En la Argentina tratar de hacer que se entiendan los temas institucionales es inútil. Y no es un tema de falta de educación, sino que es un tema de la educación regulada estatalmente (lo cual ya para una república es institucionalmente una barbaridad) que genera contenidos vacíos y ninguna preparación respecto del peligro que el poder político representa para el individuo (el motivo por el que las repúblicas surgieron); mucho menos distinguir actos según sean hechos por la fuerza o de manera voluntaria o saber por qué es vital la diferencia. Es como si se hubiera enseñado el reino animal con muñecos de plástico y la población no pudiera distinguirlos de los animales verdaderos.
¿Exagero? Tal vez, pero el resultado de la encuesta de hoy de La Nación sobre el establecimiento de salarios extras para los domingos es un buen punto a mi favor. Concentra a los lectores más “educados”, y menos proclives a ser seducidos por el populismo. En la encuesta de hoy se pregunta la opinión sobre la derogación del régimen especial que eximía a los comercios de la Provincia de Buenos Aires que rige a nivel nacional de pago de horas extras. No prohibía pagar horas extras, sino sólo los eximía de una obligación impuesta por el Congreso Nacional, el cual según el 99,9% de los abogados mejor educados y jueces más preparados, puede hacerlo siempre que la ley sea aprobada de la forma pertinente. Sin embargo no puede hacerlo ni por asomo (al menos no podía con la Constitución del 53 vale aclarar), y si no recurramos al inspirador de la Constitución a ver si queda alguna duda. Nuestros abogados y jueces están tan “preparados” que es muy probable que no lo hayan leído nunca.
Claro, “un decreto de un gobierno militar (fue el que estableció la excepción para la provincia) no debería regir sobre una ley laboral nacional”. No importa nada, la Constitución no es una colección de preceptos formales, es una manera de entender la autonomía del individuo y la firme raya que detiene al Estado. Cuando eso se ha perdido discutir la formalidad no tiene el más mínimo sentido. Las formas constitucionales están hechas para que el Estado no pase por encima del individuo, no para que el individuo no pueda reestablecer el equilibrio. No existe el derecho constitucional divorciado de un marco axiológico liberal específico.
Dicho esto queda por discutir antes que nada el fondo constitucional del asunto. Dos personas deciden, una abrir su comercio el domingo que es cuando prevé que tendrá más clientes y le ofrece a otra trabajar por un sueldo, cualquiera que sea, bajo términos que establecen entre las dos. ¿Cuál es el problema? ¿Que una explota a la otra? ¿Y cómo se establece eso si la otra accede voluntariamente a la propuesta de la una? ¿Uno es malo porque paga poco y el legislador que no paga un mango es bueno? ¿Lo que paga el empleador es parte de su bondad?
Me extendí demasiado así que cierro acá el comentario y los dejo a ustedes para opinar, pero la pregunta final es: si a salarios voluntarios valor 10 hay 100 puestos de trabajo disponibles y 100 comercios cuya rentabilidad les permite seguir funcionando, a salarios obligatorios valor 15 ¿habrá más o menos puestos de trabajo y comercios trabajando? Es algo que los lectores de La Nación hubieran contestado mal.
