso y de la riqueza; que las leyes del mercado son un invento o racionalización de economistas que responden a intereses inconfesables. Y están a favor de que el Estado fije precios máximos, o eventualmente mínimos; que fomente la exportación o la prohíba; que importe a precios subsidiados, o que prohíba importar; que combata con energía a los “especuladores y a los evasores”; que controle las tarifas de los servicios esenciales, y un largo etcétera.
La ejecución de todas esas políticas y la satisfacción de tantas demandas sociales reales o inventadas –que en definitiva, como decía Bastiat, se traducen en la ilusión de todo el mundo de querer vivir a costa de todo el mundo- no puede depender de un desprestigiado Poder Legislativo. Es el Poder Ejecutivo el depositario de las demandas y exigencias.
La historia ha demostrado que habitualmente, el intervencionismo económico genera muchos más problemas que los que quiere solucionar, pero el propósito de estos párrafos no es demostrarlo, sino analizar si es compatible la indignación por los superpoderes, con el persistente reclamo de gran parte de los indignados, de conferírselos a los funcionarios, siempre que –eso sí- sean incorruptibles.
Cualquiera que tenga un poco de cultura jurídica o económica, y además se tome el trabajo de leer algunos días el Boletín Ofi-cial, advertirá que la mayor parte de las obligaciones y prohibiciones que asfixian la sociedad emanan del Poder Ejecutivo -de la cabeza, o de Morenos y otros funcionarios, quienes ya tienen –de hecho- superpoderes. La razón es muy simple: el dirigismo presupone la discrecionalidad, la variación de criterios –lo que hoy es obligatorio, mañana puede ser prohibido- y la pretensión de encauzar la actividad económica –o educativa, o cultural, o la radiodifusión- dentro de rígidos aunque cambiantes moldes, desconfiando de la libre iniciativa.
Las urgencias del dirigismo son incompatibles con los tiempos de la legislación, y por ello, gran parte de las leyes otorgan “cheques en blanco” al poder ejecutivo o a sus dependencias, para fijar los contenidos normativos concretos de su accionar.
El Poder Ejecutivo, en la actualidad, es el que determina el precio de los combustibles líquidos y gaseosos; fija cuotas de gas y precios diferenciales para las industrias, los consumidores de escasos recursos y los “altos” consumos; prohíbe exportar carnes, y establece impuestos a la exportación (pues las alícuotas las fija el Poder Ejecutivo, no el Congreso, por delegación legal, aunque inconstitucional). El Código Aduanero –lo faculta a variar a su antojo los aranceles de importación, establecer derechos de exportación, modificarlos o dejarlos sin efecto. La ley de radiodifusión le otorga igualmente armas formidables contra la libertad de expresión.
Si de superpoderes vamos a hablar, la ley de abastecimiento permite al Poder ejecutivo, entre tantas otras cosas: fijar precios máximos o mínimos, y disponer el decomiso de mercaderías y la clausura de establecimientos; rebajar o suspender derechos, aranceles y/o gravámenes de importación; así como acordar subsidios y/o exenciones impositivas; prohibir o restringir la exportación; intervenir temporariamente explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras; establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte, por ciento ochenta días prorrogables hasta dos años a partir de la fecha de vigencia de la medida originaria; secuestrar libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; establecer regímenes de licencias comerciales; sancionar la elevación de precios que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, así como la “revaluación de existencias” salvo autorización expresa del organismo de aplicación (¡cuidado con mantener demasiados stocks en tiempos de inflación!; reprimir la formación de “existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no”. Pueden imponerse arresto de hasta (90) días; clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90) días; comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5) años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión del uso de patentes y marcas por un lapso de hasta tres (3) años; pérdida de la personería jurídica. Los funcionarios están facultados para allanar sin intervención judicial en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción agropecuaria, forestal, de caza, pesquera, minera o auxiliares de éstos, y sólo es necesaria la orden del juez en el allanamiento, cuando deba practicarse ese procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable.
A ese cúmulo de poderes, que envidiarían Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot o Castro, se suma que el juzgamiento de las imputadas infracciones es efectuado en sede administrativa por el o los funcionarios u organismos que determine el Poder Ejecutivo (art. 15 de la ley 20.680), salvo las penas de prisión y la de inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública. La resolución administrativa es apelable; en lo que respecta a la pena de clausura, el recurso no tiene efecto suspensivo (en otras palabras, mientras el afectado discute, el estableci-miento sigue clausurado) .
En Argentina el Poder Ejecutivo es legislador (violando los arts. 14, 17, 19, 76 y 99, inciso 3 de la Constitución) y juez (infringiendo el art. 109). Frente a eso, sería bueno que la oposición y la prensa, además de sus ocasionales cuestionamientos a los superpoderes presupuestarios del presidente, comenzaran a preocuparse por los poderes que ya tiene, incompatibles con un sistema republicano.
Comparto totalmente tu artículo, que coronas con la frase final: “Más de esta educación es peor que la ignorancia”.
Más barbaridades he escuchado y leído de personas “cultas”, formadas en nuestras universidades, que de laburantes.
Cuando la educación es adoctrinamiento, casi, casi, es preferible ninguna educación.
Las propuestas de experimentos de regimentación social tienen un atractivo diabólico como extrapolación de la posibilidad de organizar cosas inanimadas.
La educación en ocasiones no es suficiente para advertir la diferencia.
El concepto del “orden espontáneo” en la sociedad es muy reciente y pudo ser percibido por mentes excepcionales.