La orden de detención librada por el juez mendocino Raúl Acosta contra Isabel Perón, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero implica terminar con el pacto de impunidad implícito el decreto 158/83 y las Resoluciones de la Cámara Federal que establecieron como tope a las investigaciones el 24 de marzo de 1976.

Para atrás quedó todo lavado como una forma de asegurarse el sistema político que sólo los militares cumplieran el papel de víctimas propiciatorias de lo ocurrido en la Argentina. Antes de esa fecha también hubo desaparecidos. Desaparecidos que no importaron a ninguno de los gobiernos posteriores al 83, a ningún juez, al señor Verbitsky, al CELS, a las madres ni a las abuelas. Ese fue un pacto muy amplio, todos saben que la justicia de verdad no puede tener una fecha de olvido, pero que pueden caer en la volteada los propios si no se construye el mito del demonio solitario. A ver cuántos defensores de los derechos humanos quedan ahora.

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5 Responses

  1. No creo, esto le puede traer dolores de cabeza. Por otra parte está paralizado con el tema Misiones, no se le ocurre qué hacer.

  2. Señores, se puede volver de cualquier lado pero no del ridiculo y hasta K se da cuenta que hizo el ridiculo en Misiones.

  3. Opino que no se deben compensar injusticias e irracionalidades con otras. La firma de uno o más decretos por María Estela Martínez de Perón y sus ministros sólo puede ser materia de una causa penal en la Argentina loca, en que se piensa que ordenar “el aniquilamiento de la subversión” es un delito.
    El hecho de que se haya segmentado arbitrariamente la historia a partir del 24 de Marzo de 1976 no significa que retrotraerla al período peronista sea jurídicamente aceptable y razonable.
    La cuestión tiene parentesco con lo que ocurre respecto de las leyes de amnistía (“Obediencia Debida y “Punto Final”), de los indultos y de la prescripción. Las sentencias que los declaran inconstitucionales son lo que debe declararse arbitrario e inconstitucional, y eso no se remedia extendiendo la inconstitucionalidad al otro bando. Una amnistía y un indulto otorgan derechos adquiridos; no pueden reabrirse procesos cerrados por aplicación de las normas en su momento vigentes; no pueden aplicarse retroactivamente tratados, leyes o interpretaciones, en contra del imputado; no puede borrarse la prescripción cumplida; los tratados internacionales no prevalecen sobre las garantías reconocidas por la Constitución (art, 75, inciso 22).
    Los militares, parientes de militares y víctimas del terrorismo equivocan, a mi juicio, el enfoque. Recientemente leí que el hijo de Larrabure pidió que se declararan imprescriptibles, por ser delitos de lesa humanidad, los crímenes terroristas, en particular el que sufrió su padre. Si bien entiendo su situación particular, está dando exactamente los mismos argumentos que se invocan para la persecución judicial contra militares: ni los indultos, ni la prescripción, ni la cosa juzgada, ni las amnistías tendrían valor. En definitiva, es aceptar los argumentos pseudo-jurídicos que se han dado para justificar la parcialidad, la persecución, la injusticia y la irracionalidad de seguir removiendo en la basura después de treinta años.

  4. En mi opinión todo principio jurídico lleva implícito que puede usarse en mi contra y en mi favor. Si un principio se usa en mi contra también debe usarse a favor.
    Coincido en todo con lo que dice Julio, salvo en creer que es necesario morir con el principio que los otros no te reconocerán. Si vamos a usar la horca, que sea para todos, porque es la única manera de que tengan un motivo para dejarse de joder.

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